El Gobierno planea tomar medidas para resolver la deuda que la provincia de Buenos Aires mantiene con cinco hospitales de responsabilidad compartida, los denominados SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad). Así lo reconoció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue consultado por Infobae luego de que hiciera mención a los fondos pendientes que la Provincia debe en diversos centros hospitalarios.

En la introducción de su conferencia de prensa, Adorni marcó que en los últimos años la Gobernación de Axel Kicillof no envió fondos obligatorios para el mantenimiento de cinco SAMIC por un total de $507.064 millones. Esta cifra se desglosa en deudas que serían:

• $ 328.432 millones para el Hospital El Cruce
• $ 82.237 millones para el Hospital Cuenca Alta
• $ 45.722 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría
• $ 42.297 millones para el Hospital René Favaloro
• $ 8375 millones para el Hospital Presidente Néstor Kirchner

“Su Presupuesto es de 34 billones de pesos. Y, a pesar de ser gestión compartida, hoy están totalmente financiados por el Estado nacional”. En ese sentido, el jefe de Gabinete repudió que el gobierno bonaerense haya realizado “gastos en cajas navideñas y en políticas de género”. “Sería bueno que siempre se le dé prioridad a la salud de los bonaerenses”, aseveró.

En conferencia de prensa, Infobae consultó al respecto a posibles cursos de acción ante el panorama descrito por Nación. Desde el 2024 que las autoridades sanitarias marcan la situación de los nosocomios de gestión mixta, aunque sin acciones concretas para resolver el problema.

En los últimos meses, hubo funcionarios que mencionaron la intención de traspasar de Nación a la esfera de la Provincia alguno de estos centros. Aunque habría habido conversaciones por uno de ellos, las gestiones no prosperaron.

Ante la consulta de este medio fueron mencionadas diferentes opciones: la de judicializar esta situación, la de desprenderse de su manejo o resolver la deuda a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (el cual resuelve deudas que Nación mantiene con distritos subnacionales y viceversa).

“Están sobre la mesa todas las alternativas, incluso algunas que no fueron nombradas, que probablemente sea el curso a seguir”, respondió Adorni.

Importantes fuentes del sector de la salud marcaron que el Gobierno realizó consultas con jugadores de peso del rubro para “mantener los hospitales públicos nacionales con gestión privada”. “Están trabajando en eso”, marcaron.

Un funcionario de altísimo peso dentro de la mesa política presidencial aseguró que la medida sigue en proceso de depuración y que “se estaban evaluando todas las opciones”.

A mitad de año, el Gobierno publicó el Decreto 460/2025 que deja sin efecto la facultad del Ejecutivo para crear nuevos hospitales SAMIC y disponer la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales. En esa normativa, el Ejecutivo marcó que se debe ir “fortaleciendo la descentralización hacia las jurisdicciones provinciales” y que hay pruebas de “la ineficacia de los entes interjurisdiccionales para garantizar una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades”.

El Gobierno reconoce que habrá una medida concreta en cuestión de semanas. “Es muy probable que en enero vayamos a tener novedades”, apuntan fuentes al tanto de los avances.

En su respuesta en vivo, el jefe de Gabinete marcó que lo que se pretende “es que los bonaerenses tengan participación de su Gobierno provincial y que afronte los gastos de salud”. “El Gobierno nacional no está dispuesto a que un bonaerense no se pueda atender. Es por eso es que el Gobierno nacional solventa el 100% de los gastos compartidos. Es algo que está mal”, agregó.

Desde la provincia de Buenos Aires desconocen la cifra que comunicó hoy el vocero presidencial. “Nosotros no tenemos ese número y no sabemos como la construyeron”, afirman, agregando que la disposición al diálogo que existe de parte de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud de la Nación es prácticamente nulo.

“No hay articulación ni tienen voluntad de resolver los problemas. Hay una voluntad de prepotear. Es una de las tantas amenazas que venimos recibiendo en los últimos dos años. Nosotros tenemos aproximadamente 100 hospitales a cargo y mucho del funcionamiento de los mismos fue motorizado por esta administración”, explican.

Esto marcaría la pauta de que cualquier medida implementada en el corto plazo por Nación no habría sido extensamente conversada con sus pares bonaerenses. “Si quieren hacer alguna modificación tienen que pasar primero por el Congreso. Si lo quieren cerrar que le pongan llave porque son hospitales principalmente nacionales. Pero cualquier cambio lo tienen que hacer por el Congreso y para eso necesitan otra ley”, afirman.

Los SAMIC se rigen hoy día bajo la Ley 17.102 de Salud Pública, la cual crearon los ”Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad” (SAMIC), unidades hospitalarias que se integrarían al sistema público.

Los hospitales englobados en el SAMIC tienen una participación mayoritaria del Estado Nacional y una minoritaria de las provincias (solo en tres casos hay municipios involucrados -en El Calafate, el Favaloro y el Néstor Kirchner-).

En líneas generales, El Estado Nacional tiene una responsabilidad financiera con los hospitales de entre 80 y 70 por ciento. En años anteriores el aporte nacional era menor. En 2017 se acordó que la CABA dejaría de cubrir el 50% de los gastos del Garrahan y pasaría al 20%. Otro caso es el del Hospital El Cruce, que Nación se elevó las transferencias de 70 a 80 por ciento en 2022.

La avanzada del gobierno Javier Milei sobre el régimen laboral volvió a reordenar al sindicalismo y a los gobernadores opositores en un mismo frente de resistencia. A pocas semanas de que el Congreso empiece a debatir formalmente la reforma impulsada por el Presidente, el gobernador Axel Kicillof recibió en La Plata a las conducciones nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en una señal política que excede la coyuntura parlamentaria y apunta a consolidar una estrategia común frente a lo que definen como un cambio estructural “regresivo” para el mundo del trabajo. Antes se habían reunido con la CGT.

El encuentro, del que participaron los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se dio en un contexto que ilustran como “de creciente conflictividad social, con salarios deteriorados, niveles récord de precarización y un salario mínimo” que, según advierten las centrales obreras, se ubica “entre los más bajos de América Latina”. En la mesa también estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Trabajo Walter Correa y dirigentes sindicales de peso como el Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA); Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; y Pablo Maciel, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Airesgremio (CICOP).

La lectura compartida fue contundente: la reforma laboral que promueve la Casa Rosada no es un ajuste técnico, sino “una ofensiva política que busca debilitar la organización colectiva, alterar la negociación paritaria y transferir riesgos del Estado y de las empresas hacia los trabajadores”.

Para Kicillof, se trata además de una amenaza directa al entramado productivo bonaerense, especialmente a las pymes industriales que concentran la mayor parte del empleo privado en la provincia.

La reunión se inscribe en una secuencia de movimientos coordinados. Antes de recibir a las CTA, el gobernador ya había encabezado encuentros con otros mandatarios provinciales críticos de la reforma, como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), y más tarde hizo lo propio con empresarios pymes, a quienes instó a asumir un rol activo en defensa de la producción y el trabajo. También mantuvo una foto política con la conducción renovada de la CGT, que comparte el diagnóstico y el rechazo al proyecto oficial.

En ese marco, las centrales sindicales coincidieron en la necesidad de articular una doble estrategia: intervención institucional en el Congreso, buscando sumar a gobernadores y legisladores provinciales, y movilización en las calles. No es un dato menor: el antecedente inmediato fue la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra la reforma laboral y el rumbo económico del Gobierno, una demostración de fuerza que el sindicalismo pretende sostener en el tiempo.

Las críticas al contenido de la reforma se repiten y se profundizan. Yasky advirtió sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: la posibilidad de recrear un esquema similar al de las AFJP, utilizando fondos vinculados a la seguridad social para financiar despidos, en un contexto de cierres de pymes y caída del empleo industrial. Desde la CTA Autónoma, Oscar de Isasi planteó que el desafío no se limita a frenar una ley, sino a construir una intervención coordinada frente a un modelo que, según definió, combina ajuste, saqueo y transferencia de recursos.

El rechazo no es exclusivo de las conducciones nacionales. En Mar del Plata, la CGT regional, las dos CTA y abogados laboralistas fijaron una posición unificada contra lo que calificaron como una “contrarreforma”, alineada con el DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Allí, advirtieron que el proyecto no generará empleo, abarata los despidos, flexibiliza la jornada mediante figuras como el “banco de horas” y avanza sobre derechos constitucionales como la huelga y la negociación colectiva por actividad.

El documento difundido en General Pueyrredón puso el acento en el contexto macroeconómico: con un mercado interno contraído y crédito restringido, sostienen, ningún empleador tomará trabajadores aunque se degraden las condiciones laborales. Además, alertaron sobre una negociación colectiva “a la baja”, el fin de la ultraactividad de los convenios y una ampliación de las actividades esenciales que, en los hechos, vaciaría de contenido el derecho a protestar.

Más allá del rechazo puntual a la reforma laboral, en La Plata también se discutió el escenario político de mediano plazo. Las CTA plantearon la necesidad de ampliar la unidad del campo popular y convocar a los millones de argentinos que no participaron en las últimas elecciones, con vistas a construir una alternativa creíble frente al creciente descontento social. La coincidencia fue clara: la resistencia a las políticas del presidente libertario Javier Milei no puede limitarse a la defensa de derechos adquiridos, sino que debe traducirse en una propuesta política capaz de disputar el rumbo del país.

Con el debate legislativo previsto para febrero y un clima social en tensión, el mensaje que emergió de la Gobernación bonaerense fue inequívoco. Kicillof se muestra decidido a ocupar un rol central en el armado opositor al proyecto laboral del Gobierno, en sintonía con las centrales sindicales y los sectores productivos. Del otro lado, el sindicalismo vuelve a apostar a una combinación conocida: unidad, presión parlamentaria y calle. El 18 de diciembre fue una postal; lo que viene, advierten, será una secuencia.

El Congreso ya se prepara para el receso de enero y esta noche terminan las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 y 30 de diciembre. El Gobierno libertario puede mostrar un panorama optimista: armó un temario acotado -seis proyectos- y sancionó un tercio del mismo y dictaminó tres iniciativas que esperarán, junto a la que ni siquiera aterrizó aún -Código Penal-, a un potencial llamado para finales de enero o febrero próximos, con la última opción como la preferida por la mayoría de las bancadas tras un vertiginoso diciembre.

Desde el 10 al 26 del corriente mes -16 días-, el oficialismo consiguió los despachos en Diputados, su aprobación en el recinto y un mismo sendero en el Senado para el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Es decir, el primer plan de gastos anual sancionado por el Congreso de la era Milei -tras dos prórrogas del de 2023- y la iniciativa para intentar recuperar dólares del colchón, al elevar los más que desfasados pisos para ser considerado un evasor, ya sea simple o grave.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. El texto relacionado con el mundo del trabajo era el más desafiante y los acotados tiempos del período extraordinario complejizaron su tratamiento, No obstante, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, abrazó la granada y avanzó.

Una serie de tropelías de la Casa Rosada, en medio de la confección de la versión final del Presupuesto 2026 -se debatía en Diputados-, sirvió de excusa perfecta para que la oposición dialoguista en la Cámara alta sugiriera patear la reforma laboral para otro momento. El inconveniente es que podría llegar rápido dicha instancia, si es que el envalentonado oficialismo apura en febrero. Por eso es trascendental no trasladar los votos de la última sesión no sólo a este proyecto, sino a cualquiera que sea delicado.

En el Senado, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la Unión Cívica Radical (UCR), que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración libertaria a la hora de hablar del Congreso.

Durante la pasada sesión, la maquinaria oficialista funcionó muy bien. A modo de ejemplo: para las 15 del viernes -varias horas antes de las definiciones-, no había legislador que no afirmara que las dos leyes en discusión -Presupuesto 2026 e inocencia fiscal- pasarían con un mínimo de 40 adhesiones. Sólo quienes deseaban que saliera mal operaron hasta la resignación. La yapa apareció desde una subsección del peronismo -Convicción Federal-, que se diferenció del cristinismo y un puñado votó en general el Presupuesto 2026.

Para la segunda quincena o fines de enero se presume que Bullrich continuará con el “pulido” de la iniciativa laboral. Haría bien, ya que dejar las cosas para último momento en el Congreso nunca representa la mejor opción. O no hacer nada, como también sucedió. Lo ocurrido hasta las elecciones de octubre es el ejemplo más claro. El daño -y no por el contenido de las mismas, debido a que algunas tenían fundamentos sólidos- fue incalculable y la Casa Rosada lo sabe.

Las dudas que persisten en Diputados sobre el articulado del proyecto de estabilidad monetaria -ya despachado- no preocupan ni al oficialismo ni a la oposición. Sí el Código Penal, ya que estuvo incluido en el temario y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos bloques. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad desde el período ordinario que Milei abrirá el 1 de marzo, cuando asista al Congreso.