En la antesala a la presentación del proyecto de reforma laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación.

La medida responde al rechazo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, admitió que los cambios que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo son “pro mercado”, y que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el gremialista en su mensaje en X.

“Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”, sostuvo Aguiar.

El dirigente remarcó también que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el período con mayor creación de empleo registrado en Argentina se produjo entre 2002 y 2011/12, cuando estaba vigente la doble indemnización.

En la convocatoria oficial a la huelga, el gremio advirtió que sobre el contexto de “fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleo, subempleo y multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas)”, y que pese a esos retrocesos el Gobierno “avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

El texto señala como reivindicaciones los siguientes puntos:

• Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

• Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

• No al desguace del Estado.

• Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

• Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

• Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

• Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El pliego lleva las firmas del propio Aguiar, junto con los directivos de ATE Eduardo Gustavo Cuentres, secretario gremial, Mirta Inés Matheos, secretaría Administrativa, Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta.

En noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática,

Dentro de los organismos públicos señalados para una eventual reducción de personal, aparecen la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.

El 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión virtual con los gremios estatales, aunque la misma finalizó sin ofrecer ninguna mejora salarial concreta.

El sindicato ATE es uno de los pocos gremios que, por el momento, definió medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada. La CGT expresó abiertamente su rechazo a algunos de los detalles que trascendieron del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores empresarios, entre ellos, la flexibilización de condiciones de trabajo como el régimen indemnizatorio, las vacaciones, la extensión de la jornada laboral a partir de un banco de horas, entre otros puntos.

A un mes y 9 días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, los miembros del equipo que rodean a Javier Milei celebran la intervención directa del Presidente que designó a cuatro interlocutores formales para sumar apoyos legislativos y cierran filas detrás del equipo negociador para la sanción del paquete de reformas de segunda generación. “Estamos ordenadísimos, pura disciplina militar. Desde octubre en adelante parecemos soviéticos”, ironizó un importante funcionario ante Infobae que, en la previa a los comicios de medio término, no ocultaba su preocupación por la multiplicidad de voces del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la plana fija que se reúne de manera semanal en Casa Rosada celebra que el mandatario haya designado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, al frente de la conversación con los gobernadores; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la tarea de tender puentes con el Poder Legislativo. “Lo central es que nos ordenamos en las tareas y competencias de cada uno”, celebró un miembro de la mesa chica del libertario.

“Si acá hay desorden, también se desordena todo en el Congreso. Ahora todo va recto, lineal, porque aprendimos”, sintetizaron a este medio por los pasillos de Balcarce 50, y agregaron: “El desorden nos llevó a una situación de un año parlamentario complejo, lo que dio lugar a la incertidumbre”.

La incomodidad interna llegó a oídos del mandatario de boca de los propios y con el resultado electoral puesto, el libertario tomó nota e instrumentó: corrió funcionarios, ascendió a otros y conformó una mesa para acotar los debates.

En la previa al inicio de sesiones extraordinarias previsto para el miércoles 10 de diciembre, los emisarios de la administración libertaria trabajan en la sumatoria de voluntades para mejorar la magra performance legislativa que dejó este 2025. Con el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación como objetivo, con particular importancia en la laboral, los 9 ministros y las dos secretarias con rango ministerial trabajan bajo la premisa de “ordenarse y ordenarse”, o por lo menos de eso se jactan.

“La sociedad nos dio en octubre un plus para que hagamos cosas. Si respondemos con nuevo desorden seríamos unos estúpidos”, sentenció un referente del ecosistema violeta comprometido con cumplir con las metas pensadas para el segundo tramo del gobierno rumbo al desafío por la reelección de 2027. El ejemplo que dan en las filas libertarias es el de la Ley Bases sancionada el 27 de junio de 2024: “Hubo diálogo y salió. Hay que repetir las fórmulas que funcionan”.

La necesidad de anotarse triunfos en materia legislativa es tal que Martín Menem y Patricia Bullrich concentran su atención en tender puentes, desde hace semanas, con los bloques aliados, lo que funciona en paralelo a la ronda de reuniones con gobernadores que protagoniza el tándem Adorni – Santilli. Incluso, la exministra de Seguridad retomó el diálogo frustrado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que rompiera relaciones con el mandatario. “Hasta Villarruel está ordenada”, destacó un tercero al tanto de las conversaciones.

A la espera de la oficialización de la prórroga en el recinto, que continuará durante el verano, el Poder Ejecutivo se prepara para impulsar -a través de sus representantes- la pelea por la composición de las comisiones. El desembarco de Bullrich, de las referentes con mayor cintura política del espacio, en el Senado no es casual. Tampoco la elección de su figura para postularla como presidenta de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores con la única misión de dar tratamiento a Reforma Laboral.

Es amparados en la receta de “nuevo orden” y unidad que los miembros del Gabinete cierran filas y pelean de conjunto -al menos por ahora- para cumplir con los deseos del jefe de Estado. Los representantes designados tienen un espacio de síntesis colectiva que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que cuenta además con la participación del asesor presidencial, Santiago Caputo, en una suerte de cierre temporal de la grieta. “La multiplicidad de interlocución desordena. Ahora, desde hace un mes, si hay un cruce, se avisa”, confesó ante este medio una fuente legislativa.

Con la necesidad de cerrar el año con algunas victorias, en las filas libertarias acusan tener garantías suficientes para la sanción del Presupuesto 2026, pero admiten que necesitan intensificar esfuerzos para aprobar la “modernización” laboral, las modificaciones tributarias y los cambios que diseñan para el Código Penal. Por eso, insisten en mantener la estructura diseñada. Como dicta el tradicional juego infantil Antón Pirulero: “Cada cual atiende su juego”. El tiempo dirá cuánto durará.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, al mismo tiempo que busca iniciar las gestiones administrativas para comenzar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas) y la reforma del Código Penal.

La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno que convocó a múltiples sectores para el debate de varias reformas mencionadas en el Pacto de Mayo- realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo afirma que todos los borradores y anteproyectos no son oficiales.

La letra chica del Presupuesto 2026 dependerá exclusivamente de lo que determinen Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Es decir, cuánto están dispuestos a sacrificar del superávit fiscal como para redistribuir entre los aliados pueden aportar los votos, entre ellos los gobernadores.

El Gobierno ya se reunió con 18 de los 20 mandatarios provinciales que habían sido invitados días después de las elecciones a la Casa Rosada. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, anotaron los pedidos de cada uno de ellos, pero no se los convalidarán a todos por igual.

Priorizarán a quienes fueron aliados electorales o aportaron masa legislativa para La Libertad Avanza, a quienes “hayan cumplido los deberes en materia fiscal en sus distritos” y los que tengan una masa de legisladores propios que se haga imprescindible darles gestos por arriba de la media. En este último copón están gobernadores como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La Casa Rosada cree que este año debe darse una aprobación presupuestaria. No como los dos años anteriores, que utilizaron las prórrogas del proyecto de 2023 para pisar gastos a los fines de cumplimentar el objetivo de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es algo que pide la oposición (dialoguista e intransigente) como los agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es por esto que dada la importancia que revisten estas iniciativas para el Presidente, el oficialismo tiene previsto convocar a los jefes de bloque en Diputados y Senado. Esa invitación se podría extender a los gobernadores.

El Presupuesto vendrá con dos iniciativas complementarias: una es la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno busca aprobar para incentivar a que los ahorristas ingresen a la formalidad los “dólares del colchón”. Además, buscarán implementar una iniciativa “de regla fiscal” para que no se pueda aprobar un incremento presupuestario si no se informa cómo se puede financiar.

Pese a que el Gobierno quería mantenerlo lo más guardado posible, resultó inevitable que salieran versiones muy aproximadas a la reforma laboral que se revelará el martes que viene. Se prevé dos grandes grupos de reformas en materia laboral. El primero incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con énfasis en la eliminación de las denominadas “zonas grises” que inciden en los montos pagados por indemnizaciones.

Se introducirán cambios en los requisitos para demostrar la existencia de un “daño” al empleado, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces eleven los montos que deben afrontar las empresas en caso de despido. Los equipos encargados del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.

También se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de los convenios vencidos, y se plantea incorporar la “prelación”, para que un acuerdo laboral de alcance menor (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que abarque toda la actividad.

La propuesta libertaria para las modificaciones penales estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

La letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. A su vez, si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. En función de eso, la Casa Rosada estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento.

La modificación penal no tendrá un tratamiento prioritario si se la compara con la reforma tributaria. Esta podría incluir la creación de un “Súper IVA” para que sean las provincias quienes comiencen a recaudar una parte de estas, pero debiendo competir con otros distritos para atraer inversiones.

Esto mismo se pretende con la modificación de la Ley de Glaciares para que sea cada provincia la que defina a partir de cuántos kilómetros de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esa reforma se le prevé incluir cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras para limitar la compra de inversores extranjeros.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias se producirá en la segunda quincena de enero y pretende llegar hasta finales de febrero, unos días antes de que se produzca la Apertura de Sesiones.