El paso de Manuel Adorni por la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión se transformó en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En esta oportunidad, la pelea escaló a niveles judiciales.

Mientras el Jefe de Gabinete exponía, la legisladora Marcela Pagano se presentaba en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por enriquecimiento ilícito contra el funcionario nacional. La respuesta de LLA no se hizo esperar: la fuerza libertaria respondió con una denuncia penal contra la exaliada, a la que también acusan por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en la declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta.

Ante el juez Ariel Lijo, Pagano entregó una carpeta con documentación sobre la presunta existencia de una empresa offshore denominada IM Group S.A.S., radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandio. La diputada, además, declaró como testigo en la causa para afirmar que Grandio y Adorni son socios.

Según su hipótesis, los fondos recaudados por publicidad del programa televisivo Giros, emitido por la cadena estatal TV Pública, se derivaban hacia esa firma offshore y hacia la esposa de Grandio, con el objetivo de eludir el pago de impuestos en Argentina. Pagano aseguró que pudo constatar la existencia de la firma en el Registro de Personas Jurídicas de Montevideo y sumó otro dato que, estimó a Infobae, configura lo que denominó como “la ruta del dinero Adorni”.

“El principal auspiciante del programa ‘Giros’ era YPF, y por mis veinte años de experiencia en televisión, puedo dar fe de que generalmente YPF sponsorea programas que están en el top ten de IBOPE. No es el caso del programa de Grandio”, señaló. La diputada también detalló el motivo de su ausencia en la sesión informativa: “No quería ser parte de un espectáculo montado. Consideré utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil”.

En tanto, el contraataque libertario fue una denuncia contra Pagano radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, con la firma de los diputados María Celeste Ponce, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros. La presentación fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane. Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de la jueza María Servini.

Al ser consultada sobre esta acusación, Pagano manifestó que está “tranquila” y cuestionó el alcance del escrito: “Habla de períodos fiscales en los que yo fui periodista, es decir, anteriores a mi labor como diputada. De hecho, es sorprendente porque hablan sobre la compra de un departamento que yo misma incluí en mi declaración jurada”, dijo a Infobae.

Adorni, a su vez, negó durante su exposición en el Congreso haber coordinado la aprobación de contratos a favor de terceros con vínculos previos y afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y Grandío.

En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade hizo hincapié en los viajes al exterior de Adorni con fondos cuyo origen la oposición pone en duda, enumeró una serie de traslados —Bariloche, Río de Janeiro, Chapelco, Aruba— y apuntó que el total ascendía a 35 días de vacaciones en seis meses, “todos pagados en efectivo, incompatibles según su análisis con los ingresos declarados por el funcionario y los de su esposa, quien facturaba como monotributista categoría A. ¿Cómo generó el efectivo suficiente para hacer frente a todos estos gastos impresionantes?”, preguntó.

El legislador, además, expuso detalles sobre la supuesta rutina diaria de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y mencionó el uso de agentes de la Policía Federal como custodia personal en actividades cotidianas.

La reacción del Gobierno fue inmediata. Adorni acusó al legislador de haberlo “espiado” a él y a su familia. “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”, expresó. Y agregó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”.

En esta línea, y según se informó, el Gobierno evalúa presentar una denuncia penal contra Tailhade por haber hecho pública información que “comprometió la seguridad” de la familia del jefe de Gabinete.

Axel Kicillof tiene la pretensión de esquivar la interna peronista, mantener el enfrentamiento público con Javier Milei y consolidar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Por ahí pasa su agenda política de estos días, donde el ruido de la interna con el cristinismo volvió a estar a su alrededor y en la que el Gobierno retomó su agenda de confrontación sistemática con la oposición.

El mandatario bonaerense prefiere correrse de las discusiones que se desatan en el peronismo de la provincia entre los propios. Casi nunca habla de eso en público. Está dispuesto a desandar su propio camino respecto a la estrategia política que planteó con su círculo más chico, que reside en La Plata y los intendentes de su mayor confianza.

En ese andar, está tratando de darle forma y volumen a su agrupación política, pero con el objetivo claro de darle sustento a su candidatura presidencial. Ante la atomización del peronismo y la falta de un liderazgo claro, el gobernador decidió mantener activo su perfil más político con actividades vinculadas a su esquema político.

Un plenario de comisiones del Senado inició esta tarde el debate para modificar la normativa vigente de salud mental que envió el Ejecutivo libertario. Durante el convite, la oposición reclamó la presencia de un lote de expositores que, con aval oficialista, desliza un trámite lento para el proyecto en cuestión.

El plenario estuvo a cargo de la mileísta y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). La disertante que aterrizó por el Gobierno fue la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.

La funcionaria explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.

Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

Tras ello, explicó conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.

La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se encuentre ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda seguir todo -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.

En tanto, González dejó en claro la importancia de las familias, con expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y de la no eximición del derecho a cuidados, con responsables que muchas veces intentan desligarse con la excusa de haber pagado una obra social.

Otros datos que dio la funcionaria: hay 6.632 camas de salud mental, o 14,5 cada 100.000 habitantes. Para la OCDE, lo adecuado son 60. En Italia, esa cifra da 9; en Alemania, 135. Anticipándose a las preguntas del kirchnerismo sobre el presupuesto destinado, deslizó: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.

Observaciones

“Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud. “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.

Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, sumó: “Fue cruento”.

Por su parte, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reflexionó que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Y conjeturó: “Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma”.

González estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, quien remarcó que el proyecto ayudará “especialmente a los -casos- más vulnerables”.

Novela diplomática

Durante la mañana, la comisión de Acuerdos logró dictaminar las demoradas listas de ascensos diplomáticos de 2024 y 2025, la cuales derivaron en un hervidero en la Cancillería. Como contó Infobae, algunos nombres quedaron en el camino.

Eran 43 los postulantes que aguardaban el aval para la suba de categoría. Del total, 27 consiguieron ingresar al despacho de mayoría, ya listo para una eventual sesión. Ello no quita que, en el recinto, alguno se caiga.

De hecho, en Cancillería continuaba anoche la novela por estos pliegos, con un enojo más que elevado de un importante funcionario sobre las presiones para la nómina 2026, aún no enviada por la Casa Rosada.

La comisión de Acuerdos, que maneja el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pudo ser completada en las últimas horas: el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya es su vice, mientras que el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), aterrizó en la secretaría.