A medida que se acerca la fecha de la sesión extraordinaria que el oficialismo senatorial pidió junto a aliados para el próximo miércoles -anoche fue convocada para las 11-, con el fin de discutir la reforma laboral en la Cámara alta, comenzaron a abrirse las ventanas por donde el diablo “mete la cola”. La cuestión no es menor e involucra a millonarios fondos en juego: una mayoría de legisladores dialoguistas le advirtió al Ejecutivo libertario que si los aportes del proyecto no son “voluntarios” para sindicatos y empresas, es decir, misma vara para todos y sin excepción, no acompañarán los artículos involucrados en dicha temática.

El debate no es nuevo, ya que la administración de Javier Milei mantuvo diversas compulsas de este tipo en la ley Bases de 2024 -no lo consiguió- y en decretos luego frenados en la Justicia, por citar algunos ejemplos. Son tres los ítems a considerar. El primero refiere a la cuota sindical, que la cede el empleado que está afiliado a un gremio de manera voluntaria. Aquí, no existe ninguna objeción.

Por otra parte, el segundo -y mega jugoso- apunta al aporte solidario, que se descuenta a todos los trabajadores del sector bajo el argumento de los “eventuales” beneficios de las negociaciones colectivas. Aquí es donde varios miran de reojo y, siempre en el plano político, el dardo traspasó la epidermis, dermis e hipodermis de un puñado de senadores. “Si eso sale como voluntario acá, la apuesta real es que se trabe en Diputados”, sentenciaron desde un despacho aliado -y de peso- a Infobae. Es decir: no hay todavía un consenso blindado.

Como si fuera poco, los supuestos “representantes” de empresarios pusieron el grito en el cielo con el artículo 128 del dictamen de mayoría, que se firmó en diciembre pasado. El mismo plantea: “Los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

Este medio adelantó, a fines de enero último, la postura que primaba en dialoguistas. En esa ocasión, un importante senador confió: “Si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector. Es decir, lo más justo y ecuánime para todos”. No obstante, los inconvenientes aparecieron en las últimas 96 horas y no a través de la Cámara alta, sino desde la propia Casa Rosada, con funcionarios premium que susurraron otra melodía. No se sabe si para confundir u operar.

El panorama de la sesión parece claro, a esta altura. La sesión extraordinaria ya es oficial y habrá una cumbre final entre oficialismo y dialoguistas durante la tarde del lunes. Ahí ya no existirán más reinterpretaciones ni vueltas y el borrador definitivo deberá ser convalidado por las partes o, al menos, un conglomerado de 37 voluntades de las 44 entre ambos grupos.

Como el despacho tendrá modificaciones inevitables, será trascendental la organización de la votación en particular de la iniciativa. Es allí donde La Libertad Avanza deberá pulir al máximo su estrategia. Los potenciales aliados ruegan que no haya sorpresas de último momento ni tuerca sin ajustar. Siempre corre el temor de jugadas pasadas desde Balcarce 50 -en general, tendientes a virulentas-, aunque apuestan a la muñeca de Bullrich. En una sintonía menos positiva se halla el kirchnerismo: su jefe, el formoseño José Mayans, activó ayer un encuentro virtual. “Un poco bajón todos. Parece que nos van a ganar”, reconoció un experimentado integrante de la bancada a Infobae.

A menos de una semana de que el proyecto sea votado en el Senado, el Gobierno continúa ultimando los detalles de la estrategia legislativa con la que va a impulsar la reforma laboral, que podría terminar siendo convertida en ley recién en marzo, ya durante las sesiones ordinarias del Congreso.

Si bien hay diferentes posiciones dentro del propio Poder Ejecutivo, por el momento viene ganando terreno la idea de ser intransigentes ante los pedidos de algunas provincias para modificar el capítulo fiscal del proyecto o, al menos, agregar algún tipo de compensación por la caída de la recaudación que implicaría la baja del impuesto a las Ganancias.

Esta postura es la que se impuso durante la última reunión en la Casa Rosada de la mesa política libertaria, que no descarta volver a juntarse el martes que viene, un día antes del tratamiento de la iniciativa.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, explicó durante aquel encuentro la situación en el recinto luego de las intensas negociaciones que llevó adelante con los aliados, y aseguró que tiene los votos necesarios como para que la medida consiga a media sanción.

Asistieron, como es habitual, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

A la salida, uno de los integrantes de la mesa precisó: “La postura que está ganando por ahora es la de no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale”.

Cuando conversó con los aliados, Bullrich había ratificado que podrían llegar a haber modificaciones sobre el texto, tal como había prometido cuando consiguió dictamen, a finales del año pasado, y precisó que “el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Un senador de otro partido, que participó de aquella charla, reveló a Infobae que Ganancias “fue el único tema que quedó pendiente” en aquella oportunidad y que la referente libertaria les prometió que el Ministerio de Economía iba a trabajar en eso.

De todas formas, de acuerdo con lo que pudo recopilar este medio, en varias provincias descreen de la postura dura de la Casa Rosada y confian en que habrá cambios en el texto, ya sea antes o durante su votación.

“Vamos a esperar a ver qué sale del Senado”, aclaró a este medio un funcionaro de diálogo directo con uno de los gobernadores del centro del país, que ya está coordinando con sus legisladores los pasos a seguir.

En tanto, en la Patagonia directamente consideran que la Nación va a rever su postura: “No tengo la línea de que no vaya a haber cambios en la ley, hasta último momento todo puede cambiar. Incluso durante el tratamiento”, señalaron.

Así coincide también otra persona que tiene contanto directo con varios mandatarios locales cercanos al oficialismo, quien remarcó que “formalmente nadie dijo nada”, por lo que no descartó que sí se vaya a modificar el artículo referido a Ganancias.

Si el resto de los bloques consigue los números necesarios, el proyecto podría sufrir cambios ya sea el próximo miércoles, o incluso durante su discusión en Diputados, que podría demorarse hasta la primera semana de marzo, según reconocieron en la bancada libertaria.

“Está difícil que se trate durante las sesiones extraordinarias, no dan los tiempos”, admitieron en el espacio que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni.

Además de los retrasos propios del proceso legislativo, en el medio están los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero por carnaval y la Cámara baja también tiene que abordar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Para el próximo jueves se convocó al primer encuentro plenario de febrero, en el que se va a debatir la reforma penal juvenil, que tiene a la baja de la edad de imputabilidad como principal medida.

El oficialismo tendría en este recinto el consenso como para aprobar esta iniciativa, pero el esenario sería más complicado con respecto a la modernización laboral: “Patricia quiso llevarse la pelota para su campo, solamente para presentar esa victoria como propia, pero descuidó lo que puede llegar a pasar acá”, cuestionó un diputado de uno de los partidos afines al Gobierno.

En este sentido, el legislador remarcó que “las provincias no están influyendo mucho, porque la orden de muchas de ellas va a ser más o menos la misma así haya cambios o no con Ganancias”.

“Rogelio Frigerio es más mileísta que Javier. Pero las cosas se tienen que conversar. Yo creo que, por lo menos hoy, el panorama es que la baja de la edad de imputabilidad va a salir fácil, pero la reforma laboral no estoy seguro de que se vaya a aprobar”, agregó.

Como un primer gesto de diálogo, Santilli recibió este miércoles en la Casa Rosada a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, uno de los espacios que más aompañó a la gestión de Milei en este tiempo.

La relación entre ambos había quedado tensa luego de que, en diciembre, el oficialismo acordara con el peronismo para repartirse los lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), relegando a sus socios de esas negociaciones.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes cercanas a los protagonistas, “la idea de la foto es que comiencen a mostrarse nuevamente juntos”, por lo que no negaron futuras reuniones.

Luego de esto, el titular de la cartera de Interior subió a ver a Karina Milei para contarle lo que conversó con el jefe del bloque PRO y cuál es su visión respecto del desafío en Diputados.

En tanto, en el entorno de “El Colo” destacaron que durante la charla con Ritondo “coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”.

“Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, indicaron.

Desde el kirchnerismo, este martes salieron a refutar una investigación encargada a Gendarmería Nacional cuyo resultado afirmó que el día en el que atentó contra la vida de Cristina Kirchner, el teléfono de Fernando Sabag Montiel estuvo activo en el Shopping Abasto cuando el agresor ya estaba detenido. Desde el entorno de la ex presidenta de la Nación, se apuntó nuevamente contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa.

En un duro texto difundido a través de sus redes sociales, titulado “Comodoro Py… la misma historia de siempre”, Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, acusó: “La jueza parece más preocupada por encubrir las irregularidades que cometió que por buscar la verdad”.

Además, el funcionario de Axel Kicillof lamentó que Gendarmería fue “usada por la política para peritajes que dan vergüenza“.

Tal como indicó Infobae este lunes, del análisis técnico de la Gendarmería, realizado a partir del material forense recabado y remitido por el Tribunal Oral Federal, surgió un informe de extracción sobre el teléfono de Sabag Montiel confeccionado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la DATIP del Ministerio Público Fiscal el 27 de septiembre de 2022.

En este informe constan registros que comprometen el manejo y custodia de la prueba: por ejemplo, a las 22:38 del 1 de septiembre de 2022, mientras Sabag Montiel ya había sido aprehendido (desde las 21), el teléfono intentó conectarse a la red wifi del Abasto Shopping, lo que dificulta establecer con certeza la cadena de custodia y el estado original del dispositivo. También se detectó un “evento que tuvo lugar a las 00:11:32″ del día 2 de septiembre del año 2022.

El dato indica que, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los registros identificados en el informe son diferentes a los anteriormente conocidos. Esos registros previos habían permitido ubicar el teléfono en la zona del Abasto antes de que Sabag Montiel fuera hasta el domicilio de Cristina Kirchner en la noche del 1 de septiembre.

“Desde los primeros días, se supo que los atacantes de CFK habían estado alrededor de las 19:30 en el centro comercial del Abasto. Ahora, no sabemos con qué fines, se difunde esta operación con nulo rigor científico”, comienza la respuesta de Mena, quien considera que “a nadie importa la gravedad del hecho del que se habla.

Según el ministro bonaerense, “lo que supuestamente GNA indica como intento de conexión en el Abasto a las 22:30, es la actividad generada por la recepción de un mail automático de opinión sobre la calidad de la conexión al wifi público del shopping”.

Detalla que esa “especie de encuesta automática de satisfacción que recibió el atacante por su paso por el Abasto” a veces les llega a los usuarios en tiempo real, y en otras ocasiones “con minutos u horas de delay”.

“No indica absolutamente nada respecto de la presencia de una persona o teléfono en ese lugar en ese momento. Geolocalizar es más complejo y se utilizan otros datos más precisos (registros de antenas, historial de aplicaciones de mapas, logs de conexión, etc.)”, advierte Mena.

También cree que “no sería la primera vez en esta causa” en la que “no toman en cuenta el huso horario argentino”.

“El tiempo universal coordinado (UTC) para la Argentina, es -3 (UTC -3). Por lo que probablemente la encuesta de satisfacción del shopping fue inmediata (alrededor de las 19:30)… solo que la justicia argentina no sabe ni siquiera contar las horas del día“, ironiza el texto.

Mena recuerda que “a las 22:30, el atacante estaba detenido, incomunicado y con todas sus pertenencias en el lugar del hecho, dentro de un patrullero de la Policía Federal, fuertemente custodiado”.

“Dra. Capuchetti, deje de inventar y obstaculizar y concentre las energías en saber cómo destruyeron el celular del atacante mientras se encontraba bajo su custodia en la caja fuerte del juzgado. La forma de evitar la vergüenza es trabajando seriamente sin condicionamientos políticos. Yo también soy solo abogado, pero cuando no sé algo, pregunto”, concluye el ministro su publicación.

Por el intento de magnicidio contra CFK, en octubre pasado, el TOF N° 6 condenó a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, quienes recibieron penas de 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado.