El terremoto que sacudió Venezuela a fines de junio reabrió un canal de diálogo diplomático con Argentina que permanecía congelado desde 2024, cuando Caracas expulsó a los representantes argentinos tras el rechazo de Buenos Aires a los resultados electorales de julio de ese año. La catástrofe produjo un movimiento que la política bilateral no había logrado en casi dos años: el despliegue de un equipo consular y ayuda humanitaria argentina en un territorio devastado por dos terremotos que agudizó la crisis social.

El pasado miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó el tono de ese vínculo actual entre Buenos Aires y Caracas, y habló de la apertura de “un espacio de diálogo” con la esperanza de que “termine en un entendimiento mejor”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) advierten que la ayuda humanitaria no equivale a reconocimiento político al gobierno de Delcy Rodríguez.

“Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular ahí. Y obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia”, afirmó Quirno el miércoles, cuando ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con su par alemán, Johann Wadephul. Hasta los terremotos, el diálogo era nulo. Es más, la Argentina reclamó en todos los foros internacionales la liberación de los presos políticos, situación en la que se encuentra el abogado Germán Giuliani.

Sobre el terreno, la misión consular ya opera. “Compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, remarcó el canciller en X. La respuesta argentina movilizó recursos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Aerolíneas Argentinas e YPF, con brigadas y perros de rescate que ya realizaron hallazgos entre los escombros.

Hasta el momento, Argentina reportó seis ciudadanos muertos y tres desaparecidos. El balance oficial de la Cancillería registra además siete personas en situación de especial vulnerabilidad —cuatro grupos familiares con niños, dos individuos, un menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado— y 12 gestiones documentales completadas hasta el 29 de junio, entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y tramitaciones para connacionales que perdieron sus documentos durante el desastre.

Por otro lado, la diputada nacional por LLA Silvana Giudici, presidenta del recién constituido Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Venezuela, trazó una línea clara frente a esa lectura. “El régimen de Delcy Rodríguez para nosotros no es un gobierno democrático”, sostuvo a Infobae, y aclaró que cualquier restablecimiento de vínculos debe ir acompañado de una transición política y la convocatoria a nuevas elecciones. “Podemos llegar a restablecer algún vínculo por la catástrofe, pero lo que estamos pidiendo como país es la transición democrática de Venezuela”, precisó.

Giudici también reclamó la liberación de Giuliani. “No vamos a dejar de pedir”, sostuvo, y remarcó que el gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de un año preso en Venezuela por disposición del régimen chavista, ya inició acciones legales contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Para la legisladora, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del régimen no pueden quedar sepultados bajo la emergencia: “Todo lo demás no se borra con el codo”, dijo.

El sismo doble del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)— dejó hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos, según el balance oficial venezolano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó los daños entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, equivalentes al 4 y 8% del producto interno bruto (PBI) de Venezuela.

En distintos puntos del país se pusieron en marcha colectas solidarias. Casa Venezuela informó haber reunido una tonelada de insumos médicos en su sede de Combate de los Pozos 1055, en Buenos Aires. Voluntarios clasificaron el cargamento y el lunes enviaron dos camiones con cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento hacia el centro de acopio de la Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR), en Avenida Las Heras 2416. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote, con un total superior a la tonelada en insumos y medicamentos.

Otra iniciativa, liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), recaudó 21 millones de pesos para insumos médicos destinados principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios. Los fondos serán transferidos a Cáritas Venezuela con una auditoría internacional a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Giudici advirtió que el ingreso de ayuda a Venezuela está sujeto a fuertes restricciones, lo que hace inviable el envío por vías informales. “Si no lo hacemos a través de Cancillería, por la vía oficial, todo lo que los venezolanos están juntando acá se perdería”, señaló. El Grupo de Amistad Parlamentaria, advirtió, tiene prevista una segunda reunión para la semana próxima, con mayor participación de organizaciones venezolanas, iglesias y comunidades religiosas.

La reunión constitutiva del GPA, celebrada en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien expresó su respaldo al pueblo venezolano: “Cuenten con la ayuda no solo de este Gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes”. También participaron representantes de la diáspora —Richard Blanco, Adriana Flores y Elisa Trotta— quienes pidieron mecanismos concretos para garantizar que la asistencia llegue a destino.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en enero de 2026—, enfrenta cuestionamientos por la lentitud de la respuesta estatal ante la catástrofe. Analistas consultados por Al Jazeera describieron la gestión gubernamental como “totalmente inexistente” o “completamente inadecuada”, en un país cuya infraestructura de emergencias quedó deteriorada por años de crisis económica y corrupción.

Al igual que lo medido por IPC Online, CREEBBA informó que la  la inflación en Bahía Blanca fue de 1,7% en junio.

Con este resultado, el acumulado en el primer semestre del año escaló a 15,4% y la variación interanual se ubicó en 30,7%.

El mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, con 5,3% como consecuencia de incrementos en electricidad (8,8%), materiales y mano de obra (5,3%) y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (4,7%) por citar los más relevantes.

En segundo lugar, aparece Esparcimiento con 3,6% explicado principalmente por alzas en hoteles y excursiones (11%), transporte por turismo (9,5%), revistas (9,1%), cines y teatros (2,8%), entre otros.

Educación se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4%, traccionado por incrementos en útiles escolares (4,4%), educación formal (2,3%) y otros servicios educativos (1,6%).

En tanto, Salud exhibió una variación de 2,1% destacándose los servicios prepagos y auxiliares (2,6%), elementos para primeros auxilios (2,4%), medicamentos (2,2%) y médicos y odontólogos (1,2%).

Alimentos y bebidas quedó en el último lugar con una suba de 0,7%.

Fuente: Frente al cano.

Corresur comenzó ayer con la gestión del corredor vial integrado por las autopistas Riccheri, J. Newbery, Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226. Se trata de una red de 1.325 kilómetros.

Entre las primeras medidas dispuso la instalación de cinco plantas asfálticas en Coronel Dorrego, Balcarce, Cañuelas, Tapalqué y Tandil, para abastecer las distintas intervenciones y reducir los tiempos de ejecución.

Ernesto Arriaga, periodista especializado en tránsito y asesor en términos de comunicación institucional, informó esta mañana en diálogo con Radios Altos que la UTE ya inició obras de reparación y de integración en varios sectores de la ruta 3. “Ya el primer día de concesión salió con personal y maquinaria para reparar la calzada”, afirmó.

En la primera etapa la concesionaria se abocará a tareas de bacheo y de mejoramiento de calzada, además de cuestiones de seguridad vial y señalización horizontal y vertical.

“El primer año será de mejoramiento de la traza y de la seguridad vial. Habrá pavimentación y señalización en la ruta 3”, remarcó.

Luego, en los años venideros (la concesión es por 20 años) Corresur proyecta avanzar en la repavimentación.

Según adelantó, representantes de Corresur mantendrán reuniones tanto con autoridades como concejales de cada una de las localidades para informar sobre cómo llevará adelante la concesión.

En cuanto al sistema de peajes, avanzará hacia la transformación tecnológica progresiva de las estaciones ya vigentes. La primera etapa comprende las vías de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Todas operarán sin pago en efectivo y el cobro se realizará a través de medios electrónicos y automáticos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación y modernizar la experiencia de los usuarios.

“Las empresas que forman esta UTE son empresas viales de toda la vida. Trabajaron en las rutas 226, 205, 2 y 3. Y tienen obras viales contratadas por el gobierno bonaerense. Son empresas viales y eso es positivo”, destacó, por último, Arriaga.

Fuente: Frente al cano.