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Santiago Saccocia mantuvo una reunión con Facundo Moyano por el proyecto de Tolerancia Cero

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Santigo Saccocia, habló con CNN Radio Bahía Blanca sobre la reunión que mantuvo con el diputado Facundo Moyano sobre el proyecto de Tolerancia Cero.

“El primero nos explico el proyecto en si y después como seria aplicado”, mencionó.

Además destacó que la idea de Moyano el es que vayan familiares a exponer en las comisiones y agregó que la idea es que se vote antes de las elecciones por lo menos en Cámara de Diputados.

“Esta ley es un efecto domino”, afirmó.

 

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El Gobierno anunciará un aumento para sueldos de militares y fuerzas de seguridad

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El Gobierno anunciará un incremento en los salarios que perciben los militares, así como el resto del personal que integra las Fuerzas Armadas. Según confirmaron a Infobae, dicho aumento salarial se aplicará a partir del mes de septiembre y sería de entre 7% y 10%.

El porcentaje oficial que corresponde al aumento, así como los demás detalles vinculados a esta actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se lleve a cabo una comunicación oficial específica sobre el tema. En los últimos meses, hubo diferentes incrementos salariales y bonos extraordinarios destinados a este sector, y todos estos beneficios fueron oficializados por resoluciones del Poder Ejecutivo.

A comienzos del mes de agosto, el Gobierno otorgó una suma fija de $50.000 a la totalidad de los integrantes en actividad pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales y de seguridad federales. Esta decisión por parte de la administración nacional fue hecha pública a través de dos publicaciones que se emitieron en el Boletín Oficial.

La disposición adoptada en ese entonces fue excepcional, es decir, no se repetirá, además de que este monto es remunerativo y no bonificable. La suma correspondiente se pagará en una única ocasión junto con el salario mensual que corresponde al mes de agosto, alcanzando a decenas de miles de agentes que forman parte de las distintas fuerzas bajo la órbita y administración del Estado nacional.

En este contexto, la misma resolución se implementó a través de la firma de los decretos 695/2026 y 696/2026. Estos decretos fueron rubricados por el presidente Javier Milei, por enjefe de Gabinete, Diego Santilli, y, también, por quienes están al frente de los ministerios de Defensa y de Seguridad, es decir, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Para cada ministerio con competencias sobre las fuerzas comprendidas en la medida, fue dispuesto un acto administrativo separado y diferenciado.

El texto oficial fundamentaba que la medida respondía a la necesidad de ajustar o actualizar los ingresos de este personal, con la finalidad de preservar el poder adquisitivo de sus salarios, ya que contempla las demandas y el grado de compromiso asociados con las funciones que desempeñan.

Por otra parte, el Gobierno decidió hace algunos meses establecer un suplemento salarial específico dirigido a todo el personal de las Fuerzas Armadas que acredite la obtención de títulos superiores. Esta disposición comenzó a regir desde el 1° de julio y está destinada tanto al personal en actividad como a los retirados y pensionados. El beneficio fue instituido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y tiene como finalidad reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar; para ello, se otorga una suma adicional que se agrega al haber mensual bruto y que será automáticamente actualizada a medida que se vayan concretando futuros aumentos de salario.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, recibió la responsabilidad de comunicar la decisión adoptada por Milei. El suplemento establecido se implementó en tres tramos diferenciados: un 10% para quienes tengan tecnicaturas o títulos terciarios, un 15% para aquellos que cuenten con títulos universitarios de grado y un 25% para quienes dispongan de especializaciones, maestrías o doctorados.

Este beneficio comprende tanto al personal militar que está actualmente en actividad, como también a los retirados y pensionados. El acceso a este reconocimiento no depende de si el beneficiario ocupa o ha ocupado el rol de oficial o suboficial, sino que la condición para percibirlo es haber presentado los títulos académicos correspondientes por parte de cada uno de los integrantes del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

En ese momento, voceros oficiales explicaron a Infobae que la propuesta fue diseñada para responder a una demanda histórica, planteada por las Fuerzas Armadas desde el año 2013, la cual busca igualar las condiciones de los militares respecto a otros organismos de la Administración Pública Nacional y frente a las fuerzas federales de seguridad, en cuyos ámbitos ya se encuentran en vigencia mecanismos similares para el reconocimiento de la formación académica.

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EEUU podría retirar el apoyo a Reino Unido sobre las Islas Malvinas si no aumenta el gasto militar, según The Telegraph

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La posibilidad de que Estados Unidos revise su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas apareció en el centro de una nueva advertencia de Washington a Reino Unido, de acuerdo con un reporte de The Telegraph. La publicación sostuvo que altos funcionarios del Pentágono evalúan esa carta de en medio de una exigencia más amplia para que los aliados de la OTAN eleven su inversión militar.

Según informó The Telegraph en los primeros tramos de su publicación, la discusión forma parte de una revisión sobre el compromiso de los socios atlánticos con las nuevas metas de gasto en defensa. El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.

El planteo adquiere relevancia política y diplomática por el peso del tema Malvinas en la relación entre ArgentinaReino Unido y Estados Unidos. La postura oficial de Washington ha sido de neutralidad respecto de la soberanía, aunque con reconocimiento de la administración británica del archipiélago. En ese marco, cualquier alteración en ese equilibrio sería leída como un cambio sensible dentro de la discusión estratégica del Atlántico Sur.
De acuerdo con el medio británico, un alto funcionario estadounidense dijo que es probable que Reino Unido reciba una atención especial dentro de la revisión que Washington lleva adelante sobre sus aliados en la OTAN. Esa evaluación busca establecer si los países miembros cuentan con vías creíbles para alcanzar las nuevas metas de inversión militar. El mismo funcionario, citado por el medio mencionado, afirmó: “Espero que el Reino Unido reciba una atención especial debido a su gran potencial”.
La nota atribuyó a esa misma fuente otra definición sobre el tono de las conversaciones entre ambos gobiernos. Ante una consulta sobre la posibilidad de un cambio de postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas, el funcionario respondió, siempre según The Telegraph: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”. La frase quedó presentada por el diario como uno de los indicios más directos de que el tema ingresó en el debate interno del Pentágono.
El artículo vinculó esa presión con la estrategia estadounidense de empujar a la alianza hacia una etapa que funcionarios de Washington denominan “OTAN 3.0”. Bajo ese esquema, los países europeos y Canadá deberían asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente. Dentro de esa lógica, el gasto militar se convirtió en una variable central para definir prioridades, compromisos y nivel de apoyo político por parte de la Casa Blanca y del Pentágono.

En ese contexto, la publicación señaló que en Washington consideran insuficiente el plan de inversión en defensa anunciado en junio por el primer ministro Keir Starmer. Según el funcionario citado por el diario británico, la iniciativa británica avanzó en la dirección correcta, aunque sin alcanzar el nivel que reclama la administración republicana. La misma fuente expresó, en declaraciones recogidas por The Telegraph: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

La cobertura agregó que la preocupación estadounidense también se explica por la falta de un compromiso explícito de destinar el 3% del PBI a defensa para 2030. The Telegraph sostuvo que esa ausencia podría generar inquietud en sectores del gobierno británico. El medio europeo citó, además, informaciones publicadas por el Financial Times según las cuales el ministro de Hacienda no asumiría ese objetivo en su presupuesto previsto para el 28 de octubre.

La nota también incorporó declaraciones de Elbridge Colby, principal responsable de política del Pentágono, tras conversaciones con aliados atlánticos en Bruselas. Según reprodujo The Telegraph, Colby afirmó ante periodistas: “Esperamos ver más de países como el Reino Unido”. El funcionario elogió, a la vez, los avances de AlemaniaPoloniaPaíses Bajos y los países escandinavos para cubrir déficits de capacidades militares.

Siempre según ese medio británico, Colby trasladó a los representantes de la OTAN que los países rezagados continuarán bajo presión de Washington para acelerar el aumento del gasto en defensa y reemplazar sistemas de armas suministrados durante años por Estados Unidos. Esa revisión, añadió la publicación, definirá cuántas tropas estadounidenses permanecerán en Europa, en qué lugares y con qué velocidad se ejecutarán eventuales cambios en el despliegue.

En ese marco general, los países de la alianza acordaron destinar 3,5% de su PBI a defensa y otro 1,5% a infraestructura vinculada con seguridad para 2035, según consignó The Telegraph. La decisión responde, de acuerdo con la misma reconstrucción, a la necesidad de cubrir vacíos que dejaría una menor concentración militar estadounidense en Europa ante el giro estratégico hacia el Indo-Pacífico.

Sobre la cuestión de fondo, la publicación recordó que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al territorio como un territorio británico de ultramar soberano. Esa definición fue ratificada por un portavoz de Starmer, de acuerdo con lo señalado por el propio medio.

La secuencia descrita por The Telegraph coloca a las Malvinas dentro de una negociación más amplia sobre compromisos militares, capacidad industrial de defensa y distribución de cargas dentro de la OTAN. Por ahora, el reporte no indicó una decisión formal de Estados Unidos, sino la existencia de discusiones en el Pentágono y advertencias dirigidas a Reino Unido en una revisión que seguirá su curso en los próximos meses.

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El trasfondo de la “justicia social” que quiere aplicar el Gobierno y las nuevas medidas “empáticas”

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Javier Milei no les prohibió a sus ministros y funcionarios el uso de la palabra empatía, pero sí les dejó una interpretación propia para que la tengan muy en cuenta al momento de utilizarla. Se trata de una de las tantas definiciones que ya se suman al decálogo del vocabulario mileísta.

Nos dijo que la empatía la utilizan los populistas con el fin de sostener una política de tono paternalista. Le dio otro significado al término, al que considera funcional para que el Estado le resuelva los problemas a la gente con la plata de los contribuyentes”, indicó a Infobae uno de los asistentes a la reunión de Gabinete realizada en la mañana del lunes en la Casa Rosada.

La distinción no se produce en cualquier contexto. Sucedió luego de semanas en las que Milei fue cuestionado por actores de la oposición, del ámbito económico-social y de la agenda mediática por retacear políticas orientadas a descomprimir la morosidad de las familias o mejorar el salario real. En diferentes actos públicos que encabezó la semana pasada, reafirmó que su administración no impulsará políticas de redistribución.

En las altas esferas de la administración libertaria reconocen que la batería de iniciativas de alivio disponibles para implementar es acotada, dadas las restricciones impuestas por el Presidente. Por eso encontraron una alternativa en la utilización de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar nuevos créditos hipotecarios. No serán más de 20.000, pero representan un punto de partida para dar pie a medidas de similar naturaleza.

En esa presentación, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una declaración que no pasó desapercibida. Dos días después de haber estado en la reunión de Gabinete y escuchar el énfasis de Milei sobre los usos políticos de la “empatía”, dijo en la Sala de Conferencias del Ministerio de Economía que “los créditos hipotecarios son una prioridad porque hacen a la justicia social.

El Presidente dio un discurso dos meses atrás en Madrid, más precisamente en la Universidad CEU San Pablo, en el que parafraseó al economista Thomas Sowell para referirse a ese término. “Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo. Hay una frase hermosa que dice: ‘¿Desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud?’. Porque, en el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia más retórica”.

¿Hubo reproches puertas adentro respecto de los términos utilizados por Caputo? No consta. Al menos, no por ahora. El ministro de Economía integra el exclusivísimo grupo de funcionarios que no deben validar sus declaraciones y que tienen una gravitación propia.

En el riñón del Presidente explican: “Toto quiso decir otra cosa y creo que la pifió, como le puede pasar a cualquiera. Quiso jugar con el concepto de ‘justicia social’, sabiendo que estaba mencionando algo muy simbólico, pero para explicar la verdadera intención de la política que estaban anunciando. Justicia social no hace falta definirla como quieren los peronistas. Puede ser, como dijo Toto, que alguien pueda pagarse su propia casa con su propio sueldo”.

Efectivamente, después de usar ese término, el ministro de Economía completó su frase al señalar que no hay “nada más justo que una persona que tiene trabajo pueda acceder a una vivienda y no deba esperar 30 o 40 años para comprarla”. Como parte de una lectura más pragmática de la gestión, en el Palacio de Hacienda consideran que el Gobierno puede tomar medidas en el plano macroeconómico, pero que es la política la que debe alinear los incentivos de opositores aliados para colaborar con la Casa Rosada y, así, dar mayor previsibilidad a los mercados.

En el marco de esta semana, se conoció que la Secretaría de Trabajo estaría conversando para que las paritarias fijen un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 —equivalente a unos $860.000 de bolsillo—, una pauta que el Gobierno busca instalar tras la aprobación de la reforma laboral, en un escenario de deterioro del poder de compra y de fuerte dispersión entre los convenios colectivos.

El contexto que rodea esa definición muestra una caída del salario real en el empleo privado registrado: en junio de 2026 bajó 0,9% en términos reales, después de una retracción del 2,9% en mayo, de acuerdo con el informe Panorama mensual del trabajo registrado de agosto de 2026, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Aun así, una fuente al tanto de esas conversaciones desmintió que esa medida pueda aplicarse en el corto plazo: “En esos convenios siempre se arreglan sueldos por encima de ese nivel que se difundió ayer. Todos los gremios tienen un piso más alto. Lo que queremos es que haya una negociación entre las partes. El Gobierno no está incentivando nada. La orden de la ministra Sandra Pettovello es que se pongan de acuerdo las partes y después se homologue el convenio. Antes venían esperando que el Estado les resolviera ese tema”.

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