Mauricio Macri comenzó, lentamente, a pensar en el 2027, y un encuentro en Puerto Madryn, a principios de marzo, será el puntapié inicial de una recorrida federal para reactivar a la dirigencia del PRO, cortar la sangría de dirigencia hacia otros espacios políticos y cambiar la narrativa en torno al partido amarillo -y su liderazgo-, de cara al 2027.

Desde el entorno del ex presidente, y ante la consulta de Infobae, aseguran que no se trata de una agenda proselitista en modo de candidato, sino fortalecer la estructura interna partidaria, recuperar volumen territorial y reunirse con gobernadores e intendentes aliados, “para conformar una propuesta innovadora” para el próximo turno electoral.

Todo este proceso se da en medio de cuestionamientos de varios dirigentes, tanto en privado como en público, por el estilo “ambiguo” de Macri para conducir al PRO, sobre todo en cuanto a la relación con los hermanos Milei y La Libertad Avanza. El ex senador Federico Pinedo fue explícito durante un reportaje con este medio publicado a mediados de enero: “El PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”.

La recorrida de Macri por el país es, por el momento, una declaración de intención. Más allá de confirmar su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), no hay aún otros eventos confirmados.

En este marco, no pocos dirigentes amarillos esperan una convocatoria a la próxima reunión del consejo partidario, clave para definir una hoja de ruta institucional de cara a lo que viene. Este encuentro se debería realizar en las próximas semanas.

Mientras tanto, la atención esta semana gira en torno al Congreso. En diputados, este martes hubo una reunión de bloque convocada por Cristian Ritondo, para definir criterios de cara a la sesión del próximo jueves, donde se discutirá el nuevo proyecto de Reforma Penal Juvenil, con una serie de cambios pactados con la oposición dialoguista. La iniciativa contempla que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

El bloque amarillo empujó estos cambios. “¿Por qué 14 y no 13 como propuso el Gobierno? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa. Por un lado, no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, planteó un importante diputado del PRO.

Y amplió: “Por otro lado, somos conscientes que hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema. Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

“¿Por qué 14 y no 15 (o mantener los 16)? Hay que tener un criterio de realidad. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad. Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables y de la región: Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable”, completó.

Por otro lado, el miércoles será el turno del Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo. Ayer, martes, se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT.

También hubo señales al gobierno porteño en la previa de la discusión legislativa: suscribió un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso (ya ingresó al Senado) y la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.

Según el texto del convenio, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:

• Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
• Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
• Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
• Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
• Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.

De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.

En tanto, el acuerdo prevé una transición ordenada y las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. A su vez, la ejecución de las sentencias se trasladará al nuevo fuero porteño y las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.

Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.

Todo casi al mismo tiempo. El Gobierno dio por coronada la negociación por la reforma laboral, que espera votar este miércoles en el Senado y convertir en ley antes de fin de mes en Diputados. Es un dato político que el oficialismo considera gravitante como señal en materia económica. Al revés, registró el impacto de un dato económico siempre sensible para la política: el índice de precios, que anotó 2,9% en enero y llegó con el cortinado de fondo de la renuncia del titular del INDEC por la actualización metodológica de no fue. La aceleración con el cambio en la legislación del trabajo y el oleaje por el IPC dominan así la agenda pública.

El oficialismo, como en diciembre al tratar el Presupuesto, dio un giro práctico para avanzar con el proyecto central de la convocatoria a sesiones extraordinarias. El ejercicio de negociación tuvo protagonistas repetidos -gobernadores y bloques dialoguistas- y se movió a contramano del discurso y los gestos duros, recreados en el cruce con Techint, las chicanas con la industria textil y la inquietante y a la vez estéril creación de una cuenta para confrontar con periodistas y medios.

Con todo, hasta el arranque de esta semana se dejaban correr versiones cuyo sentido, en espacios siempre dispuestos al diálogo, algunos atribuyeron a una táctica negociadora básica y otros, a las internas del poder. En cualquier caso, quedó a la vista la necesidad de cerrar acuerdos para garantizar el éxito de la reforma laboral: según los cálculos violetas, el texto contaría con más de 40 votos en la Cámara alta, luego de aceptar una treintena de modificaciones.

Toda la negociación había quedado teñida por la pulseada con los gobernadores, centrada en el rechazo a la rebaja de Ganancias para empresas. Eso, naturalmente, proyectaba un impacto negativo en la coparticipación federal. Pero no se agotaba allí el tema. Varios jefes provinciales se encargaron de destacar que también las cuentas del Gobierno nacional están complicadas. Desde hace seis meses, la recaudación viene bajando de manera sostenida.

Fuentes del oficialismo habían salido a mediatizar el efecto de esa caída para el Estado nacional y, más aún, insistían con que no darían marcha atrás con Ganancias. Incluso, era lo que se dejaba trascender hasta el último fin de semana, después de encuentros formales de la llamada mesa política. Sin embargo, para entonces, fuentes cercanas a jefes provinciales señalan que el Gobierno no tenía margen político y manejaba dos opciones: dejar caer ese punto en el recinto o bajarlo, como finalmente acaba de suceder.

El desenlace de este punto puede ser interpretado como una expresión de realismo. Según tal mirada, la insistencia cono ese tema impositivo -que podría ser sumado al aún impreciso proyecto de reforma tributaria- amenazaba con hacer caer el acompañamiento a otros renglones delicados y necesitados de consenso político, frente a las advertencias de judicialización motorizadas por algunos jefes sindicales y el peronismo duro. Visto así, el resultado es anotado como un logro del “ala política” más allá de sus disputas -desde Karina Milei y sus segundos hasta Santiago Caputo, además de Diego Santilli y Patricia Bullrich– frente a la rigidez de Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El texto acordado incluye la reafirmación de aspectos centrales para el Gobierno -como indemnizaciones, ajuste sobre el derecho de huelga, entre otros- y concesiones a los gobernadores, además de señales claras a los jefes cegetistas -obras sociales, cuotas sindicales, en primera línea-, y a las empresas. La intención oficial es acelerar el trámite y avanzar sin vueltas en Diputados, dando por hecho que el texto que sea aprobado en la Cámara alta será el definitivo.

En lo inmediato, sin que estuviera previsto de antemano, si en el Senado todo sale como apuestan la LLA y sus socios, el voto de la reforma laboral sería útil al Gobierno para tratar de amortiguar el impacto del IPC de enero.

El 2,9 % del índice de precios es un dato económico potenciado al menos por dos factores. El primero, se sabe: la contención del proceso inflacionario representa un capital político central para Javier Milei. El segundo, grave: el clima que rodea su difusión, cruzado por el posible efecto sobre la credibilidad del organismo que alimenta la renuncia de Marco Lavagna.

Eso último es difícil de medir ya en términos de imagen. Resulta claro el costo autoprovocado por el modo en que se precipitó todo y algunos de los argumentos. El desencadenante fue la decisión de posponer -luego, directamente descartar– la aplicación de una nueva metodología o sistema para establecer el IPC, en base a datos estadísticos de 2017, que ahora se desechan por desactualizados -algo real- aunque manteniendo los de 2004.

Con ese marco, se abrieron sospechas y especulaciones sobre el número que hubiera expuesto la aplicación del “nuevo” IPC. El ministro Caputo y variados voceros salieron a decir que el índice habría dado unas décimas por debajo de la cifra informada por el INDEC. Algo parecido dicen algunos consultores. Sin embargo, fuentes vinculadas al organismo afirman que la marca habría superado los 3 puntos. Este es el tema que el Gobierno buscará cerrar lo antes posible.

Fuera de ese terreno, la preocupación es alimentada por la línea ascendente, primero suave y después más marcada, de los precios. La escalera arrancó desde un piso del 1,5% en mayo del año pasado, superó los 2 puntos en septiembre y acaba de rozar los 3 puntos en enero. El registro interanual anota 32,4%, con cifras mayores de rubros especialmente duros para el bolsillo: alimentos y bebidas (35,9), comunicación (36,7) y vivienda y servicios (40,2).

Son números significativos. Es probable que la reforma laboral gane el foco político y se verá si de la agenda pública. Por lo pronto, la semana había arrancado con noticias sobre el procesamiento de Diego Spagnuolo. Ruidos diferentes en días de vértigo.

El día después de haber anunciado cambios claves en el articulado de la Reforma Laboral, con varias consesiones al sindicalismo, el Gobierno sigue de cerca la protesta convocada para este mediodía por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto y anticipa una asistencia reducida en la Plaza del Congreso. “No nos importa para nada”, sintetizó ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial en la previa a la protesta que nucleará a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones piqueteras y partidos políticos.

Lo cierto es que en varios despachos de Balcarce 50, en la previa a los anuncios que instrumentó el pasado jueves la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Senado se vivía un clima contrario a la preocupación que generaba en otros tiempos una acción de lucha definida por la central. Tras alegar falta de apoyos para llamar a un paro general, la CGT definió una movilización en las inmediaciones del Congreso para cuando la Cámara Alta debata el proyecto.

En el ecosistema libertario descuentan que la determinación de no convocar a paro afectará directamente a la asistencia, por lo que —sostienen— la adhesión será menor a la esperada por las autoridades cegetistas. “No creo que sea muy grande en relación a otras que se hicieron bajo otros gobiernos”, expresó una fuente a este medio.

Ante el escenario que tendrá lugar desde la mañana de este miércoles, un integrante de la reducida mesa política que formó parte del debate que dio lugar a las concesiones al sindicalismo contempladas en la reforma, entre las que figuran la eliminación de las limitaciones a las cuotas solidarias y la reducción de los aportes para las obras sociales, se mostró al pendiente de los cuestionamientos del sector, pero coincidente en los pronósticos sobre la participación. “Siempre son importantes las marchas de la central, pero no va a ser multitudinaria”, coincidió ante la consulta de este medio.

“Me preocupa cero. Veremos cómo se da, pero sinceramente me da igual”, retrucó casi a modo de mantra un legislador libertario. Otra voz de las filas violetas ironizó: “No me acordaba ni que había marcha. No va a haber un millón de personas, sino todo el mundo estaría hablando de eso”.

Asimismo, pese a la adhesión de varios sectores en pugna: el triunvirato cgetista, las autoridades de las CTAs, partidos de izquierda, La Cámpora, figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y organizaciones sociales y piqueteras, por los pasillos de Casa Rosada vaticinan una protesta “pacífica” y “de baja intensidad”. Además, se valen de la presencia de los exponentes de la oposición a la que definen como “tren fantasma”, para tildar de “política” la acción.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en la cartera, tiene listo el protocolo antipiquetes que comenzará a regir desde temprano en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para la tarea aplican una lógica que la funcionaria define como “VTV”, que gira en torno a la toma de definiciones en función de la evaluación del volumen de la manifestación, el transporte afectado y, por último, la violencia que miden en la previa a la acción.

El ministerio persigue el objetivo de garantizar la libre circulación, por lo que las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Mayo amanecieron valladas, como ocurre ante cada protesta. Para el operativo que incluirá controles en los accesos y desvíos en el tránsito, estarán comprometidas las fuerzas federales que trabajarán de manera mancomunada con la Policía de la Ciudad.

Los cambios en el articulado y el vínculo con la Casa Rosada

Dentro de los 28 cambios anunciados por Bullrich, el proyecto que iniciará a debatirse este miércoles en el Senado contempla dos reclamos centrales elevados por la CGT. Por un lado, mantienen las cuotas solidarias, con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, y por el otro, elimina la reducción en las contribuciones patronales para las obras sociales.

Si bien el vínculo entre el sindicalismo y el Ejecutivo fluctuó en el último tiempo, la administración libertaria otorgó varias concesiones para la aprobación del proyecto que se presenta como vital para el mandatario.

Además, hubo amagues de varios alfiles representantes de Javier Milei para concretar un encuentro con las nuevas autoridades de la central, y se establecieron contactos paralelos como las reuniones entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, representación del sector en el Consejo de Mayo. Sin embargo, en el último tiempo hubo una marcada distancia entre las terminales.

“Se portaron mal”, repetían hasta la semana pasada por los pasillos de Balcarce 50. En la lista de quejas figuran los intercambios con gobernadores que intentaron motorizar desde la CGT para desarticular los cambios en el esquema laboral y los fuertes cuestionamientos contra algunas decisiones del Ejecutivo, como las modificaciones a la SIDE que intentaron aplicar a fin de año vía DNU.