Han pasado cerca de 30 años desde que se corrió un Gran Premio de la Fórmula 1 en Argentina. Fue en 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez vio ganar al piloto de Ferrari, Michael Schumacher. Desde entonces, Buenos Aires quedó afuera del calendario que la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, dispone para organizar el campeonato más popular de ese deporte. Eso podría cambiar en los próximos años.

A partir del próximo 31 de agosto, la Ciudad recibirá el Congreso Americano FIA 2026, que se extenderá al miércoles 3 de septiembre y podría ser el gesto definitivo que marque el regreso de Argentina como sede del calendario de la Fórmula 1. Este evento regional volverá a hacerse en el país después de 15 años y tendrá como institución anfitriona al Automóvil Club Argentino (ACA), que actúa como representante oficial de la FIA, que ya confirmó la asistencia de su presidente, Mohammed ben Sulayem.

La novedad que Infobae pudo confirmar en las últimas horas es que quien irá a la inauguración del congreso será el presidente Javier Milei. “Está confirmado”, indicó una fuente inobjetable que trabaja en la organización de esa apertura, que lo tendrá como encabezando con un discurso ese lunes a las 11 de la mañana luego de las disertaciones de ben Sulayem y el titular del ACA, César Carman.

También está prevista la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

La política detrás de la vuelta de la F1 a Argentina

Infobae pudo saber de fuentes gubernamentales que los dos primeros fueron quienes encabezaron las gestiones políticas de los últimos meses para tratar de propiciar una consideración de la FIA sobre la Argentina. En esa misma línea también está el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que también participará del evento para dar detalles de los avances que se están haciendo sobre las obras del Autódromo de Buenos Aires, que estarían terminadas en febrero para dejar la pista lista para recibir tanto al MotoGP como a la Fórmula 1.

Hace tiempo que se viene especulando con la idea de que Argentina vuelva a tener un Gran Premio. No solo por la historia que el país tiene en la Fórmula 1 con destacados pilotos como Juan Manuel Fangio (ganador de cinco campeonatos del mundo), José Froilán González y Carlos Reutemann; sino por la presencia de Franco Colapinto como piloto de la parrilla desde hace dos años, primero como conductor de la escudería Williams y ahora con Alpine.

Durante su participación en un evento de la Federación Internacional de Turismo (FIT) en septiembre de 2024, Scioli anunció que había conversado con Milei para traer a la Fórmula 1 a Argentina. “Yo me voy a ocupar porque lo hablé con el Presidente”, afirmó.

Al ser consultado por senadores en el marco del Informe de Gestión N°141 del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reveló que se había desarrollado un encuentro con Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Torben Olsen, jefe de Desarrollo de Carreras, y el presidente del Automóvil Club Argentino, César Cárman, para manifestar el interés y, también analizar la posibilidad de que la máxima categoría del automovilismo mundial vuelva a la Argentina.

“A partir de esa reunión se explora la posibilidad de que en el 2027, Argentina pueda incorporarse al circuito mundial, desarrollándose la carrera en el autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos efectos, se están enviando los lineamientos correspondientes para comenzar a articular avances en dicho cometido”, respondió el Gobierno.

El Gobierno de la Ciudad confirmó a Infobae que en febrero ya estarán terminadas las obras de renovación y adecuación del Gálvez, el cual precisó recontruir su traza y su infraestructura para poder estar en línea con los requerimientos de las organizaciones que llevan la F1 y el MotoGP.

La mesa de entrada de la Cámara de Diputados se va llenando de proyectos de distintos legisladores de la oposición que apuntan a resolver un tema que hoy se volvió central en la discusión política y en la cotidianeidad de los ciudadanos: el endeudamiento de las familias.

Mientras el Gobierno nacional intenta, a través de todos sus voceros —sean legisladores, ministros o el propio Presidente—, establecer que es un problema entre privados en el que no se va a inmiscuir, los legisladores de la oposición acumulan casi 30 proyectos con diferentes soluciones a la mora y al papel que debe tener el Estado nacional en esa resolución.

Las propuestas incluyen planes de refinanciación, topes al peso de las cuotas sobre los ingresos, regulaciones al crédito y mecanismos especiales para consumidores que ya no pueden cumplir con sus obligaciones. La acumulación de proyectos plantea un desafío para la oposición y un problema para el oficialismo y sus socios parlamentarios.

Para los primeros, esa cantidad de iniciativas genera una fragmentación de los votos que dificulta avanzar. “Obviamente que cada uno entiende que el propio es mejor y es difícil encontrar puntos en común para avanzar con uno solo si hay buena cantidad de proyectos y varios de ellos nacen del mismo bloque”, explicó el autor de uno de los ya presentados.

Para La Libertad Avanza el conflicto es que esa cantidad demuestra que el tema está instalado y que existe el riesgo real de un acuerdo parlamentario para avanzar. “Si eso sucede, se veta”, reflexionó un libertario con cierta frialdad. En el caso de los socios el impacto podría ser más de carácter político: con seis millones de personas endeudadas y la mitad en modo incobrable, será difícil diferenciarse del discurso oficial.

La idea de avanzar en una especie de “emergencia crediticia” genera más que resquemor en el oficialismo, que en medio de todo esto busca que los bancos sean quienes lo resuelvan.

La oposición, en cambio, quiere avanzar, y los proyectos —del peronismo, de la izquierda y de sectores de Provincias Unidas y lo que era Innovación Federal— se van acumulando en busca del número que les permita hacerlo.

En ese contexto comenzaron las conversaciones, porque sin el apoyo del bloque del radicalismo y del PRO la oposición sabe que debe recorrer el camino “largo” para llegar al principio del debate.

“Hay que conseguir el número para poder ir al recinto y a partir de ahí emplazar a las comisiones para tratar el tema porque los libertarios no las abren para esto. Después necesitamos acordar para bajar la cantidad de proyectos y dictaminar. Y ahí, nuevamente, conseguir el número para ir al recinto”, explicó un diputado opositor. “Y necesitamos un número importante para que los socios de LLA no tengan opción y se sumen”, agregó.

Los números hoy no están, pero todos hacen cuentas. Las reuniones se multiplican en los pasillos del Palacio Legislativo y en las comisiones, donde se puede ver cómo los legisladores de los diferentes bloques conversan sobre el tema.

Marchas

El jueves pasado se realizó una movilización al Ministerio de Economía de la Nación. La CGT, la UTEP y las dos CTA marcharon a la sede de la cartera para visibilizar una crisis de morosidad. Jorge Sola, secretario general de la CGT, estuvo presente y habló con los canales de televisión: “Marchamos al Ministerio de Economía a mostrar esta pandemia de endeudamientos que está atravesando a la ciudadanía argentina. Efectivamente, no es un asunto entre privados, es una responsabilidad de la política económica del Gobierno. El endeudamiento lo produce el proyecto político del gobierno, efectivamente tienen la responsabilidad”, remarcó. La discusión respecto del rol del Gobierno se enmarca en la desregulación de las tasas que pueden cobrar las entidades financieras, y también en el impacto del DNU 70/2024, que, entre otras cosas, permite que no haya piso ni techo.

A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial, que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada e incluso tendría un posible nombre -que podría generar algún comentario pícaro por sus siglas, si se llega a confirmar-, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.

Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.

“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.

Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.

“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso. Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.

Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.

En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.

La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.

Dentro de este proceso, de todas formas, hay un capítulo que el Gobierno maneja con cautela: los juzgados con competencia electoral en cada lugar del país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay presidenciales.

Estos despachos intervienen en cuestiones sensibles para la construcción territorial de poder, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.

Por otra parte, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, una iniciativa que quedó trunca por diferencias de criterios entre los propios miembros del oficialismo.

Aunque en la mesa política aseguran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, todavía no hay un consenso respecto del texto que finalmente se presentará.

El proyecto original se presentó a finales del 2025 y fue elaborado por un equipo de especialistas en la materia encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre.

El grupo estuvo compuesto por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Los expertos entregaron un primer borrador que consistía en un Código completamente renovado -el que está vigente data de 1921- y que contenía un total de 912 artículos.

Este prototipo había sido autorizado por el entonces ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, pero fue congelado cuando llegó su sucesor, Mahiques, que decidió revisarlo antes de mandarlo al Congreso.

Tan solo unos días después, el funcionario fue a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente y sugerirle postergar el proyecto para trabajar en otro “que contenga más el espíritu libertario”.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“ y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Sin embargo, cuando el proyecto reducido llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no pasó el filtro de María Ibarzábal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se inclina por la modificación total.

A partir de ese momento, entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría circularon varios borradores que fueron revisados y rechazados hasta que se llegó a una última versión que, si bien no es un Código entero, sí es más amplio que el paquete de leyes que pretendía presentar Mahiques.

Se trata de una iniciativa que incluye unos 300 artículos y que ya contaría con consenso por parte de los dos sectores en pugna, aunque cerca del consultor político remarcan que podrían continuar presionando hasta llegar a los 500.

En el oficialismo algunos sospechan que una maniobra similar podría repetirse con la reforma judicial, aunque otras fuentes afirman que esta vez el contenido ya fue acordado y no debería bloquearse.