El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a las autoridades de los bloques dialoguistas para intentar acordar un cronograma que le permita avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de la conversación, se coló la denominada Ley de Soberanía Nacional y los pedidos de cambios de los diferentes bloques.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que más incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Hasta ahora son muy pocos los cambios que fue aceptando el oficialismo, que se mantiene poco permeable a modificaciones. En el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”. Esto aplica también al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.

Sin embargo, el cambio de nombre no modifica la composición. Sigue estando en cabeza del presidente de la Nación y lo conforman los ministros y la SIDE, todos a tiro de decreto de ser removidos por el jefe de Estado.

En lo que respecta a la intervención de este Consejo en la seguridad interior —otro punto que genera malestar en algunos sectores, ya que podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio—, se incorporó una salvedad: debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.

Aunque se aceptó la creación de una comisión de seguimiento del Congreso, se establece que esta es secreta, por lo que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán de conocimiento público.

Hubo otro reclamo de los bloques que acompañarían el proyecto que no fue escuchado por La Libertad Avanza, vinculado al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.

Ese título del dictamen de mayoría introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral. Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).

En este aspecto, Menem y los demás legisladores libertarios fueron claros con sus colegas: no hay intención alguna de eliminarlo.

Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción, como la reforma del BCRA, el Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.

De aprobarse, y teniendo en cuenta que el giro al Senado llevaría no menos de 48 horas, no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias, por lo que sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostró exultante con la finalización del traslado de los últimos internos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, una medida que deja atrás casi un siglo de funcionamiento del penal.

El último grupo estuvo compuesto por 69 internos que habían permanecido en el establecimiento para participar, el miércoles, de una actividad pastoral encabezada por el papa León XIV. Todos terminarán de cumplir sus condenas en el complejo de Marcos Paz.

“Qué semana histórica estamos viviendo! A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz”, compartió Karina Milei, al celebrar el cierre del operativo en su cuenta personal de X.

Y siguió: “Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio. ¡Felicitaciones a nuestra gran ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva, y a todas las fuerzas de seguridad que participaron de este enorme operativo”.

A su vez, la ministra Monteoliva se sumó a los comentarios de Karina, al coincidir que lo ocurrido es algo “histórico”. “Otra promesa cumplida del señor Presidente Milei. TMAP”, remarcó la funcionaria sobre el operativo, que deslizó las siglas de la consigna libertaria “Todo marcha de acuerdo al plan”.

El traslado luego de las palabras de León XIV

La desocupación del establecimiento comenzó ayer las 15.30, cuando las autoridades llevaron a Marcos Paz al contingente que había sido exceptuado temporalmente de los traslados previos. La medida permitió que los detenidos asistieran a la ceremonia papal en el gimnasio del penal.

León XIV visitó la cárcel el miércoles por la mañana, durante su viaje a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Escuchó los testimonios de personas detenidas y de otra que ya había recuperado la libertad.

Durante esa actividad pastoral, el Pontífice advirtió sobre “el falso poder que viene del dinero fácil” y planteó que incluso las experiencias atravesadas por dolor y fracaso pueden convertirse en una oportunidad para reiniciar la vida. También pidió condiciones más humanas y respetuosas en las instituciones penitenciarias, orientadas a la recuperación y la reinserción social.

En ese ámbito, León XIV escuchó las palabras de Reinaldo, de 44 años, que hacía tres había recuperado su libertad. Había sido condenado a seis en una causa por drogas: dos los pasó en el penal de Magdalena, mientras que los últimos cuatro en Villa Devoto.

También presenció los testimonios de Christian, de 29 años, y Maximiliano, de 32, explicaron que encontraron en la capilla del penal un espacio para acercarse a la fe, reflexionar sobre sus errores y comenzar a proyectar una vida diferente. Los dos expresaron su arrepentimiento por el daño causado y desearon reinsertarse en la sociedad.

La primera etapa del vaciamiento de la unidad penal había comenzado el 11 de octubre, con la derivación de unos 1.400 internos a lo largo de cinco jornadas. Los 69 detenidos que permanecieron en Devoto fueron los únicos que aguardaron hasta después del encuentro con el Papa.

El traslado fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un cambio histórico para la Ciudad

La cárcel de Villa Devoto dejó de estar operativa después de 99 años y medio. Inaugurada en 1927, fue escenario de acontecimientos de la historia argentina y era el último penal federal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El complejo que recibirá a la población trasladada fue construido en un predio de 80 hectáreas y dispone de cuatro unidades de máxima seguridad. Tiene capacidad para 2.232 personas.

La obra fue entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación después de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez completada la recepción de los internos procedentes de Devoto, el plan oficial tiene previsto trasladar al mismo establecimiento a unos 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías porteñas, a disposición de la Justicia federal.

El cierre del penal forma parte de un convenio firmado en 2018 entre Nación y Ciudad, cuya ejecución se demoró por interrupciones en la obra vinculados a los cambios de gobierno.

Jubilados, movimientos piqueteros y partidos de izquierda reactivaron esta semana su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a menos de 24 horas de la partida del papa León XIV de Buenos Aires rumbo a Lima, Perú. La convocatoria central se concentra en una jornada nacional de protesta fijada para el miércoles 18 de noviembre, con epicentro en las sedes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización comenzará a las 11 frente a la sede de ANSES de avenida Córdoba 1144. Desde allí marcharán frente al Congreso de a Nación. La concentración está prevista para las 15.

Los organizadores, agrupados en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, definieron la fecha como un “miércoles federal” con acciones simultáneas en distintas provincias, tras más de 140 semanas consecutivas de protesta frente al Congreso desde diciembre de 2023.

El reclamo central es un aumento urgente de los haberes

El principal pedido de los jubilados autoconvocados apunta a un incremento inmediato de las jubilaciones mínimas, que hoy se ubican en 444.158,46 pesos, a los que se suma un bono de 70.000 pesos congelado desde 2024. La liquidación bruta para los beneficiarios del haber mínimo no supera los 514.158,46 pesos.

Entre las demandas figuran también la cobertura de medicamentos al 100%, la restitución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la administración de trabajadores y jubilados, el control sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el rechazo al uso del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que entrará en vigencia en diciembre para financiar indemnizaciones por despidos.

Según el comunicado difundido por la Mesa Coordinadora, el Gobierno habilitó el uso del FGS, cuya función es garantizar el pago de jubilaciones y juicios por recálculo, para solventar créditos inmobiliarios otorgados por bancos. La organización también reclama la apertura de las cuentas y los contratos del PAMI, la investigación de los funcionarios señalados por el manejo de esos fondos y la restitución de la moratoria previsional derogada por la actual gestión.

En el mismo comunicado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados responsabilizó al Gobierno por el deterioro del sistema de salud pública destinado a los adultos mayores. “Desde el inicio de este Gobierno, han aumentado las muertes de adultos mayores. Las cifras superan largamente las de la pandemia”, sostiene el texto.

La última movilización de los miércoles, realizada el 11 de noviembre, coincidió con el cierre de la gira de León XIV por la Argentina y se desarrolló sin el habitual despliegue de fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes hubo banderas y carteles que aludían al Pontífice, además de una gigantografía del papa Francisco con la consigna “Hagan lío”.

El domingo anterior, en su primer discurso oficial en el país, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), León XIV había señalado, junto al presidente Javier Milei, que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” y pidió que “el crecimiento alcance a quienes encuentran mayores dificultades, como los ancianos que han contribuido durante años en construir la sociedad”.

Ese mensaje fue interpretado por referentes sindicales y de movimientos sociales como un respaldo implícito a sus reclamos. Tras el encuentro sobre el mundo del trabajo que el Pontífice encabezó el lunes en Puerto Madero, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones piqueteras coincidieron en que la exposición papal incluyó críticas directas a la gestión libertaria y al sector empresario.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que acompañan todos los miércoles a los jubilados, calificó la frase final del Papa en Luján, “Argentina, levántate y camina”, como “un llamado de rebelión contra el modelo de pobreza y exclusión” del Gobierno nacional.