El Gobierno mantiene cerrado bajo siete llaves el texto corregido de la reforma laboral y su contenido será el eje de la nueva reunión de la mesa política libertaria que preside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el lunes próximo, donde se evaluarán los apoyos de los gobernadores al proyecto oficial en el Congreso a la luz de la postergación de la baja de impuestos.

¿Ya estarán enterados los sindicalistas de los cambios previstos en la reforma laboral? “No sabemos nada porque seguimos conversando y nadie da cerradas las negociaciones”, dijo a Infobae un jefe de la CGT.

Un indicio claro acerca de la reacción sindical se producirá este viernes, a partir de las 11, cuando se reúna el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802: se analizarán las tratativas sobre el proyecto y también surgirá un debate acerca de las medidas de fuerza que se adoptarán para expresar el rechazo a la iniciativa que promueve Javier Milei.

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) anticipó que se evaluará una escalada del conflicto con el Gobierno que podría incluir movilizaciones y un paro general. “No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está”, afirmó, tras lo cual aseguró que se analizan todas las herramientas legales, políticas y sindicales para impedir que rija la reforma laboral.

Hasta no tener certeza de cómo quedó el proyecto y cómo se modificará en el recinto, el sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario, no quiere saber nada con un paro general y, en cambio, aceptará una movilización de protesta el miércoles 11 ante el Congreso, cuando los senadores comiencen a discutir la reforma laboral.

Sin embargo, como anticipó Infobae, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) plantearán hacer el miércoles un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes a la concentración.

De una postura más dura que la CATT, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y sus aliados propondrán un plan de lucha con paros y movilizaciones hasta lograr que fracase la sanción de la reforma laboral.

En realidad, es lo que ya comenzó este jueves con una marcha en la ciudad de Córdoba el nuevo frente sindical creado la semana pasada, sin el aval de la CGT, para frenar el proyecto oficial. Ese flamante polo ultraopositor está integrado por la UOM, la Federación de Aceiteros, ATE, el sindicato de pilotos y las dos CTA, entre otros, y el martes próximo prevé otra movilización en Rosario y luego otras medidas de fuerza contra el Gobierno.

En el Gobierno están al tanto de que podría decidirse una movilización de la CGT contra la reforma laboral y están dispuestos a aceptar esa protesta, pero están atentos para que no se haga ningún paro general que afecte la actividad y complique a los que quieren trabajar.

En cuanto a los cambios en la reforma laboral, hay dirigentes de la CGT que mantienen un cauto optimismo, pese a las versiones que indicarían que sus reclamos no fueron satisfechos en un 100% por el Gobierno.

Las tratativas de la CGT se mantienen con el ala política del Gobierno (Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli), más Patricia Bullrich, en una versión moderada de la actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en total sintonía con Karina Milei.

Más allá de las cuotas solidarias y los fondos para las obras sociales, los sindicalistas aseguraron a Infobae que aún negocian con el Gobierno los artículos que limitan la ultraactividad de los convenios (buscan que no se caigan al vencimiento, sino que haya un período para renegociarlos) y el que fija la prelación de los convenios por empresa (quieren que no rompan el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

En la Casa Rosada, por su parte, admitieron que hay buena predisposición a ceder ante algunos reclamos “razonables” que hace la CGT: “Se mantiene la voluntad de alcanzar el mayor nivel de paz social posible y que la protesta quede reducida a los sectores ultra de la izquierda”, señalaron desde el oficialismo.

Pero, a la vez, resaltaron que Milei bajó la orden de no aflojar en los puntos centrales de la reforma laboral, aunque todos saben que eso puede significar el riesgo de que el proyecto se trabe en las cámaras legislativas.

Luego del traspié de su gira por el interior para hablar con los gobernadores, la CGT presiona para que se emita un nuevo dictamen en el Senado que contemple las modificaciones pedidas: cree, con razón, que una vez que el proyecto se debata en el recinto ya no habrá garantías de que los cambios sean los pactados.

Hasta ahora, esa alternativa sigue siendo descartada por La Libertad Avanza, que busca introducir los cambios a la reforma laboral durante la sesión en el Senado.

¿Habrá final feliz para el proyecto al que tanto apuesta el Gobierno para generar empleo? Por ahora, hay una guerra de versiones que anticipan posibles conflictos.

La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.

“Necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente el capítulo quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, confesó a Infobae un actor involucrado en la compleja tarea de tener que receptar reclamos para canjear por votos con ofrecimientos minúsculos.

Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.

La caída de la reunión de gobernadores agendada para el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyas gestiones fueron atribuidas sus gestiones al ministro del Interior, esperanzó al Gobierno que también se mostró motivado luego de que el cordobés Martín Llaryora cancelara el intercambio con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) por “problemas de agenda”.

Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.

“No hay ninguna chance de compensación, tampoco de coparticipar el Impuesto al Cheque como piden. Si es que aprobamos la ley, pasarán 6 meses y cuando noten el impacto los vamos a llamar para decirles ‘te lo dije’”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial. Más de un representante del Ejecutivo repite como mantra que la caída del 0,5% en la recaudación de la Nación y del 0,15% en las provincias tras la reducción de Ganancias estará saldada por el aumento de la actividad que generará un incremento en los puestos de trabajo formales.

El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.

La postura de ceder el apartado tributario tiene su antecedente en diciembre, cuando el oficialismo excluyó el capítulo XI del Presupuesto 2026. Sin embargo, predomina la idea de insistir con las medidas marginadas durante las sesiones ordinarias. Otro punto que oficia de parteaguas entre los integrantes de la mesa política.

Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.

Según supo este medio de una fuente involucrada en el debate, el equipo político estudia la chance de eliminar la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que buscaba habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales. La decisión fue fuertemente resistida por las entidades bancarias que pregonan la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU) y en Balcarce 50 analizan si mantenerlo o no en el articulado.

Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.

En el mientras tanto, el equipo negociador ajusta la estrategia, aunque con limitados recursos, que le permita al oficialismo sumarse un nuevo triunfo legislativo. “Es un problema conceptual: no hay nadie que junte votos por el hecho de juntar votos. Lo que importa es el espíritud de la ley y eso no va a cambiar”, prometieron desde el corazón del círculo violeta.