Después de tres sesiones en menos de un mes y tras aliviar el peso de una mochila antes cargada de proyectos sin resolución, el Senado comenzó una semana que no tendrá casi nada -o nada- de actividad y La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará la calma pasajera para hacer cuentas e intentar destrabar el último lote de leyes que reclama el Ejecutivo de cara al bimestre restante del período ordinario, que finaliza el 30 de noviembre.

Una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.

En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados.

Por otra parte, desde comienzos del corriente mes que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para proyectos desde USD 12 millones. Un par de legisladores exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.

Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a Infobae.

Otra ley que desde que arrancó su discusión pareció tener un trámite complejo y que ahora se acerca a una eventual definición es la relacionada con la salud mental. Si bien no hay algo concreto para dictaminar, desde el oficialismo y otra bancada con varios votos deslizaron a este medio que las conversaciones están aceleradas.

Hay un debate interesante que el Ejecutivo no aceptará: que los psicólogos tengan el poder de decisión de internar o medicar. “Sí estarán en los equipos, pero necesitamos que sí o sí haya un médico psiquiatra para que el protocolo sea sólido”. Llamó la atención la insistencia de representantes de algunas provincias en este punto. La Casa Rosada ya dijo “no” y sostendrá su postura.

Una iniciativa con despacho ya firmado y que no pudo tratarse en la sesión del jueves pasado fue la relacionada con el mercado de huella de carbono, un reclamo de distritos ya que no sólo se apunta a una cuestión ambiental, sino que implica ingreso de dinero.

A horas del encuentro, una picardía de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut significó una piedra en el camino. Según confiaron a Infobae quienes siguen de cerca la negociación, los responsables de haber dinamitado Ficha Limpia -con un repentino cambio de postura- buscan puentear un consentimiento para proyectos que la normativa internacional demanda.

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.

La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.

Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.

La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.

La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.

El requerimiento fiscal

La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.

La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.

La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.