“La baja en la tasa de homicidios es un hecho. Se trata, efectivamente, de un logro histórico que no puede explicarse sin el trabajo sostenido que realiza la Provincia de Buenos Aires”, afirmó este jueves el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, un día después de que su par de Nación, Patricia Bullrich, celebrara que el país logró la tasa de homicidios más baja de Sudamérica.

El miércoles, Bullrich destacó en conferencia de prensa “la baja de homicidios en el año 2024, la más baja que se registra desde que tenemos estadísticas, una tasa de 3,8, la mejor de América Latina, la más baja”. Y agregó: “Estamos orgullosos de poder decirles a los argentinos y al mundo que Argentina está bajando homicidios, que está bajando los delitos sexuales, la trata y los homicidios contra mujeres y niños”.

De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Seguridad de Nación, en 2024 se registraron 1.803 víctimas de homicidios dolosos en todo el país, una baja de 12,7% respecto de 2023 para un total de 3,8 muertes por cada 100.000 habitantes, con 244 víctimas menos que el año anterior.

De esa tasa nacional de 3,8 muertes por cada 100.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires está por encima de la media, con 4,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Respecto de 2023, y también de acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la provincia la tasa de homicidios bajó de 4,6 a 4,5: de las 829 muertes de 2023 (según uno de los informes), en 2024 hubo nueve víctimas menos (consigna otro de los informes).

Y con esos datos, Alonso escribió este jueves: “Somos el territorio más extenso, más densamente poblado y más complejo del país. Enfrentamos a diario el crecimiento de la violencia lesiva, muchas veces vinculada a problemas estructurales como el aumento de la desigualdad. Esta situación se agrava con una problemática profunda: el narcotráfico, cuyo circuito comienza a miles de kilómetros, en otros países, y atraviesa numerosas provincias hasta llegar al Conurbano”.

De acuerdo con Alonso, “abordar esta realidad exige una política seria: presencia territorial, inteligencia criminal, logística, capacitación y tecnología. Todo esto lo viene desarrollando la Provincia con una inversión constante, incluso después de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que el Gobierno Nacional aún no restituyó”. Y a propósito: “Insistimos, como lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo: señor presidente Javier Milei, ese fondo es para la seguridad del pueblo bonaerense. Es para fortalecer las condiciones de trabajo y los salarios de quienes todos los días cuidan a nuestra gente. Devuelvaló (sic)”.

A la cabeza de la estadística nacional está la provincia de Santa Fe, con 4,9 muertes por cada 100.000 habitantes, aunque el año pasado registró 220 muertes menos que en 2023, cuando tuvo 11,0 muertes por cada 100.000 habitantes. Chaco y Jujuy registraron 4,6 muertes (el mismo número que había tenido la provincia de Buenos Aires en 2023), y luego sí figuran Buenos Aires y Río Negro, con 4,5. Después, Neuquén, con 4,3, y Chubut, con 4,2.

Estos resultados, escribió hoy Alonso, “son fruto de la determinación política del gobernador Axel Kicillof y de una política de inteligencia criminal coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional, como corresponde. Los datos están a la vista. En la provincia de Buenos Aires nos encontramos por debajo del promedio nacional informado por la ministra Patricia Bullrich: en los primeros cuatro meses de 2025, los homicidios bajaron un 10,2% respecto al mismo período del año anterior (315 en 2024, 283 en 2025). Y si ampliamos la mirada: en ese mismo período, los delitos prevenibles en general (homicidios dolosos, asaltos, robos, hurtos, robo automotor, cuatrerismo y piratería del asfalto) bajaron un 19,21% en la Provincia. Esto no es relato. Es trabajo”.

El descenso de la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires ya había ocupado un lugar en la agenda informativa este mismo año, cuando una seguidilla de crímenes en el Conurbano bonaerense fue definido por sectores del oficialismo nacional como un “baño de sangre”, en el marco de un año de campaña electoral. En medio de esas declaraciones cruzadas entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y la provincia, Alonso, había argumentado: “Nosotros tenemos un trabajo serio que venimos haciendo con todas las jurisdicciones. La ministra de Seguridad de la Nación publicó las estadísticas nacionales que señalan que Argentina es el país más seguro de Sudamérica, y eso es imposible sin un aporte valioso de la provincia de Buenos Aires, porque reunimos el 40% de la población. En ese sentido, en el 2004 en la provincia había 2.700 homicidios, en el 2014 unos 1.700, y el año pasado tuvimos 810, el segundo año con menos homicidios en los últimos 25”. Y añadió: “Por supuesto que cada uno de esos 810 homicidios nos duele muchísimo. Es un compromiso que tenemos con las familias de las víctimas, y redobla el esfuerzo para seguir bajando los homicidios”.

Tal como dio cuenta la agencia DIB, en medio del renovado debate sobre la inseguridad en la provincia, en abril se conocieron las cifras oficiales del Ministerio Público bonaerense. En ese informe se dio cuenta de 4,76 muertes por cada 100.000 habitantes el año pasado, 848 personas fallecidas en 814 hechos; está claro, las cifras varían cuando se comparan distintos informes. “En el año 2024 respecto del año anterior se registró una disminución de -8 ‘homicidios dolosos consumados’, lo que en términos porcentuales se traducen en un -1,0%”, según el “Informe de Relevamiento de las Investigaciones Penales Preparatorias por Homicidios Dolosos” del Ministerio Público. (DIB) GML

El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), afirmó este jueves que la central sindical “va a recurrir a la Justicia” para impugnar la decisión del Gobierno de limitar por decreto “el derecho de huelga” en actividades que desde ayer son consideradas “esenciales”.

Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), sostuvo que el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial “es una limitación total al Derecho de Huelga que está en la Constitución nacional y en normativas internacionales”, y aseveró que “es revivir el DNU 70/23”, que está paralizado por una cautelar judicial.

“Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia, estamos preparando la impugnación para presentar”, adelantó el dirigente estatal, y señaló que “el derecho de huelga es un elemento que tienen los trabajadores cuando no hay diálogo, como está pasando ahora. Es un elemento constitucional y hace a las normas institucionales”, enfatizó.

El gremialista aseguró que desde el Gobierno “están intentando generar un clima adverso y que confunde”, y destacó que “el Derecho de Huelga no se puede vulnerar porque sí, y es lo que está pasando ahora”.

Asimismo, aseguró que desde la CGT se viene reclamando “la necesidad de una mesa de diálogo y no pasa”, porque “nadie” los convocó “a dialogar” y recordó que la central obrera acaba de “terminar un plan de lucha por la pérdida de nivel de ingreso donde se obliga a aumentar salarios por debajo de la inflación y que culminó con un paro nacional”.

Rodríguez anticipó en declaraciones a Radio Rivadavia que, ante la publicación de un nuevo decreto, van a “repetir la acción en la Justicia como con el Decreto 70/23” que fue impugnado por la CGT y obtuvo una medida judicial favorable que paralizó los ítems de esa medida que afectaban las relaciones laborales.

El DNU 340/2025 publicado este miércoles por el Poder Ejecutivo, limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales que a partir de ahora deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

De igual modo quedaron incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros. (DIB)

En medio de las tensiones dentro del peronismo bonaerense entre el kirchnerismo y el kicillofismo y las diversas posturas de la oposición, la vicegobernadora, Verónica Magario, suspendió la sesión especial a la que había convocado en el Senado para este jueves, para tratar los proyectos de reelección indefinida de intendentes y legisladores.

La suspensión se dio en la previa de la jornada que iba a debatir el proyecto del kirchnerista Luis Vivona que habilita a legisladores, concejales y consejeros escolares a poder presentarse a esos cargos electivos cuantas veces deseen. Sin embargo, desde el sector que responde al gobernador Axel Kicillof, presentaron otra iniciativa para favorecer la re-re de los intendentes, que quedaban fuera de los alcances del otro proyecto.

Este nuevo cortocircuito dentro del peronismo hacía peligrar el quórum, por lo que Magario decidió suspender la sesión y por ahora no habrá debate de los proyectos que, en principio, tienen a parte del oficialismo de acuerdo en la cuestión de fondo aunque no en los tiempos.

El proyecto del legislador de Vivona busca modificar el artículo 13 bis de la Ley electoral 5109, que limita las reelecciones indefinidas para diputados y senadores, además de concejales y consejeros escolares. El texto vigente establece que los legisladores bonaerenses solo pueden ocupar la banca por dos períodos consecutivos, hayan sido completos o no. Así, para volver a presentarse, deben respetar un intervalo de un período.

Sin embargo, como los jefes comunales quedaban fuera, la senadora Ayelén Durán, del riñón del gobernador, presentó un proyecto que los incluía, en sintonía con lo que viene planteando desde hace tiempo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que considera que “la limitación de mandatos es proscriptiva”.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley, aunque en otra de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios 19 legisladores de UxP, PRO, UCR, LLA (exPRO) que este año no podrían presentarse para un nuevo mandato, mientras que para unos 80 intendentes de todas las fuerzas (de 135), el tope opera en 2027.

Más allá que en el cristinismo apoyan el cambio para legisladores pero tienen reparos con los intendentes, otro actor clave dentro de la interna peronista es el Frente Renovador, ya que en 2016 Sergio Massa apoyó el proyecto que estableció la restricción orinal, que fue impulsado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Y desde entonces mantuvo una postura inflexible en cuanto a no dar marcha atrás. Y esa fuerza posee 10 diputados y una senadora, necesarios para que el oficialismo pueda aprobar el proyecto.  (DIB)