El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales”.

La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.

A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.

A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.

El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.

Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.

La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.

La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.

Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.

Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.

La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.

La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.

El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.

La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.

Hubo tres hechos que cambiaron los movimientos de Máximo Kirchner en el tablero político de la Argentina. El primero fue la condena y la detención de su madre en San José 1111, donde está aislada de la vida de las mayorías hace poco más de un año. El segundo fue el final de su ciclo al frente del PJ Bonaerense. El tercero fue el veloz y profundo deterioro de su relación, y la de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof.

Ese encadenamiento de situaciones le abrió el camino a un mayor protagonismo en la discusión nacional del peronismo y en la organización política del kirchnerismo. Su discurso en Parque Lezama, cuando se conmemoró un año de la prisión de CFK, puede ser tomado como un quiebre en la lógica interna del mundo K. Ese día Kirchner terminó de erigirse como el líder de una línea del peronismo que tiene una jefa detenida y un jefe en la calle.

En las últimas semanas amontonó recorridas y actos en Entre Ríos, Santa Fe, Carmen de Areco y La Rioja, donde estuvo el fin de semana. En 48 horas tuvo tres actos y ocupó un rol protagónico en una cumbre de unidad armada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Kirchner no está jugando la partida nacional como el jefe de La Cámpora, sino como líder del kirchnerismo y dueño de un poder real que le fue delegado por su madre, imposibilitada de ejercerlo libremente. Es un escalón más arriba que el de la conducción de la organización que fundó pasado el 2003.

Nacido en La Plata y criado en El Calafate, Kirchner construye la imagen de un dirigente nacional con el suficiente peso para ser candidato en la provincia de Buenos Aires el año que viene o para jugar en un cargo a nivel país. Casi ninguna candidatura se puede anticipar con tanto tiempo. Lo seguro es que el legislador va a estar parado en la línea de largada para ser una opción en cualquier rol que el kirchnerismo quiera pelear en la batalla electoral.

Con CFK presa e inhabilitada para competir por cargos públicos, el sector que ella lidera necesita construir un perfil que pueda representar la identidad cristinista en la cancha electoral. Hasta aquí, ese segundo nombre siempre ha sido Eduardo “Wado” de Pedro, pero la salida de Kirchner al territorio federal modifica ese orden y lo coloca como el nombre capaz de representar con claridad el sentir cristinista.

El último fin de semana, Kirchner absorbió gran parte del protagonismo de la cumbre peronista en La Rioja. La ausencia de Kicillof, que estaba invitado pero no quiso quedar entrampado en lo que consideraba que era una foto de unidad forzada, le dio mayor peso a sus apariciones. Quintela le brindó un lugar preponderante en los actos y después aseguró que la unidad para enfrentar a Milei tiene que ser total. Para eso necesita, sí o sí, que haya algún tipo de acuerdo entre el gobernador bonaerense y los Kirchner. Por ahora, ese anhelo del riojano es muy difícil de cumplir. La relación está muy desgastada y lo político está enredado con lo personal.

Tras el clásico receso invernal que suele regalarse el Congreso, el Senado retomará su actividad con una agenda abultada: habrá dos jornadas de audiencias para analizar pliegos judiciales; el oficialismo intentará avanzar -cautela dialoguista- con el Súper RIGI para grandes inversiones, un texto ya aprobado por Diputados; y el jueves se reanudará la sesión que quedó con cuarto intermedio en la que se definirá la ley de propiedad privada, una iniciativa ya muy manoseada y con al menos 16 borradores extra, pese a contar con un dictamen de mayoría firmado en mayo pasado.

El puntapié lo dará la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Desde las 14 de mañana expondrán 12 postulantes a ocupar sitiales en diversos puntos del país, algo que interesa a legisladores aliados que se mostraban preocupados por las dilaciones en relación con este tema. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares. Al día siguiente habrá otra reunión, aunque desde las 11.

Para la tarde de dicha jornada -14.30-, la comisión de Industria revisará un proyecto de la filoradical Edith Terenzi (Chubut) que forzaría la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas. No obstante, el plato fuerte será media hora más tarde, cuando un plenario comience la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.

Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente, mientras que la segunda es presidida por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).

Desde La Libertad Avanza (LLA), que regentea la porteña Patricia Bullrich, deslizaron la idea de empujar un despacho exprés, algo arriesgado si se tomaran en cuentas las dificultades que tuvo el oficialismo por apurar leyes sin un acuerdo sellado de manera previa. Que en Diputados haya captado 130 votos es una señal, por haber sido más ajustado de lo esperable. Nadie lo adopta, por ahora, como un espejo.

Entre mañana y el miércoles ocurrirán, con seguridad, encuentros informales entre libertarios y dialoguistas para ver si la ley de propiedad privada llega blindada de cara al jueves, con oficinas y asesores ya hartos de las volteretas de junio y julio. De hecho, la última cumbre conocida fue la que mantuvo Bullrich con el ministro de Desregulación -e impulsor de la norma-, Federico Sturzenegger.

Al término de la reunión, la senadora dijo que había entendimientos sobre el borrador 15. No fue así, debido a que ahí mismo empezó a asomar la versión 16. De hecho, se estiman más modificaciones en las próximas 72 horas, lo que alimenta la postura opositora en contra sobre la iniciativa. En particular, sobre la venta de tierras a extranjeros, que tiene en una misma baldosa al kirchnerismo, a la izquierda y a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, entre otras caras visibles. El mercado mira de cerca el desenlace.

El pequeño sueño de personajes menores fue que a la compañera de fórmula del primer mandatario en 2023 le tocara intervenir en un potencial empate. Quedará para otra ocasión: la Casa Rosada confirmó anoche que Javier Milei partirá el miércoles hacia Colombia. Por ende, comandará el encuentro el oficialista puntano Bartolomé Abdala, ya que Villarruel suplantará al Presidente en el Ejecutivo hasta su retorno a la Argentina.

Entre mañana y el miércoles, LLA tendrá que decidir si juega a todo o nada con el proyecto, restándole importancia a la marcha que habrá ese día fuera del Congreso. Lo que se presume es que, para la temática en cuestión, lo del jueves tiene aroma a última chance. Ya casi nadie quiere continuar con el asunto. En caso de tener que bajar la persiana -y lo que ello implicaría- el oficialismo buscará, al menos, mostrar avances en otros campos. Y si lo llegara a aprobar, sacará un conejo de la galera que luego deberá pasar el filtro de la Cámara baja y dejar atrás la pronunciada mala praxis legislativa de las recientes semanas.

Un ítem no menor: fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. Hasta se sacó al Congreso del medio. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Una vez que se saldó eso, surgieron dudas menores entre quienes habían demandado cambios. Seguido a ello, entre los senadores libertarios y funcionarios de Milei aparecieron divergencias. Por eso es que la discusión se encuentra enjabonada y no hay lugar firme de dónde agarrarse. Un escenario no recomendable. Restan 72 horas para que se reanude la sesión.