La CGT prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con la idea de expresar el rechazo de los principales sindicatos frente a cambios considerados lesivos para los derechos de los trabajadores en la legislación que, desde el jueves, ya tiene media sanción del Senado.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, en declaraciones a Radio 10.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), compuesto por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para la fecha del debate parlamentario, sin fecha concreta aún.

La Confederación General del Trabajo (CGT) vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.

Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.

Un directivo sindical expresó a Infobae días atrás: “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”.

Tal vez por eso, Jerónimo fue categórico este domingo en la entrevista radial y aseguró que el proyecto de reforma laboral debe sufrir modificaciones: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.

“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.

Fuentes cercanas a la cúpula cegetista negaron divisiones y sostienen que el consenso interno ha cristalizado en torno a la necesidad de una medida de fuerza, especialmente ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.

El rechazo sindical se fundamenta en dos ejes: la protección de derechos laborales y la defensa de las estructuras de financiamiento gremial.

El documento interno de la CGT sostiene que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional” y califica el proyecto de “regresivo y perjudicial para los trabajadores”.

Entre los puntos más objetados se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. Especialmente polémica es la reducción de los montos para pagar salarios en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El informe cegetista enfatiza: “Afecta el bolsillo del trabajador en momentos en que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”, puntualizando que habrá un recorte del 50% del salario si la enfermedad o accidente resulta de una actividad voluntaria.

Jerónimo sostuvo que la central obrera viene advirtiendo con claridad que el proyecto constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”, y remarcó que la iniciativa no tendrá impacto real en la creación de empleo, sino que responde a la necesidad de “tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”.

El dirigente afirmó que muchos legisladores no comprendieron el alcance del texto hasta etapas avanzadas de su tratamiento, e instó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas que generaría su aprobación.

Jerónimo señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre modernización laboral, pero sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, condición que —según afirmó— no se verificó en este caso, ya que “los planteos sindicales no fueron considerados”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fundamentó esta modificación al afirmar: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”.

El ministro destacó además que la medida busca limitar licencias prolongadas que históricamente generaron “costos ocultos” para las empresas.

En ese sentido, Jerónimo remarcó que Struzenegger “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores” y aseguró que en el Gobierno “tienen un grado de perversidad hacia el pueblo, no hay margen para seguir sosteniendo este proceso político que le hace tanto daño al pueblo”.

El tratamiento de la reforma laboral enfrenta obstáculos logísticos, con los feriados complicando el regreso de diputados aliados a la Capital y una fecha probable de sesión que oscila entre el jueves 19 y el miércoles 25.

“Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, había dicho Jerónimo antes a Radio con vos.

En el oficialismo existe confianza en la aprobación, pero la resistencia de bloques dialoguistas y provincias introduce un factor de incertidumbre, especialmente por cambios de último momento como los vinculados al pago de sueldos mediante billeteras digitales o la cobertura de licencias por enfermedad.

Algunos dirigentes de la CGT mantienen la esperanza de que diputados del PRO y partidos provinciales impulsen enmiendas, o incluso obstruyan la aprobación, mientras que otros ven inevitable la judicialización de la ley.

El documento gremial remite a los principios de progresividad y no regresión consagrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insiste en que la reforma debería surgir de un proceso tripartito.

La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, vivió un momento incómodo en La Rioja, cuando participaba de la Fiesta de la Chaya. El cantante de folklore Ramiro González protestó contra su presencia en el festival y la acusó de “negacionista”.

“Vamos a hacer ahora ‘Un triunfo’. Y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial Enrique Angelelli”, dijo el intérprete. Y agregó: “En momentos va a aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos”. “En una provincia montonera, como somos nosotros. Montonera y peronista”, remató

Tras el show, Ramiro González dijo a medios locales que la visita de Villarruel a su provincia era “una afrenta a un pueblo que tuvo desaparecidos. “Monseñor Angelelli fue asesinado por la última dictadura cívico militar que ella suaviza. No se puede minimizar, no se puede negar”, dijo a Nueva Rioja.

En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.

El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.

“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.

En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.

Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.

El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.

Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.

“Evitar privilegios indebidos”

CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.

En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.

“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.

Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.

“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.

Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.

En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.

También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.

La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.

En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta”.