La relación bilateral entre Argentina y Brasil se encuentra en momentos inusitados de desconexión. Los actuales mandatarios de ambos países, Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente, no lograron mantener encuentros cerrados en los casi tres años que llevan coincidiendo en el poder y, en particular, el libertario pretende que las tratativas entre sus gobiernos sean guiadas por las conversaciones ministeriales.

La relación bilateral entre Argentina y Brasil se encuentra en momentos inusitados de desconexión. Los actuales mandatarios de ambos países, Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente, no lograron mantener encuentros cerrados en los casi tres años que llevan coincidiendo en el poder y, en particular, el libertario pretende que las tratativas entre sus gobiernos sean guiadas por las conversaciones ministeriales.

La semana que viene habrá una visita más que sugerente que buscará restablecer diálogo en uno de los tantos planos que tienen ambas administraciones. El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, aterrizará el lunes en Buenos Aires para mantener una intensa agenda de reuniones al día siguiente, la cual tendrá como punto álgido el encuentro con su equivalente argentino, el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La visita se da en un momento de particular convulsión al interior de la cartera militar argentina por la publicación de una investigación que advierte presuntos sobreprecios en la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. La investigación señala que el avión adquirido costó USD 4,085 millones de dólares, mientras que otro proveedor presupuestó una aeronave similar y en mejores condiciones por 2,3 millones, lo que generó sospechas de un sobreprecio de 1,7 millones de dólares y problemas técnicos en la aeronave comprada.

De cualquier manera, la agenda fue confirmada a Infobae desde ambas carteras y tuvo particular trascendencia en Brasil. Portales de referencia en aquel país informaron que el viaje tenía como uno de sus propósitos el ofrecer una cartera amplia de armas y unidades militares para vender en los países vecinos. Se van a poner a disposición la venta de armas, municiones, equipos de comunicación, drones, aeronaves y embarcaciones.

“Ya hay conversaciones. El estado de las mismas son avanzadas. La negociación es para la venta de productos de defensa producidos en Brasil hacia la Argentina”, confirmó el Ministerio de Defensa brasileño a Infobae.

En el Gobierno argentino marcaron mayor cautela al respecto de las conversaciones. “El interés está pero no creo que sea solo para con Brasil”, afirmaron desde el Edificio Libertador. Un funcionario de alto rango del Ministerio marcó que se están escuchando “muchas ofertas de diversos países, por ahora muchas están orientadas a adquirir material y unidades de Estados Unidos e Israel”. “La reunión no es solo para vender armas. Es una visita oficial con reunión sobre temas más amplios”, afirmó esta misma fuente, que advierte que la prioridad está en la adquisición de drones.

Por el momento, la única actividad que confirmaron desde el sector de Múcio fue la que habrá con Presti el martes de la semana próxima. La actividad estaba planificada desde hace tiempo pero fue diagramada en extrema cautela, al punto que la secretaria del embajador no sabía que el ministro brasileño iba a ir, cuentan fuentes calificadas.

El funcionario lulista pasará por distintos países de la región para ofrecer la incipiente industria militar que está desarrollando Brasil. Aun así, Argentina es su primera parada porque entienden que hay interés concreto del gobierno de Milei de mejorar sus capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei oficializó semanas atrás el DNU 314/2026 que establece el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino con el objetivo de modernizar y fortalecer las capacidades militares. El texto dispone que una parte de los ingresos obtenidos por la venta o uso de bienes inmuebles del Estado Nacional, así como de las privatizaciones de empresas estatales, se destine específicamente al financiamiento de programas de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades militares. El porcentaje asignado varía: el 10% de los recursos generales y el 70% cuando se trata de inmuebles que hayan estado afectados al Ministerio de Defensa.

La visita que se dará la semana próxima tiene como objetivo secundario la mejora del diálogo entre ambas administraciones.

Y es que Múcio no es solo un ministro de Defensa. “Es más que eso, es el troubleshooter [solucionador] de Lula”, afirman altas fuentes de Brasilia. Esto se explica en otras tareas que le impuso el mandatario nacional que exceden los asuntos de su cartera: ahora es uno de los encargados de intentar una tregua entre Lula y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. El legislador fue el responsable de que fue rechazado el candidato oficialista para el Tribunal Supremo Federal (TSF), Jorge Messias, lo que configuró la primera derrota legislativa de este estilo en más de un siglo.

Múcio recayó en el Ministerio de Defensa a pedido de Lula. “Esto se debe a que es un político profesional, que tiene terminales con todos los lados del espectro político y que tenía que ponerse al hombro la relación con la cúpula de las Fuerzas Armadas al comienzo de su gobierno después de la presidencia de Jair Bolsonaro”.

Lula aspira a reelección y su cuarto mandato en total en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el último trimestre de este año. Su principal competidor en las encuestas es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. En ese sentido, Milei ya dio señales explícitas de alineamiento hacia el candidato conservador. Ambos se mostraron juntos abrazándose y dándose palabras de aliento en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores del sector se manifestarán hoy en la Marcha Federal por la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo.

El ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad desplegaran un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la Casa Rosada y las inmediaciones de la cartera de Salud.

La convocatoria, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud, responde, según denuncian, al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.

Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, rechazan el encuadre de la protesta. Mencionan “motivaciones políticas” detrás de la protesta. También destacan que la provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto para definir reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.

Para La Libertad Avanza detrás de la Marcha Federal por la Salud está el gobernador Axel Kicillof, también apuntan a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y advierten que funcionarios provinciales oficiaron como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, junto a gremios como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.

El recorrido de las columnas desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo será por Avenida de Mayo.

Los motivos de la marcha

El Foro por el Derecho a la Salud por su parte, enumera una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Entre ellas, el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr —que distribuía botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país—, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.

Sobre este último punto, advierten por una reforma de ley impulsada desde el oficialismo que, según denuncian, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.

Los datos difundidos por los organizadores de la protesta reflejan el alcance del deterioro: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga —lo que evidencia la presión creciente sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. El PAMI, según denuncian, habría perdido el 40% de su presupuesto.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.

“El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”, expresó el lunes el titular de la cartera de Salud de la Nación ante el Consejo Federal de Salud.

Junto a sus pares provinciales presentes, Lugones firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.

Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.

El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.

En materia de financiamiento a otras jurisdicciones Salud pone como ejemplo el territorio bonaerense: el Estado nacional invierte 1.812 billones de pesos en salud para sus habitantes a través de hospitales nacionales y de gestión compartida, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis, programas de discapacidad y el propio RemediAr, entre otros.

Al mismo tiempo, sostienen que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de 630.635 millones de pesos con los hospitales SAMIC de gestión compartida —entre ellos el Hospital El Cruce, el Hospital René Favaloro y el Hospital Cuenca Alta.

Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que “814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en esa institución.

“El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local”, remarcaron las autoridades del hospital pediátrico a través de un comunicado.

La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

La oposición había convocado a una sesión para este miércoles a las 11 con el objetivo de obligar a Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. Ya lo habían intentado la semana pasada, pero tuvieron que posponer la sesión porque el quórum (129 diputados presentes) no estaba asegurado. La reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada fue determinante para que la convocatoria fuera un fracaso.

A pedido del peronismo, que había quedado excluido del acuerdo para convocar a la primera sesión, decidieron ampliar el temario para sumar proyectos “sociales”. Entonces, además de la interpelación al jefe de Gabinete se pondrían en debate proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el mismo día pero una hora antes, a las 10. Según el reglamento, la primera sesión que alcance quórum podrá avanzar con su temario, lo que convertiría en letra muerta la agenda alternativa. Además, el Gobierno podrá exponer una vez más que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores.

El primer proyecto de la orden del día será la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, había explicado el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando defendió el proyecto en comisión.

Luego seguirán una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Pero el plato fuerte de la jornada será la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría. En las filas del oficialismo aseguran que tienen las 129 voluntades necesarias para dar inicio al debate pero reconocen que el verdadero desafío será sostener ese número hasta el final para evitar que la sesión se caiga.

La iniciativa del oficialismo apunta a restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Fuentes oficiales revelaron ayer que el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. “Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron a Infobae.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.