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Punta Colorada: ese enigma que quieren posicionarlo como (falsa) alternativa al megaproyecto de GNL

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Para los bahienses el nombre de Punta Colorada ha cobrado una dimensión nunca sospechada. Y es que la localidad rionegrina se ha transformado en una especie de antagonista en esta historia que debería tener como cierre a nuestra ciudad siendo el lógico destino del megaproyecto de GNL

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la localidad de Punta Colorada tiene apenas 4 habitantes. La información surge del censo nacional 2010, que marca un descenso poblacional del 66,6% considerando las 12 personas que habitaban allí según el censo 2001.

Por razones difíciles de conocer, no existen precisiones sobre la evolución demográfica en 2022, ya que la información oficial solo brinda como cifra más aproximada la cantidad de gente que habita en el departamento de San Antonio, donde Punta Colorada está inserta. En toda esa zona, indica el último censo, hay 35.800 habitantes.

Ubicada sobre el Golfo San Matías, a poca distancia del límite con Chubut, los mejores momentos de la diminuta Punta Colorada se vivieron el siglo pasado con el auge de su puerto mineralero, por donde salía la producción de la cercana localidad de Sierra Grande.

Sin embargo, todo ese movimiento es pasado ya que la mina fue clausurada en 1992 por el gobierno de Carlos Menem y, aunque luego la operatoria fue adquirida por la empresa china Metallurgical Corporation of China, las tareas se suspendieron en 2017, más allá de que la firma asiática mantiene derechos sobre los yacimientos de hierro.

Desde entonces, en el muelle y sus cercanías dominan la quietud y el silencio, así como la expectativa de que algún super proyecto minero o energético impida que se convierta en un pueblo totalmente olvidado.

Hoy, el nombre de Punta Colorada vuelve a tomar relevancia porque se convirtió, pese a sus limitadísimas infraestructuras portuaria y urbana, en la principal competidora de Bahía Blanca para alojar el megaproyecto de GNL que emprenderá la petrolera argentina YPF junto a la malaya Petronas.

Se trata de una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, que comprende la construcción de 3 gasoductos similares al Néstor Kirchner para exportar el gas de Vaca Muerta, primero a través de factorías flotantes (buques regasificadores) y, luego, mediante una planta en tierra que demandará la mayor parte de los recursos, así como generará miles de puestos de trabajo.

La opción de Punta Colorada que manejan las actuales autoridades de YPF es una alternativa cuanto menos curiosa, ya que padece numerosas desventajas respecto de Bahía, por no decir todas.

Por solo mencionar un punto básico, el puerto de Ingeniero White cuenta con larga experiencia en el manejo de hidrocarburos: el ejemplo más conocido son los buques regasificadores que amarraron en sus costas durante los últimos años.

YPF-Petronas estiman que para la próxima década, a partir de esta planta de GNL, el país podría exportar 30 mil millones de dólares adicionales, una suma inestimable si se considera que en un año muy bueno de cosechas y precios internacionales favorables nuestro país vende, como tope, por 80 mil millones. De hecho 2023, un año bajo en materia de comercio exterior, el volumen total exportado fue de 66.788 millones de dólares.

Con estos números queda claro por qué esta inversión es clave para el futuro económico del país y también se pone de relieve que sería inexplicable elegir un lugar que obligaría a perder demasiado tiempo en innumerables construcciones complementarias.

 

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Chapadmalal: ponen a disponibilidad a trabajadores y la Provincia salió al cruce

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El Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado”.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por Federico Esteban Sicilia. Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.

Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

La reacción del Gobierno de Axel Kicillof

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como “la destrucción de un derecho” y acusó al Gobierno nacional de avanzar con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los complejos.

Costa destacó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan “más de 80 años de historia y conquista del turismo social”. Y agregó: “Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos”.

Según el funcionario provincial, amparado en el Decreto 216/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social. Las consecuencias, afirmó, son contundentes: de alojar a más de 84.000 personas en 2023, se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.

En tanto, hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.

Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Sin el beneficio de Zona Fría, el Municipio proyecta un incremento de pedidos de ayuda social

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En el ámbito del gobierno municipal ya están analizando el impacto en Bahía Blanca de los cambios en el régimen de Zona Fría en caso de que el Senado apruebe el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Genera mucha incertidumbre. Hay sectores que socialmente han podido tener el gas natural y que esto los puede afectar. Por eso también el intendente la semana pasada habló mucho sobre este tema porque sería algo muy complejo para nuestra ciudad que esto desapareciera”, aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos la secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires.

No dudó en afirmar que si las y los bahienses pierden el beneficio de Zona Fría en sus boletas de gas, habrá gente que “va a estar muy mal” y advirtió cómo impactará en los pedidos de ayuda que recibe diariamente la Municipalidad.

Cuando Nación se corre de las distintas políticas, todo recae en la Municipalidad. La situación que estamos viviendo con el recorte de políticas nacionales claramente afecta a nivel local y es el Municipio el que pone la cara, el que está, atiende y escucha y también, el que resuelve muchísimos de los problemas que hoy está teniendo la ciudadanía”, subrayó.

Hizo referencia al mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de mayo respecto de la importancia de ponerle un freno a la polarización y de entender que hay un montón de poblaciones que están sufriendo muchísimo y que no pueden comprar los remedios, que tienen problemas para pagar el alquiler o que quieren trabajar pero no hay trabajo. “Si no entendemos esta realidad social que estamos pasando y no nos conmueve y no intentamos decir ´para gobernar es con todos adentro, no es con más de la mitad de la población afuera de un sistema y que se arreglen como puedan´, estamos en problemas”, manifestó.

Fuente: Frente al cano.

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Zaninelli acusó al rectorado de la UNS de “obstruir la lucha” de docentes universitarios

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Docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica y Conadu realizan desde este martes y hasta el próximo sábado un nuevo paro en las universidades de todo el país. En el caso de Bahía Blanca afecta al dictado de clases tanto en la UNS como en sus escuelas preuniversitarias.

El titular de ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur) que depende de Conadu Histórica, Sergio Zaninelli, cuestionó la respuesta de la gestión de Javier Milei a la marcha federal del pasado 12 de mayo en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“No hizo mella en el gobierno, es más, salieron ese mismo día con declaraciones violentas, agresiones y con recortes en el presupuesto de las universidades nacionales. Esa fue la respuesta del Gobierno a la marcha que uno la puede describir como la acción más importante de este año”, planteó.

Agregó que en el marco del plan de lucha vienen concretando semaforazos, volanteadas, el Consejo Superior Universitario sesionó en el playón de la UNS, realizaron la jornada “La universidad no se apaga”, y mucha otras acciones, pero el Ejecutivo nacional sigue sin cumplir con la ley y sin acatar los fallos judiciales.

En ese marco, expuso que los gremios no se pueden quedar esperando que la Corte Suprema defina sobre el tema y que por eso siguen con su plan de lucha, en este caso, con la huelga a lo largo de toda la semana.

“A la situación la vemos difícil, no podemos estar de paro en paro, pero tampoco podemos abandonar la lucha u obstruir la lucha, como quieren hacer algunos rectorados, como por ejemplo nuestro rectorado de la UNS”, lanzó.

Y afirmó que las máximas autoridades de la casa de altos estudios bahiense “están intentando, por ahora extraoficialmente, de ver cómo aplicar la Ley de Modernización Laboral, en particular lo referido a la esencialidad educativa y a la regulación del derecho a huelga“.

Fuente: Frente al cano.

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