Desde la Argentina Week hasta la conferencia del pasado miércoles, el gobierno nacional hace incontables esfuerzos por pasar la página de la polémica que gira en torno a las denuncias que se acumulaban en el caso $LIBRA y a los viajes y las presuntas propiedades que le adjudican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figurarían en la declaración jurada. “No tengo nada que esconder”, se defendió el funcionario en su vuelta -tardía- a las conferencias.

Con intención de dejar atrás el tema, esta semana corta estuvo maracada por una agenda de ultraactividad con reuniones, reapariciones y el respaldo explícito que repinte semana a semana Javier y Karina Milei. A media tarde del jueves, en algunos despachos de Casa Rosada ya definían los próximos pasos de la gestión con la intención de finalmente poder recuperar la agenda y dejar atrás la turbulencia.

“No habiendo nuevos hechos, la cosa se plancha porque la gente se aburre”, vaticinó, en lo que pareció una expresión de deseo, una fuente libertaria a Infobae luego de que el funcionario ensayara una explicación sobre su situación en el primer día hábil de la semana. A eso se juega el oficialismo, pero la situación se complejiza con los movimientos en la causa judicial abierta, luego de que el piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, se presentara el jueves en Comodoro Py para declarar como testigo.

Después del extenso testimonio que duró poco más de cuatro horas, y de que se constatara que el que gestionó y pagó los pasajes del vuelo a Punta del Este fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, en el oficialismo le bajaban el precio al impacto. “Nadie puede hablar cuatro horas seguidas de Manuel. No hay ninguna preocupación real por la investigación”, argumentaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En paralelo, veinticuatro horas más tarde, la consultora Enter Comunicación midió el impacto que tuvo la reaparación del ministro coordinador en la conferencia del miércoles y arrojó un +224% en la conversación, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas. En detalle, detectó un “clima dominante” del 59% entre los que receptaron de manera negativa la linea argumental a la hora de evitar responder las preguntas de la prensa acreditada, contra un respaldo libertario del 31%, que atribuyeron al nuclero duro.

Sin embargo, los conocedores de la materia del ecosistema violeta contrapusieron que esperaban que el tema dominara las redes sociales y sostuvieron que le detectan una “utilidad marginal decreciente”. “La situación impactó porque hubo un video. El impacto ya ocurrió. No hay nada más”, garantizó una importante voz del Gabinete.

“Es previsible que hubiera un pico luego de la conferencia, pero es una foto reducida. Hay que mirar la película, es decir los próximos días”, contrapuso otro alfil violeta al respecto.

La ecuación ensayada por la administración libertaria para dejar atrás el tema es contraponer gestión a las acusaciones de la oposición y al predominio mediático del tema. Con eso en mente, el lunes no laborable el propio Adorni estableció contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para ajustar la comunicación antes de presentarse ante la prensa acreditada en la sala de conferencia escoltado con el grueso del Gabinete. Durante los 48 minutos que duró su exposición, combinó detalles de la agenda legislativa con una breve explicación del tema y se dedicó a responder con dureza al periodismo.

Pese a no estar de manera física, los Milei siguieron atentamente la conferencia y expresaron su respaldo al funcionario en las redes sociales. Algo que repetirán este viernes, cuando protagonicen una nueva foto con Adorni durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano impulsado por el ministerio que lidera Sandra Pettovello, a las 11 en un acto que se celebrará en La Paternal.

Entre el miércoles y este viernes, el ministro coordinador acumuló el respaldo directo de Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien protagonizó momentos de tensión que parecen haber quedado atrás. Con los últimos tres se retrató y publicó en redes.

Durante la jornada de hoy, continuará con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) y cerrará la ronda la semana próxima con Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

“Manuel dio la cara y es uno de los imprescindibles. No tiene nada que ocultar. La prensa actúa con total mala leche y los ruidos internos responden a gente de mierda que siempre estuvo. En todo caso dará las explicaciones que tenga que dar en la justicia”, se sinceró un funcionario ante este medio. Por estas horas, son más los integrantes de la administración que creen que algunas acusaciones son direccionadas “desde adentro”.

En varios despachos de Balcarce 50 sostienen que el funcionario debiera hacer frente a los cuestionamientos -que se multiplican con el correr de las horas- con mayor exposición. El propio Adorni parece coincidir en la estrategia y prepara una nueva conferencia para el miércoles próximo. Además, ultima detalles para dar inicio a la instancia preliminar de los proyectos legislativos que presentará cada cartera para cumplir con la promesa de ser el Gobierno más reformista de la historia.

Un dirigente libertario trajo a colación, casi sin recordar, un tuit de Milei del 13 de octubre de 2022 que podría calificarse como vaticinador de esta situación. El Presidente escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes”.

Claro, no sabía que, casi cuatro años más tarde, sería la estrategia propuesta para rescatar a su jefe Gabinete en las semanas más complejas para la Casa Rosada.

Diputados del bloque Unión por la Patria anunciaron la creación del índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso, una nueva herramienta mensual que busca medir con precisión cómo la crisis económica afecta a los hogares argentinos, en un contexto donde la morosidad alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto en los últimos dieciséis años. El propósito central del indicador, presentado este jueves, es aportar datos periódicos que den cuenta de la gravedad y evolución de las condiciones materiales de vida en el país. La presentación del índice estuvo a cargo de Nicolás Trotta, José Glinski, Cristian Andino, Jorge Chica, Guillermo Snopek y Santiago Roberto, quienes integran el espacio Primero la Patria dentro de Unión por la Patria, y remarcaron la necesidad de exponer la situación de los hogares ante la continuidad del deterioro social.

El primer informe del índice de Vulnerabilidad Familiar corresponde a diciembre de 2025, dado que se trata del mes más reciente con información completa y comparable para los parámetros evaluados. En esa medición, el índice registró un valor de 4,9 puntos– en una escala de 1 a 10 – una cifra que coloca a la Argentina en una zona de vulnerabilidad que confirma el agravamiento de la crisis y el impacto directo sobre la vida cotidiana. Entre los datos destacados del reporte figura que la morosidad de los hogares ascendió a 9,3 %, con una tendencia al alza que ya suma 14 meses consecutivos.

El deterioro del empleo y el tejido productivo

El informe presentado por el grupo de legisladores hizo énfasis en la destrucción de puestos de trabajo privados formales: solo en diciembre de 2025 se perdieron 12.399 empleos, con un saldo acumulado de más de 200.000 empleos destruidos desde noviembre de 2023. Asimismo, durante el mismo mes, 670 empresas cerraron sus puertas, y la cifra se eleva a 22.600 empresas desde ese mismo punto de partida, en el marco de un proceso de caída ininterrumpida que lleva 22 meses.

En términos salariales, el informe reveló una pérdida de 7,1 puntos en el poder adquisitivo del salario real desde diciembre de 2023, lo que refuerza la tendencia de debilitamiento de los ingresos frente al avance de la inflación. Los datos publicados por el grupo Primero la Patria suman cinco variables analizadas: morosidad, inflación real, empleo asalariado formal privado, dinámica de empresas empleadoras y salario real.

Causas y consecuencias de la crisis

El ex ministro de Educación y actual diputado Nicolás Trotta señaló que mientras “el Gobierno insiste con un relato de recuperación, en los hogares la situación se vuelve cada vez más difícil”; afirmó además que la nueva herramienta “viene a mostrar con datos lo que millones de argentinos ya sienten en su vida cotidiana”.

José Glinski, también diputado de Unión por la Patria, advirtió sobre la gravedad de los niveles de morosidad, al resaltar: “La morosidad en niveles récord refleja que cada vez más hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. Ya no se trata de consumo, se trata de supervivencia”.

Por su parte, Cristian Andino vinculó la destrucción de empleos con el modelo económico vigente: “La destrucción de puestos de trabajo no es un dato aislado. Es parte de un modelo económico que ajusta sobre el trabajo y debilita el entramado productivo”.

Jorge Chica subrayó la importancia del tejido empresarial: “Cuando cierran empresas, no solo se pierden empleos: se rompe el tejido productivo y se apagan oportunidades en todo el país”.

Desde una perspectiva centrada en los salarios, Guillermo Snopek hizo hincapié en el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: “La caída del salario real explica gran parte de la crisis. Si el ingreso pierde contra la inflación, la economía se paraliza y la desigualdad se profundiza”.

Finalmente, Santiago Roberto sintetizó el objetivo del índice al explicar que la publicación mensual busca “poner en evidencia lo que pasa en la economía real y aportar información seria para construir alternativas que permitan revertir esta situación”.

El Poder Ejecutivo concretó este jueves el envío al Congreso de la denominada “Ley de Hojarascas”, un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. El objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el funcionamiento contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.

Seis criterios para eliminar normativa

En este nuevo intento, el Poder Ejecutivo retoma los fundamentos expuestos en octubre de 2024, cuyo contenido perdió estado parlamentario. En los fundamentos se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.

El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no solo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, ha sido aprovechada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales o establecer privilegios inaceptables en un Estado de derecho. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

Entre las motivaciones expuestas para la eliminación de normas, el Ejecutivo detalla:

• Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil.
• Leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital.

• Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional.
• Leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.

El proyecto afirma que el sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, involucra apenas al 0,1 % del público, mientras que los costos de gestión superan el valor de los premios sorteados.

• Normas que refieren a organismos o procesos extinguidos, como los relativos al “Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas”, Ediciones Culturales Argentinas o el Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión —todos disueltos hace décadas—.
• Leyes que crean organismos sectoriales con financiamiento del Estado nacional, como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, entidades que, tras la reforma propuesta, deberán subsistir con recursos propios o de asociados, sin aportes nacionales.

Ejemplos de leyes a derogar: del privilegio al absurdo administrativo

El detalle de disposiciones a eliminar incluye normas que aún prescriben penas de prisión por causas ya superadas por la reforma constitucional —como la pena de azotes prohibida en 1853—, beneficios para padrinazgos presidenciales hoy carentes de aplicación por la gratuidad general de la educación pública, y regulaciones que condicionan la creación o promoción de actividades culturales, artísticas, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.

Entre los casos paradigmáticos citados por el Poder Ejecutivo, destaca la anulación de la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, medida vigente desde 1974, que fue impulsada en contexto de represión antisubversiva. Igualmente, se propone suprimir permisos exclusivos de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la imposición de contenidos mínimos para la transmisión televisiva o radial, o la declaratoria como “de interés nacional” de actividades u organismos que nunca tuvieron operatividad o cuya utilidad desapareció con el tiempo.