Kristalina Georgieva tendrá esta semana la posibilidad de testear apoyos y lealtades al plan de ajuste y cambio que promueve junto con Javier Milei. Aquella arenga de la resistencia que hizo la jefa del Fondo Monetario Internacional tendrá el jueves una primera parada con el tratamiento de la derogación de la ley de tierras, una marcha convocada para rechazarla y el inicio del tramo final de la actividad de un Congreso que la Casa Rosada todavía podría controlar. Después de diciembre, la campaña lo autogobernará todo.
El conteo viene ajustado para el oficialismo. La oposición se ilusiona con dar el golpe y hacerle caer al Gobierno el capítulo que habilita sin limitaciones la venta de tierras a extranjeros. Patricia Bullrich se prepara para resistir y anunciará pasado mañana en conferencia de prensa más cambios para garantizarse la media sanción. Las modificaciones se guardan bajo siete llaves pero cerca de la senadora prometen que serán claves para dar vuelta voluntades.
La ley viene trabada y ya lleva tres postergaciones en su tratamiento. Políticamente, el oficialismo no puede volver a exponerse a otra caída. Los votos de los representantes de Misiones se convirtieron en las últimas horas en la obsesión oficial para conseguir la aprobación. La interna entre el gobernador, Hugo Passalacqua, y el mandamás provincial, Carlos Rovira, es una complicación para los planes de la Casa Rosada. El actual mandatario se manifestó en contra de la norma y se reunió con los dos senadores que responden al ex gobernador, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. Ambos mantienen la incógnita sobre cómo votarán. Podrían incluso votar por separado. El diputado misionero Oscar Herrera Aguad dijo esta semana que cuando el tema se debata en la Cámara baja se opondrá. “En este tema puntual de tierras y, sobre todo, por haber sido gobernador y entender la problemática de Misiones, no estoy de acuerdo con la ley”, apuntó. Es una provincia rodeada de fronteras. Más allá de la interna, también va a pesar en Rovira el rechazo local que podría generarle mandar a votar a favor. Los últimos números dejaban al oficialismo estancado en 35 votos. No le alcanza.
El radicalismo, de manera institucional, ejerció en las últimas horas una nueva presión. Pero mandan los gobernadores. El pronunciamiento en contra del Comité Nacional, en manos de Leonel Chiarella, busca al menos generar masa crítica para bajar algunas voluntades. Por lo menos tres senadores, los sin tierra, votarían en contra: Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Kroneberger integra la mesa directiva del comité que aprobó el comunicado. La oposición denuncia que el jefe del bloque, Eduardo Vischi, es uno de los más entusiastas promotores de la iniciativa. Responde al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Los números hasta ahora le fueron adversos al oficialismo. Tuvo que levantar la sesión tres veces por falta de apoyo. La última fue hace dos semanas. En las últimas horas se manifestó nuevamente en contra Alejandra Vigo (Córdoba). Queda la duda sobre su compañero de bancada, Carlos Camau Espínola, que se ausentó en el último intento. El Gobierno lo cuenta como propio. La oposición se ilusiona con las abstenciones de quienes están dudando, entre ellos, Edith Terenzi (Chubut).
El único anzuelo que encontró el oficialismo fue incorporar al debate el proyecto de Carolina Losada, llamado de falsas denuncias, que atenta contra los menores víctimas de abuso. No todo el radicalismo está a favor. El martes habrá una presentación de las mujeres del partido en contra de esa iniciativa.
En la última sesión había pliegos de jueces que esta vez no estarán. Entonces, el oficialismo consiguió el quórum con los diez integrantes de la UCR, escenario que podría no repetirse. Estarán los tres del PRO. Los misioneros podrían dar quórum y votar en contra o abstenerse. El capítulo tiene el rechazo garantizado de todo el bloque del peronismo, además de los tres senadores de Convicción Federal, referenciados en Carolina Moisés, y de Vigo. Cuentan en contra a los dos senadores por Santa Cruz, que se habían ausentado en el último llamado. Flavia Royón, por Salta, ya definió su voto a favor. En el oficialismo cuentan también con el voto a favor de Julieta Corroza, de Neuquén. En este escenario la UCR es clave. El presidente del partido se reunió uno por uno con los senadores, pero el juego político fuerte lo ejercen los gobernadores.
La otra incógnita es la tucumana Beatriz Avila, que responde a Osvaldo Jaldo, habitual aliado del Gobierno. En la provincia arranca otro juego que se traslada al escenario nacional. El gobernador ya fijó fecha de elecciones para el 9 de mayo. En febrero cierran las listas. Karina Milei jugó su ficha el viernes. Junto a Eduardo Lule Menem recibió en su despacho a Lisandro Catalán, ex secretario de Interior y actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán para darle un espaldarazo a su candidatura. El ex funcionario posteó: “Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán”.
A pesar de la nueva baja en las encuestas, el Gobierno no se resigna a cerrar acuerdos mansamente con los gobernadores. Un caso es el de Tucumán. Con el peronismo dividido, los libertarios creen ver el terreno fértil para plantar bandera vía un candidato competitivo, como podría ser Catalán. “Es imposible que en Tucumán se llegue a un acuerdo con el peronismo”, dice un dirigente al tanto de la estrategia electoral territorial. En el 2025 obtuvieron un piso del 35% de los votos. El PJ unificado llegó al 50% pero esta vez el sector de Juan Manzur, adversario al gobernador, palpita un escenario de ruptura ante la falta de compromisos de Jaldo. Los libertarios sí reflotarán en la provincia la alianza con el PRO y el radicalismo. Jaldo tiene, además, un frente judicial abierto. Para ser candidato necesitará un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia que lo habilite a competir. Lleva cuatro períodos consecutivos dentro del binomio del Ejecutivo provincial. Los antecedentes del máximo tribunal le son adversos.
Tampoco parece ser la idea de acordar candidaturas en provincias como Santa Fe o Córdoba. “Una cosa es avanzar en el traspaso de una ruta y conseguir apoyo en leyes y otra el escenario electoral”, se anticipan los libertarios, que no ven la posibilidad de que Karina Milei baje candidaturas en territorios donde su espacio puede ser competitivo. Ahí también entra Salta. Los acuerdos quedarán para aquellos distritos en los que ya fueron juntos o tienen mayores afinidades, como Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, San Juan o Chaco.
Macri manda mensajes
Mientras tanto, el PRO sacó a rodar una candidatura presidencial: con el aval de Mauricio Macri, esta semana se lanzó Hernán Lacunza, el último ministro de Economía que tuvo el ex presidente. Lo hablaron hace dos meses. Entonces, Macri estaba en medio de sus salidas provinciales y Paolo Rocca jugaba sus fichas en busca de un plan B a Milei. En aquel encuentro, Lacunza le preguntó si iba a ser candidato. La respuesta del ex presidente fue ambigua. Se quejó de que sale al ruedo y nadie dice nada, y fue entonces que el economista le contó que estaba con ganas de presentarse. Macri se alegró. Todos los dirigentes a su alrededor insisten en destacar que él no muestra ganas de participar electoralmente otra vez. “Esto es una decisión orgánica”, refuerzan sobre el sorpresivo lanzamiento. Según cuentan en el PRO, Macri sí está convencido de que el espacio tiene que tener una representación. La llaman la opción “liberal republicana”. También podría ser una forma de presión para Karina Milei a la hora de sentarse a negociar por la ciudad de Buenos Aires. “Esto va en serio”, dicen cerca de Lacunza para desmentir que sea un globo de ensayo previo a la negociación final.
La otra que se relanzó fue Patricia Bullrich para el territorio porteño, señal de que se enfría la posibilidad de un acuerdo nacional y local con PRO. Ella reitera a su equipo que estará en el lugar que garantice la reelección de Milei, pero sabe que eso depende de que mejore el escenario económico.
El Gobierno sigue negociando los votos para conseguir la eliminación de las PASO. Es el eje central del desafío que tiene que cumplir el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que esta semana ocupó el rol de vocero y salió a enfrentarse con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien le recomendó renunciar. Ella le dijo “exponente de la casta” y lo acusó de pretender “causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano”. Santilli ni siquiera envió un borrador a los gobernadores con la incorporación de las listas colectoras, como les había prometido, ni tampoco logra que el Gobierno sume pliegos de jueces del interior, la prenda de cambio que esperan muchos aliados.
Además de la inviolabilidad de la propiedad privada, en el Senado se le acumulan proyectos. El oficialismo no pudo avanzar con la sanción definitiva del nuevo régimen de zona fría, también por diferencias con los aliados, como Alfredo Conejo. Tampoco pudo hacer pie con la nueva ley de sociedades y tiene todavía pendiente de tratamiento el Super RIGI, que ya salió de Diputados.
A eso se suma la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que llega con mayor consenso entre los gobernadores. Esta semana, el catamarqueño Raúl Jalil se mostró favorable, en la previa a la cadena nacional de Milei. La mayor resistencia se pondrá en el planteo que hace el proyecto para remover al presidente de la entidad, que necesitará los dos tercios de ambas Cámaras cuando la propia ley se reforma con mayoría simple. “Eso no pasa”, apuntan los aliados. El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal también sumará presión al oficialismo. Martín Menem hará un primer testeo el martes cuando se junte con los bloques aliados para fijar un cronograma de tratamiento. Los tiempos se le acortan al oficialismo. Le quedan cinco meses de un Congreso bajo cierto control. “Martín ya avisó que saca todo lo que pueda antes de diciembre y cierra”, apuntan en los espacios cercanos a los libertarios. Todo parece indicar que la reforma de la carta orgánica no se votará a libro cerrado.
Al combo económico el Gobierno le añade el político con la eliminación de las PASO. Es probable que ya tenga los votos de Santa Fe, al menos dos, para la suspensión. Es paradójico pero la provincia que tiene primarias en su territorio votaría por eliminarlas a nivel nacional. Córdoba también podría aportar votos al menos para la suspensión.
Al Gobierno se le acortan los tiempos. El reloj de arena se dio vuelta después de las elecciones de medio término. Los sondeos de opinión que se conocieron esta semana muestran una nueva caída de la imagen del Presidente, sumado a la falta de expectativas de mejoras económicas a futuro. El índice de confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a caer en julio, con un retroceso del 6,5%. Había tenido un leve repunte el mes anterior. La “primaverita Adorni”, que se dio con la salida del funcionario y el desarrollo del Mundial, se cortó rápidamente. Los números que muestran Shila Vilker y Juan Courel, de Trespuntozero para Alaska, dan cuenta del derrumbe, que llega al piso de imagen positiva. El 64,8% considera mala y muy mala la gestión y sólo un 32,2% buena y muy buena. En personas de entre 30 y 51 años, la imagen negativa de Milei alcanza el 75,1% y del universo total encuestado, el rechazo se da sobre todo en el área metropolitana, con una imagen negativa del 69,5% en el AMBA.
Lo más preocupante para la Casa Rosada se da en la mirada a futuro. Ante la pregunta de si hay una crisis económica, el 76,8% responde que sí y un 83,6% contesta que lo peor está por venir. La otra pregunta que aporta este trabajo es cuánto le perdonan el ajuste a Milei. Aquello de si valió la pena y si seguirá valiendo, la arenga de Georgieva, básicamente. Consultaron así: ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo que usted piensa sobre el ajuste?”. Un 29,8 respondió que era necesario y un 30,6, que es mayor que lo necesario. Tiene un margen ahí el Gobierno, no para seguir ajustando, pero sí para encontrar la narrativa del esfuerzo que desembolsó Kristalina.
El peronismo volvió a mostrar esta semana sus diferencias profundas. La jugada de Cristina Kirchner de buscar aval internacional para recuperar sus derechos políticos no recibió ningún respaldo por parte del gobernador Axel Kicillof, el principal candidato presidencial del espacio. Sí, en cambio, la llamaron Miguel Pichetto y Juan Manuel Olmos, que trabajan en un armado más amplio, sin romper con la ex presidenta. La distancia toma ribetes novelescos. El gobernador recibió esta semana a un grupo de intendentes, pero les pidió que no le hablaran de unidad para que la visita no fuera leída como una imposición para que él busque el diálogo con la ex presidenta. “Su obsesión es no ser Alberto Fernández”, le escucharon decir. Tampoco fue a La Rioja, donde se armó una cumbre peronista con todas sus vertientes.
Octubre será el mes bisagra. En ese momento se dará la próxima reunión del comité de de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La presentación ya fue hecha el 13 de julio. Ahí se podría definir si el organismo considera que se están violando las garantías de detención. Hacía tiempo que en San José 1111 se venía trabajando en esta estrategia con la incorporación del letrado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Ambos tienen influencia y roce con el comité que deberá definir. Las presentaciones que hicieron son dos: una de fondo, sobre lo que consideran falencias procesales, y las cautelares, por las condiciones de detención. Ahí plantean la exigencia del uso de la tobillera, las restricciones de visitas y movimientos internos como la terraza y sobre todo la inhabilitación para ejercer cargos públicos que estableció la condena en la causa vialidad. De avanzar, la posibilidad de que Cristina Kirchner recupere esta última opción cambiaría rotundamente el escenario electoral. Más allá de las presentaciones que tendrán que hacer los abogados de la ex presidenta en terreno local, que un organismo internacional la reubique con la posibilidad de competir abre una nueva discusión interna.
El Gobierno salió rápidamente a dejar correr ese escenario, convencido de que poner a la ex presidenta en la cancha le da oxígeno electoral. No sólo por la pelea peronista, sino porque en la Casa Rosada sostienen que más allá de los malos resultados económicos, si mantienen cierta estabilidad macro, dólar bajo control e inflación a la baja, la sociedad podría acompañar a Milei en rechazo al pasado. “Un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen”, apuntó Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y abogado penalista cercano a Milei.
Por lo pronto, las chances de que la resolución del comité sea favorable a la ex presidenta son altas, según se ilusionan cerca de Cristina Kirchner y ponen como ejemplo inmediato el caso de Luis Inacio Lula Da Silva que logró en 2018 que el comité emitiera una resolución que obligó al Estado brasileño a garantizarle la posibilidad de ser candidato incluso desde la cárcel. Fue previo a que, tiempo después, la Corte Suprema de su país anulara su condena.
Un dictamen internacional, independientemente de lo que decidan después los tribunales nacionales, dejaría a oficialismo y oposición en otro escenario.
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