El jueves, ante un auditorio lleno y necesitado de un candidato a presidente opositor, Axel Kicillof probó el tono de un discurso que empezará a multiplicarse en sus actos de campaña. Porque, en definitiva, lo que está haciendo el gobernador bonaerense es instalar y reforzar su proyecto nacional en el camino hacia las elecciones presidenciales del año que viene. Puso en sus palabras el ímpetu de un lanzamiento pero, al mismo tiempo, la apertura a la convivencia de quien sabe que su conducción está limitada a un sector del peronismo.

“Axel entendió que en la calle se empezó a vivir una situación diferente respecto al gobierno de Milei y que no puede mantener su discurso de la misma forma. Hay que subirse a ese momento y empezar a acelerar”, sostuvo un funcionario de estrecha relación con el Gobernador, respecto al descontento con la gestión libertaria que se empieza a visibilizar en las encuestas. En su discurso Kicillof puso énfasis en el fracaso del Frente de Todos cuando aseguró: “No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar”.

En el peronismo bonaerense hay quienes creen, con cierta lógica, que el mensaje fue para todos los participantes de frente que explotó por los aires en el 2023, pero, especialmente, para Cristina Kirchner. No puede haber conducción bifronte. El peronismo, en el caso de llegar a la Casa Rosada, necesita un solo jefe. Y ese tiene que ser el Presidente. El doble comando que se intentó en el 2019 se chocó con una pared de piedra. El mensaje, creen algunos, fue directo al departamento ubicado en San José 1111. Ya no existen los dedos todopoderosos y la delegación del poder.

Más allá de las interpretaciones, las necesidades y las hipótesis, Kicillof tiene en claro cómo debe ser el futuro de su relación con Cristina Kirchner. Está convencido de que la ex presidenta debe estar adentro de la coalición opositora y le otorga un lugar importante para intentar alcanzar el triunfo. Cree que para poder ganar ella tiene que ser parte de la propuesta.

“Esperar una ruptura de Axel con Cristina es una fantasía que no tiene asidero. El que intentó romper definitivamente con ella, desapareció del mapa. No tiene razón de ser que algunos piensen que hay que tirarla por la ventana. Es algo que no va a pasar”, se sinceró un funcionario de extrema confianza del Gobernador.

Kicillof no habla con CFK. Tampoco con Máximo Kirchner. Más allá de esa distancia y sus enojos guardados por la interna con La Cámpora, el economista no va a renegar de su origen kirchnerista. No va a negar su historia porque, en definitiva, esa su matriz política. Ese pasado es el que algunos dirigentes creen que le traerá problemas para hacer pie en el centro del país, donde hay una resistencia muy grande con el kirchnerismo y su dirigencia reconocida.

El mandatario provincial ha tomado una distancia de la conducción de Cristina Kirchner que es evidente. Ya no lo conduce políticamente. Su diferenciación con el estilo y el liderazgo de la ex presidenta está a la vista. Esa postura es la que indigna a todos los sectores del camporismo, que lo siguen viendo como un precandidato presidencial apresurado y confundido. Una mesa más chica y dura lo sigue considerando un traidor y un desagradecido por su trato para con la ex presidenta de la Nación. El enojo es profundo. La decepción, también.

“Axel no hace lo que quiere Cristina y no por eso es un traidor”, explicó a Infobae un ministro de la primera línea de confianza del Gobernador. Con una impronta irónica fuerte, un funcionario de la gobernación aseguró que al kicillofismo “le sirve que Mayra y Máximo sigan diciendo que Axel no es Cristina”, ya que con esa afirmación no hace falta marcar las diferencias entre el gobernador bonaerense y su mentora política. “Nos hacen el trabajo ellos”, agregó con sorna.

Hay relaciones que en el peronismo están rotas y parecen no tener retorno. La de Kicillof con Mayra Mendoza y Máximo Kirchner parece ser una de esas. Pero en las arterias peronistas, los más experimentados suelen decir que siempre hay tiempo para volver a hablar, que nada es lo suficientemente definitivo para llegar al punto final. Tal vez el problema aquí es que lo personal atraviese lo político. Una cuestión que, en todo caso, debe resolverse puertas adentro.

En las últimas horas en La Cámpora cayó mal la reunión que tuvo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, con referentes del MDF en Quilmes, en la previa del acto que Kicillof protagonizó en la Ciudad de Buenos Aires. La suspicacias alrededor de ese encuentro tienen que ver con la posibilidad de plantarle una interna a la intendenta quilmeña en uso de licencia. “Axel dijo en su acto que hay que perder el menor tiempo posible en internas. Entonces hay que predicar con la palabra y el ejemplo. Pero, sobre todo, con el ejemplo”, se quejaron en el camporismo.

La relación se ha tornado inviable pero, aún así, se mantienen algunos lazos políticos. La mayor muestra de eso es que los cuatro ministros camporistas que tiene el gabinete bonaerense continúan en su cargo. Nunca estuvo en los planes de Kicillof sacarlos. Y no lo está hoy tampoco. Son varios los dirigentes del peronismo, incluso del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), los que consideraron durante este tiempo que el Gobernador tenía que echar a los ministros de La Cámpora para hacer valer su rol de jefe político. Era un pedido interno más que una necesidad del propio mandatario. Nunca ocurrió.

En La Plata aseguran que lo más importante entre tantos tironeos es que las decisiones de la gobernación las tomó siempre el mandatario. Y resaltan como ejemplo la determinación de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, acción política que desató una guerra interna en el peronismo bonaerense. “Mostró que es jefe el día que decidió adelantar las elecciones, pese a que CFK no quería. No le hace falta echar a los ministros”, sentenció un funcionario de extrema importancia en el esquema político kicillofista.

Enfrente de Kicillof, empezó a construir su precandidatura, con un poco más de velocidad, Sergio Uñac. El sanjuanino viene recibiendo dirigentes y empresarios en un departamento que tiene como base de reuniones en el bajo Belgrano. Allí ha montado su base operativa para trabajar la rosca política. Justamente a ese piso con vista a los Lagos de Palermo llegó un grupo de dirigentes que forman la Red Federal Peronista, donde se concentran dirigentes justicialistas de todo el país.

En ese encuentro el sanjuanino reafirmó su idea de que el peronismo debe organizar una interna partidaria abierta. Y que la clave tiene que ver con ordenarla a la par de que se negocie ,en distintas oficinas, los votos por el futuro de las PASO. El Gobierno ya avisó que va a avanzar por su eliminación, mientras que la mayoría de la oposición quiere conservarlas. Hay varios articuladores juntando voluntades. Uno de ellos es Emilio Monzó. El ex diputado, de basta experiencia en la rosca política, está buscando votos en todas las terminales opositoras para mantener las elecciones primarias. Ese trabajó lo llevó a volver a hablar con el ex presidente Mauricio Macri después de un tiempo.

Uñac entiende que el peronismo debe ganarle de mano a Milei y tener organizado un plan de acción por si las PASO se caen. Pero ahora avanzó un pasó más sobre su idea inicial. El ex gobernador propone que la interna partidaria abierta se divida en cuatro regiones y en cuatro días. Una elección por día y por región de los candidatos nacionales del peronismo. Es decir, a modo de ejemplo, que en noviembre se vote en el Noreste (NEA), en diciembre en Noroeste (NOA), en febrero en la región centro y marzo en la Patagonia.

Luego de charlarlo con algunos dirigentes del peronismo, decidió empezar a proponerlo en algunas reuniones políticas como la que tuvo el miércoles por la noche con los integrantes de Red Federal Peronista. El sanjuanino tomó como ejemplo las elecciones internas de demócratas y republicanos en los distintos estados de Estados Unidos. Cree que de esa forma el peronismo puede ocupar seis meses la agenda política. En ese tiempo, los candidatos pueden ordenar sus propuestas por región y centralizar el debate en un determinado grupo de provincias.

El ordenamiento del peronismo es un debate en si mismo. Sobre todo por el grado de conflictividad que hay en algunas provincias. Esta semana la Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el PJ local, y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por los interventores del partido Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez, que entre las medidas tomadas habían suspendido, preventivamente, a 300 afiliados, entre ellos la senadora nacional Carolina Moisés.

La legisladora, una de las más apuntadas por el cristinismo, salió ganadora en la discusión política judicial que se trazó en el PJ jujeño, ya que fue ella quien impulsó la intervención de la justicia federal, luego de que se suspendieran las elecciones partidarias por cuarta vez y que los interventores la sancionaran por apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y en el proyecto de Presupuesto 2026.

Tanto Moisés, como otros nombres de peso en el peronismo jujeño, como Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, participaron en listas de fuerzas políticas distintas al PJ durante las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de mayo. Las diferencias que existen desde hace tiempo se agigantaron durante la gestión de Milei, porque el kirchnerismo acusó de traidores y cómplices de las políticas libertarias a Moisés y el grupo de gobernadores que integran Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los tres mandatarios provinciales juegan juntos contra el kirchnerismo y recibieron un guiño de la justicia jujeña al momento de enterarse que el nuevo interventor designado fue Ricardo Guillermo Villada, ex ministro de Gobierno de Sáenz y hombre de su extrema confianza. El ex funcionario salteño estará a cargo del partido durante 180 días y tiene como objetivo llamar a elecciones internas durante lo que resta del año.

Es probable que haya una reacción desde el PJ Nacional en un plazo breve. Quienes conocen los vericuetos de la justicia electoral, aseguran que es posible que se recusé al juez federal de Jujuy en el Juzgado que controla la histórica jueza electoral María Servini, ya que es de su competencia la intervención de un partido nacional. Mientras tanto, el peronismo anti K del norte siente que ganó una batalla en las disputas por el control de los PJ locales y las intervenciones en curso.

En el grupo que integran los tres gobernadores y Moisés creen que el peronismo que subsiste dentro de Unión por la Patria tiene “una agenda vieja” y que el encono con ellos es injustificado porque las decisiones están asociadas a la gestión. “Somos peronistas y tenemos que gobernar”, suelen decir Jaldo y Jalil cada vez que escuchan quejas a la distancia, como una forma de marcar que no sacan los pies del partido, pero entienden que la gestión necesita de una mejor relación con la Casa Rosada.

Esta semana, durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina, el catamarqueño Jalil aseguró que “el peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y del no”. Tanto él como sus otros dos colegas creen que el esquema principal del justicialismo no le dan relevancia a cuestiones centrales para las provincias, como fueron el RIGI o, durante esta semana, la Ley de Glaciares. Esas diferencias internas de criterio terminaron por romper los bloques del peronismo en el Senado y la Cámara de Diputados. Es una cadena de desencuentros y diferencias.

Esos gobernadores hoy están lejos de la posibilidad de integrar un frente común el año que viene con la mayor parte del peronismo. Tienen diálogos abiertos con otros gobernadores que no son del PJ, con los que se sienten más cómodos. Incluso, algunos de ellos pensó en la posibilidad de forjar una alternativa electoral conjunta el año que viene. Una tercera vía. Aunque, en las hipótesis más realistas, lo más ļógico sería que varios de ellos terminen logrando un acuerdo con la Casa Rosada, en una negociación que cruce los intereses nacionales con los provinciales, y que derive en el conocido toma y daca.

Con las últimas semanas que han transcurrido, el escenario político para La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires parece haber tenido cambios que parecen impactar hacia adelante.

Los hechos con impacto mediático y judicial que sobrevuelan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ponen un signo de interrogación en si podrá recuperar la imagen perdida que figura en diversos sondeos de opinión pública revelados por estos días. “Si me preguntás a mí, creo que es difícil retrotraer todo el desgaste. Pero esto es Argentina y uno nunca sabe”, indicó una figura importante del oficialismo.

Y es que Adorni era la figurita principal que tenía el karinismo para presentar un candidato propio en la lista de jefe de Gobierno porteño para 2027, dado que en las elecciones de mayo del año pasado había logrado un sorpresivo primer puesto con más del 30% de los votos, relegando al oficialismo del PRO a un tercer puesto. La gesta fue revalidada meses más tarde por Patricia Bullrich, esta vez como candidata a senadora nacional y en alianza con el macrismo, con más del 50% de los votos.

En el partido nacional marcan que el camino de Adorni no está sentenciado, pero reconocen que tiene las acciones a la baja. Esto lleva a pensar qué puede ser lo que suceda con Bullrich, que tiene a algunos sectores del karinismo atacándola desde hace meses por la sostenida imagen positiva que tiene y porque creen que puede tener ganas de iniciar un proyecto más ambicioso.

Una persona de estrechísima cercanía a la jefa de bloque desmiente rotundamente esa posibilidad. “A su edad los cargos le importan poco y nada. Lo mismo la Ciudad. Al igual que en 2023, cree que si no se consolida el camino de la reelección de Milei se corre riesgo de que vuelvan los otros. Ella se alinea”, afirman.

Cerca de la hermana presidencial marcan que la situación del otrora vocero presidencial favorece a que haya condiciones para la paz con Bullrich. “Esto sin dudas favorece a que se pueda estar mejor”, afirman. ¿Esto implica que la vean como la candidata natural para el año próximo? Por el momento no. En medio de toda esta vorágine, la pregunta sobre quién puede ser la figura predilecta de las autoridades de La Libertad Avanza no está resuelta y no se descarta ningún escenario.

Será central el diálogo que la hermanísima tenga junto a su estratega nacional, Eduardo “Lule” Menem, así como con su responsable del armado porteño, Pilar Ramirez, quien a su vez comanda las rosca política con el Gobierno de la Ciudad (GCBA), así como el bloque de los libertarios en la Legislatura porteña.

En cuestión de cuatro años, el bloque violeta creció de cinco -cuando ingresaron legisladores por primera vez, presididos por Ramiro Marra– a catorce integrantes. Es decir, un 23% del total del recinto. Como dato significativo, La Libertad Avanza comenzó a controlar siete comisiones, entre ellas las de Salud (a través de su presidenta Solana Pelayo) y Asuntos Constitucionales (con Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez); así como altos cargos de otras áreas legislativas clave.

Con esa cantidad de legisladores, LLA es el segundo bloque más importante de la Legislatura detrás de los 20 que tiene el peronismo de Fuerza por Buenos Aires. Vamos por Más, que representa al oficialismo porteño, tiene 12 legisladores.

Si el Ejecutivo local desea impulsar leyes significativas, debe optar obligatoriamente por alianzas políticas con sectores de la oposición. Si no desean acordar con el peronismo porteño que comanda políticamente el auditor general Juan Manuel Olmos, Vamos por Más tiene que acudir a LLA y a terceros bloques como Confianza y Desarrollo (un bloque con seis legisladores larretistas), Ciudadanos Unidos/UCR (presididos por Manuela Thourthe) y Transformación (de uno de los fundadores de LLA, Eugenio Casielles).

Pese a que Ramírez suele protagonizar enfrentamientos en redes con el oficialismo porteño, desde ambos lados afirman que existe diálogo mutuo. La libertaria tiene diálogo directo con el jefe de Gobierno, Jorge Macri; así como con sus armadores, como es el caso de Daniel “el Tano” Angelici. El vicepresidente de la Legislatura, Matías López, también es uno de los más consultados por los libertarios: dicen que dialogan más que con la jefa de bloque amarilla, Silvia Lospennato.

El miércoles por la tarde se produjeron algunas pistas sobre cómo será esta correlación de fuerzas. Durante reunión de Labor Parlamentaria, previa a la primera sesión del año que se haría al día siguiente en la Legislatura, se acordó que los temas a tratar serían el topeo del Impuesto a las Patentes Automotoras, el ajuste de Ingresos Brutos sobre autos 0 KM para retrotraer el cálculo del impuesto a la misma modalidad de 2025 y la excensión de ABL para damnificados del derrumbe en la Estación Buenos Aires.

En el oficialismo porteño marcaron que son todas propuestas impulsadas por ellos mismos, mientras que en la oposición más acérrima afirman que las dos primeras se debieron a errores en el Presupuesto 2026 y que la última es un medida con efecto limitado: “La mayoría de los damnificados casi que no pagaban ABL”.

Aun así, fueron tres iniciativas que tuvieron un consenso de prácticamente todos los bloques en la Legislatura. La Libertad Avanza presentó en la reunión tres proyectos que no tenían acuerdo en comisiones -por lo que requerían 2/3 de los votos para aprobarse si se incluían en la sesión- solo a los fines de “torear” a los diferentes bloques. Ni el peronismo ni el oficialismo porteño convalidaron la jugada. Ante la falta de consenso, los libertarios llevarán esos temas a los debates en comisiones.

Una de estas tres iniciativas es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) adaptado para la Ciudad. El PJ se opuso incluso a apoyarlo en una posterior discusión en comisiones, pero el dato a destacar es que se mostraron abiertos a debatir el régimen para inversiones medianas, el RIMI. En LLA marcan que si tienen la adhesión mayoritaria de ese bloque, pueden sacarlo sin negociar con el PRO y terceros espacios. Una novedad.

Antes de que estallara el escándalo de las últimas semanas, Adorni le había traspasado una serie de medidas a Ramírez para presentar en la Legislatura y que tienen por objetivo desregular y simplificar políticas. El PRO sabe que La Libertad Avanza buscará utilizar en su favor la desventaja numérica de ese bloque para condicionar su apoyo en favor de algunas medidas libertarias.

En el último tiempo, la administración de Jorge Macri comenzó a empaparse de una narrativa que toma aspectos del discurso libertario. En particular, en aquellos vinculados a lo social. Ayer se anunció que el jefe de Gobierno porteño firmó un decreto para que los porteños tengan acceso preferencial a los servicios públicos de la Ciudad. Es así que para este año se prevé que haya una disputa interesante en torno a las propuestas sobre ciertos debates políticos.

Hace un mes, los libertarios anunciaron un proyecto de ley para eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), bajo la excusa de que el organismo estaba sobredimensionado y que debía reorientarse políticamente. Días después, el IVC fue trasladado desde la órbita del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Baistrocchi, hacia la Jefatura de Gabinete, comandada por Gabriel Sánchez Zinny, el principal controller en la gestión que tiene Jorge Macri.

Otra de las iniciativas presentadas por Ramirez fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para limitar el financiamiento del banco a obras sociales para favorecer el acceso a la vivienda. A la semana siguiente, Jorge Macri anunció una nueva línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires, lo que desactivó parcialmente la impronta de la iniciativa libertaria.

La jueza federal Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal tras la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de varios artículos de la Ley N°27.802 de Modernización Laboral. El fallo determina que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.