A un año de las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof buscará que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires restablezca las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La discusión alcanza a más de 80 jefes comunales que, si no hay una modificación de la ley vigente, no podrán competir por un nuevo mandato consecutivo en sus distritos.

El objetivo del mandatario es que el debate se active antes del cierre del período ordinario. Sin embargo, el proyecto promovido por el oficialismo no tiene hoy los votos necesarios para avanzar. La estrategia de la Gobernación será abrir una negociación que incluya a los distintos sectores de Fuerza Patria y a bloques opositores, con una agenda más amplia que contempla la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la discusión interna sobre el calendario electoral, la estrategia a abordar para las elecciones y la reforma de la Ley de Seguridad Pública.

En ámbitos reservados, Kicillof insiste en un argumento político que también repiten los intendentes que respaldan la iniciativa: si los vecinos desean volver a votar a un jefe comunal, no debería existir una prohibición legal que lo impida. El razonamiento tiene además un componente electoral. En La Plata entienden que los intendentes conservan estructuras territoriales capaces de ordenar campañas y garantizar volumen de votos en cada sección.

Esa fortaleza quedó expuesta durante los comicios legislativos de 2025, cuando 13 intendentes compitieron en las listas seccionales para la Legislatura. Siete de ellos lo hicieron dentro de Fuerza Patria, una decisión que permitió trasladar peso territorial a las boletas provinciales y reforzar la presencia del oficialismo en ambas cámaras.

En términos numéricos, el escenario menos complejo para Kicillof pareciera ser el Senado. La lectura política es otra. Fuerza Patria cuenta con 24 de las 46 bancas, una mayoría propia que le permitiría garantizar el quórum y aprobar leyes por mayoría simple si mantiene cohesionada a su bancada.

Esa condición, sin embargo, no asegura la sanción de la iniciativa. El bloque que preside Sergio Berni está atravesado por diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector alineado con Kicillof; el espacio referenciado en Cristina Kirchner; y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El massismo tiene tres senadores dentro de Fuerza Patria y ya expresó su rechazo a derogar la ley que en 2016 limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. La norma fue impulsada durante la administración de María Eugenia Vidal con respaldo del Frente Renovador.

En el entorno de Massa plantean que no buscarán bloquear el tratamiento si el resto de los sectores consigue las adhesiones necesarias. Pero tampoco prevén colaborar con la construcción de una mayoría para restablecer los mandatos sin límite. Esa posición obliga al kicillofismo a reunir apoyos fuera de su núcleo propio.

El cristinismo y sus aliados reúnen 14 de los 24 integrantes de Fuerza Patria en el Senado. El sector no rechaza de plano la posibilidad de modificar el régimen de reelecciones, aunque pretende que la discusión forme parte de una negociación política más extensa. La cobertura de la Suprema Corte, el calendario electoral de 2027 y la estrategia del peronismo bonaerense aparecen entre los asuntos que el kirchnerismo busca incorporar a esa conversación.

Más allá de los representantes del MDF, en el bloque también hay presencia de un dirigente de Juan Grabois —el senador Federico Faggioli— que en las últimas semanas aceitó su relación con el gobernador.

La tensión quedó expuesta en otras discusiones legislativas. Berni cuestionó iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y mantuvo cruces con la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta del Senado. También anticipó reparos sobre el proyecto de reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, otra de las prioridades que Kicillof pretende llevar al recinto.

La herramienta parlamentaria para habilitar las reelecciones es el proyecto de la senadora Ayelén Durán, dirigente del MDF. El expediente propone derogar las restricciones vigentes desde 2016 y permanece en la Comisión de Legislación General, que conduce el senador Germán Lago, intendente de Alberti en uso de licencia. Sin una orden política clara de la Gobernación y un acuerdo previo sobre los votos, el proyecto no avanzará hacia el recinto.

Otro cálculo difícil se da en la Cámara de Diputados bonaerense. Fuerza Patria es la primera minoría con 39 de las 92 bancas, siete menos de las necesarias para alcanzar el quórum de 47 legisladores. Para sancionar una ley, además, se necesita mayoría simple entre los presentes.

En la práctica, si los 39 diputados de Fuerza Patria acompañaran la derogación y el recinto estuviera completo, el oficialismo requeriría al menos ocho votos externos para aprobarla. Pero ese escenario no es hoy el más probable, porque el Frente Renovador cuenta con nueve diputados dentro de la bancada peronista y sostiene la misma posición contraria que expresa en el Senado.

Con el massismo afuera de la iniciativa, la cuenta cambia. El espacio que responde a Kicillof y el sector vinculado a Cristina Kirchner deberían primero garantizar un acuerdo interno. Luego, necesitarían reunir alrededor de 8 votos de otras bancadas para llegar a los 47 respaldos que exige una votación con asistencia plena. Ese número también sería necesario para asegurar el quórum si el Frente Renovador decidiera no aportar sus legisladores para abrir la sesión.

El bloque referenciado en Cristina Kirchner tiene una presencia decisiva en Diputados. Está conducido por Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora y presidente de la bancada de Fuerza Patria. El kirchnerismo y el MDF cuentan con fuerzas similares dentro del bloque oficialista, mientras que el massismo posee una representación propia que puede inclinar el resultado de cada negociación.

La oposición reúne 53 bancas, aunque no actúa como un bloque único. La Libertad Avanza y el PRO, que concentran 31 diputados, mantienen una posición contraria a las reelecciones indefinidas. El bloque UCR Cambio Federal tiene tres integrantes y el bloque UCR Radicalismo rechazarían la posibilidad de derogar la ley de 2016; pero en el Ejecutivo bonaerense apuestan a que los intendentes del radicalismo intervengan sobre los bloques. En las últimas semanas, dirigentes libertarios reforzaron públicamente la postura de rechazo y plantearon que el límite de mandatos debe mantenerse.

El escenario deja poco margen para un acuerdo amplio con los principales espacios opositores. El oficialismo necesitaría buscar votos entre bloques más pequeños, legisladores con base municipal y sectores dispuestos a negociar otros temas de la agenda bonaerense. Unión y Libertad, con cinco integrantes, y Nuevos Aires, con tres, aparecen como uno de los espacios que podrían tener una postura menos rígida, con antecedentes de acompañamiento a iniciativas del Ejecutivo.

También deberán definirse las posiciones de Hechos, la Coalición Cívica, los bloques de izquierda y los monobloques. La clave estará en una combinación de adhesiones que permita alcanzar quórum y mayoría sin depender de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.

La discusión por las reelecciones se cruza con otra cuestión pendiente: la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con tres de sus siete miembros. Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan integran hoy el tribunal, mientras que las cuatro vacantes continúan sin cubrir.

La última salida fue la del ministro Luis Genoud, en junio de 2024. Desde entonces, la Corte reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado que aceleren el proceso de designación. La Constitución provincial establece que el gobernador debe proponer los pliegos y que la Cámara alta debe prestar acuerdo para los nombramientos.

Fuerza Patria cuenta con los 24 votos que necesita en el Senado para aprobar las designaciones. Sin embargo, la posibilidad de cubrir los cuatro lugares sin participación opositora no aparece como el escenario preferido por el Gobierno. La intención de construir una negociación política más amplia incluye la eventual distribución de lugares entre los distintos sectores del peronismo y, eventualmente, la oposición.

En ámbitos legislativos circula una hipótesis: Kicillof podría retener la iniciativa sobre una parte de las vacantes, mientras que el kirchnerismo, el massismo y sectores opositores buscarían participar de la definición del resto de los nombres. Hasta ahora, el gobernador no ha enviado pliegos a la Cámara alta y las diferencias dentro del oficialismo han demorado cualquier avance.

El reclamo de la Corte sumó presión. El tribunal pidió además que la Legislatura avance con su planteo de autarquía económico-financiera y con la creación de órganos judiciales, cargos y estructuras para reducir las vacantes que todavía existen en distintos departamentos judiciales de la provincia.

El paquete de negociaciones también incluye la ley de Seguridad Pública. El Ejecutivo busca una reforma integral, mientras que el Frente Renovador impulsó en Diputados un proyecto para regular el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales. La iniciativa obtuvo despacho con votos de legisladores massistas y opositores. En esa agenda está también el reconocimiento pleno de parte de la Provincia a las policías locales. El kirchnerismo también tiene sus demandas, como por ejemplo el proyecto de ley de Tignanelli y la diputada Micaela Olivetto que interviene con una regulación fuerte sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa que La Cámpora buscará aprobar en las próximas sesiones en la Cámara baja.

La definición sobre las reelecciones dependerá de esa trama. Kicillof necesita ordenar a Fuerza Patria, asegurar que el cristinismo acompañe el proyecto de Durán y encontrar una porción de la oposición dispuesta a habilitar el debate. Sin esa combinación, los intendentes alcanzados por el límite de dos mandatos deberán avanzar con planes de sucesión o buscar un lugar en las listas legislativas de 2027.

El tramo final del período ordinario, con menos de 40 días por delante, volvió a tensarse en el Senado. El motivo parece repetirse, tal como ocurrió en 2024 y 2025, con una Casa Rosada que se convierte en una máquina de pedir votos a aliados para luego incumplir la palabra y, con ello, genera un clima denso que impidió sesionar durante la semana que finaliza y que, además, ya genera dudas de cara al jueves 29.

La revisión del calendario y el perfume electoral -semi tóxico, por momentos- tampoco ayudan al Gobierno, con legisladores que no se perderán el viaje para las elecciones de medio término en los Estados Unidos o, de nuevo en la Argentina, la travesía papal de León XIV, que sería histórica. Florecerá una inusitada fe desde varias oficinas.

No ir al recinto vino atado a una merma en la actividad de las comisiones y a la indefinición de proyectos que importan a dialoguistas y a Balcarce 50. De hecho, en los pasillos de la Cámara alta aún se oyen las risas tras casi dos meses de frondoso marketing sobre un supuesto acuerdo cerrado por las PASO a votarse este mismo mes.

Senadores más experimentados ya ven como un milagro que ocurra esto en diciembre, en unas eventuales extraordinarias. “Si el año pasado las suspendieron en febrero, ¿por qué apurar ahora?”, manifestaron a Infobae desde un despacho aliado de peso. En usinas libertarias, incluso bajan la mirada ante la consulta. Un detalle no menor: las bromas también ocurrieron con la ley de zonas frías que, al final, se sancionó.

“Teníamos la sesión armada, pero acá no se puede hacer mucho más. Pasa todo por lo político ahora y ya no se trata de los articulados, en general. Si se arreglan las iniciativas y la Rosada después mira para un costado cuando le toca o, como suele ocurrir, se mete en cuestiones provinciales no sólo contra un gobernador, sino con lo que hacen en esos distritos los dialoguistas, esto no va a caminar”, sentenció un legislador oficialista a este medio. Otro, fue lapidario: “Nos convertimos en el slogan de promesas a futuro y ese chiste se acabó”.

Una medida a tener en cuenta ya la regaló Diputados. Allí, la tribu karinista cedió casi todo para no dañar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque insisten en que los textos aprobados fueron, en realidad, ideas originales que salieron desde La Libertad Avanza.

Desde dicho sector se dinamitaron las buenas relaciones que se mantuvieron, durante meses -y con resultados positivos-, en la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, los ágiles telefonazos para que el sitial fuera ocupado por la karinista Nadia Márquez generaron un profundo desagrado en todos los bloques y la resistencia contra la neuquina, por ahora, continúa.

En medio de las volteretas mileístas -y acciones alejadas del mínimo no imponible en cuanto a lo humano-, algunos dialoguistas no pierden la ocasión para subirse el precio. También hay oficialistas. Y, como para cerrar el círculo, otros libertarios del Congreso y Balcarce 50 se muestran como los más fieles y cerrados y, después, cuando las papas queman, llaman al consenso. Complejo caminar sin trastabillarse bajo este escenario.

Para la semana próxima, el tema que encabeza la fila y que desea el Gobierno es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998. Diputados recién votó en agosto pasado. Como lo modificó -guiño a laboratorios locales-, se encuentra en segunda revisión y ya dictaminado para el recinto.

En tanto, aliados dejaron atrás un puñado de caprichos y una ley sobre la regulación del mercado de huella de carbono -implica plata- logró consensuarse. Se corroborará en caso de sesionar. Además, aparecieron las rúbricas para el plan de inversiones -con beneficios fiscales- que empuja la UCR a partir de los USD 12 millones.

Un mismo caso se repite en el proyecto de salud mental, aunque persisten las dudas. Es decir que, aún en estas instancias, hay oficialistas a cargo de salvar la agenda. Otros, la enturbian o frenan. Por eso sería sano que en Balcarce 50 logren descifrar -sin errar- a los pícaros, salvo que haya complicidad o, peor, doble comando. Y sigue el misterio por el Súper RIGI y pliegos judiciales sueltos. Habrá que acercar la lupa hacia el último punto, con golosinas electorales que generan una enorme ansiedad. Más la guerra que habrá por butacas en el Consejo de la Magistratura.

El presidente Javier Milei afirmó que confía en que los argentinos respaldarán su continuidad en el poder y sostuvo que una victoria electoral permitiría acelerar el programa económico de su gobierno. “Estoy supertranquilo”, dijo.

El mandatario vinculó ese pronóstico con la evolución de indicadores económicos y sociales que enumeró durante la charla. “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más. ¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”, planteó.

Ante la pregunta de si la ciudadanía podría votar con el bolsillo, Milei respondió de manera afirmativa sobre su posibilidad de ser reelegido. Según afirmó, los votantes no acompañarán opciones que asoció con “cien años de decadencia”.

“No veo a los argentinos votando para atrás”, señaló durante una extensa entrevista en Radio Mitre. “No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia”, agregó. También sostuvo que su espacio representa las reformas y el progreso, mientras cuestionó a sectores de la oposición, a los que volvió a referirse con términos descalificadores.

Consultado sobre una eventual fórmula junto a Patricia Bullrich en 2027, Milei evitó precisar si la considera para la vicepresidencia, aunque ratificó su pertenencia al oficialismo. “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió ante la posibilidad de compartir una boleta y la definió como “uno de los grandes referentes del espacio”.

El Presidente sostuvo además que Bullrich es “un soldado de este gobierno” y rechazó las versiones sobre una disputa interna. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, contestó cuando le preguntaron si la tiene en carpeta como candidata a vicepresidenta. También señaló que la definición de las estrategias corresponde a la mesa política, mientras él se concentra en “la gestión y la batalla cultural”.

Milei también consideró que una nueva victoria electoral funcionaría como una señal para los inversores. Aseguró que, tras ese “test electoral”, el riesgo país podría ubicarse en 200 puntos básicos y la economía argentina crecer a tasas de entre 7 % y 8 %.

Durante la entrevista, el jefe de Estado planteó una proyección de largo plazo para la Argentina. Dijo que, con un crecimiento sostenido, el país podría duplicar su producto bruto interno en una década y cuadruplicar el PBI per cápita en 20 años.

“Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, afirmó. “En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita”, añadió. Luego agregó que el país podría llegar a ser la primera potencia mundial en un horizonte de entre 30 y 40 años.

Milei sostuvo que esas metas dependen de la continuidad de las reformas. En esa línea, defendió medidas de desregulación en sectores como la energía y la minería, y mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei reiteró sus acusaciones sobre el caso Libra

El presidente volvió a referirse al caso $Libra y afirmó que, durante un año, ocho meses y nueve días, fue objeto de acusaciones que calificó de falsas. Sostuvo que esas versiones buscaron dañar su figura y la de su gobierno, y llegó a plantear que detrás de esa cobertura existió una intención de propiciar una salida anticipada de su mandato. Además, adelantó que, tras su sobreseimiento en la causa, evaluará con sus abogados eventuales acciones legales por el perjuicio que considera haber sufrido.

“Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de estado”, sostuvo. Consultado sobre si consideraba que la situación podría haber derivado en una ruptura institucional, respondió: “No estuvo tan lejos. Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del gobierno y poner otras figuras para llevar esta transición”. Milei agregó que, si quienes lo ofendieron hubiesen pedido disculpas, estas no habrían compensado el daño ocasionado: “¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?”, se preguntó.

Asimismo, adelantó que no descarta iniciar acciones legales: “Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, afirmó. El mandatario calificó lo ocurrido como “una extorsión” que buscó “generar caos” y “tratar de ensuciar la figura del presidente”.

Defensa de las reformas y pedido de tiempo para que impacten en los ingresos

El mandatario respondió además a la inquietud por quienes aún no perciben mejoras en sus ingresos. Argumentó que la recuperación de los salarios requiere un proceso de reconstrucción del ahorro, la inversión y el capital de la economía.

“No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó. Luego comparó la situación del país con la de una persona que debe formarse y ganar experiencia antes de mejorar su remuneración y sostuvo que “esto se construye con trabajo, con tiempo”.

Según Milei, las reformas estructurales se implementan sin los efectos que, a su juicio, suelen observarse en otros procesos de ajuste. Afirmó que la economía cerraría sus primeros cuatro años de gestión con un crecimiento acumulado de entre 16 % y 18 %, aunque no precisó la base de cálculo de esa proyección.

También aseguró que los ingresos de los trabajadores informales se ubican cerca de 60 % por encima del nivel existente al inicio de su administración y que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. Las cifras fueron mencionadas por el Presidente durante la entrevista y no fueron contrastadas en la conversación.

El Presidente atribuyó parte de sus expectativas a las desregulaciones impulsadas por su gestión. Citó la eliminación del denominado barril criollo y los cambios en la normativa vinculada a glaciares como ejemplos de medidas que, según dijo, favorecieron inversiones energéticas y mineras.

Milei afirmó que el RIGI reúne proyectos por USD 210.000 millones, de los cuales USD 70.000 millones estarían aprobados. Definió al régimen como “la política industrial más importante de la historia argentina”.

En otro tramo de la entrevista con Radio Mitre, el mandatario insistió en que la continuidad de su programa dependerá del respaldo electoral. “Yo confío en los argentinos”, sostuvo. También afirmó que, una vez superado el examen electoral que —según dijo— reclaman los inversores, “Argentina va a empezar su gran despegue” y reiteró que una victoria de su espacio abriría una etapa de mayor crecimiento para el país.

Milei se mostró optimista sobre la salud del Papa

El presidente también se refirió a la salud del papa León XIV y dijo que antepone la cuestión humana a cualquier otra consideración. “Lo importante es que el papa se recupere y esté bien”, afirmó, y agregó que, si esa recuperación se produce y el pontífice puede viajar a la Argentina, la visita representaría “alegría, bendiciones” para el país. El mandatario se mostró optimista sobre la posibilidad de ese viaje, aunque remarcó que la prioridad sigue siendo el estado de salud del Papa.

El Presidente cuestionó a quienes, según dijo, no desean que la visita se concrete. Sostuvo que existen sectores de la política y el periodismo que “parece que quisiera que no viniera” y calificó esa postura de “miserabilidad”. Recordó que el 75% de los argentinos son católicos y reconocen al Papa como jefe espiritual, por lo que consideró injustificado que se introduzcan consideraciones políticas en torno al tema.

Milei dedicó un tramo de la entrevista a analizar por qué el papa Francisco nunca había viajado a la Argentina durante su papado. Expresó que, a su juicio, el fallecido pontífice evitó la visita para no generar “un terremoto político” en el país y que esa decisión reflejó, según su interpretación, un gesto de amor hacia su tierra natal. En ese marco, definió a Francisco como “el argentino más importante de la historia” por su rol como líder espiritual de la Iglesia Católica, aunque aclaró que esa valoración corresponde a una categoría distinta de la que ocupa Lionel Messi en el fútbol.