Luego de que se vencieran los plazos vigentes establecidos para la emergencia sanitaria y el congelamiento al aumento de las contribuciones patronales a pagar por escuelas privadas, el Gobierno nacional resolvió extender ambas medidas hasta el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, las prórrogas fueron oficializadas en el Boletín Oficial a través de las publicaciones de los decretos 942/2025, que comprendió la emergencia sanitaria, y 939/2025, que hizo referencia al pago de las contribuciones patronales de instituciones privadas.

En el caso de la emergencia sanitaria nacional, el Ministerio de Salud de la Nación realizó algunas modificaciones. La más destacada apuntó a una colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, para crear un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica relacionada con productos sujetos a fiscalización.

Al mismo tiempo que se fortalecerán las acciones de prevención y control del uso de sustancias químicas, el organismo a cargo de Mario Lugones también participará en estrategias intersectoriales para combatir el narcotráfico mediante el intercambio de información, coordinación operativa y fortalecimiento de mecanismos de control.

Incluso, el decreto sustituyó el inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios, por lo que se le asignó a la cartera sanitaria la responsabilidad exclusiva sobre el “diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral”, así como la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas.

De la misma manera, se confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, luego de que se anunciara el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tal como se había anticipado, todos los compromisos, recursos y funciones que estaban bajo la órbita del ex organismo quedarán bajo la administración del ministerio.

Educación: escuelas privadas

Respecto a la extensión de la medida que frena los aumentos de contribuciones patronales a abonar por las escuelas privadas, el Gobierno explicó que la decisión buscaba frenar un aumento en los fondos asignados por las provincias a estas instituciones.

“El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las Provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye al pago de los sueldos de los docentes curriculares, sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, profundizaron al resaltar que un gran porcentaje de estas cuentan con un subsidio estatal.

No obstante, la medida también incluirá a las instituciones que no perciban aportes del Estado, debido a que, de aplicarse, se traduciría en la cuota que abonarían las familias. De esta forma, se evitaría “afectar la economía” de los grupos familiares que optan por esos colegios.

De la misma forma, recordaron que el artículo 24 de la Ley N° 27.541, conocida como Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, había otorgado la posibilidad de prorrogar estos alivios si la situación económica del sector lo demandaba, siempre que existieran informes técnicos positivos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía.

Así, los empleadores titulares de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, amparados por las Leyes N° 13.047 y N° 24.049, mantuvieron las alícuotas previas hasta la fecha establecida.

Por otro lado, la normativa también hizo énfasis en que la aplicación plena de las disposiciones del Capítulo 3 hubiera resultado en incrementos aún mayores en las provincias alejadas de los grandes centros urbanos, disparando la desigualdad y perjudicando a la prestación educativa en áreas socialmente más vulnerables.

“El principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”, sostuvieron como parte del argumento. Por este motivo, la decisión mantiene durante 2026 el esquema de contribuciones vigente en 2019, como contemplaba la Ley N° 27.541 y las modificaciones incluidas en la Ley N° 27.430 para ese universo de empleadores.

El viernes 26 de diciembre, el Senado aprobó por amplia mayoría el primer Presupuesto bajo la gestión de Javier Milei luego de una sesión que se extendió por más de ocho horas. Ahora, el Gobierno publicó en Boletín Oficial la reglamentación tanto del plan fiscal 2026 -bajo el decreto 932/2025-, como de la Ley de Inocencia Fiscal.

Tras el debate en la sesión especial del Senado, la votación fue positiva y se aprobó en general el Presupuesto 2026. La victoria fue por amplio margen: 46 votaciones afirmativas ante 25 negativas. Solamente hubo una abstención.

El cálculo para el período que comienza contempla una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual estimada en 10,1% y un valor del dólar que, según el Gobierno, alcanzará los $1.423 en diciembre del próximo año. De acuerdo con lo informado por la Casa Rosada, se proyecta un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Además, las exportaciones tendrían un aumento del 10,6%.

El Presupuesto prevé también la evolución de la demanda agregada para el próximo año. Las proyecciones oficiales señalaron que el consumo privado crecería 4,9%, lo que implica una reducción de 5,3 puntos porcentuales respecto a la estimación para 2025. En cuanto al consumo público, se espera un incremento del 1,2%, superior en 1,4 puntos al registro de este año. Por su parte, la inversión presenta una expectativa de crecimiento del 9,4%.

“Estímase para el Presupuesto del Sector Público Nacional, Ejercicio Fiscal 2026, un resultado financiero superavitario de pesos dos billones setecientos treinta y cuatro mil veintinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco ($2.734.029.655.055)”, establece el texto de Ley 27798. Pese a las diferencias que generó el proyecto en el Congreso, el Senado terminó por aprobar la ley de leyes con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

El artículo 30 del capítulo 2 fue uno de los temas que más dudas generó durante el debate, debido a que contemplaba la eliminación de cláusulas relacionadas con el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa.

De hecho, el texto publicado derogó:

• El artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (26.206), el cual obligaba al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a destinar al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento del sistema educativo nacional.
• El inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565, que creaba el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y establecía que el 0,8% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional se debían destinar al reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, incluyendo inversiones en ciencia y tecnología para la defensa.
• El artículo 52 de la Ley 26.058 (Educación Técnico Profesional), que creaba el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNEP)
• Y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 (Financiamiento de Ciencia y Tecnología), que establecían una meta de inversión progresiva en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de alcanzar el 1% del PIB en 2032

Inocencia Fiscal

En paralelo a la aprobación del Presupuesto 2026, el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica el régimen penal tributario y los procesos de control fiscal. El objetivo es facilitar el uso de ahorros en dólares fuera del sistema bancario y simplificar los trámites para los contribuyentes. Según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025 los argentinos mantenían alrededor de USD 254.000 millones fuera del sistema financiero.

La ley no habilita un blanqueo de capitales ni cambia la estructura del Impuesto a las Ganancias, sino que permite a los contribuyentes usar sus ahorros hasta un máximo de $100 millones sin enfrentar sanciones por parte del fisco, siempre que no superen ciertos límites. En este sentido, quedan excluidos de este beneficio quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Entre los principales cambios que introduce la norma se destacan:

• Principio de Inocencia Fiscal: el Estado presume que los contribuyentes cumplen sus obligaciones y solo investiga si hay pruebas concretas de incumplimiento. Ya no se podrá suponer automáticamente la existencia de evasión.
• Ajuste de los montos penales: se actualizan los valores a partir de los cuales la evasión se considera delito penal, y se permite cancelar deudas y evitar causas penales si se paga antes de que se inicie la denuncia, aunque solo se podrá hacer una vez por persona.
• Extinción de la acción penal: si el Estado pierde la posibilidad de reclamar una deuda por vía administrativa, tampoco podrá hacerlo por la vía penal. No se podrán cerrar causas de evasión con mecanismos de conciliación como sucede en otros delitos.
• Penas por simulación: quienes utilicen documentos falsos o maniobras engañosas para simular el pago de impuestos podrán recibir entre dos y seis años de prisión si el monto involucrado supera ciertos valores, medidos en salarios mínimos.
• Actualización automática de montos: los valores de referencia para multas y delitos se ajustarán cada año según la inflación y deberán publicarse oficialmente.
• Cambios en plazos y multas: se reducen los plazos de prescripción a tres años para quienes cumplen regularmente, y se eliminan suspensiones automáticas. Las multas administrativas para individuos y pymes bajan hasta un 90%, pero no para grandes empresas.
• Declaración jurada simplificada: personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones podrán optar por una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias
• Efecto sobre ahorros en dólares: la ley no establece un blanqueo, pero reduce el riesgo de fiscalizaciones automáticas si los ahorros no superan los límites y no hay inconsistencias graves en las declaraciones.
• Modernización fiscal: El éxito de la reforma dependerá de que el organismo recaudador implemente tecnología y mejore sus sistemas de control.
• Multas más altas: las sanciones por no presentar documentación pasan de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas, aunque habrá un periodo de aviso antes de aplicar la multa.

El 22 de diciembre del 2025, Axel Kicillof prendió los motores de su proyecto presidencial 2027. Fue en Ensenada, cuando en un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dijo ante una importante cantidad de dirigentes: “No venimos a lanzar ni una campaña electoral, ni una candidatura. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa más decidida y más potente de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia de Buenos Aires”.

En los últimos días del año, el Gobernador afirmó su perfil opositor con mensajes contundentes a través de las redes sociales. Críticas a la gestión de Milei, revalidación del camino transitado en la gestión bonaerense y recopilación de imágenes con alto contenido simbólico en el armado político y territorial de su proyecto presidencial.

Durante la última semana, Kicillof recibió a los principales dirigentes de las dos CTA y visitó a la cúpula de la CGT en la sede de Azopardo. Allí estuvo junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, que en el último semestre, junto a Fernando Espinoza, dejaron bien en claro de qué lado están en la interna bonaerense con el cristinismo.

La última muestra del lugar de pertenencia que tienen y el alineamiento político fue en un acto que ambos compartieron en La Matanza con Kicillof, el 28 de diciembre, cuando el año se estaba evaporando con el calor del verano. “Acá tenés una tropa que te va a bancar para lo que vos necesites. Tenemos que caminar. Pasen las Fiestas y el 2 de enero estamos caminando de vuelta para construir un proyecto nacional y popular”, dijo Magario mirando a su compañero de fórmula.

La declaración fue contundente. El peronismo matancero, siempre importante en el entramado de poder bonaerense, está jugando del lado de Kicillof y apuntala su candidatura presidencial. En ese camino, uno de los objetivos del kicillofismo es quedarse con la presidencia del PJ Bonaerense, que hoy controla Máximo Kirchner.

“Se que vamos a ir por la herramienta del Partido Justicialista este 15 de marzo”, dijo, en un grito de guerra, la Vicegobernadora. Kicillof, con media sonrisa y efusividad, aplaudía de fondo, mientras la militancia y la dirigencia local cantaban: “Vero al PJ”. En La Plata creen que la indicada para tomar el mando del partido es la matancera.

Magario, que en el 2027 quiere volver a competir por la intendencia de La Matanza, se ganó la confianza de la mesa chica de Kicillof. El círculo más pequeño que rodea al Gobernador la impulsa como la exponente indicada para darle a la conducción del PJ provincial una impronta que tenga los ojos el Gobernador.

Kicillof no se va a meter de lleno en la pelea por el partido, pero sí lo harán quienes lo rodean. Sus intendentes y ministros más cercanos. En el cierre del año, durante la reunión del consejo partidario, hubo un principio de acuerdo para intentar que haya una lista de unidad y un presidente de consenso. Falta que pase el verano, donde las negociaciones subterráneas subsisten, aunque tienen un ritmo menos vertiginoso que en el resto del año.

El resultado de las elecciones en el PJ Bonaerense y los nombres propios que queden en la conducción, van a ser una primera señal de dónde queda parado el kicillofismo en la interna del peronismo. Son muchos los intendentes del MDF los que creen que es importante quedarse con el control del partido y convertir esa elección (sea con competencia o con un acuerdo) en el primer símbolo contundente de que la jefatura política del peronismo tiene que estar concentrada en el Gobernador.

El rol de líder o de jefe de Kicillof es uno de los temas recurrentes que se discuten en el peronismo bonaerense. Hay intendentes que militan en el armado kicilofista que quisieran que el Gobernador tenga mayor contundencia en las decisiones internas. Algunos dudan de su capacidad para conducir. Otros creen que es un estilo diferente, donde la deliberación es el eje central del sistema político que construyó.

“Si fuera jefe, hubiese echado a todos los ministros de La Cámpora del Gobierno”, reflexionó un importante dirigente del peronismo bonaerense. Ese es un planteo que, todo el tiempo, aparece entre quienes dudan de la capacidad de conducción del gobernador bonaerense. En La Plata siempre relativizaron esos pedidos. “No vamos a echar a nadie. Si se quieren ir, que se vayan ellos. Porque lo que La Cámpora quiere es dejar a Axel como el culpable de la ruptura del peronismo”, suelen decir.

En los hechos, la coalición está rota. Incluso, en las oficinas más importantes del Gabinete de Kicillof, asumen que la fractura con el cristinismo es evidente y que ya nadie hace esfuerzos por disimular. Por eso, los movimientos tienen que ver más con una cuestión simbólica de a quién se le carga la responsabilidad de la explosión de la fuerza política en la provincia más poblada del país.

El mandatario bonaerense empieza un año donde su aspiración, en términos políticos y electorales, es edificar su proyecto político, tejiendo alianzas con los gobernadores del PJ, los sindicatos y los movimientos sociales. Pelea por la centralidad de un peronismo atomizado y tienen la decisión firme de darle volumen a una alternativa anti Milei que contenga a sectores de otros partidos políticos.

El 2026 también será un año en el que Kicillof busque consolidar el bloque político de gobernadores del PJ que integra y que busca tener mayor participación en las decisiones parlamentarias. Un esquema de poder que intenta desmarcarse de Cristina Kirchner y consolidar un polo de discusión para el tiempo que viene. Porque los meses que se aproximan serán de mucho ruido.

La reconstrucción del peronismo ocupará la agenda política y será un tema latente para la dirigencia de ese partido. Kicillof aspira a ser un protagonista de esa discusión nacional y sabe, a la perfección, que uno de los grandes temas que tendrá que afrontar, al igual que el año que pasó, es el debilitamiento del liderazgo de CFK y la defensa intrínseca de La Cámpora a su figura, en detrimento de su crecimiento.

Kicillof arrancó un año clave para su carrera política. Determinante para sus aspiraciones y de máxima importancia para el futuro del peronismo nacional. Se aproxima un tiempo de cambios inevitables. Es la realidad del partido más importante de la oposición.