La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.

Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.

“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.

“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.

“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.

Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.

Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.

Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.

“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.

La preparación de las audiencias

La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.

El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.

La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.

La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.

La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.

La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.

La expectativa por el fallo

Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.

“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.

Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.

Un funcionario de Cancillería, ante la consulta de este medio, apuntó a un efecto político concreto de un eventual fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, indicó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a las autoridades de los bloques dialoguistas para intentar acordar un cronograma que le permita avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de la conversación, se coló la denominada Ley de Soberanía Nacional y los pedidos de cambios de los diferentes bloques.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que más incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Hasta ahora son muy pocos los cambios que fue aceptando el oficialismo, que se mantiene poco permeable a modificaciones. En el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”. Esto aplica también al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

Sin embargo, el cambio de nombre no modifica la composición. Sigue estando en cabeza del presidente de la Nación y lo conforman los ministros y la SIDE, todos a tiro de decreto de ser removidos por el jefe de Estado.

En lo que respecta a la intervención de este Consejo en la seguridad interior —otro punto que genera malestar en algunos sectores, ya que podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio—, se incorporó una salvedad: debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.

Aunque se aceptó la creación de una comisión de seguimiento del Congreso, se establece que esta es secreta, por lo que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán de conocimiento público.

Hubo otro reclamo de los bloques que acompañarían el proyecto que no fue escuchado por La Libertad Avanza, vinculado al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.

Ese título del dictamen de mayoría introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral. Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).

En este aspecto, Menem y los demás legisladores libertarios fueron claros con sus colegas: no hay intención alguna de eliminarlo.

Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción, como la reforma del BCRA, el Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.

De aprobarse, y teniendo en cuenta que el giro al Senado llevaría no menos de 48 horas, no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias, por lo que sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró exultante con la finalización del traslado de los últimos internos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, una medida que deja atrás casi un siglo de funcionamiento del penal.

El último grupo estuvo compuesto por 69 internos que habían permanecido en el establecimiento para participar, el miércoles, de una actividad pastoral encabezada por el papa León XIV. Todos terminarán de cumplir sus condenas en el complejo de Marcos Paz.

“Qué semana histórica estamos viviendo! A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz”, compartió Karina Milei, al celebrar el cierre del operativo en su cuenta personal de X.

Y siguió: “Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio. ¡Felicitaciones a nuestra gran ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva, y a todas las fuerzas de seguridad que participaron de este enorme operativo”.

A su vez, la ministra Monteoliva se sumó a los comentarios de Karina, al coincidir que lo ocurrido es algo “histórico”. “Otra promesa cumplida del señor Presidente Milei. TMAP”, remarcó la funcionaria sobre el operativo, que deslizó las siglas de la consigna libertaria “Todo marcha de acuerdo al plan”.

El traslado luego de las palabras de León XIV

La desocupación del establecimiento comenzó ayer las 15.30, cuando las autoridades llevaron a Marcos Paz al contingente que había sido exceptuado temporalmente de los traslados previos. La medida permitió que los detenidos asistieran a la ceremonia papal en el gimnasio del penal.

León XIV visitó la cárcel el miércoles por la mañana, durante su viaje a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Escuchó los testimonios de personas detenidas y de otra que ya había recuperado la libertad.

Durante esa actividad pastoral, el Pontífice advirtió sobre “el falso poder que viene del dinero fácil” y planteó que incluso las experiencias atravesadas por dolor y fracaso pueden convertirse en una oportunidad para reiniciar la vida. También pidió condiciones más humanas y respetuosas en las instituciones penitenciarias, orientadas a la recuperación y la reinserción social.

En ese ámbito, León XIV escuchó las palabras de Reinaldo, de 44 años, que hacía tres había recuperado su libertad. Había sido condenado a seis en una causa por drogas: dos los pasó en el penal de Magdalena, mientras que los últimos cuatro en Villa Devoto.

También presenció los testimonios de Christian, de 29 años, y Maximiliano, de 32, explicaron que encontraron en la capilla del penal un espacio para acercarse a la fe, reflexionar sobre sus errores y comenzar a proyectar una vida diferente. Los dos expresaron su arrepentimiento por el daño causado y desearon reinsertarse en la sociedad.

La primera etapa del vaciamiento de la unidad penal había comenzado el 11 de octubre, con la derivación de unos 1.400 internos a lo largo de cinco jornadas. Los 69 detenidos que permanecieron en Devoto fueron los únicos que aguardaron hasta después del encuentro con el Papa.

El traslado fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un cambio histórico para la Ciudad

La cárcel de Villa Devoto dejó de estar operativa después de 99 años y medio. Inaugurada en 1927, fue escenario de acontecimientos de la historia argentina y era el último penal federal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El complejo que recibirá a la población trasladada fue construido en un predio de 80 hectáreas y dispone de cuatro unidades de máxima seguridad. Tiene capacidad para 2.232 personas.

La obra fue entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación después de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez completada la recepción de los internos procedentes de Devoto, el plan oficial tiene previsto trasladar al mismo establecimiento a unos 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, a disposición de la Justicia federal.

El cierre del penal forma parte de un convenio firmado en 2018 entre Nación y Ciudad, cuya ejecución se demoró por interrupciones en la obra vinculados a los cambios de gobierno.