El Gobierno libertario se prepara para las sesiones extraordinarias, ante un kirchnerismo senatorial que apuesta a blindar sus 28 votos -de 72, lo que significa más de un tercio del pleno-, en medio de fuertes reclamos para que haya “un nuevo orden” en el interbloque del Frente de Todos, que comanda el formoseño José Mayans. El embrollo mayor es conocido: un puñado de legisladores se hastió de cumplir las órdenes que Cristina Kirchner emite, sin ninguna posibilidad de objeción, desde su prisión domiciliaria.

“Venimos de perder tres elecciones bajo el lema ‘todos juntos’. Parece algo agotado, más allá de mantener un caudal de votos que nunca debe ser desconsiderado. Entonces, si el regreso de ‘volver mejores’ ya lo destruyó Alberto -en referencia al expresidente Alberto Fernández– y las quejas se amontonan, ¿por qué no con otro orden?”, sentenció un integrante del espacio kirchnerista.

Al acercar la lupa, aparecen bifurcaciones. Esto depende mucho del sitial desde donde se analice el panorama. Algunos son más cautos y aclararon a este medio que “un nivel son los acuerdos como cúpula PJ; otro, el de los gobernadores con la Casa Rosada; y un tercero, la convivencia interna”. Parece ser que, al quitarle la espuma a la ola generada con las recientes elecciones de octubre pasado, el último ítem se convierte, por ahora, en el más importante.

“Yo no creo que haya tanto problema para rechazar, por ejemplo, la reforma laboral. Sobre todo, si el Gobierno pretende sacarla rápido. Podría cometer un gran error. Lo que ya no es agradable es entrar a una reunión de bloque y que dos o tres compañeros -en referencia a Mayans, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti- acaparen la centralidad en todo. No hay respeto hacia exgobernadores que no pierden en sus provincias, ni espacios para ganadores en comisiones importantes. Al Consejo de la Magistratura van siempre los mismos. Para la AGN -Auditoría General de la Nación- quisieron traficar a un postulante que ni siquiera tenía el aval de todos nosotros. Siempre en exceso”, manifestaron con desazón desde el Frente de Todos.

Desde otro despacho, un senador que responde a un mandatario provincial fue tajante: “Nadie quiere ser el primero en romper. Ahora, si la semana que viene sigue la misma situación, no sé cuánto va a aguantar. Ya no es más ‘hacé esto’ o ‘apoyen lo otro’. Y pensar que hay peronistas distanciados hace mucho del kirchnerismo que sondearon los últimos días para ver si hay agua y generar algo distinto. Somos un sinfín de ocasiones mal pensadas y ejecutadas de la peor manera”.

En el Frente de Todos surge otro temor: Patricia Bullrich. No tanto por el trato en el día a día, sino por su posición de interlocutora única del Gobierno con la Cámara alta. El pedido de auxilio llegó a los oídos de la Vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que mantiene excelentes vínculos con varios legisladores cristinistas y fue recibida con afecto por Gildo Insfrán en Formosa.

“Básicamente, le dijimos que no le regale el manejo de la Cámara a Bullrich. Pero como ya le cuesta con sus cuestiones, no pongo mucha esperanza. Mientras no quieran arrasarnos, sobreviviremos”, reflexionó un soldado peronista sorprendido por el reciente acto que promocionó esta semana Villarruel, junto a libertarios hoy enemigos acérrimos de Karina Milei, para criticar -por su extensión y consecuencias- la cuarentena kirchnerista durante la pandemia Covid. “Una estrategia muy atinada de su parte. Ya sé a quién no pedirle un consejo”, opinó, con risas, una senadora.

Con la confirmación del santiagueño Gerardo Zamora y su participación con el Frente Cívico -en principio- dentro del interbloque peronista, las miradas pasan ahora a Convicción Federal, que diferenció tiempo atrás, sin romper con Cristina Kirchner. Son cuatro. Las idas y vueltas con constantes. “No hay apuro. Vamos a ver qué pasa y cómo corre el agua la semana que viene”, aseguró uno de éstos a Infobae.

De reojo también observa todo el justicialista Daniel Bensusán. Dos semanas atrás, este medio contó que si bien no tiene intenciones de sacar los pies del plato y aguardará la decantación kirchnerista, sí es cierto que, ante imposiciones delirantes, armaría su propio bloque: PJ La Pampa, en línea directa -uno de los pocos- con su gobernador, Sergio Ziliotto. En caso de cumplirse, reeditaría la butaca con la que hizo magia años atrás Carlos Verna, uno de los últimos “lúcidos” -reconocido por sus pares- que tuvo el Senado. Y ya parte otro, el salteño Juan Carlos Romero.

Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.

Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.

Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.

Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.

El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.

El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El futuro de las PASO

“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.

Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.

Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.

Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.

En la antesala a la presentación del proyecto de reforma laboral, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la convocatoria a un paro nacional para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación.

La medida responde al rechazo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la exigencia de reapertura de paritarias con recomposición salarial de emergencia en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para ajustar 10% del personal en organismos públicos.

El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, admitió que los cambios que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo son “pro mercado”, y que “la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”. “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló el gremialista en su mensaje en X.

“Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”, sostuvo Aguiar.

El dirigente remarcó también que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el período con mayor creación de empleo registrado en Argentina se produjo entre 2002 y 2011/12, cuando estaba vigente la doble indemnización.

En la convocatoria oficial a la huelga, el gremio advirtió que sobre el contexto de “fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleo, subempleo y multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas)”, y que pese a esos retrocesos el Gobierno “avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

El texto señala como reivindicaciones los siguientes puntos:

• Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

• Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

• No al desguace del Estado.

• Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

• Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

• Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

• Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

• Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

• Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

• Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El pliego lleva las firmas del propio Aguiar, junto con los directivos de ATE Eduardo Gustavo Cuentres, secretario gremial, Mirta Inés Matheos, secretaría Administrativa, Mercedes Cabezas, secretaria General Adjunta.

En noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática,

Dentro de los organismos públicos señalados para una eventual reducción de personal, aparecen la Oficina Anticorrupción, Indec, Conicet, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, INTA, INTI y Enacom, entre otros.

El 28 de noviembre, el Poder Ejecutivo mantuvo una reunión virtual con los gremios estatales, aunque la misma finalizó sin ofrecer ninguna mejora salarial concreta.

El sindicato ATE es uno de los pocos gremios que, por el momento, definió medidas de acción directa contra el proyecto que impulsa la Casa Rosada. La CGT expresó abiertamente su rechazo a algunos de los detalles que trascendieron del proyecto, que cuenta con el apoyo de sectores empresarios, entre ellos, la flexibilización de condiciones de trabajo como el régimen indemnizatorio, las vacaciones, la extensión de la jornada laboral a partir de un banco de horas, entre otros puntos.