“No daría por ganador a nadie. Javier (Milei) no intervino, o lo hizo a su manera y dejó conforme a los dos sectores”, sintetizó ante Infobae un funcionario ajeno a la disputa abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Menem que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La referencia también alcanzó a la reciente tensión con la senadora Patricia Bullrich.

Tras una semana compleja, marcada por nuevas disputas que tuvieron impacto en la sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores, figura en agenda una nueva edición de la reunión de mesa política que volverá a nuclear a los actores mencionados.

Prevista para el jueves, aún con horario a definir, las oficinas del Ministerio del Interior volverán a oficiar de sede de la reunión bajo la atenta mirada de Karina Milei y con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; pero también el asesor presidencial, los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem y la titular del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

El oficialismo transita semanas complejas en la que los diversos actores se inclinan hacer públicas sus diferencias, algo que altera al mandatario, que evita trasladar su malestar y en su lugar equilibra los gestos de afecto entre los distintos actores. “Milei ve las cosas de otra manera. Está más elevado y ve un tablero de control donde todos los botones son necesarios”, lo justificó -con un dejo de resignación- una fuente de Casa Rosada.

El fin de semana tampoco resultó favorable para el Poder Ejecutivo, que quedó bajo cuestionamiento de la oposición y de los miles de fanáticos de Carlos Alberto “El Indio” Solari, luego de negarse a abrir las puertas del Congreso o poner a disposición la Casa Rosada para rendir homenaje al histórico músico tras su fallecimiento.

El pasado jueves, durante el debate legislativo, Bullrich dio sobradas muestras de su volumen político tras abstenerse de votar el pliego de Michelli en una sesión que desnudó la puja interna que atraviesa la Casa Rosada. “Lo hizo porque sabía que podía. Tiró de la cuerda a sabiendas de que nadie iba a romper, pero Karina sabe esperar”, precisó un alfil karinista a este medio. Un día antes de la sesión, en una nueva muestra de pragmatismo, la funcionaria recibió a la legisladora díscola en su despacho y se encargó de difundir el retrato para disipar los rumores de malestar.

A contramano de los planteos de los distintos sectores del Gobierno, que reclamaban la intervención del libertario en las disputas, parece reinar un clima de resignación ante la imposibilidad de que el Presidente rompa la neutralidad. “Milei es el único que puede ordenarlo, pero claramente no quiere hacerlo y no lo va a hacer”, argumentó un integrante de la mesa política. “No se va a meter porque busca armonizar todo el esquema y está bien”, lo justificó otra voz del ecosistema libertario.

A días del inicio del Mundial 2026, y en la previa de una semana clave en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, en Balcarce 50 confían en que la fiebre mundialista corra de agenda los ruidos en la cúpula de poder y la investigación judicial que involucra al ministro coordinador por presunto enriquecimiento ilícito. “Seguro haga un poco de ruido cuando la presente, pero el Mundial barre con todo”, celebró un funcionario.

El primero en vivir con intensidad el clima deportivo es el propio mandatario. “Vamos Messi, carajo”, vociferó el libertario en el Latam Forum Economic a principios de la semana pasada, luego de definir que no daría asistencia a los partidos del torneo internacional que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cambio, este lunes tiene previsto participar del tributo al Rebe de Lubavitch que se celebrará a las 21.30 en el Palacio Libertad, ex CCK, en la víspera a un nuevo aniversario, cuando el 18 de junio, se cumplan treinta y dos años de su muerte.

Por su parte, según revelaron fuentes oficiales, el martes recibirá en Casa Rosada a Yosef-Haim Ohana, uno de los diez israelitas secuestrados por el Grupo Hamas, capturado en el festival Nova el 7 de octubre de 2023. A las 11, recibirá cartas credenciales de embajadores y luego, en horas del mediodía, se reunirá con representantes de los Juegos Macaveos, organizados por la Unión Mundial Macabea, que se llevarán adelante en Israel del 30 de junio al 14 de julio de 2026.

La apuesta del Presidente es clara: administrar las tensiones en lugar de resolverlas. Sin embargo, mientras los distintos sectores continúen exhibiendo autonomía y capacidad de daño, cada episodio volverá a poner de manifiesto que una de las principales dificultades del oficialismo no está fuera del Gobierno, sino dentro de su propia estructura de poder.

Varios dirigentes porteños que buscan llegar a 2027 con un armado competitivo empezaron a coincidir en un análisis sarcástico sobre el futuro de Patricia Bullrich. Dicen que no está para ocuparse de cuestiones como la VTV, la recolección de basura o el arreglo de veredas. La forma en que lo plantean sugiere que son palabras de la propia senadora. En su entorno aseguran que ya no le interesa competir por la sucesión de Jorge Macri, aunque evitan lanzarla a una candidatura presidencial. Pero con la figura que mejor mide en las encuestas afuera de la cancha, el resto de los espacios empieza a reordenar sus estrategias y a explorar negociaciones con potenciales aliados.

Bullrich no es la única que se destaca en los sondeos porteños. Myriam Bregman también aparece en el escenario con una alta imagen positiva. Efectos de un electorado pendular. “No creo que eso se traduzca en votos”, confiesan a Infobae algunos operadores que buscan un armado de centro, aliviados además porque están seguros de que la dirigente de izquierda peleará por llegar a la Casa Rosada. Con ese panorama aparecieron nuevos nombres y posibles alianzas. ¿Pilar Ramírez integraría la fórmula de Jorge Macri? ¿La UCR negocia con Leandro Santoro para que rompa con el kirchnerismo? ¿Con quién se aliaría Horacio Rodríguez Larreta?

Dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña ya hablan de “instalar a Pilar” en los medios de comunicación como la candidata libertaria, aunque la legisladora cercana a Karina Milei esquiva cualquier tipo de definición. Dice que está enfocada en defender los proyectos de desregulación y desburocratización y que está convencida de que la gestión de Javier Milei logrará reactivar la economía. En el entorno de Bullrich, sin embargo, se habla de la posibilidad de avanzar hacia una alianza con el PRO, con una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez, si el Gobierno no logra revertir el malestar social.

A los karinistas les genera rechazo hablar de una alianza con el PRO. Creen que Jorge Macri está en un “no lugar” porque “se disfraza de algo que no es”, en referencia al operativo “Tormenta Negra” en barrios populares y la “Operación Muro” para blindar los accesos de la Ciudad. Incluso rechazan ambas medidas y remarcan la contradicción que genera que un ex intendente de Vicente López busque restringir el ingreso de bonaerenses. En un punto coinciden con Rodríguez Larreta: la gestión dejó de empeorar, pero sigue siendo mala. “Pasó de muy mala a mediocre”, suele decir el ex jefe de Gobierno.

Para Rodríguez Larreta las chances de volver a Parque Patricios son altas. Está seguro de que puede vencer en un ballotage a la propuesta libertaria, pero es esquivo a la hora de hablar de aliados. Confía en que su figura y su propuesta reordenarán la oferta electoral para el año que viene. Sin embargo, quienes lo quieren adentro de una coalición de centro expresan cierto fastidio con su actitud. “Dice que aprendió de los errores que cometió cuando fue candidato a presidente, pero sigue con la misma lógica de no pensar en lo colectivo”, reprochan. Otros sostienen que es un buen candidato para una segunda vuelta, pero no necesariamente para una PASO o una elección general.

Los radicales, por ejemplo, lo quieren adentro de una coalición, pero también barajan otras opciones. Según pudo saber Infobae, en los próximos días se reunirán con Leandro Santoro para acercar posiciones de cara a 2027. Hay sectores del peronismo que dejan trascender que prefieren a Mariano Recalde como candidato porque, en los hechos, obtuvo más votos que El Toro en la última elección legislativa. Pero dentro de la UCR también hay diferencias respecto del perfil que debería tener esa alianza.

Daniel Angelici es uno de los más interesados en que la coalición incluya al PRO, con Jorge Macri como candidato. Pero otro sector del radicalismo cree que el actual jefe de Gobierno ensaya un discurso tan corrido hacia la derecha que les genera incomodidad frente a su propio electorado. Además, la presencia del primo del ex presidente eliminaría automáticamente la posibilidad de incorporar a Santoro. De todos modos, advierten que todavía no descartaron a Martín Lousteau de la lista de posibles candidatos. El senador busca recuperar protagonismo político y sus aliados creen que todavía tiene margen para reposicionarse. “En dos o tres meses veremos cómo está para la pelea electoral”, adelantan.

Al igual que en otras provincias, el Mundial aparece como uno de los principales ordenadores de la campaña porteña. En buena parte de los espacios creen que las definiciones de fondo sobre candidaturas y alianzas quedarán para después del torneo. También esperan novedades sobre el calendario electoral. Como adelantó Infobae, Jorge Macri analiza la posibilidad de impulsar un “súper domingo” que coordine las elecciones en distintos distritos para fortalecerse frente a Javier Milei en caso de que no prospere una alianza. Como contrapartida, el Gobierno evalúa alternativas para eliminar o suspender las PASO, una medida que podría complicar a los sectores que necesitan una instancia previa para ordenar liderazgos y construir una propuesta competitiva.

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos” de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.

Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.

Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.

Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.

En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.

Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.

Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.

Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.

Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.

De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.

Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.