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Política Nacional

Se sumó otra denuncia contra Milei por la promoción de $Libra

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El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Agustín Rombolá presentó su denuncia contra el presidente Javier Milei, luego de haber promocionado la moneda $Libra, la cual generó pérdidas millonarias.

Es la segunda de este tipo en pocas horas, ya que se suma a la realizada por un grupo de dirigentes que acusó al mandatario de asociación ilícita y fraude.

Rombolá afirmó que denunciará a Milei por “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”.

“Se acabó la joda. Nos vemos en Tribunales”, indicó.

Agregó, además, que dentro del espacio radical están confeccionando una “acción de clase” para “defender los ahorros de la gente”.

Durante la mañana, el dirigente radical había adelantado la presentación de la denuncia penal contra el Jefe de Estado.

“Vamos a presentar una denuncia penal contra el Presidente. El dueño de la criptomoneda se reunió seis veces con Karina Milei y dos veces con el Presidente”, sostuvo en delcaraciones al programa “Agenda990” de Radio Splendid AM990.

También aseguró que “ya es la tercera vez que Milei publicita una criptomenda”, pero la primera que lo hace desde que llegó a la Rosada.

“Solamente el tweet de Milei es un negocio. Si no hubiese existido, la cripto se hubiera quedado casi en 0″, enfatizó.

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Malvinas: el Gobierno anunció que priorizará el desarrollo de la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027

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El Gobierno sigue con los avances en la construcción de la Base Naval Integrada que estará en Ushuaia y anunció que se priorizarán los fondos en el Presupuesto 2027 a fin de comenzar a desarrollar el proyecto. El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que avanzará con la iniciativa en medio de la tensión por la soberanía de las Islas Malvinas.

En un nuevo comunicado de la Oficina del Presidente, se anunció que denunciará a cinco empresas que buscan extraer petróleo en el archipiélago disputado entre la Argentina y el Reino Unido. En esa línea, informaron de una instrucción para el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que en la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional para el año que viene se tenga como prioridad los fondos para iniciar con el proyecto.

“El Presidente de la Nación firmó en el día de la fecha una instrucción presidencial dirigida al señor Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, a fin de que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Honorable Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”, señaló el comunicado.

Y añadieron: “Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”.

Así, instrucción presupuestaria firmada por Milei coloca a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el centro de la estrategia de defensa del Gobierno. Concebido hace más de una década, el complejo tiene dos objetivos estratégicos que están estrechamente relacionados: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y transformar a Ushuaia en una gran plataforma logística para proyectarse hacia la Antártida.

Ese segundo objetivo adquirió una importancia especial en la definición que hizo el Presidente durante su mensaje por cadena nacional. Milei planteó que el mundo atraviesa una acelerada reconfiguración geopolítica, advirtió que las grandes potencias competirán cada vez más por recursos estratégicos y sostuvo que “la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia”. Inmediatamente después, vinculó esa perspectiva con la necesidad de aumentar la capacidad de proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

El Gobierno denuncia penalmente a cinco empresas por operar en Malvinas sin autorización nacional

La acción judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las firmas involucradas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd.Navitas Petroleum Atlantic UnitedNavitas Petroleum LPJHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el texto oficial, tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en la zona, lo que, para la administración nacional, constituiría una violación de la normativa argentina vigente.

La acusación alcanza también a las personas físicas vinculadas a esas sociedades. El comunicado oficial precisó que la presentación incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación. La Ley 26.659 es el instrumento jurídico central: esa norma establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales competentes.

La denuncia penal se enmarca en una medida más amplia que el Gobierno había anunciado días antes. El viernes previo, la Cancillería informó que abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.

Esa decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones consideradas ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. La administración libertaria indicó que el procedimiento no se limitará a las empresas con actividad directa en la zona, sino que también alcanzará a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.

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El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

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El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El supervisor especializado

Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

Crearon un comité interministerial y una mesa federal

Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad NacionalCapital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.

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Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

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El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.

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