Eran las 16 y Patricia Bullrich salió raudamente del recinto. Caminó haciendo señas a su bloque para convocarlos al salón rosado. Allí se sumaron senadores del PRO y Luis Juez, mientras entraba y salía el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi. La jefa de los libertarios tenía que dar explicaciones y prefirió hacerlo de una sola vez y con todos. Para entonces, ya estaba circulando la última versión del proyecto de reforma laboral que dejaba consagrada la ya famosa cuota solidaria, uno de los ejes del reclamo gremial. Los radicales y lo que queda del macrismo resistieron el pacto sindical libertario, pero ya estaba sellado. El Gobierno cedió, se aseguró una media sanción por amplia mayoría, al borde de conseguir los dos tercios, y dejó desarticulada por completo a la oposición. La pureza de los aliados deberá esperar.

El estreno del nuevo escenario político derivado del resultado electoral de octubre puso a Javier Milei en un rol negociador. Fue Bullrich la que destrabó el diálogo el viernes de la semana pasada, una vez que la CGT anunció que sólo se movilizaría a la plaza del Congreso el día del tratamiento, sin decretar un paro nacional. Ese gesto fue leído rápidamente por “la muchacha”, como la renombró un dirigente sindical al que le tocó ser parte de la negociación. Patricia dejó de ser “la piba” de los ’90 por algo. “Es la única que hace política en este Gobierno”, elogió su madurez un hombre de la mesa chica sindical, que tejió vía ex militantes del peronismo porteño que hoy rodean a la senadora una relación que habilitó, al menos, una primera negociación.

Ella se cuidó de no recargar los ánimos frente a un pacto endeble, que incluyó cruces de llamadas más allá de las 3 de la madrugada. En su discurso de cierre, cuando ya tenía asegurada una holgada votación a su favor, celebró a los sindicatos que usan el fondo de cese laboral y hasta se congració con Andrés Rodriguez. “Siempre gana el gremio más razonable. ¿Qué pasa en el Estado argentino? Hay varios gremios, está ATE, UPCN, y quién gana, el gremio más razonable. Por eso UPCN tiene más afiliados que ATE, porque es más razonable, porque tiene más lógica, porque no te lleva al conflicto permanente”, lo celebró. Sus peleas, que las tuvo, las encaró con el trío de Mariano Recalde, Juliana Di Tullio o José Mayans. Para que no quedaran dudas del pacto cegetista, Bullrich les recordó que les dejaban la cuota solidaria: “No la vamos a sacar eternamente, la van a tener, pero en un máximo para que realmente no sea una lógica contraria al interés del trabajador”.

La CGT respiró. No sólo consiguió mantener ese ingreso compulsivo con limitación del 2%, sino que mantuvo el porcentaje de aportes a las obras sociales sindicales, otra de las líneas rojas que habían trazado los gremios en la previa al debate. Más allá de estas pocas concesiones, el sindicalismo no tiene nada más para celebrar. El margen de negociación se los sacó el propio Milei cuando aceptó levantar del capítulo fiscal la baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que afectaba los ingresos provinciales. Eso sucedió el lunes y fue el quiebre para una dirigencia carente de recursos para presionar. Habían apostado todo a los gobernadores. Sin ese anzuelo, quedaron con las manos vacías. El único camino era el pacto. O radicalizarse. Eligieron lo primero.

Reproches cruzados

Dividida en al menos cinco ventanillas de negociación, la Casa Rosada apuró los acuerdos, consciente de que no podía permitirse un traspié. Dicen los gremios que la interna del Gobierno colaboró para llevarse las últimas modificaciones. “Santiago se borró dos días antes”, se quejaba un jefe sindical sobre el rol del asesor presidencial, que supo ser la única vía de acercamiento en estos años con Balcarce 50. Estuvo, pero no definió, según relatan los protagonistas. El rol central se lo llevó Bullrich, y en segundo escalón, Martín y Eduardo Lule Menem, que desde diciembre emprendieron los contactos subterráneos, línea a la que se sumaba Diego Santilli, más volcado a monitorear a los gobernadores. Siempre con desconfianzas, los gremios repiten que estos últimos fueron los que los llevaron al fracaso. “Nos cagaron (Alejandra) Vigo, (Flavia) Royón y (Carlos Espínola) Camau”, se quejaban de madrugada, cuando la votación estaba terminada. La paradoja es que Alejandra Vigo, una de las apuntadas, surgió a la vida política desde lo gremial, como presidenta del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) en Córdoba.

El sindicalismo quedó apuntado frente a la magra cosecha que consiguió. “Priorizamos las organizaciones sindicales, sí. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto”, se defendió uno de ellos. “Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida”, recuerdan para justificarse. “Les afanamos lo importante, tenían todo para matarnos”, fue otra de las explicaciones.

En la negociación se involucró hasta el propio Milei. Fue infranqueable con el artículo que habilita los convenios por empresas frente a los de rama de actividad. Lo llamaban “el artículo Milei”. En rigor son dos: el 130 y el 131, que quedaron tal cual estaban en su versión original de diciembre pasado.

En el medio, la Casa Rosada aprovechó la ¿distracción? gremial y coló las nuevas reglas para las licencias por enfermedad, que establecen el pago del 75% o 50% del salario en caso de enfermedad. “Alguien hizo una de más”, se lamenta un libertario. Federico Sturzenegger, la otra pata que vetaba o dejaba pasar, levantó la mano tras el escándalo y fue el primero en defender el cambio. Es extraño. Muchos de los involucrados en las decisiones fingen no conocer el artículo, o argumentan que se incorporó a último momento. No fue así. Estaba en la versión final del día martes. Tuvieron más de 24 horas para darse cuenta qué votaban.

¿Cambios en Diputados?

Con ese agregado el Gobierno se abrió ahora un escenario incierto en la Cámara de Diputados, donde la oposición hace números para bloquear ese artículo y mandar de nuevo el proyecto al Senado. Desarticulados, el peronismo y los gremios ven una hendija por donde hacerle algo de ruido a Milei. “El Gobierno ya cedió todo lo que estaba dispuesto, más no va ceder”, reflexionan en Unión por la Patria sobre las bajas chances de lograr el rechazo general a la reforma.

Hay dos gobernadores que podrían ser árbitros: Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, pero ambos demostraron, al cancelar una reunión con la CGT, que no están dispuestos a darle un golpe a Milei. En el Senado se alinearon a los intereses libertarios. El poroteo opositor incluye justamente a parte del bloque de Provincias Unidas (PU), algún radical sin tierra y robarle apoyos de los siempre aliados de Innovación Federal. En principio, los 6 diputados de Córdoba y los 3 del PRO que integran PU votarían por la aprobación en general y podrían oponerse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el otro punto de la polémica. También tienen un proyecto propio para modificar el régimen de incentivo para las medianas empresas (RIMI), que usarán como prenda de negociación. Si el tema licencias cala fuerte en el debate público, podrían hacer caer el artículo.

Un llamado de atención para la Casa Rosada fue el voto en el Senado de los integrantes de Convicción Federal, que se alinearon con el peronismo, sobre todo los representantes de Catamarca y Tucumán. Si se repite en Diputados, el escenario sería más complejo. Se abre otra negociación.

Para apurar los tiempos, el oficialismo dictaminará el miércoles próximo. Ya convocó al plenario de comisiones, pero no tiene quórum propio y necesita de los aliados. Ahí empezará a despejarse el panorama. Una opción es llevarlo al recinto al otro día, para que en caso de que le impongan cambios, el Senado pueda ratificar el proyecto original y todo quede listo para el 1 de marzo. El feriado de carnaval complica a todos. Ya circula entre los diputados la promesa oficial de modificar el artículo con el recorte de derechos en las licencias en la reglamentación posterior.

Ceder para tener más poder

El Gobierno logró dos contundentes triunfos políticos en 24 horas. De la media sanción de la reforma laboral saltó a la media sanción del nuevo régimen penal juvenil. Ahí también hizo concesiones. Retiró su propio proyecto en la previa de la sesión y aceptó dejar en 14 años la edad de punibilidad de los menores. Lejos del slogan oficial de “delito de adulto pena de adulto”, aceptó bajar a 15 años la pena máxima para casos graves y estableció una escala progresiva, y que sólo se pueda alojar a los menores en instituciones especializadas. Aunque exiguo, también incorporó $23.000 millones para su funcionamiento, algo que no contemplaba el proyecto original. La gobernabilidad exigida tras el triunfo electoral obligó a Milei a pactar. Ese pacto le ofrendó amplias mayorías, una foto que extendida, le podría facilitar en el Senado el nombramiento de jueces de la Corte.

Pero ¿por qué cedió si la aprobación estaba garantizada? En el Gobierno sostienen que quieren quitar frentes de conflicto y que lo importante era que la ley saliera. “Salir con esos números del Senado da la sensación de partido liquidado en Diputados”, apuntan como explicación. En la CGT creen que el próximo paso de Milei será ir por la ley de asociaciones sindicales.

Tras el triunfo electoral de octubre, la Casa Rosada fue desactivando conflictos. Avanzó con la actualización, aunque escasa, del nomenclador que exigía la ley de emergencia en discapacidad y la tuvo que reglamentar, y aceptó aumentos para los trabajadores del Garrahan. Ahora negocia con las universidades una nueva ley de financiamiento. El acuerdo aún no está cerrado. Incluye un reconocimiento de un 13,5% de pérdida salarial del año 2025, a pagar en tres cuotas, $80.000 millones para hospitales universitarios, la apertura de la paritaria y una actualización de la partida para mantenimiento, en espejo con lo que se acuerde en la negociación salarial. Lo que no reconocen es la pérdida del poder adquisitivo de 2024. El Gobierno tenía previsto sumar el tema en extraordinarias en los próximos días.

Avance en lo político, parate en lo económico

El avance político contrastó esta semana con el parate económico. El dato de inflación de enero, con una suba de 2,9% y un fuerte impacto en alimentos, enciende luces de alerta. La economía no reacciona. Los datos del uso de la capacidad instalada de la industria marcaron un alarmante 53,8%, el nivel más bajo en casi dos años, y las estadísticas del Indec sobre salarios registrados dejaron una foto notable en el bolsillo: cerraron el 2025 casi 3,3 puntos abajo de la inflación. El conflicto policial en Santa Fe marcó un punto de quiebre. El gobernador tuvo que aceptar una suba de haberes arriba del 40% y aclararle al resto de la administración pública que semejante cifra no se replicará. El impacto lo empezó a sentir también Axel Kicillof, con amenaza de paro de algunos gremios docentes por primera vez en toda su gestión.

El derrotero de empresas en crisis y la conflictividad laboral también está pegando de lleno en el inicio del año que el Gobierno planteó como el de la recuperación. Desde enero de 2024 hasta el 5 de febrero de este año se registraron al menos 717 conflictos en todo el país, según el último relevamiento del CEPA. El sector que encabeza el ranking es la Industria, con el 62,1% de los conflictos. Las ramas más afectadas fueron la textil, de alimentos y la metalurgia y siderurgia con despidos en un 63,6% de los casos en un contexto de pérdida de puestos de trabajo de 272.607 trabajadores registrados desde noviembre de 2023. Hay un dato llamativo: antes de la elección de octubre se registraron 21 conflictos por día; pos elección se disparó a 42 por día. Eso da cuenta de que los empresarios esperaban el resultado electoral para ajustar. Una vez aprobada la reforma laboral podría incrementarse aún más ese número.

Debate público

La inflación va ganando la conversación pública. Un informe de la consultora Ad Hoc mostró un salto en febrero, motivado por el escándalo en el Indec, con más de 206 mil menciones, la más alta en dos años, y que incluye una mirada negativa hacia el Gobierno tras la renuncia de Marco Lavagna y la suba de precios. A eso se suma la conversación digital sobre la reforma laboral. “La negatividad hacia Milei subió 3,6 puntos con respecto a su promedio de este mes. Escaló a 52,5%. La comunidad libertaria se activó para resaltar a los manifestantes violentos y validar tanto el accionar policial como la posición política oficial. No se observa una defensa positiva de la reforma, sino que la actividad de los usuarios digitales afines al Gobierno se dirigió sobre todo a deslegitimar la protesta o confrontar con dirigentes opositores”, destacan en el informe.

La efectividad política del Gobierno se choca con la economía diaria que no despega. El Gobierno aprovechará el envión para enviar una reforma electoral, una nueva Ley Bases y un listado de empresas a privatizar, en el menú para un Congreso que hoy muestra un alto disciplinamiento libertario.

Transcurría el mes de julio de 2025. La Casa Rosada se encontraba asediada en el Congreso por la falta de números en ambas cámaras para sostener los vetos que Javier Milei tenía previsto firmar ante los proyectos que la oposición presentaba. Por esos días, el Presidente lanzó un mensaje cuasi profético en una entrevista radial: “Aun en el peor de los mundos el efecto es transitorio y el 11 de diciembre los revierto. Por lo menos vamos a sacar 40 puntos en las elecciones”.

El contraste con la semana que acaba de pasar resulta abrumador. Con la media sanción de la reforma laboral y de la baja en la edad de imputabilidad, el Gobierno dio un golpe de autoridad que se hizo sentir en toda la oposición.

Para este caso, no importa tanto la legitimidad que tenían ambas iniciativas en el electorado. Los niveles de adhesión no han variado sustancialmente respecto al año pasado, cuando el Gobierno no podía siquiera aspirar a tener éxito legislativo en este tipo de cuestiones.

Sí fue relevante que el oficialismo aumentó su masa de legisladores. El armado nacional se lanzó al vacío el año pasado al relegar las alianzas y elegir pureza en la confección de las listas. Los resultados acompañaron y eso permite ahora que los líderes de los bloques no deban preocuparse por las disidencias internas, como ocurrió al comienzo de la gestión. “Antes se nos querían oponer los propios. Ahora tenés más del doble de personas y, aunque no sean unas luces, no se nos oponen. Los esfuerzos están orientados a hablar con los opositores”, explica un integrante del oficialismo.

El Gobierno también logró mayor coordinación política. La victoria de octubre empoderó a Karina Milei, lo que habilitó que en la mesa de negociación participaran otras personas y que cada uno tuviera el control de su área: Patricia Bullrich como encargada de la política en el Senado, Martín Menem con su esfera de poder en Diputados, Manuel Adorni como hombre del Ejecutivo y Santiago Caputo posicionándose para la estrategia política general. Se potenció a Eduardo “Lule” Menem como operador oficialista, así como a Diego Santilli con las provincias.

Así, la ganadora de la semana fue la Mesa Política. No fue casual que Karina Milei planificara que varios de sus integrantes estuviesen presentes en el palco del Senado para la foto de la media sanción de la reforma. En un principio se esperaba que solo fuera con Adorni, pero terminaron asistiendo casi todos, incluso el jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, en quien Menem confía cada vez más para negociar con la oposición.

Esa foto, en la que estaban prácticamente todos, fue la que el Gobierno difundió como postal de victoria de la media sanción de la Modernización Laboral. A la mañana siguiente, Bullrich publicó un video musicalizado con Vogue, de Madonna, que mostraba su actuación protagónica en las negociaciones del Senado. En algunos despachos consideraron que esa acción comunicativa opacó la tarea del resto de la mesa política.

“Me parece que la gente tiene que ver que el Gobierno está logrando todas estas cosas porque hay un equipo que funciona. En el pasado no funcionó esto de adjudicarse ser los responsables de los éxitos”, explicó un miembro de la mesa chica.

Bullrich ya había hecho algo parecido cuando LLA consiguió la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. La cantidad de interacciones de funcionarios y dirigentes oficiales fue mayor en ese entonces. El único que compartió esa publicación tanto en diciembre como ahora fue el presidente Javier Milei, un experto en equilibrar posiciones entre los miembros de su equipo.

¿Por qué hay una mirada cada vez más celosa sobre los movimientos de la ex ministra? Nadie busca explicitar los motivos, pero lo único concreto es que la dirigente es la persona que mejor mide a nivel nacional junto al Presidente. En rigor, fue el mismo Gobierno que le pidió la candidatura a senadora, la colocó como jefa de bloque y, además, le mantuvo el Ministerio de Seguridad a través de su segunda, Alejandra Monteoliva. Es por eso que otros miembros del Gabinete buscan bajar las segundas lecturas y desdramatizar esto.

Esto no quita que, aunque no lo reconozcan en público, muchos miren las candidaturas del próximo año. Falta mucho para eso. Solo los hermanos Milei saben si ya existe una fórmula definida para 2027. Tanto Bullrich como Adorni son figuras mencionadas para secundar al Presidente en la boleta, pero ambos prefieren la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Si ninguno de los dos cede, nos prepararemos para competir en internas”, advierten en uno de los dos campamentos.

Si hay o no depende de que lo proponga Jorge Macri, que tiene un panorama complicado para el año próximo pero que mantiene las esperanzas con las mejoras que le llegaron en encuestas cualitativas en las últimas semanas.

La Libertad Avanza considera que tiene grandes chances de quedarse con la conducción de Uspallata. Con ese escenario, existen fuertes incentivos para postularse como candidato en el distrito. El jefe de Gabinete y la senadora nacional tienen motivos igualmente válidos para creerse merecedores de esa candidatura. La hermana presidencial se inclinaría por el ex vocero. Tampoco le convencería Bullrich como compañera de fórmula de su hermano.

Son asuntos sin respuesta en el corto plazo. Mientras tanto, Milei busca hablar ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo con la reforma laboral sancionada. ¿Podrá? En la mesa política comenzó a crecer la preocupación por el impacto mediático de los cambios en las licencias por enfermedad.

Tampoco ayudó que Federico Sturzenegger ejemplificara que, si una persona se lesiona jugando al fútbol, cobrará la mitad de su sueldo. “Más de la mitad del país tiene dificultades para llegar a fin de mes. En el año del Mundial, le acabamos de decir a esa gente que si juega y se lesiona le va a costar aún más”, opinó un comunicador libertario. Otros consideran injusta la acusación contra Sturzenegger, ya que fue el propio Gobierno el que habilitó que ese apartado avanzara.

Con el tema instalado en la agenda, bloques dialoguistas como el PRO, Provincias Unidas o la UCR piden modificaciones claras en el proyecto para evitar el costo político de votar un articulado así. “Así como está, no lo vamos a apoyar”, afirma un diputado de estas bancadas. En los próximos días se verá si estas advertencias tienen correlato en la realidad o si votarán en igual sentido que sus colegas del Senado.

Altas fuentes del oficialismo advirtieron a Infobae que el proyecto no se va a modificar ni un milímetro. Incluso defienden la normativa con ejemplos controvertidos: “Si tenés cáncer, te pagan el 75%. No me parece incorrecto. Estás en tu casa, no tenés que ir a la oficina y no pagas combustible. Es prácticamente lo mismo”.

Esta intransigencia tiene algunas excepciones. El Gobierno habría encontrado su contrapropuesta. En la oposición reconocen que fueron contactados por emisarios del oficialismo y se les solicitó que no implementen ningún cambio en el recinto a cambio de hacer aclaraciones y excepciones en la reglamentación del proyecto. Algunos consideran válida esta idea, pero otros no quieren firmar un cheque en blanco sin saber exactamente qué puede ceder el Poder Ejecutivo.

En la Casa Rosada quieren cerrar cuanto antes el capítulo de las negociaciones por la reforma laboral. Las tratativas fueron arduas y la ventana de oportunidad para seguir implementando medidas transformadoras no permanecerá abierta mucho tiempo más.

“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Pero la perspectiva es favorable. Así como cuando empezas a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero eso es incipiente, para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opina un importante estratega oficialista.

En la Mesa Política consideran que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas en el Congreso. Estiman que en el segundo semestre la relación con los bloques dialoguistas y con los gobernadores “se va a complicar por la coyuntura” y porque varios de los que hoy acompañan buscarán competir. “Por eso todo lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.

En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a diseñar una reforma electoral, un adelanto que Infobae publicó el viernes. Los efectos de esta iniciativa son varios. Visto que la suspensión de las PASO tuvo adhesión social, el Gobierno apunta a eliminar definitivamente esta instancia. Como efecto colateral, dificultará que la oposición se organice en una opción integrada contra el oficialismo y, además, demorará la ansiedad electoral que suele caracterizar esos meses y que tensiona el mercado financiero. La inclusión de la opción de voto a la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP) y las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos también están en la agenda de los estrategas libertarios.

Una de las dudas para las próximas semanas es qué ocurrirá con las candidaturas de jueces federales. La cantidad de votos obtenidos en la reforma laboral mostró que la Casa Rosada ya no depende del kirchnerismo para impulsar ternas judiciales. Basta con acordar con el PRO, el radicalismo y algunos gobernadores. El sector ligado a Santiago Caputo está listo para enviar 153 pliegos a partir de marzo, aunque otros sectores del oficialismo piden que intervengan los hermanos Milei para demorar ese proceso: todo depende de lo que ocurra con la conducción del Ministerio de Justicia.

Todavía no se conocen ofertas públicas a dirigentes o judiciales para comandar esa cartera. Llaman la atención los movimientos de quienes ponderan la figura del senador bonaerense Guillermo Montenegro, que hace dos semanas visitó la Casa Rosada y pasó por el Salón Martín Fierro, donde se encuentra el despacho de Santiago Caputo. Además de ser un dirigente que se alineó al oficialismo en el último tiempo, el ex intendente de General Pueyrredón es un referente de los pasillos tribunalicios y mantiene una relación muy estrecha con el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde reside la causa ANDIS.

Otros integrantes del oficialismo aseguran que no está en consideración para asumir la función pública. Lo cierto es que, por la extremísima sensibilidad del caso, es un asunto que no lo decidirán otras personas más que los hermanos Milei.

Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.

El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por la decisión del triunvirato de la CGT de hacer una protesta más dura contra la reforma laboral: hay consenso interno en que no alcanza con salir nuevamente a la calle.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles próximo y proponer allí un paro general, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.

“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso. Esta versión, sin embargo, fue desmentida por allegados al triunvirato cegetista: “Sus 3 integrantes tienen decidido el paro y se anticipó la reunión de Consejo Directivo porque la sesión en la Cámara de Diputados se puede adelantar también”.

El sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.

Aunque el ánimo de los líderes cegetistas oscila entre la resignación y el pesimismo, hay cierta expectativa en que la resistencia que surgió entre algunos aliados del oficialismo a votar cambios de último momento en el texto (como el referido a accidentes de trabajo o al cobro de los sueldos mediante las billeteras digitales) pueda obligar a que la reforma laboral no se apruebe en la Cámara de Diputados y tenga que volver al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, admitió a Infobae un directivo cegetista, con la mente puesta en insistir ante sus mejores interlocutores libertarios para corregir puntos de la iniciativa que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

En la CGT creen que fue importante haber logrado dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que les permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios, pero irá por más.

Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.

“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad”.

Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.

Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por un cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

Aunque ese polémico artículo estuvo por debajo del radar político, quien lo puso en un primer plano fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien al día siguiente de la sanción del Senado explicó por radio: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó.

“La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas -resaltó-porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”.

Sobre este punto, el informe de la CGT sostiene: “Agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo al obligarle a transitar la enfermedad con una importante baja salarial (50% si la enfermedad o accidente es consecuencia de actividad voluntaria y consciente, y 75% si no es consecuencia de actividad voluntaria y consciente). Con ello afecta el bolsillo del trabajador en momentos que tiene gastos adicionales derivados de su condición medica”.

Con este tipo de argumentos, la CGT tenía previsto mantener contactos con distintos bloques parlamentarios para advertirles sobre los riesgos de aprobar el proyecto tal como vino del Senado.

Aunque la mayoría de la cúpula cegetista desestimaba un paro general, las presiones del ala dura sindical para profundizar las protestas con huelgas y marchas obligaron a revisar la estrategia y apuntar a una huelga de 24 horas cuando el proyecto se trate en Diputados.

La misma estrategia moderada se aplicó antes del debate de la reforma laboral en el Senado ya que la conducción cegetista defendió la propuesta de movilizarse al Congreso el miércoles pasado, sin paro alguno, mientras que los sindicatos del transporte plantearon un cese de actividades de 12 horas y La Fraternidad, de 48 horas.

Ahora, tras los graves incidentes con piedras y bombas molotov, hay dirigentes que no quieren llamar a otra marcha similar para que la CGT no quede asociada con la violencia, aunque podrían aceptar un paro para expresar de manera contundente su rechazo al proyecto.

Pero hay un sector combativo que ya tomó la iniciativa y se anticipó a la CGT: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se debata en Diputados.

Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros, cuyo endurecimiento incomoda a la CGT. Algunos dirigentes cegetistas creen que las amenazas del aceitero Daniel Yofra llamando a “prender fuego el país” o las provocaciones del estatal Rodolfo Aguiar, quien pidió “construir un clima de mayor hostilidad para los diputados” contribuyen a generar un escenario propicio para la violencia callejera.

Este frente radicalizado podría tener aliados como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que también integra el ala dura sindical, donde proponen no hacer una medida aislada sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.