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Punta Colorada: ese enigma que quieren posicionarlo como (falsa) alternativa al megaproyecto de GNL

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Para los bahienses el nombre de Punta Colorada ha cobrado una dimensión nunca sospechada. Y es que la localidad rionegrina se ha transformado en una especie de antagonista en esta historia que debería tener como cierre a nuestra ciudad siendo el lógico destino del megaproyecto de GNL

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la localidad de Punta Colorada tiene apenas 4 habitantes. La información surge del censo nacional 2010, que marca un descenso poblacional del 66,6% considerando las 12 personas que habitaban allí según el censo 2001.

Por razones difíciles de conocer, no existen precisiones sobre la evolución demográfica en 2022, ya que la información oficial solo brinda como cifra más aproximada la cantidad de gente que habita en el departamento de San Antonio, donde Punta Colorada está inserta. En toda esa zona, indica el último censo, hay 35.800 habitantes.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, a poca distancia del límite con Chubut, los mejores momentos de la diminuta Punta Colorada se vivieron el siglo pasado con el auge de su puerto mineralero, por donde salía la producción de la cercana localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, todo ese movimiento es pasado ya que la mina fue clausurada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y, aunque luego la operatoria fue adquirida por la empresa china Metallurgical Corporation of China, las tareas se suspendieron en 2017, más allá de que la firma asiática mantiene derechos sobre los yacimientos de hierro.

Desde entonces, en el muelle y sus cercanías dominan la quietud y el silencio, así como la expectativa de que algún super proyecto minero o energético impida que se convierta en un pueblo totalmente olvidado.

Hoy, el nombre de Punta Colorada vuelve a tomar relevancia porque se convirtió, pese a sus limitadísimas infraestructuras portuaria y urbana, en la principal competidora de Bahía Blanca para alojar el megaproyecto de GNL que emprenderá la petrolera argentina YPF junto a la malaya Petronas.

Se trata de una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, que comprende la construcción de 3 gasoductos similares al Néstor Kirchner para exportar el gas de Vaca Muerta, primero a través de factorías flotantes (buques regasificadores) y, luego, mediante una planta en tierra que demandará la mayor parte de los recursos, así como generará miles de puestos de trabajo.

La opción de Punta Colorada que manejan las actuales autoridades de YPF es una alternativa cuanto menos curiosa, ya que padece numerosas desventajas respecto de Bahía, por no decir todas.

Por solo mencionar un punto básico, el puerto de Ingeniero White cuenta con larga experiencia en el manejo de hidrocarburos: el ejemplo más conocido son los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.

YPF-Petronas estiman que para la próxima década, a partir de esta planta de GNL, el país podría exportar 30 mil millones de dólares adicionales, una suma inestimable si se considera que en un año muy bueno de cosechas y precios internacionales favorables nuestro país vende, como tope, por 80 mil millones. De hecho 2023, un año bajo en materia de comercio exterior, el volumen total exportado fue de 66.788 millones de dólares.

Con estos números queda claro por qué esta inversión es clave para el futuro económico del país y también se pone de relieve que sería inexplicable elegir un lugar que obligaría a perder demasiado tiempo en innumerables construcciones complementarias.

 

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Estatales de ATE anunciaron un paro nacional con movilización el martes 21 de abril

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“Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”, disparó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Y planteó que “el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”.

Según indicaron desde el sindicato, la medida de fuerza también será para “rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal”. Además, Aguiar destacó que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata” y advirtió: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

Cabe destacar que la medida de fuerza impactará en la administración pública de la provincia de Buenos Aires con el cese de actividades en varias oficinas, al tiempo que también afectará, por ejemplo, en escuelas públicas ya que muchos auxiliares están afiliados a este gremio.

“Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, arremetió Aguiar, quien destacó que “ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei”.

A fin de mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. El esquema, rechazado por ATE y aprobado por UPCN, prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

En ese marco, Aguiar aprovechó la oportunidad para referirse a la polémica que generó el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, a quienes se les otorgaron el equivalente de hasta US$ 350.000.

“Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios“, sentenció el secretario general de ATE Nacional, en relación al escándalo por los créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del Gobierno

En paralelo a la convocatoria del paro, ATE también resolvió acompañar la movilización de trabajadores de la fábrica FATE a la Plaza de Mayo, prevista para el martes 14 de abril.

Fuente: Agencia DIB.

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Qué puede pasar con el Plan Remediar y la entrega de medicamentos esenciales

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El Gobierno nacional informó días atrás que el Programa Remediar, de entrega de medicamentos esenciales a las provincias, finalizaba el 1° de abril, aunque realizaría una compra de emergencia para cubrir los meses de mayo y junio. Luego, sería reemplazado por una nueva línea de cuidado enfocada en enfermedades cardiovasculares que incluiría solo tres medicamentos.

Al conocerse ese anuncio comunicado por el director Nacional de Medicamentos a todas las jurisdicciones en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), se encendieron las alarmas en todas las provincias, ya que el plan distribuye 79 presentaciones de fármacos esenciales en el primer nivel de atención.

Frente a ello, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció públicamente el proceso para cerrar Remediar, una política pública que desde hace más de dos décadas garantiza el acceso gratuito a medicamentos en todo el país. En ese sentido, calificó de “atrocidad” la medida, y arremetió con dureza: “Son unas bestias, cómo van a cerrar el programa”.

Kreplak advirtió que esta decisión desprotegerá a más de 19 millones de ciudadanos que dependen de estos botiquines para tratar patologías crónicas y cuadros agudos. “Son medicamentos que han hecho que Argentina tenga una cobertura de salud que en muy pocos lugares del mundo se ve. Este gobierno está queriendo cerrarla y no podemos permitirlo”, destacó.

Qué es Plan Remediar

Remediar es un programa que contribuye a garantizar tu derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución mensual y directa a unos 7800 Centros de Salud.

El plan da respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De esta manera garantizan la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Entran en la lista, analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

De ahora en más, según trascendió, la reducción hará que la distribución sea en unos 800 centros de salud, con una cobertura limitada a enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, serán entregados tres medicamentos.

Fuente: Agencia DIB

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Transporte público en crisis: la UTA rechaza reducir frecuencias o aumentar el boleto

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“El transporte público de pasajeros está en crisis, no solo en Bahía Blanca sino en todo el país, por eso hay que usar el ingenio para tratar de salir adelante”. Lo manifestó esta mañana en diálogo con Radio Altos el secretario general de la UTA local, Roberto Ponce.

Contó que han mantenido conversaciones con autoridades de las empresas que prestan el servicio en la ciudad y les han transmitido su preocupación por los problemas que presenta el servicio.

“Lo venimos arrastrando desde hace rato, con gran cantidad de unidades en mal estado, colectivos viejos, las frecuencias que por ahí no se pueden cumplir y todo consecuencia de esta economía nacional que nos está arrollando”, lanzó.

Advirtió que la gente no tiene dinero y por eso baja la cantidad de pasajeros transportados, y por otro lado, se incrementan los costos operativos, con aumentos en los precios de los combustibles, de los repuestos y de distintos insumos.

Particular hincapié hizo en el deteriorado estado en que se encuentran los micros: “Tenemos casi 80/ 85% de las unidades antiguas y eso obliga a que tengan que tener más servicio y a usar más repuestos”. En la actual situación en que se encuentra el sistema, recalcó, es prácticamente imposible que las empresas puedan adquirir nuevos colectivos, cuyos costos rondan entre 200 y 300 millones de pesos.

“Esta economía nacional nos está tocando a todos y en nuestra actividad se nos está haciendo muy difícil”, reiteró.

Respecto de cuáles son las alternativas para paliar la crisis del transporte público, opinó que la variable de ajuste no puede ser el boleto. También rechazó una reducción de frecuencias porque eso implicaría, remarcó, quitarle servicio a las y los pasajeros y perjudicar al trabajador.

“Hay que buscar alternativas, pensar un poquito y tratar de ver de qué manera se puede solucionar. Hay que mejorar el servicio que le damos a la gente y ver de qué manera sea rentable para las empresas que son privadas, no son del Estado, y que buscan ganar, no perder”, sostuvo.

Por último, al ser consultado sobre lo expuesto ayer en nuestro programa radial por Gabriel Chiuccariello, dueño de la empresa San Gabriel, respecto de los más de 205.000 pasajeros que viajaron gratis (entre personas con discapacidad, choferes de micros y personal municipal) durante marzo en las líneas que opera su compañía, admitió que es un tema que debe ser tratado.

En el caso de los colectiveros, dijo que la gratuidad para ellos es un derecho que adquirieron hace muchos años. “El chofer no paga boleto; estuvimos analizando ayer los números y vimos que es un promedio de 5 o 6 pasajes al mes”.

Ponce agregó que un problema que vienen alertando los choferes es el abuso en el caso de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad.

“Muchos venden los pasajes. Lo hablamos con SAPEM, hicieron un control y hay gente que ha usado hasta 700 boletos por mes; es una barbaridad. Se trató de regularizar, pero se hace medio imposible”, subrayó.

Fuente: Frente al cano.

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