Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto de ley que busca regular los créditos que las billeteras virtuales ofrecen a personas que cobran prestaciones de la ANSES y establecer límites a las condiciones de esos préstamos. La iniciativa, que lleva la firma de otros 26 diputados, apunta a evitar situaciones de sobreendeudamiento y contempla medidas específicas para proteger ingresos de carácter alimentario como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Gustavo Lazzari y Malena de los Ríos en Infobae al Regreso, Tolosa Paz explicó que la propuesta apunta a que el Banco Central establezca parámetros para las tasas de interés, los montos y los plazos de los créditos otorgados por las fintech. También plantea modificar los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes y evitar que las prestaciones sociales sean utilizadas como garantía o mecanismo de cobro automático.

La diputada aseguró que el objetivo no es restringir el acceso al financiamiento de los sectores de menores ingresos. “No decimos cortar el crédito, todo lo contrario: es la persona que más lo necesita para llegar a fin de mes”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca establecer condiciones que permitan acceder a préstamos sin que el costo financiero comprometa una parte significativa de los ingresos destinados a cubrir necesidades básicas.

El proyecto busca regular las tasas y los algoritmos de las fintech

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un marco de referencia para las tasas de interés. Según explicó Tolosa Paz, el proyecto plantea tomar como referencia las condiciones ofrecidas por la banca pública y privada para evitar que los beneficiarios de prestaciones sociales enfrenten costos financieros desproporcionados.

La legisladora también cuestionó los criterios utilizados por las fintech para determinar el riesgo crediticio de cada usuario. “El algoritmo de las fintech trabaja sobre una valoración negativa de quien es informal y no tiene ingresos registrados, pero no considera la regularidad de la AUH o las becas Progresar como garantía positiva”, sostuvo.

En ese sentido, la iniciativa propone que la percepción regular de ingresos provenientes de la ANSES sea considerada favorablemente al momento de evaluar una solicitud de crédito. La intención es que la continuidad de esos ingresos forme parte de los parámetros utilizados para determinar tanto el acceso al financiamiento como sus condiciones.

Tolosa Paz relató que realizaron una comparación para analizar las diferencias en el costo de los préstamos según el perfil del solicitante. “Hicimos una prueba en un barrio donde una beneficiaria de la AUH enfrentaba un costo financiero del 477% frente al 38% que me ofrecían a mí, con empleo registrado”, contó.

Para la diputada, esa diferencia está vinculada con los criterios utilizados por los sistemas automatizados de evaluación crediticia, que pueden considerar el empleo informal como un factor de riesgo sin ponderar de la misma manera la regularidad de una prestación estatal.

La protección de la AUH y otras prestaciones sociales

El segundo eje de la iniciativa apunta a impedir que las cuotas de los préstamos sean cobradas automáticamente sobre prestaciones sociales. El proyecto contempla la protección de ingresos como la AUH, la Asignación por Embarazo y otras prestaciones de carácter alimentario.

Tolosa Paz sostuvo que esos recursos tienen una finalidad específica y que no deberían quedar sujetos a mecanismos de débito directo por parte de las empresas que otorgan créditos.

“El Estado pone ese dinero para alimentar a los niños y no puede terminar en manos de las fintech por débito directo”, afirmó.

La diputada sostuvo que el Banco Central podría avanzar con una regulación en ese sentido y mencionó como antecedente el sistema implementado en Brasil con el programa Bolsa Familia.

Además, el proyecto plantea establecer límites para los montos y los plazos de los préstamos. Según explicó Tolosa Paz, la regulación debería contemplar la capacidad de pago de quienes reciben prestaciones sociales para evitar que asuman obligaciones difíciles de afrontar con sus ingresos mensuales.

Tolosa Paz advirtió por el nivel de endeudamiento

Durante la entrevista, la diputada expuso los datos que, según sostuvo, muestran la dimensión del fenómeno. Afirmó que alrededor de 1,1 millones de personas cobran sus prestaciones a través de fintech y estimó que ese movimiento representa unos USD 270 millones mensuales, aproximadamente USD 3.200 millones al año.

“Ese dinero ingresa al sistema, rinde al 20% anual, pero a la misma persona le prestan al 477%”, cuestionó. A partir de esos números, Tolosa Paz planteó que el acceso al crédito debería mantenerse, pero bajo condiciones que considere razonables para los sectores de menores ingresos.

“Lo que parece una solución termina siendo una cadena de sobreendeudamiento que nadie mira”, sostuvo. La legisladora también señaló que la discusión no debería limitarse a los nuevos préstamos, sino incluir a las personas que ya contrajeron deudas bajo las condiciones actuales.

Qué propone hacer con las deudas ya contraídas

Consultada sobre el stock de deuda existente, Tolosa Paz sostuvo que el Estado podría implementar mecanismos para aliviar la carga mensual de las familias sin asumir directamente el pago de las obligaciones.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de extender los plazos y mejorar las condiciones de los créditos, incluso mediante herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “No se trata de pagar la deuda, sino de permitir que las familias aplanen su curva de endeudamiento y accedan a mejores términos”, explicó.

La propuesta contempla así dos frentes: establecer nuevas reglas para los créditos que se otorguen a futuro y generar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran endeudados.

La denuncia contra Caputo y su definición sobre la provincia de Buenos Aires

Durante la entrevista, Tolosa Paz también cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación por el manejo del fideicomiso SISVIAL.

Según sostuvo, una parte de los recursos no estaría llegando al destino previsto y reclamó que las herramientas financieras del Estado sean utilizadas para promover la producción y el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el escenario político bonaerense, la diputada fue consultada por una eventual candidatura a gobernadora. Tolosa Paz evitó confirmar formalmente si será precandidata, aunque aseguró que participará de la disputa política.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires y la Argentina”, afirmó.

Aziz le preguntó entonces por la posibilidad de una nueva competencia electoral contra Diego Santilli. “Algunos quieren la revancha Santilli-Tolosa Paz. Vamos a esperar quién es el candidato opositor y capaz tenemos revancha”, respondió.

En medio de un crecimiento del endeudamiento familiar, la oposición sigue presentando proyectos de ley que buscan encontrar una salida a una situación que abarca al 17,8% de los créditos pero que sube casi al 30% de aquellos que utilizan billeteras virtuales.

En este contexto, desde el sector del peronismo federal, junto a otros bloques, impulsan una ley contra el sobreendeudamiento de quienes cobran por ANSES mediante billeteras digitales.

El proyecto, presentado por Victoria Tolosa Paz junto a otros 26 legisladores, busca garantizar condiciones justas de acceso al crédito con límites a las tasas, regulación de algoritmos y protección de los ingresos de carácter alimentario.

La iniciativa señala que es un universo que percibe prestaciones de ANSES y que cuenta con ingresos regulares, previsibles y verificables, pero en muchos casos enfrenta condiciones de financiamiento más costosas y termina recurriendo a créditos que pueden profundizar su situación de vulnerabilidad.

Aunque desde el gobierno, en voz del Presidente Javier Milei, y desde el Banco Central con Santiago Bausili a la cabeza niegan que vayan a propiciar cualquier tipo de intervención para dar una solución a la problemática, el proyecto encomienda al propio Banco Central “la adopción de medidas para que la regularidad y previsibilidad de estos ingresos sean consideradas positivamente al evaluar el riesgo crediticio y, al mismo tiempo, establece criterios para prevenir el sobreendeudamiento, transparentar el costo real de los préstamos y evitar prácticas discriminatorias basadas en la condición socioeconómica o el carácter asistencial de los ingresos”.

“El problema no es que las personas accedan a una billetera virtual. La inclusión financiera es algo positivo. El problema aparece cuando ese mismo sistema que recibe todos los meses un ingreso garantizado por el Estado utiliza esa previsibilidad para ofrecerle crédito a una persona vulnerable a tasas que pueden superar el 700% de Costo Financiero Total”, señaló Tolosa Paz.

Uno de los ejes centrales del proyecto está puesto en los sistemas automatizados y algoritmos que utilizan las entidades financieras y fintech para evaluar a los solicitantes. La iniciativa propone evitar que variables vinculadas con la condición socioeconómica funcionen por sí solas como factores negativos al determinar el acceso y el costo del financiamiento.

Por eso, el proyecto establece que las decisiones adoptadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados deben contar con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección. La iniciativa busca evitar que la incorporación de tecnología al sistema financiero termine reproduciendo o profundizando desigualdades preexistentes.

Además, establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos. También exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.

La propuesta incorpora, a su vez, una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

“Si el Estado habilitó y promovió que millones de personas cobren sus prestaciones a través de billeteras digitales, también tiene que garantizar que esos recursos no se conviertan en una fuente de financiamiento a tasas abusivas. Las billeteras hicieron su parte ampliando el acceso a los servicios financieros. Ahora les corresponde al Gobierno, al Banco Central y al Congreso hacer la suya: garantizar que la inclusión financiera sea también inclusión crediticia”, concluyó Tolosa Paz.

Acompañaron el proyecto: Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Germán Martínez, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Guillermo Snopek, Pablo Yedlin, Ernesto Ali, Emir Félix, Marianela Marclay, Juan Pablo Luque, Moira Lanesan Sancho, Santiago Cafiero, Cristian Andino, Jorge Araujo Hernández, Hilda Aguirre, Nancy Sand, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Gabriela Pedrali, Pablo Todero, Martín Aveiro, Claudia Palladino, Graciela de la Rosa y Ana María Ianni.

A días del viaje exprés del presidente Javier Milei, Colombia sufrió un fuerte sismo de magnitud 7,4 y de gran duración, que se sintió en gran parte del país vecino y dejó al menos 111 muertos, decenas de heridos ´por el colapso de casas y edificios. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el gobierno libertario tomó contacto con la administración a cargo de Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado viernes, y no descarta el envío de ayuda humanitaria si así lo requieren.

“Estamos en contacto con las autoridades colombianas para ponernos a disposición y evaluar enviar asistencia en función de sus necesidades”, precisó un importante funcionario a este medio.

La comunicación se dio a través de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, para conocer de primera mano el estado de situación y, sobre la base de ese relevamiento, determinar el eventual envío de recursos o personal para colaborar con las tareas que definan como necesarias.

El temblor dio lugar a derrumbes, edificios dañados y dejó el saldo de, al menos, 111 muertos, además de un elevado número de heridos y personas atrapadas, según informó en conferencia de prensa el presidente Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, Quirno expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Colombia, y reveló que el Ejecutivo está a disposición para brindar asistencia. Además, garantizó que -hasta el momento- no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento. Datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia: teléfono: +57 601 288 0900. Celular de emergencia: +57 316 875 9292. Correo electrónico: consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar”, concluyó.

En sus primeros días al frente del Gobierno, De la Espriella, que venció en los comicios a Iván Cepeda, se vio obligado a declarar el estado de emergencia por desastre nacional y sigue de cerca el impacto de la catástrofe desde San José del Palmar, Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo registrado a las 7:34. La declaratoria implica que la administración podrá acceder con mayor celeridad a los fondos para atender a la población damnificada y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.