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Política Nacional

Rige la veda electoral: qué se puede hacer y qué actividades prohíbe

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Este domingo se celebran elecciones primarias PASO) y como estipula el Código Nacional Electoral, rigen una serie de prohibiciones desde 48 horas antes de los comicios electorales.

La regulación existe para que el votante tenga un tiempo de “reflexión” previo a emitir el voto, no “contaminado” por propaganda política.

Pero la veda no solo incluye la prohibición de la propaganda política. ¿Qué otras actividades regula?

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Dos días antes

La normativa veta “la realización de actos públicos de proselitismo, y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación de los comicios y hasta el cierre del mismo”.

Tampoco se puede “publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización de los comicios y hasta tres horas después de su cierre”, o sea, hasta las 21 del domingo.

Pero las redes sociales, que no existían cuando se creó el Código, cayeron en un vacío legal. Twitter, Facebook e Instagram, entre otras, están fuera de la veda.

Además, durante la veda tampoco se pueden “admitir reuniones de electores”, “ofrecer o entregar boletas”, ni abrir “organismos partidarios” en un radio de 80 metros de una mesa de votación.

12 horas antes y 3 horas después del cierre de mesas

Desde las 0 del domingo y hasta las 21 de ese día no podrán estar abiertas “las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas”, sean mercados, restaurantes o bares.

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El Gobierno teme perder el perfil “anticasta” y comienza a proyectar miedos electorales para retener el poder

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“Todavía falta una eternidad”, precisó un funcionario a Infobae en referencia al período electoral de 2027. En paralelo, en una oficina de Casa Rosada enumeraban los cambios del espacio respecto de 2025 que podrían complicar la aventura reeleccionista de Javier Milei, mientras trascendía que Karina Milei había retomado el diálogo con Mauricio Macri, un viejo socio de La Libertad Avanza.

Una nueva contradicción atraviesa al Gobierno, que transita momentos de debilidad mientras se esfuerza por equilibrar sus necesidades legislativas con sus proyecciones electorales. Luego de una semana marcada por la descoordinación en el Congreso y una profunda autocrítica en materia de comunicación, la menor de los Milei levantó el teléfono y habilitó una mesa técnica con representantes violetas y amarillos que se reunirá cada dos semanas.

En medio de la decisión por reflotar una relación, que hasta entonces estaba tensionada, y que tuvo a Diego Santilli como factor clave, afloraron algunos miedos de un sector de la administración que identifica que el sentimiento antipolítico de la sociedad sigue latente y que teme que la gente reconozca al oficialismo dentro de la casta.

“Hay un rechazo generalizado. No es casual que nadie pase los 45% de imagen positiva y estén todos arriba del 55% en la negativa. Estructuralmente el rechazo a la política no desapareció, el problema es que pasamos a formar parte de eso”, identificó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Dentro de ese diagnóstico, una de las tribus libertarias detectó que las causas judiciales abiertas contra referentes como José Luis Espert y Manuel Adorni, vinculadas a potenciales hechos de corrupción, sumadas a una serie de “comportamientos políticos” propios, alejaron al Gobierno del perfil que llevó a Milei al triunfo en 2023.

Sacarse fotos rodeado de políticos y dentro del palacio no es positivo. Es lo que la sociedad detesta y hay una acumulación de este tipo de comportamientos”, argumentaron ante este medio.

El interrogante que se desprende de los temores de varios libertarios es: ¿aporta a la construcción libertaria mostrarse en negociación con uno de los sectores identificados como casta? Las respuestas son múltiples, aunque hay una única razón: la necesidad“Mostrarlo, seguro”, resumió una voz del entorno de Milei ante la consulta de este medio sobre si la mesa con referentes del PRO no distancia al Gobierno del “perfil anti casta”.

El desgaste tras dos años y medio de gestión también se refleja en el nuevo Gabinete: la administración ya acumuló cuatro ministros coordinadors, tres cancilleres, dos ministros de Salud y dos de Justicia, además de la disolución y refundación permanente de la cartera de Interior.

Ya no es un atributo asignable como distintivo del Gobierno el de la pelea contra la casta. En ese marco, estando eso ya hundido, conviene más acordar que no hacerlo. Es más lo que hay para perder que lo ya perdido”, definió una fuente que transita a diario Casa Rosada, que además vaticina un escenario acuerdista con los aliados en los próximos comicios.

No obstante, el planteo es rechazado por el sector que se identifica con la conductora del espacio, que defiende la característica que popularizó a Milei y asegura que seguir hablando de ajuste “es lo más anticasta que hay”.“No nos corrimos ni un ápice del programa inicial, el problema es que ni la construcción ni la elección se digita desde un joystick”, arremetió un alfil violeta.

A raíz de las complicaciones de las últimas sesiones legislativas, la mesa política debatió si es posible recuperar “la épica” y “volver a enamorar”. El planteo se dio a raíz de la decisión que se vio obligado el oficialismo de haber dado de baja la Ley de Tierras, después de haber perdido el debate en la opinión pública.

Tampoco es la primera vez que se conversa sobre el tema. Incluso, hace unos meses, hubo sobrados esfuerzos en esa línea para reconquistar al electorado después de la derrota de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Entre las claves identificadas por la Casa Rosada para consolidar otros cuatro años de Milei figuran la confianza depositada en el repunte económico, la eliminación o eventual suspensión de las PASO y la realidad de la oposición. “El programa es el que es. Estructuralmente no hay más nada para aportar. El peronismo no puede volver porque si sucede no hay más inversiones ni buenos resultados. Por eso, la respuesta la tiene que dar la política”, sintetizaron en las filas libertarias.

Bajo esa lógica, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el alcance electoral de Axel Kicillof tras sostener que ningún referente peronista “se junta con él”. Días después, este medio dio a conocer la cumbre que nucleó a Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien los libertarios le bajan el precio al acercamiento, en varias oficinas apuestan a que la oposición no logre resolver sus diferencias.

Ante ese escenario, Santiago y Luis Caputo pujan por un acuerdo macro con gobernadores que combine agenda legislativa y electoral, y aunque desde La Libertad Avanza tienen intenciones de sellar entendimientos con los aliados, plantean que “el verdadero cambio vendrá de la mano de los propios”.

Como ocurrió con el PRO, la determinación la tomará Karina Milei, la dueña de la lapicera, que -según precisan desde su entorno- identifica que el país se divide en cuatro: la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, las grandes urbes del interior y las pequeñas provincias feudales. En función del mapeo, instrumentarán la estrategia en función de las necesidades de cada territorio.

En esa línea es leído el nuevo acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, que algunos califican de “más emocional que racional”, y que tiene promesas de continuidad, escasas definiciones y pinta similar al coqueteo de 2025.

Entre quienes respaldan el entendimiento aparece la senadora Patricia Bullrich, que, pese a que suena para integrar las listas en 2027, no forma parte de la mesa técnica junto a Diego Santilli, los primos Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis. “Soy consciente de la necesidad de una coalición”, postuló en declaraciones a DNews, donde además pidió “respetar” a los referentes con presencia provincial o distrital.

“Cuanto mayor sea la lentitud con que se desarrolle la acción militar y cuanto más largos y frecuentes sean los períodos de inacción, tanto más fácilmente se podrá rectificar un error”, escribió Carl von Clausewitz.

A poco más de un año de las presidenciales, el Gobierno todavía tiene margen para corregir, ensayar alianzas y redefinir la estrategia, pero deberá medir hasta dónde avanzar sin desdibujar por completo el perfil que llevó a Javier Milei a la Presidencia. Con el cronograma electoral por definirse y algunas dudas sobre la reforma electoral, el oficialismo —y la oposición— parecen haber iniciado el camino para ordenarse rumbo a 2027.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo del uso de telefonía celular

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El Gobierno amplió el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para las jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional, una medida que habilita la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de penales con el objetivo de impedir que esos dispositivos sean usados para planificar o coordinar delitos desde el encierro.

La decisión quedó formalizada este jueves en la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. La norma extiende a los establecimientos penitenciarios provinciales un mecanismo que ya regía para las unidades federales.

Según el texto oficial, las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, asociado a la SIM; y la línea telefónica vinculada. El alcance abarca aparatos que se activen tanto en el área de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

La medida no operará de manera automática ni quedará librada a las compañías. De acuerdo con el Boletín Oficial, cada bloqueo requerirá una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que además será el único canal para comunicar a las prestadoras los pedidos efectuados por las provincias adheridas.

Ese punto responde de manera directa a cómo funcionará el sistema: una provincia no podrá ordenar por sí sola la inhabilitación ante las telefónicas, aunque se haya sumado al protocolo. La cartera nacional concentrará el envío de datos y la activación del procedimiento en todas las jurisdicciones que se incorporen.

La incorporación de los penales provinciales se produjo después de una presentación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Esa cartera advirtió sobre la problemática del uso de teléfonos dentro de las cárceles bajo administración provincial y pidió una norma complementaria que las incluyera de forma expresa.

De acuerdo con Diario Uno, la ministra de Seguridad mendocina Mercedes Rus planteó la necesidad de contar con un respaldo legal claro para integrar a los penales subnacionales al esquema preventivo. Por ende, la provincia impulsó una licitación pública para adquirir plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta ahora, el procedimiento estaba limitado al sistema penitenciario federal. La resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales con denuncia de robo, hurto o extravío, y sumó esta nueva facultad vinculada a los establecimientos penitenciarios.

El procedimiento exige trazabilidad y límites técnicos

La resolución dispone que la tecnología utilizada deberá ajustarse para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera del perímetro penitenciario. Esa exigencia ya estaba presente en normas previas sobre inhibidores y fue reiterada para impedir que la restricción alcance a vecinos, comercios o usuarios ajenos al penal.

Las prestadoras también deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas. Según el Boletín Oficial, esa información tendrá que resguardarse con criterios de integridad y trazabilidad, y quedar disponible para usuarios y autoridades que la requieran.

En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.

La ampliación a las provincias se conoce meses después de un caso judicial: el 21 de febrero de 2026, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos de cuatro detenidos acusados de integrar la Banda del Millón, investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como organizadores de robos violentos desde sus celdas.

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