La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.

El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.

En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.

Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.

Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.

Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.

La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.

Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete configuró un movimiento de magnitudes tanto en la política ejecutiva del Gobierno como en la electoral. Si bien los altos mandos del partido libertario siguen con idéntica influencia, el ascenso del exministro del Interior genera aún más expectativa sobre la estrategia que se utilizará para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

En la reunión que tuvo con Javier Milei y Karina Milei el último fin de semana en la Quinta de Olivos, Santilli les reiteró que sus dos principales prioridades de cara al año próximo son lograr la reelección del Presidente y acelerar la gestión política del Gobierno, algo a lo que se le suma la prioridad de lograr la aprobación de la reforma electoral.

Hábil con las palabras. Santilli les hizo saber que, después de esos dos objetivos, está en segundo plano su intención de ser el candidato de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO para la gobernación bonaerense. Los Milei le tienen reservado ese rol debido a su buen desempeño electoral tanto en 2021 como 2025, así por cómo viene comportándose al interior del oficialismo.

“La verdad es que como candidato cumple con todos los requisitos. Mide bien, tiene buen perfil y supo cómo comportarse con el karinismo, se fue ganando la confianza de todo ese entorno”, afirmaron en la Casa Rosada.

No es un panorama sencillo el que Santilli tiene por delante. La Jefatura de Gabinete se ha configurado como una verdadera silla eléctrica, ejecutando a tres funcionarios en dos años y medio. Los tres -Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni- eran de altísima estima de Milei en sus respectivos momentos. Pero el timing con el que “el Colo” llega es distinto ya que, a nivel interno, la disputa de poder parece más resuelta que nunca en favor de la hermana presidencial. Así, quienes lo conocen afirman que con cuidar la gestión ya tiene altísimas posibilidades de mantenerse como la principal carta para competir contra el kirchnerismo en la Provincia.

En los últimos días circularon versiones acerca de que Santilli habría conseguido desplazar a Sebastián Pareja en la consideración del armado electoral nacional de La Libertad Avanza. Esto es desmentido desde ambas partes.

“Realmente no vemos ningún cambio. No hay una reconfiguración del mapa bonaerense al interior del oficialismo. Seguís teniendo a Karina Milei como presidenta del partido y a Pareja como su hombre en la Provincia. El único cambio es Santilli como jefe de Gabinete, que sí es importante”, afirman desde el entorno del ministro coordinador.

En tanto, en el karinismo son enfáticos en decir que la connivencia entre Pareja y Santilli debe seguir como siempre y que no son figuras opuestas, sino las dos caras de una misma moneda. “Sebastián es quien está desde el comienzo del armado electoral de La Libertad Avanza. Nunca la cagó, y eso se valora muchísimo. No hay forma que se desprenda de él como se especuló en los últimos días. Todo sigue exactamente igual”, afirman.

Aunque parece que falta como para hablar de candidatos, los libertarios no descuentan que el peronismo adelante las elecciones bonaerenses. Eso hace que los vínculos entre LLA y el PRO comience a tomar forma de manera casi automática. Operadores libertarios de la Provincia afirman que todavía no hay un candidato, aunque el que está claramente posicionado, tanto por imagen como por preferencia del Presidente, es Santilli.

En el entorno de Pareja no niegan que él haya pensado en una eventual candidatura, pero sabe que, a priori, en la Quinta de Olivos hay una decisión tomada.

El presidente provincial de LLA afirma en privado que se entiende con Santilli y que no se han estado pisando los talones. Para evitar cualquier tipo de interpretación de interna, hace meses que puso como condición a su equipo del exministro del Interior fuera invitado a todos los eventos partidarios en la Provincia.

En el último año, Pareja desarrolló una estructura propia que quiere seguir profundizando en diferentes ámbitos. Tiene su militancia a través de La Púrpura, que realizó eventos en diferentes secciones de la provincia; su agrupación universitaria denominada Crear + Libertad, que está bajo la órbita de Universitarios Por la Libertad (UPL); y una usina de dirigentes denominada Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). Con esta última prevé terminar para fin de año una suerte de guía de propuestas para ser presentadas el año próximo en la contienda electoral. También habrá una novedad para agosto, donde busca realizar una edición internacional de lo que denominó Foro Alberdiano. Esto será un “retiro” con dirigentes libertarios bonaerenses, de otras provincias y de partidos conservadores de diferentes países para debatir políticas públicas.

La consideración que Santilli tiene con la cúpula del Gobierno y la que Pareja tiene como armador provincial parecen no estar en discusión. Lo que sí podría ser materia de debate es la estrategia en materia de alianzas de cara a la contienda electoral.

En el PRO creen que hay que evitar cualquier tipo de dispersión en la oferta. “Cada voto cuenta. La evidencia empírica te demuestra que cuando más junto vas, más posibilidades tenés de ganarle al peronismo en la Provincia”, afirman.

En ese sentido, creen necesario tener conversaciones con la UCR bonaerense, que comanda políticamente el senador Maximiliano Abad, con quien Santilli y Lule Menem tienen diálogo por las negociaciones que ellos buscan comandar por las reformas de Milei. Creen que a eso se le deben sumar algunos partidos vecinalistas, según el distrito.

“No hay opción de ir separados si queremos vencer al kirchnerismo. Todas las fuerzas que quieran el cambio, que quieran dejar atrás el abandono de Kicillof, tenemos que ir juntos. Eso incluye al PRO, a la Libertad Avanza, al radicalismo y a todo espacio que comparta ese objetivo y visión de cambio. Tenemos que aprender de 2023 donde Kicillof reeligió porque las fuerzas del cambio fueron separadas. Ese error no lo podemos volver a cometer. Necesitamos un frente lo más amplio posible”, opinó ante Infobae una fuente de peso del PRO bonaerense.

Esto es algo que no descartan en la cúpula del partido. Si bien el parejismo no ha tomado una posición contundente por el momento, entienden que el oficialismo bonaerense hará todo lo posible para mantener el bastión de la provincia de Buenos Aires. “Nuestra tarea es la de conducir el proceso electoral que lleve el proyecto de Javier Milei a la Gobernación. Estamos trabajando, analizando las estrategias y conversando con todos los actores políticos para entender su predisposición a ser parte de nuestra propuesta”, afirman voceros oficiales del espacio.