Desde hace casi tres semanas que el Gobierno logra, entre el receso estival y una oposición sin una estrategia clara y ordenada, sortear el armado de bicamerales que analizan temas sensibles para cualquier Ejecutivo. La presión opositora se incrementará, sin dudas, tras el -adelantado- anuncio de sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero próximo, con un Senado que estará forzado a integrar dos comisiones unicamerales y así avanzar con la agenda que pretende la Casa Rosada.

En diciembre pasado, la Cámara alta conformó las de Trabajo y Previsión Social, que quedó en manos de la actual jefa oficialista, Patricia Bullrich (Capital Federal); y la de Presupuesto y Hacienda, en cuya presidencia continúa el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). En plenario dictaminaron la reforma laboral, el objetivo máximo del Gobierno para la primera quincena del mes próximo.

También fueron reelectos, en aquella ocasión, los radicales Edith Terenzi -la chubutense tiene buena relación con Ignacio Torres, estaba en Provincias Unidas y no forma parte de la bancada del centenario partido- y Flavio Fama (Catamarca) en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Minería, Energía y Combustibles, respectivamente.

Ayer, Infobae contó la visión del oficialismo en cuanto a no acelerar, pese a los reclamos opositores, bicamerales que sí pueden funcionar en receso, como la de Trámite Legislativo, que revisa los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo es, en las extraordinarias, testear a los aliados antes del reparto.

Quienes rechazan a La Libertad Avanza aspiran a una bicameral más “deliciosa”: la de inteligencia. Uno de los -penosos- motivos por el que se matan legisladores de ambas Cámaras para ser parte es que es la única, en todo el Congreso, que maneja fondos reservados. Y, por momentos, para arañar el submundo del espionaje. Muy pocos suelen entender bien sobre dicha área. “Ya nos pasó de jugarle bien a diputados y senadores que, a la primera de cambio, miraron hacia un costado y nos complicaron. No hay apuro ahora”, sentenciaron el fin de semana pasado a este medio desde un despacho mileísta.

En otro reflexionaron: “Hay bloques que disminuyeron la integración, pero siguen siendo fiables. En cambio, hay otros que te hablan en nombre de supuestos votos que, cuando vas a chequear, son menos. Y la situación no es la misma que hace dos años atrás. Primero, el temario de las extraordinarias. Después, se verá. Además, el kirchnerismo está más partido acá y por eso no reclama tanto como en Diputados. Si los cristinistas empiezan a quedarse con los mejores lugares, como hicieron siempre, se les revienta todo”.

¿Qué se suma ahora? En el documento de la nueva convocatoria, aparece el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE). Para esto, se tendrá que activar la comisión de Relaciones Exteriores. Hasta el recambio fue presidida por el libertario ya no enojado -lo expulsaron tiempo atrás- Francisco Paoltroni. ¿Qué ocurrirá esta vez? El formoseño, mientras tanto, continúa con su eterna campaña provincial.

La más delicada a definir no es Relaciones Exteriores, sino la de Acuerdos. Es la que revisa los pliegos de jueces, ascensos militares y diplomáticos, y casos como el del recién designado embajador Fernando Iglesias que, al no ser de carrera diplomática, debe tener un dictamen y el aval del pleno en el recinto.

Hasta el 10 de diciembre pasado, la dialoguista y actual legisladora porteña Guadalupe Tagliaferri -responde a Horacio Rodríguez Larreta– manejó sin problemas los hilos de Acuerdos. Hasta la fallida discusión por la Corte Suprema fue realizada sin ninguna falla y con la seriedad correspondiente. Es otro lugar que genera rispideces en el oficialismo. Sobre todo, con senadores que recién arribaron a la Cámara alta y se convirtieron en máquinas desquiciadas de pedir “cositas”.

El panorama -menor, pero a atender- altera la convivencia y evidencia que las prioridades no son iguales para todos los leales a Javier Milei. La oposición también hace lo suyo, y con creces. Cualquier motivo es bueno para saltar por el bizcocho. Y es por eso que el sendero de La Libertad Avanza, por momentos, parece más despejado.

Con el presidente Javier Milei ya en Davos para participar del Foro Económico Mundial, el Gobierno continúa con las negociaciones para tratar de conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral y trata de resistir los cambios en Ganancias, a pesar del reclamo de varias provincias que señalan que el artículo en cuestión perjudica a las arcas locales.

Debido a que se trata de un gravamen que es coparticipable, los mandatarios subnacionales entienden que una baja de las alícuotas que pagan las empresas impactaría directamente en sus recaudaciones, por lo que piden rever la medida o algún tipo de compensación.

Así se lo hizo saber, por ejemplo, el mendocino Alfredo Cornejo al ministro del Interior, Diego Santilli, cuando ambos se reunieron la semana pasada para conversar sobre las medidas que se van a tratar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

El “Colo” volvió a encabezar una gira por el interior del país para mantener encuentros con los gobernadores -algunos más cercanos a la Casa Rosada y otros, más críticos- en la previa de los debates parlamentarios.

El conflicto surgió porque el proyecto que envió el oficialismo al Senado propone modificar la escala para el pago de Ganancias de las sociedades. Para los Tramos 2 y 3, se pretende pasar de una alícuota del 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente.

“Hay un pack de aliados que están a favor de la reforma, pero que plantean que no van a votar nada que tenga un costo fiscal para ellos, y hay otro grupo que directamente pide que morigere la curva de impacto de los cambios en el impuesto y que, en vez de que sea en un año, se haga en dos”, explicó a Infobae una fuente cercana a los actores involucrados.

Según establece el dictamen de mayoría que consiguió el texto antes del cierre del 2025, la baja de impuestos que se incluye en esta norma no se hará efectiva con la sanción, sino cuando lo disponga el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo.

En el primer caso, quienes tienen esa posición son los representantes de Provincias Unidas, espacio integrado por Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy, mientras que la segunda postura responde más a algunos peronistas.

En este sentido, los gobernadores coinciden en su mayoría en que “ya pusieron demasiado en estos tres años” de gestión de Milei y remarcan que “es importante que se tome alguna medida”, teniendo en cuenta que “está cayendo la coparticipación y la recaudación en general”.

Este miércoles, Santilli seguirá sus recorridas visitando en Neuquén a Rolando Figueroa, para luego verse en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes que apoya la baja impositiva.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, sostuvo el ministro el lunes, después de una reunión con el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz.

Al respecto, fuentes cercanas al funcionario nacional destacaron que la conversación con el dirigente norteño, que tiene influencia tanto en Diputados como en el Senado, fue “muy positiva”.

En la Casa Rosada resaltaron que Sáenz se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral y que, de hecho, “lo dejó en claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo”.

“Con esta postura, ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”, señalaron.

No obstante, si bien aseguran que se van a escuchar “todas las voces” durante estos días para intentar llegar a la votación del proyecto con el mayor consenso posible, por el momento no hay intenciones de modificar el artículo vinculado a las Ganancias.

“No se está hablando sobre eso”, aseguró una de las partes que participan de las negociaciones que ya comenzaron en el Senado, donde este lunes se inauguró la comisión técnica a cargo de la abogada Josefina Tajes.

Este grupo fue impulsado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que tiempo atrás aseguró que el Gobierno estaba dispuesto a tomar en cuenta todas las opiniones antes del tratamiento de la reforma.

“Diego arrancó con las conversaciones y encuentros con gobernadores, con diputados, con senadores y con los más de 2000 pedidos de audiencia que contó Patricia que hay en el Senado. Ahora es tiempo de encuentros y conversaciones con todos los dirigentes”, resumió una fuente cercana al Ministerio del Interior.

En paralelo, el sindicalismo volvió a cuestionar la medida y, aunque no tiene el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a varios gremios para este miércoles con el fin de decidir un paro con movilización contra la ley que propone el oficialismo, pero la propuesta no tendrá el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Sin el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a sindicatos para este miércoles con el fin de decidir un paro con movilización contra la reforma laboral, pero la propuesta no tendrá el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que, aunque integra el ala dura del sindicalismo, no comparte la iniciativa “inorgánica” del metalúrgico.

Los líderes de la CATT acordaron reunirse en los primeros días de febrero para analizar cómo frenar la reforma laboral del Gobierno: la idea es adherir a la estrategia de la CGT, aunque no descartan adoptar medidas de fuerza por su cuenta si no se logra eliminar el artículo que reglamenta el derecho de huelga en diversas actividades y que afecta en particular al transporte.

Liderada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la poderosa entidad también prevé mantener reuniones con sectores de la política, como gobernadores y legisladores, tal como viene realizando la CGT, con el fin de dejar en claro la postura específica de los gremio del transporte sobre el proyecto oficial.

“Pero actuaremos siempre dentro de la CGT porque, más allá de las diferencias que podamos tener, hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, dijo a Infobae un referente de la CATT.

Eso implica que los sindicatos agrupados en esta confederación esperarán la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT para evaluar cambios en el proyecto que está en el Senado, que se concretará esta semana, y estarán pendientes de los resultados de esas tratativas porque les preocupa, entre otros artículos, el que limita el derecho de huelga.

“Si ese punto no se elimina o se modifica, vamos a defender nuestra postura con todos los recursos que tengamos a mano, lo que significa que, si hiciera falta, no descartamos tomar medidas por separado de la CGT”, agregó la fuente consultada.

La posición de Schmid de alinearse con la estrategia de la CGT es compartida por otros dirigentes de la CATT como su secretario adjunto, Omar Pérez (Camioneros), y su secretario Gremial, Juan Pablo Brey (aeronavegantes), pero hay otros que podrían adherir a la iniciativa de Furlán de realizar un paro general con movilización cuando el Senado comience a tratar la reforma laboral como Pablo Biró (pilotos), Edgardo Llano (APA), Paola Barrita (ATEPSA), Néstor Segovia (metrodelegados) y Graciela Aleñá (viales), entre otros.

Biró ya anticipó que es partidario de no esperar para realizar un paro contra la reforma laboral: “Si la CGT se pone combativa y resiste podrá cambiar la realidad; si no, le gritarán ‘poné la fecha’. Las bases piden respuesta a la conducción”, señaló a Infogremiales.

“Yo no voy a criticar a la CGT porque somos parte y somos orgánicos -enfatizó-. Si empieza un plan de lucha con paros nacionales puede que tengas una posibilidad de interpelar al Gobierno. Si la estrategia es armar videos de TikTok, el Gobierno seguirá al galope”.

Más allá del rechazo en general al proyecto del Gobierno, la CATT cuestiona en particular el artículo que reglamenta el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades

Ese punto, que rescata el artículo incluido en el DNU 70 y en el decreto 340 (frenados por la Justicia), modifica lo que fija la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, sancionada en 2004, al establecer: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El listado de servicios considerados esenciales que figura en el proyecto incluye las siguientes actividades:

a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b) La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;

c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e) Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;

g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y

h) El servicio de recolección de residuos.

Por su parte, en la iniciativa se consideran de importancia trascendental las siguientes actividades:

a) La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b) El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c) Los servicios de radio y televisión;

d) Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e) La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f) La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g) Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h) La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.