En la plana mayor de la Casa Rosada consideran que no deben articular mayores políticas para resolver la crisis de empleos que ocurren en el área industrial. “Consideramos que hay otros actores que están en deuda para aliviar la situación de las empresas”, afirman cerca del presidente Javier Milei a Infobae.

La licitación privada que perdió Techint en manos de la compañía india Welspun fue caso testigo de la política aperturista que pregonan desde la Casa Rosada, donde celebraron el resultado no porque haya perdido una compañía argentina, sino porque esta empresa -líder en el sector por décadas- bajó su oferta significativamente luego de que una extranjera ofertara un valor más competitivo.

En el Gobierno dijeron días atrás a este medio que durante este año y los que vienen habrá un período de transición del modelo macroeconómico: de uno más cerrado hacia otro más abierto. “En ese proceso se van a deshacer trabajos improductivos, pero se van a generar nuevos”, marcaron, para reconocer que las políticas actuales no favorecen a las industrias conurbanas, sino a sectores como el agro o los diferentes rubros energéticos.

Es en ese plano que en el entorno mileísta reconocen que habrá incidencia en la tasa de empleo, pero que hay otros actores políticos que deben contribuir a “nivelar la cancha” para que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los países asiáticos.

Cabe mencionar un caso. El ministro Luis Caputo reveló el martes, durante una entrevista televisiva, que estaba dialogando con el sector automotriz para reducir el 2% de aranceles a la exportación que les cobra el Estado Nacional. “Estamos tratándoles de bajar a 0%. ¿Pero vos sabés cuánto les cobran las provincias y municipios? 10 puntos de impuestos”, remató.

Es decir, hay ciertas discusiones que la Casa Rosada podría estar dispuesta a dar para mejorar ciertas condiciones estructurales, pero ninguna que implique una protección sectorizada. “Para que puedan competir con mejores condiciones también tienen que ayudar las provincias y los municipios con sus respectivos cobros de impuestos”, afirman.

Esos son sectores que el oficialismo podría apuntar con cada vez mayor énfasis en la medida que se incrementen los reclamos de los diferentes rubros.

“La presión impositiva de las provincias y que imponen los intendentes está totalmente desatada”, un importante actor del Ministerio de Economía. En tanto, un funcionario de diálogo diario con el Presidente validó esa lectura y dijo que meterán “presión a las cámaras empresariales para que les pidan que ellos hagan su parte”.

En el oficialismo contemplan que una de las fases del programa de Gobierno debe darse en el ajuste de las cuentas subnacionales y municipales. Esto se ha logrado dependiendo el caso. A priori, el Estado Nacional disminuyó por diferentes vías las transferencias a los gobernadores: ya sea en las vías directas (como mermando la cantidad de Aportes del Tesoro Nacional -ATN-), como por las indirectas (como la menor inversión en obras públicas o las transferencias de las mismas a las gobernaciones).

La capacidad del Gobierno para forzar a que los jefes provinciales se sigan ajustando se ha acotado en el último tiempo.

El caso ejemplar de esto es lo que sucede alrededor de la reforma laboral: uno de sus artículos contempla la reducción en el cobro del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, el cual es coparticipable y en caso de aprobarse podría mermar la cantidad de dinero recibido por las provincias. Pese a que la discusión es más compleja, ese escenario hipotético generó un rechazo de altísima transversalidad entre los gobernadores, lo que podría producir que ese artículo se caiga si es que se mantiene tal y como está.

Es por eso que en la mesa política y económica del Presidente ven un tope en estas cuestiones. Por eso consideran que esto se puede retrotraer si es que La Libertad Avanza asume alguna gobernación el año próximo.

Cómo se prepara el modelo Milei en las provincias

Al postularse a la Presidencia, Milei fue esbozando una suerte de hoja de ruta de lo que él creía que podía ser una conducción del Poder Ejecutivo Nacional. Pero La Libertad Avanza no tiene consolidado un esquema claro de cómo puede gestionar en las provincias, las cuales manejan otro tipo de asuntos de la vida cotidiana que, dependiendo al caso, varía sustancialmente de lo que se hace a nivel nacional.

En el último tiempo hubo algunos esbozos que realizaron diferentes dirigentes libertarios. Los libertarios porteños, liderados por Pilar Ramírez, tienen decidido la presentación de una Ley Bases adaptada para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, organizó jornadas con debates temáticos para proponer políticas públicas y de cara al 2027.

En lo que refiere a la cuestión mayormente económica, el think tank que comanda políticamente Santiago Caputo, la Fundación Faro, creó un “Consejo de la Libertad”, el cual consta de 24 referentes de los territorios subnacionales que van a impulsar reformas libertarias en las provincias y en los municipios.

Aunque se entiende que pueden haber medidas de corte político, esta área es presidida por Felipe Núñez, director del Banco Nación y una de las personas de mayor confianza del ministro Luis Caputo, por lo que se entiende que el componente tributario será tenido en cuenta.

El mismo Milei lo anunció medio año atrás durante un encuentro de la Fundación Faro. “A través del Consejo de la Libertad se van a crear faros que funcionen a nivel local encargados de iluminar hasta el último rincón de la Argentina con las ideas de la libertad”, marcó.

“Si las metas son bajar impuestos y eficientar nuestra economía para que sea la más libre y competitiva del mundo, necesitamos sumergirnos en la realidad de cada provincia. Porque para el que produce o comercia, trabaja, emplea, innova y emprende, su realidad económica es una y no puede ni tiene por qué separar lo nacional de lo local”, agregó.

El 15 de diciembre pasado la Fundación Faro presentó a los 24 consejeros, entre los que están presidentes provinciales, diputados, senadores, economistas y emprendedores locales. Por el momento, estos se encuentran en una etapa primaria de confección de sus propios equipos técnicos, previendo arrojar resultados en un mediano plazo. “Queremos llevar el modelo Milei a las provincias”, marcó uno de sus integrantes a Infobae.

La recaudación tributaria consolidada argentina se distribuye básicamente entre el gobierno nacional, la ANSES, las provincias y los municipios. En su Vademécum tributario de 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) contabilizó 155 impuestos de distinto orden: de estos, 85 son municipales, 25 provinciales y 45 son nacionales.

Sólo un puñado de representantes del Gobierno tiene el texto con los cambios que impulsarán en la reforma laboral cuando se trate en el Senado desde el miércoles que viene. Si las versiones que circulan son ciertas, las modificaciones apuntan, sobre todo, a congraciarse con los gobernadores, cuyo apoyo es clave para la sanción de la iniciativa. A la CGT, al parecer, sólo le darían un alivio a dos de sus demandas vinculadas con “la caja sindical”.

La nueva versión de la reforma laboral, según trascendió, incluiría una fórmula riesgosa para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que contempla el proyecto: postergar para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Dicen que el Ministerio de Economía buscó una variante que no resignara la baja de impuestos, una bandera de los libertarios, pero que la difiriera para encontrar una salida a mediano plazo de esta encerrona que pone en riesgo la sanción de la iniciativa si los mandatarios del interior se rebelan en el Congreso. Hay en juego una merma de aproximadamente $1 billón para las provincias.

Al mismo tiempo, a la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos (no así los aportes obligatorios que van a las arcas de entidades empresariales en concepto de capacitación) y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.

Quedarían intactos, pese a la presión de la CGT, los artículos que reglamentan el derecho de huelga en servicios esenciales, la prelación de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones de las asambleas.

Si se confirman estas modificaciones, al sindicalismo sólo le darán alivio respecto de “la caja” multimillonaria que manejan, conformada, entre otros rubros, por la recaudación de las cuotas solidarias a través de los convenios colectivos, y el sistema de obras sociales.

La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.

De los ocho integrantes formales del equipo, designados por orden directa del presidente Javier Milei, al menos la mitad se muestra reticente a excluir el capítulo de la ley que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de febrero.

Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.