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Punta Colorada: ese enigma que quieren posicionarlo como (falsa) alternativa al megaproyecto de GNL

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Para los bahienses el nombre de Punta Colorada ha cobrado una dimensión nunca sospechada. Y es que la localidad rionegrina se ha transformado en una especie de antagonista en esta historia que debería tener como cierre a nuestra ciudad siendo el lógico destino del megaproyecto de GNL

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la localidad de Punta Colorada tiene apenas 4 habitantes. La información surge del censo nacional 2010, que marca un descenso poblacional del 66,6% considerando las 12 personas que habitaban allí según el censo 2001.

Por razones difíciles de conocer, no existen precisiones sobre la evolución demográfica en 2022, ya que la información oficial solo brinda como cifra más aproximada la cantidad de gente que habita en el departamento de San Antonio, donde Punta Colorada está inserta. En toda esa zona, indica el último censo, hay 35.800 habitantes.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, a poca distancia del límite con Chubut, los mejores momentos de la diminuta Punta Colorada se vivieron el siglo pasado con el auge de su puerto mineralero, por donde salía la producción de la cercana localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, todo ese movimiento es pasado ya que la mina fue clausurada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y, aunque luego la operatoria fue adquirida por la empresa china Metallurgical Corporation of China, las tareas se suspendieron en 2017, más allá de que la firma asiática mantiene derechos sobre los yacimientos de hierro.

Desde entonces, en el muelle y sus cercanías dominan la quietud y el silencio, así como la expectativa de que algún super proyecto minero o energético impida que se convierta en un pueblo totalmente olvidado.

Hoy, el nombre de Punta Colorada vuelve a tomar relevancia porque se convirtió, pese a sus limitadísimas infraestructuras portuaria y urbana, en la principal competidora de Bahía Blanca para alojar el megaproyecto de GNL que emprenderá la petrolera argentina YPF junto a la malaya Petronas.

Se trata de una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, que comprende la construcción de 3 gasoductos similares al Néstor Kirchner para exportar el gas de Vaca Muerta, primero a través de factorías flotantes (buques regasificadores) y, luego, mediante una planta en tierra que demandará la mayor parte de los recursos, así como generará miles de puestos de trabajo.

La opción de Punta Colorada que manejan las actuales autoridades de YPF es una alternativa cuanto menos curiosa, ya que padece numerosas desventajas respecto de Bahía, por no decir todas.

Por solo mencionar un punto básico, el puerto de Ingeniero White cuenta con larga experiencia en el manejo de hidrocarburos: el ejemplo más conocido son los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.

YPF-Petronas estiman que para la próxima década, a partir de esta planta de GNL, el país podría exportar 30 mil millones de dólares adicionales, una suma inestimable si se considera que en un año muy bueno de cosechas y precios internacionales favorables nuestro país vende, como tope, por 80 mil millones. De hecho 2023, un año bajo en materia de comercio exterior, el volumen total exportado fue de 66.788 millones de dólares.

Con estos números queda claro por qué esta inversión es clave para el futuro económico del país y también se pone de relieve que sería inexplicable elegir un lugar que obligaría a perder demasiado tiempo en innumerables construcciones complementarias.

 

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La crisis de la yerba mate golpea a Misiones y crece la preocupación en el sector: “Es inviable seguir así”

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La industria yerbatera de Misiones enfrenta una situación crítica por la desregulación del mercado, la caída abrupta en el precio de la materia prima y la concentración económica en grandes empresas. La crisis afecta directamente a productores, quienes aseguran que venden por debajo de sus costos de producción. El conflicto engloba a unas 50 mil familias y pone en riesgo la estabilidad de uno de los sectores clave para la economía provincial.

Julio Peterson, productor yerbatero de la tierra colorada explicó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que, en la actualidad, el costo de producir un kilo de hoja verde asciende a $435, mientras que los compradores ofrecen $260. “Es inviable seguir así”, señaló. La brecha entre los costos y el precio que reciben generó que muchos pequeños productores y cooperativas no puedan sostener su actividad.

El reclamo de los productores surge tras el DNU 70/2023 emitido por el Gobierno de Javier Milei donde, se le sacó al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios y de intervenir en el mercado. Es decir, dejó de decidir cuánto se paga por la yerba y pasó a que el precio lo definan directamente las empresas y el mercado. Según destacó el productor, esto fortaleció a las grandes empresas y provocó una fuerte caída en lo que cobran por la materia prima.

La actual estructura del mercado está marcada por el dominio de dos grandes empresas: Playadito y Las Marías, que concentran el 48% de la molienda nacional. “El resto se maneja en las pequeñas industrias. ¿Qué es lo que hacen ellos? Provocan, con el poder económico que tienen, la necesidad que tenemos nosotros de poder vender. Nos asfixian ante la necesidad del empobrecimiento y nos ofrecen precios irrisorios”, sostuvo Peterson.

De acuerdo con el productor, “históricamente, nosotros recibíamos entre el 10% y el 15% de lo que ustedes pagaban un kilo de yerba en góndola. En este momento estamos en el 3%”. Esta situación llevó a que las cooperativas quedaran al borde del colapso financiero, presionadas por precios bajos en la cadena de comercialización y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Relación con el Gobierno nacional y reclamos del sector

Peterson describió que, a diferencia de otros contextos políticos, la actual administración nacional se mantiene distante y no ofrece soluciones concretas. “Es el primer gobierno que se basa en excusas. Es el primer gobierno que vas a Buenos Aires, no trae soluciones y lo único que hay es vacío. No hay solución, no hay respuestas concretas”, sostuvo.

En ese sentido, las asociaciones de productores presentaron una demanda judicial para que la Justicia federal evalúe la derogación del artículo del DNU que eliminó la fijación del precio por ley. El objetivo es restablecer un precio de resguardo oficial que cubra los costos de producción y brinde previsibilidad a los productores.

Dimensiones económicas y pérdidas del sector

La industria representa la segunda economía más importante de Misiones. Según Peterson, el volumen de producción ronda los mil millones de kilos de hoja verde anuales. A precios actuales, esto equivale a unos $250 mil millones. “Solamente el año pasado perdimos más de $80 mil millones en nuestra economía, la parte agricultora. Más de $80 mil millones”, remarcó el productor.

La desregulación, lejos de mejorar los precios al consumidor, provocó un alza en las góndolas y una reducción drástica de ingresos para los productores y trabajadores yerbateros. “El kilo de yerba hoy debería estar $500. El kilo de yerba de hoja verde está a $250, provocado por una desregulación, pero el paquete ha subido dos veces la góndola”, indicó Peterson.

Exportaciones, consumo interno y migración laboral

Pese a la crisis local, la exportación creció año a año. No obstante, el consumo interno muestra una baja, atribuida a la situación económica del país. “El trabajador, la clase media adquisitivamente está mal”, explicó el productor misionero.

Un aspecto alarmante de la crisis es el éxodo de mano de obra hacia Brasil. Más de 10 mil trabajadores migraron al país vecino y, de ellos, solo unos 2 mil regresaron a Misiones. “Hay más de ocho mil trabajadores nuestros que se fueron y no volvieron más”, precisó Peterson. El fenómeno afecta principalmente a trabajadores calificados en el rubro yerbatero y profundiza el problema social en la provincia.

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Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno y cuestionó la compra de un avión

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En otro acto que refleja las diferencias internas, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la decisión del Gobierno nacional de comprar un avión para la Fuerza Aérea a través de una operación ejecutiva por el Ministerio de Defensa y señalada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta de X, Villarruel tomó distancia y criticó además los desmanejos en la obra social del personal militar y los sueldos bajos del sector.

Gravísimo, varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?“, se preguntó en un mensaje que respondió una nota de Clarín que informaba las irregularidades del caso.

Los señalamientos de la titular del Senado son contra el ministro de Defensa, Carlos Presti, pero alcanzan además al presidente Javier Milei con el que cortó vínculo desde hace meses y quien la señaló en varias oportunidades como “traidora”.

Lo cierto es que el nuevo contrapunto marcado por Villarruel tuvo lugar luego de que se conociera la investigación periodística que detectó irregularidades en la compra de un Embraer ERJ-140LR. La investigación plantea que la aeronave, que se encuentra en malas condiciones, costó US$4.085.000 mientras que la cotización de otros modelos similares rondaban en US$2.300.000.

Asimismo, consigna que el presupuesto había sido de 3,9 millones de dólares, apenas por debajo del límite que obliga a la fuerza a requerir la autorización de la cartera, y precisa además que el proceso estuvo marcado por irregularidades, plazos exprés y acciones que apuntaban a favorecer a un único proveedor. No es la primera compra observada, desde el 2021 se detectaron anomalías en otras cuatro adquisiciones: un Boeing 737-700 (matrícula T-99), un Saab SF-340 (matrícula T-34) y dos Embraer ERJ-140LR (matrículas T-95 y T-96).

Por su parte, el exministro Luis Petri también se expidió sobre el tema y garantizó que denunció el hecho a finales del año pasado. “Denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025 cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy”, planteó desde su cuenta de X, y sumó: “Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa”.

Tras el desmarque de la titular del Senado, varios usuarios cuestionaron sus dichos y reclamaron que radique la denuncia por las irregularidades del caso en la justicia. “Todas cuentas con pocos usuarios. Nunca pensé que iban a defender lo indefendible. Nada más casta que eso”, arremetió.

Hace algunos días, la Vicepresidenta acusó a Petri de haber tenido un “paso fraudulento” por el ministerio que originalmente el mandatario le había prometido que manejaría, cuando todavía eran fórmula presidencial. Además, lo responsabilizó por el deterioro salarial que padecen los efectivos de las Fuerzas Armadas y el deterioro de IOSFA, la obra social del sector.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social que atiende a los militares y sus familias”, supo expedirse también en X.

Como contó este medio, la Obra Social de las Fuerzas Armadas no solo registra una compleja situación financiera sino que, además, desde hace una semana cuenta con un nuevo titular luego de que Sergio Maldonado presentara la renuncia.

Actualmente, el designado fue el General de Brigada, Pablo Guillermo Plaza, cambio que se encuentra formalizado en las disposiciones del DNU N° 88/26, que dividió la obra social en dos: por un lado, las prestaciones al personal de seguridad, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, y por el otro, las del personal militar que responde a la cartera que lidera Presti.

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Santiago Caputo: “Llegue acá con el Presidente, me iré cuando él disponga”

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En medio de la interna libertaria que se destapó el fin de semana entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una reciente publicación en la red social X aumentó la tensión.

“Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, reafirmó Caputo en el párrafo que escribió este lunes por la noche. El tuit, difundido a través de la cuenta que suele atribuírsele, mostró una señal directa en medio de la disputa que involucra al sector que responde a la hermana del presidente, Karina Milei.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei”, aseguró Caputo, quien alguna vez formó parte del “triángulo de hierro”. Y continuó: “Me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención!”, concluyó.

La disputa escaló luego de que Caputo asociara públicamente a Menem con una cuenta anónima de X —@PeriodistaRufus, actualmente desactivada— que operaba como fuente de críticas hacia el propio Gobierno. La cuenta, que en ocasiones anticipó anuncios presidenciales y emitió cuestionamientos dirigidos a la secretaria general de la Presidencia, habría difundido contenido que, para el círculo del consultor político, solo podía provenir de alguien con acceso directo a información de la Casa Rosada.

El episodio con la cuenta dejó al descubierto la magnitud de la interna. Por un lado, se encuentran Las Fuerzas del Cielo, el grupo que responde a Caputo y que concentra la militancia digital a través del canal de streaming Carajo. En la vereda opuesta, los denominados “karinistas”, que han ocupado progresivamente cargos claves en el oficialismo y entre quienes figura Menem.

Fuentes cercanas al entorno al riojano atribuyeron el episodio a un error involuntario. Afirmaron que un integrante de su equipo, al tener la cuenta abierta, compartió un enlace que llegó a la mencionada red social. “No planean expedirse públicamente sobre el episodio en estos días”, señalaron desde ese sector. No es la primera vez que surgen sospechas similares, aunque en ocasiones anteriores no destaparon consecuencias políticas o al menos no se notaron.

Mientras la cuenta @PeriodistaRufus continuaba desactivada, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según pudo saber Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria.

El domingo, Menem optó por comunicar a través del grupo de WhatsApp de los diputados nacionales de LLA su versión sobre lo sucedido. En su mensaje, admitió que ocurrió “un error involuntario del CM” (community manager) responsable de su cuenta de Instagram y planteó que el hecho estuvo motivado por una intención de perjudicarlo en el ámbito político.

“Hola, buen día. Quería comentarles un episodio de ayer que circuló en las redes”, fue el inicio del mensaje que envió el presidente de la Cámara baja sobre el episodio que había comenzado el sábado. Luego explicó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

“Lo único importante del link es que tiene mi nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante”, escribió al tiempo que intentó explicar el episodio: “El link de IG copiado y pegado, y luego abierto desde Safari o Google, aparecerá siempre ‘de Martín Menem’. ¿Qué quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mi nombre”.

El trasfondo político de esta disputa incluye una serie de episodios previos. Las tensiones entre los sectores de Caputo y Menem se intensificaron desde el año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo cuestionaron la confección de las listas nacionales y bonaerenses. Es una pelea que ya había tenido capítulos previos vinculados al armado territorial, y de las listas bonaerenses de La Libertad Avanza.

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