La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El escrito del cuerpo de abogados del Estado pide la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley.

La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.

Además, solicita que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.

Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.

La CGT argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

En su recurso, la Procuración sostiene que la CGT no acreditó la existencia de un caso concreto ni identificó ningún acto específico que le haya causado un perjuicio, señalando que su acción se basa en argumentos abstractos y generales.

Asegura también que la CGT carece de legitimación suficiente para representar en este proceso a todos los trabajadores del país y que el juez de primera instancia omitió considerar la representación sindical según lo exige la normativa vigente.

La Procuración remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos de la resolución se extienden sobre todo el territorio argentino. Explica que la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 fue oportunamente rechazada y que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, en efecto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo y reclamó el expediente, sin que hasta ese momento se haya dictado ninguna resolución que revierta la suspensión dictada por el juzgado laboral.

El recurso presentado califica la situación como una de “gravedad institucional”, ya que sostiene que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo el principio de división de poderes. El escrito cita diversos precedentes dictados por la Corte Suprema, argumentando que ningún juez está facultado para suspender una ley nacional con efecto erga omnes (que es un principio jurídico por el cual una norma, sentencia o derecho es aplicable a todas las personas, no sólo a las partes involucradas en un litigio).

De acuerdo con la Procuración, la decisión judicial genera un “perjuicio irreparable” al imponer incertidumbre sobre la vigencia de la Ley N° 27.802, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio para empleadores y trabajadores a nivel nacional. También advierte que, de confirmarse este mecanismo, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, con el consiguiente riesgo para el sistema normativo.

El recurso describe distintas objeciones legales y procesales a la sentencia de primera instancia: cuestiona la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, sostiene que la cautelar adoptada coincide con el objeto principal del proceso (lo que estaría prohibido por la legislación), y señala que el juez fue más allá de lo solicitado por la CGT al suspender artículos que no formaban parte del pedido original.

La Procuración concluye que la única vía “eficaz” para revertir la medida recurrida y proteger el derecho federal invocado es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum. Solicita, en consecuencia, que el el máximo tribunal disponga la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada y restituya la plena vigencia de la Ley N° 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

El Poder Ejecutivo autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos al territorio nacional para el desarrollo del ejercicio militar “Daga Atlántica”, que comenzará el 21 de abril y concluirá el 12 de junio de 2026. También aprobado el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX”, que se desarrollará en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril.

El decreto fue publicado el 17 de abril en el Boletín Oficial y fue firmado por el presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros. Estos ejercicios, según la normativa oficial, fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

La extensión del conflicto bélico en Medio Oriente obligó a posponer los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, que se iban a realizar a principios de abril. La nueva programación apunta a mantener el compromiso bilateral de defensa mientras ambos países ajustan sus recursos ante un contexto internacional cada vez más complejo.

De acuerdo con lo dispuesto, el ejercicio “Daga Atlántica” reunirá a fuerzas argentinas y estadounidenses en áreas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, las actividades de “PASSEX” contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos de América, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. Las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

Ambos ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y la integración doctrinal, así como estandarizar procedimientos, fortalecer la defensa de áreas estratégicas y habilitar a las Fuerzas Armadas argentinas para participar en futuras operaciones multinacionales.

El proyecto de ley para permitir estos ejercicios ya había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento, pero hasta la fecha de emisión del decreto no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados. Esta demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122.

Frente a esto, el Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. El decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de EEUU en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.

En palabras del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, dirigido por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, estas prácticas buscan “incrementar la preparación militar y fortalecer la defensa regional a través de entrenamientos conjuntos, intercambios de expertos en la materia y el implemento de prácticas operacionales compartidas”.

Durante la coyuntura internacional de mayor inestabilidad, el Gobierno ratificó su “alineamiento estratégico sin ambigüedades” junto a la administración de Donald Trump, quien anunció en los últimos días un alto al fuego en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso que la relación bilateral se sustenta en “coincidencias políticas y en una complementariedad económica cada vez más relevante”.

Quirno subrayó ante el auditorio que la visión común incluye el respeto a la libertad, la preponderancia del sector privado y la búsqueda de “cadenas de valor seguras en el hemisferio”. Además, enumeró una serie de áreas estratégicas contempladas en la agenda conjunta: minerales críticos, energía e inversiones figuran entre los principales acuerdos y mecanismos de cooperación.