Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.

En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).

El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.

El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.

Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.

La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.

El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.

Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.

El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.

Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.

Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.

En medio del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior. Así, la Cancillería podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Por medio de la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial, se estableció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adoptará el rol de coordinador de las actividades estatales que puedan incidir en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

De la misma manera, remarcaron que el sistema también incluirá “las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Otra de las tareas que tendrá el sistema de política exterior será la representación nacional ante los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales. Esto cobra especial relevancia debido a la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina desde el 8 al 11 de noviembre.

No obstante, las autoridades aclararon que la creación de esta área no alterará la jerarquía actual que conforma la Cancillería. Asimismo, indicaron que no implicará la sustitución de las competencias que tengan a cargo las autoridades y funcionarios preexistentes.

En este sentido, explicaron que la obligación abarcará los casos en los que esas acciones puedan expresar posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones bilaterales o multilaterales, o derivar en consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas.

También deberán ser informadas las tratativas vinculadas con acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas, cartas de intención, actas y otros instrumentos similares.

Por otro lado, el decreto prevé que Cancillería podrá formular advertencias, recomendaciones u orientaciones fundadas si considera que una actividad pone en riesgo los lineamientos definidos por el Poder Ejecutivo, las relaciones internacionales o negociaciones diplomáticas en curso.

“El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina”, aclararon en el documento.

A pesar de esto, indicaron que el área no tendrá injerencia en las gestiones que involucren a organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas propios.

Para poder cumplir con estos objetivos, los organismos alcanzados por el sistema tendrán que designar a una persona como enlace institucional con la Cancillería. Ese representante será responsable de canalizar la información sobre las gestiones internacionales y de coordinar, cuando sea necesario, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El decreto también habilitará a los organismos a solicitar asistencia de integrantes del Servicio Exterior de la Nación o de especialistas en política exterior ante asuntos considerados estratégicos, sensibles o de seguimiento permanente. No obstante, la Cancillería podrá realizar esa propuesta por iniciativa propia.

Previo a esto, el canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas combinará sanciones, diplomacia y el fortalecimiento de la capacidad logística. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó en una entrevista con La Nación+.

Además, confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios establecidos en el decreto reglamentario de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión se fundamentó en que se trata de “un tema principalmente de política exterior” y que las actividades involucradas superan la cuestión estrictamente petrolera.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro. El objetivo central, según planteó Quirno, es impedir la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El canciller sostuvo que la Argentina dispone de una herramienta adicional a la que existía cuando se aprobó la legislación vigente: el atractivo de Vaca Muerta para las inversiones energéticas. Desde la mirada oficial, esa condición puede influir sobre las decisiones de las compañías, que deberán optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio cuya soberanía reclama.

El paquete de medidas también sumó un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la última etapa de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy. La iniciativa prevé cambios en la Ley 26.659, con penas más altas y una ampliación de las actividades alcanzadas.

Entre las alternativas bajo análisis figura la incorporación de la pesca. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) sostiene que el criterio aplicado a las empresas hidrocarburíferas debería extenderse a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en el área. En la misma línea, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto para sancionar la pesca ilegal en las islas.

Asimismo, el Ejecutivo prevé enviar el proyecto a la Cámara de Diputados, donde considera que cuenta con mayores respaldos. Fuentes de la mesa política del Gobierno indicaron a Infobae que el debate en comisiones podría comenzar entre fines de septiembre y principios de octubre y estimaron que la iniciativa tendría un trámite rápido.

Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.

Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.

El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.

“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.

Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.

El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.

El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.

Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.

En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economist, el Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.

El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.

La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.