El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

El enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno por las obras sociales se pondrá al rojo: unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán en las próximas horas una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y que los devuelva al sistema sindical de salud.

En el escrito se denunciará al ministro Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque mantiene “pisado” dinero que corresponde a las obras sociales: serían, por un lado, 288 mil millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro, unos 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA que se acumularon por una deuda que abonó OSDE ante su incumplimiento en los aportes generados por los adherentes voluntarios al sistema de obras sociales.

La decisión de ir a la Justicia se tomó anteayer en un encuentro que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), a los que sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia judicial también cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país (1.200.000 afiliados).

Pero, en los hechos, la presentación judicial se convertirá en un desafío a la CGT, que sigue analizando qué hacer ante la aguda crisis financiera de las obras sociales, pero hasta ahora no adoptó “ninguna medida concreta”, como cuestionan en el barrionuevismo, pese a 3 reuniones infructuosas de sus dirigentes con el ministro de Salud, Mario Lugones, como anticipó Infobae.

Barrionuevo, además, rechazará el paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT tras la visita del Papa León XIV e insistirá en realizar un paro general de 36 horas, con movilización, para exteriorizar su oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), hará el 16 de noviembre un paro nacional y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano en demanda de que la Secretaría de Trabajo le firme la certificación de autoridades por su triunfo electoral de diciembre pasado y que le homologue su último aumento salarial.

Un grupo de abogados está finalizando la redacción del escrito, en el que, además de la devolución de los fondos que tiene retenidos Economía, se reclamará al Gobierno que actualice el valor del nomenclador por el cual el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años, con lo cual las obras sociales están recuperando un 10% de lo que abonan en ese rubro.

El origen de los 288 mil millones de pesos que debe hoy el Estado al sistema de obras sociales surge de una partida adicional de casi 148 mil millones de pesos que el ex ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas como discapacidad en el sistema sindical de salud.

Ese dinero fue restituido parcialmente desde entonces a las obras sociales y su monto se incrementó porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.

Los 400 mil millones de pesos restantes que el Gobierno tendría retenidos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que fue creado en 2016 y es donde se destinaron los millonarios recursos del acuerdo de pago con OSDE.

Esta prepaga fue denunciada en enero de 2017 por Swiss Medical, su principal competidora, por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios, reclamo que derivó en una denuncia de la UFISES (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social).

Finalmente, en septiembre de 2017 se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE por unos 8 mil millones de pesos, fondos que se destinaron esos recursos inicialmente al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Y en 2019, mediante el decreto 251, se trasladaron los fondos disponibles de ese acuerdo al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.

Desde ese momento, con los fondos retenidos por el Estado y por la conjunción de varios factores, se acentuó la crisis financiara de las obras sociales con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En un intento por lograr alguna solución, la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro Lugones en la sede de la UOCRA, aunque los sindicalistas se quejan de que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar la crisis de las obras sociales que los expertos califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.