El Consejo Federal de Educación se reunió este domingo, convocado por el Ministerio de Capital Humano, para coordinar que se garantice un mínimo de clases en todo el país durante el paro de docentes, convocado para mañana, lunes 3 de agosto, por la CTERA.

Según la información posteada en X por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el comité ejecutivo del Consejo, con representantes de las jurisdicciones y de la Nación, ratificó durante el encuentro la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, prevista en la Ley 27.802.

En esa reunión, el ministerio coordinó con las carteras educativas de todos los distritos del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el dictado de clases durante el paro nacional docente del lunes 3 de agosto y para articular una inspección nacional. Según la publicación oficial, el Poder Ejecutivo Nacional también supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima por tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional.

El consejo, presidido por la cartera a través de la Secretaría de Educación, reunió a los responsables o sus representantes de las áreas educativas de las jurisdicciones y de la Nación. La convocatoria tuvo como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma que declara a la educación como servicio esencial.

Según el mismo mensaje oficial, los participantes coordinaron medidas para sostener la continuidad de las clases durante la jornada de paro. La cartera añadió que la decisión apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y a dar previsibilidad a las familias.

Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento del 75% de clases

Tal como había informado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado emitido ayer, el lunes 3 de agosto habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802.

Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió en ese comunicado que activará los pasos establecidos para aplicar las penas correspondientes. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el texto oficial.

El ministerio también subrayó en su comunicado que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.

El paro docente y la disputa por la ley de servicio esencial

El paro nacional de 24 horas fue convocado por CTERA. Entre sus reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron a Infobae que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes”. Los voceros dijeron que esta situación rige “desde el dictado de la Ley N.º 24.049, en 1992, por la que se dispuso la transferencia definitiva de los servicios educativos a las provincias”.

Asimismo, subrayaron que, “reconociendo el rol central de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en materia salarial docente, el Decreto delegado N.º 341/25 modificó el artículo 10 de la Ley N.º 26.075, poniendo en cabeza del Consejo Federal de Educación —ámbito en el que se encuentran representados dichos gobiernos— los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”. Destacaron que “son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado Nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”.

Respecto a la judicialización impulsada por CTERA, fuentes del Ministerio de Capital Humano afirmaron que “CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió la reforma. Con esa acción no solo generó un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional, sino que además denunció incumplimientos por parte del Estado Nacional, denuncia que fue desestimada tanto en primera instancia como en Cámara”.

Finalmente, desde el Ministerio advirtieron que “al no encontrar eco en el ámbito judicial, CTERA amenaza ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos”.

Las demandas de los gremios también incluyen mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA además rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, de acuerdo con el comunicado oficial.

El Ministerio sostuvo que la Ley 27.802 obliga a asegurar el 75% de la actividad habitual durante una medida de fuerza, aunque existe una cautelar judicial que suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad. Como publicó Infobae, la postura oficial sostiene que una apelación del Gobierno mantiene vigente ese límite hasta una resolución definitiva.

Según Infobae, los gremios docentes de la CGT no convocaron a un paro y optaron por acciones sin huelga, como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización ante el ministerio o la Secretaría de Educación. Ese medio también señaló que la CGT prevé una conferencia de prensa el lunes 3 de agosto a las 14 para explicar los motivos del plan de lucha.

En medio de la guerra declarada con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente JavierMilei confirmó que ya definió a su compañero de fórmula para las próximas elecciones y mantuvo en reserva su nombre, en una definición que enlazó con otra prioridad política del oficialismo: la eliminación de las PASO por un costo que cifró en USD 250 millones al año para el Estado.

El mandatario también ratificó que la principal iniciativa legislativa del Gobierno para este semestre será una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con dos ejes: blindar a la autoridad monetaria frente al poder político y prohibir por ley la emisión para financiar al Tesoro.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, dijo el mandatario en una entrevista publicada este domingo por el diario Río Negro. Sobre las primarias, sostuvo que se opone a ese sistema desde antes de llegar a la Presidencia.

El jefe de Estado afirmó que las PASO “no cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro”. Añadió que la intención del Gobierno es eliminarlas y que espera acompañamiento del Congreso.

Milei ubicó la reforma del Banco Central como “la principal reforma” que el Gobierno impulsará en el Congreso en los próximos meses. Su argumento es que no alcanza con haber saneado el balance de la entidad si una futura administración puede volver a emitir para cubrir necesidades fiscales.

En esa línea, planteó que la misión de preservar el valor de la moneda y la prohibición de asistir al Tesoro deben quedar establecidas por ley. “Necesitamos blindar a los presidentes del BCRA de ser removidos del poder de turno, que siempre es caprichoso”, afirmó.

En el plano económico, el presidente defendió la gestión de su administración con una secuencia de logros que, según su descripción, incluyó superávit fiscal, baja de la inflación, salida del cepo y recomposición de reservas. También sostuvo que el Gobierno reconstruyó credibilidad al pagar “todas y cada una” de sus obligaciones.

Consultado por el impacto de esas medidas en la vida cotidiana, Milei aseguró que la actividad económica y el PBI superaron su techo histórico. Según dijo al medio patagónico, la Argentina tendrá 3 años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años.

El impacto de la mejora en los ingresos y las inversiones que vienen

El mandatario reconoció que una parte de la población todavía no percibe esa mejora en sus ingresos. “Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos”, señaló.

Milei también se refirió a la relación con los organismos multilaterales de crédito y afirmó que las misiones del FMI llegan al país para respaldar “un programa exitoso” que, según su visión, sobrecumple las metas acordadas.

Sobre el flujo de inversiones, precisó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ya tiene proyectos aprobados por más de USD 46.000 millones y otros por más de USD 100.000 millones en evaluación. Agregó que, si se incorporan las inversiones anunciadas, el monto total supera los USD 150.000 millones.

Al ser consultado por obras de infraestructura agrícola en la región, descartó una intervención directa del Estado para orientar decisiones del sector privado. “Si esperan una respuesta dirigista de mi parte, sepan que no la tendrán. Yo no planeo tomar al sector privado de la mano y decirle ‘hay que invertir acá’ o ‘hay que invertir allá’. Nosotros vinimos a nivelar la cancha y a sacarle el Estado de encima al sector privado”, dijo.

Por último, sobre el legado que aspira a dejar, expresó que le gustaría ser recordado como quien recibió un país en decadencia y produjo el cambio de rumbo que, según definió, la sociedad pidió con su voto.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó al peronismo que agote todas las instancias de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para que recupere sus derechos políticos, al tiempo que construya una candidatura presidencial propia con legitimidad interna de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo tiene que hacer todo: plantear un trabajo de unidad, de responsabilidad, de programa”, afirmó el presidente del bloque Encuentro Federal en una entrevista con radio Futurock, donde también trazó un diagnóstico severo sobre la situación social del país y el futuro del espacio opositor.

La declaración del legislador llegó días después de que el equipo jurídico de la expresidenta anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa solicitó tres medidas cautelares al organismo: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Valim fue categórico sobre el alcance de las decisiones del Comité: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una resolución favorable puede ser base para la revisión de una sentencia firme. La próxima sesión del organismo está prevista para octubre.

Pichetto calificó la inhabilitación especial perpetua como “una pena retrógrada” y la equiparó a las antiguas figuras del destierro griego y romano, y a la “muerte civil” del derecho civil argentino decimonónico. Describió la condena como arbitraria —“fue condenada sin prueba, por una corte que no estaba completa, con un fiscal que no era el fiscal natural”— y trazó el paralelo con el proceso que enfrentó Lula, cuya situación se resolvió tras la aparición de pruebas que evidenciaron la parcialidad del vínculo entre el juez y el fiscal que lo condenaron. “A Lula le ha ido bien porque también le ha ido bien en Naciones Unidas, donde le reconocieron que había sido mal condenado”, recordó el legislador.

Sobre la estrategia política, Pichetto rechazó el argumento de que apoyar la causa judicial de Kirchner y construir una candidatura alternativa sean objetivos excluyentes. “Hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel importante, muy importante. Hay que agotar todas las instancias de apoyo para que esa figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, planteó, y agregó que la figura alternativa debe surgir de una primaria que le otorgue legitimidad al candidato. “Eso es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja de esa alternativa”, precisó. En esa línea, defendió la conservación de las PASO como herramienta ordenadora de la interna.

El debate sobre la candidatura de Kirchner atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de manera transversal. Desde el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner repite que “la queremos candidata” y sostiene que la expresidenta es la única figura que puede “plantarse ante el poder económico”. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no kirchnerista leen la situación de otra manera: en el propio oficialismo circula la lectura de que “para un sector del peronismo pareciera que les viene bien Cristina detenida”, una percepción que también comparten fuentes del Gobierno nacional. Pichetto salió al cruce de esa postura: “El que quiere ser candidato a presidente tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la virtud de hablar con todos. Mucho más cuando se trata de una figura que fue dos veces presidenta de la Argentina”.

La Casa Rosada optó por la prescindencia formal. “Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente”, explicó un referente territorial libertario. Internamente, el oficialismo entiende que Kirchner conserva altos niveles de rechazo y que una eventual habilitación para competir no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección de Javier Milei. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, graficó un funcionario.

La tensión en el PJ quedó en evidencia este fin de semana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no asistió al acto que el mandatario riojano Ricardo Quintela organizó en La Rioja para conmemorar los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli, al que sí asistió Máximo Kirchner y al que la expresidenta envió una señal de respaldo desde su domicilio. Kicillof delegó su representación en la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Sergio Massa tampoco estuvo presente.

En paralelo, Kicillof avanza en la consolidación de su propia estructura. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará plenarios seccionales durante agosto en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de afianzar el peso de la provincia de Buenos Aires en la negociación interna del peronismo. El primer plenario está previsto para el sábado 8 de agosto en Alberti. Los armadores del gobernador planean cerrar el ciclo con un gran acto político en septiembre, que coincidiría con el primer aniversario de la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos.

Pichetto descartó que exista espacio para construcciones de centro en el escenario de 2027 y pronosticó una polarización similar a la de otros procesos electorales recientes en América Latina. “Va a haber una fórmula peronista, va a haber una fórmula que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo, que no quiere saber nada con este gobierno, demócratas cristianos y otros sectores”, anticipó. El legislador también auguró que Victoria Villarruel competirá como candidata presidencial con un electorado propio de base nacionalista, católica y militar, y descartó que haya lugar para Patricia Bullrich dentro de la oferta oficialista.

El trasfondo del debate electoral es, para Pichetto, una crisis social que describe como “explosiva”. El diputado advirtió que el modelo económico del Gobierno dejó al 70% de la sociedad fuera del sistema, con salarios “demolidos” y una situación en los conurbanos que, a su juicio, podría derivar en “eventos no queridos”. “Nadie vota a aquellos que le hacen perder todo, que pierden el trabajo”, sentenció.