El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, se encamina a renovar autoridades el próximo 15 de marzo y serán dos grandes grupos los que llevarán adelante una negociación con el objetivo de esquivar una elección interna que sería inédita. Así, el espacio que responde a Cristina Kirchner, por un lado, y quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Axel Kicillof, por el otro, están a días de acelerar las conversaciones para definir si habrá una lista de consenso o efectivamente la sucesión del actual presidente será mediante comicios.

En el MDF hay algunas posiciones más enfáticas en plantear que este es el momento de darle a Kicillof —de manera plena— la botonera política del peronismo, tanto para transitar los dos años que le quedan al frente de la provincia de Buenos Aires como para la discusión venidera: el 2027. El gobernador planteó semanas atrás ante intendentes propios que quien vaya a conducir el partido deberá estar en sintonía con los intereses del gobierno provincial.

Hay algunos nombres que merodean posibles candidaturas en caso de internas o que se pondrán en la mesa desde el MDF. Lo cierto es que la posición en el kicillofismo no es homogénea. La vicegobernadora, Verónica Magario, es una de las más activas para disputar la conducción. El intendente de La Plata, Julio Alak, es otra de las figuras cercanas al mandatario que se repiten y al que le endilgan la condición de figura de consenso.

Sin embargo, en el campamento kirchnerista la sensación parece ser otra. Días atrás, la diputada nacional Teresa García dijo que notaba “apurados a los compañeros del MDF” en relación a la decisión de juntar avales y empezar a armar listas a nivel distrital, ya que la renovación de autoridades del consejo provincial trae consigo el recambio en los PJ de los 135 municipios. Ahora, con el cronograma electoral corriendo y los padrones en observación, desde el kirchnerismo esperarán cumplir esa etapa para luego sentarse a negociar con el sector de Kicillof.

Fuentes de este sector aseguraron a este medio que “todavía no hay nombres” y que aspiran a llegar a una lista de consenso. Un dirigente de peso del espacio cristinista aseguró, además, que en la última reunión del Consejo del partido —ocurrida en diciembre del año pasado en el distrito de Malvinas Argentinas y en donde se eligió el 15 de marzo como fecha para la renovación de autoridades— desde el entorno de Kicillof pidieron llegar a una lista de consenso y que ese fue el acuerdo.

“Solemos respetar los acuerdos. Eso fue lo que planteó el MDF el día que pidieron los apoderados. Que querían unidad”, describen cerca de Máximo Kirchner. En rigor, en la última reunión del PJ, el espacio de Kicillof llegó al encuentro con el planteo de ampliar la representación de apoderados. Así fue que el grupo se amplió y se le dio lugar a dos figuras a propuesta de Kicillof: Ana Laura Ramos, una funcionaria del círculo de Alak y la subsecretaria Legal y Técnica de la provincia, María Sol Berriel; en representación de la Secretaria General de Gobernación, Agustina Vila; una funcionaria con rango ministerial y de extrema confianza de Kicillof.

Quienes negociarán por el cristinismo también consideran que “no debería ser difícil avanzar”, en un marco de consenso. Reconocen que no será un marco exento de tensión, pero que “si prima la razón”, habrá unidad. En el kicillofismo, algunas voces aseguran que esa unidad de la que habla el kirchnerismo es —en realidad— condicionamiento.

¿Qué podría suceder? Un escenario asemejable a las negociaciones de las listas para las elecciones del año pasado, tanto en septiembre como en octubre. Pese a las febriles negociaciones y los riesgos de ruptura que hubo —sobre todo para las listas provinciales—, la sangre no llegó al río. “Cuando se corrió la fantasía, la cosa fluyó”, rememoran en el kirchnerismo a seis meses de aquel momento en el que MDF llegó a armar listas para las ocho secciones electorales que luego quedaron sin efecto. En una reunión con funcionarios e intendentes del MDF, el mandatario bonaerense también planteó que hay que estar atentos a lo que suceda con el PJ y mandó a armar listas en los distritos donde podría haber internas.

Desde este jueves y hasta el martes de la semana que viene se exhibirán los padrones que serán los válidos en caso de que haya una compulsa interna el próximo 15 de marzo. En los próximos cinco días se podrán hacer observaciones y tachas al padrón electoral del PJ. Luego, el martes 3 de febrero vence el plazo para la presentación de avales. Para ese momento las conversaciones estarán más que avanzadas.

El 8 de febrero es el día D. Será cuando venza el plazo para definir candidatos. Se sabrá si habrá una sola lista o bien todo se dirimirá en elecciones. En el kirchnerismo plantean que primero hay que resolver los padrones y que estén todos los plazos legales cumplidos.

La semana pasada, cuando el PRO anunció una reestructuración interna, el diputado Fernando De Andreis, mano derecha del ex presidente Mauricio Macri y nuevo secretario general del partido, describió la realidad de una fuerza que en un pasado no tan lejano gobernó al mismo tiempo la Nación, la provincia de Buenos Aires y CABA. “La voz del PRO, muchas veces apegada a fórmulas que fueron eficaces, suena como la voz de alguien desactualizado”, planteó.

Esa radiografía representa el inicio de un año con varios desafíos por delante. Quizá, el más importante, será cómo sobrevivir a la expansión libertaria, que amenaza con llevarse puesto todo por delante. Pero también cómo responder a un diagnóstico que, por ejemplo, realizó un dirigente histórico como Federico Pinedo.

“Yo creo que el PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, que son objetivos claros, porque eso es lo que fija la estrategia. Y un liderazgo que convoque y represente al pueblo para lograr eso. Yo creo que no están claras ninguna de las dos cosas. Yo no tengo claro cuáles son los objetivos claros y el liderazgo para llevarlos a la práctica. Hay mucho solapamiento de objetivos del PRO con los objetivos del presidente Milei, y por eso hay mucha gente del PRO que trabaja para que le vaya bien al gobierno”, aseguró el exsenador, hoy designado sherpa del Gobierno ante el G20, en una entrevista con Infobae.

En ese contexto, la estructura del PRO se cierra sobre sí misma en el nuevo rol de De Andreis. Es un esquema “amarillo puro”. “El rol será el de articular entre la conducción nacional y cada una de las provincias, ordenar y ver qué necesita cada distrito, y contener bastante a los dirigentes que ya están y tratar de que el partido crezca en base a nuevas caras, nuevos líderes”, señaló un importante dirigente amarillo ante la consulta de este medio. Una tarea similar tendrá el exsenador entrerriano Alfredo De Angeli.

Hay un temor real a más fugas, al proceso de diáspora que comenzó el año pasado hacia LLA o hacia Provincias Unidas. Por eso la relación con el gobierno libertario, y con sus principales armadores y terminales políticas, nunca transita la ruta de la tranquilidad y la confianza. El Congreso nacional y la provincia de Buenos Aires, y sus interlocutores Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, son buenos ejemplos que dan cuenta de esta relación espinosa.

Tanto en el PRO como en LLA reconocen que la situación es “distante, fría”. “Son un partido que está en retracción, priorizan no irse al descenso antes que una construcción política a largo plazo porque saben que La Libertad Avanza va a tratar de buscar gente propia antes que hacer algo con ellos de cara a lo que viene. ¿Qué tienen para negociar en la provincia de Buenos Aires más allá de un par de intendencias? Porque ahora la Libertad Avanza tiene muchísimos más concejales que el PRO en la provincia de Buenos Aires”, remarcó un importante operador libertario bonaerense.

Del lado del PRO, y consultados por este medio, aseguran que “el 90% de los que se querían ir ya se fueron y el que sigue es porque realmente quiere”. Esa tensión se traslada al Congreso y todavía sigue el malestar en el bloque amarillo en Diputados, y en Ritondo, por la definición de las autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN). “Fue directamente una acción contra el reglamento y la Constitución. Y políticamente, una enorme decepción. Del kirchnerismo no esperamos nada, pero del oficialismo sí esperábamos algo distinto”, recordó un dirigente macrista que conoce al detalle el trabajo parlamentario.

En la cámara baja, la discusión por el DNU que modificó la estructura de la SIDE será un escenario de prueba. El Gobierno envió la semana pasada el texto al Congreso. “A priori, estamos más a favor que en contra. Todavía no hay una postura final porque no hubo oficialización de los protocolos. Si esos protocolos siguen nuestros criterios, acompañamos”, señalaron desde el PRO a Infobae. LLA, sin embargo, se esperanza con blindar el DNU en el Senado y cree contar con los votos necesarios.

En la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, hay una relativa calma. Jorge Macri y Pilar Ramírez, una de las referentes libertarias en el distrito, acercaron posiciones en el último tiempo, algo que se debería trasladar a la dinámica legislativa, donde el jefe de Gobierno porteño hizo una serie de movimientos internos para quedarse con lugares clave, como la Dirección de Prensa. Pero la política es dinámica, y la intención del mandatario de buscar su reelección podría volver a tensionar la relación por el proyecto 2027. En el PRO no descartan competir en unas PASO.

¿Y Mauricio Macri?

Mauricio Macri transita un momento incómodo. Por lo bajo, varios dirigentes de peso cuestionan su conducción “ambigua”, sobre todo con relación a LLA en el 2025. Otros, como Pinedo, hicieron el planteo público de “falta de liderazgo” y de “objetivos”.

El expresidente, mientras tanto, sigue con atención las noticias judiciales sobre las autoridades de la AFA y prepara su reaparición pública en Argentina luego de dar una clase en la Bologna Business School, en Italia, de algunas reuniones virtuales con la mesa chica del partido y de la confirmación de su separación de Juliana Awada.

Según supo Infobae, Macri confirmó su presencia en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

Sin embargo, no son pocos los dirigentes que esperan la reunión oficial del consejo del PRO para conocer la hoja de ruta de este 2026. Aún no está definida la fecha, pero podría realizarse entre febrero o marzo.

En una postura que incomodará al Gobierno, Hugo Moyano pateó el tablero en materia salarial: reclamó a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad (sin acuerdos con vigencia más extensa, como hoy) y un tratamiento más adecuado de las sumas no remunerativas para evitar el continuo deterioro del salario real y el consecuente perjuicio de la vida de los trabajadores y el funcionamiento del gremio.

En una nota dirigida a las cámaras empresariales del sector, el líder del Sindicato de Camioneros planteó una demanda “urgente de revisión técnica, económica y paritaria de los mecanismos salariales” vigentes debido a “los efectos regresivos comprobables que generan sobre los ingresos reales de los trabajadores”.

Moyano cuestiona el esquema actual de revisión y aumentos salariales al destacar que consolida “una licuación salarial estructural, producto de la brecha temporal existente entre la dinámica inflacionaria y la actualización efectiva de los salarios”.

La firme postura del líder de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En la nota a las cámaras, el sindicalista afirmó que, aunque existe una cláusula de revisión salarial que introduce una corrección posterior, “resulta insuficiente y técnicamente distorsiva, dado que se aplica con un desfasaje aproximado de 4 meses, período durante el cual se materializa una pérdida real sostenida del poder adquisitivo”.

El esquema actual de aumentos, según Moyano, “genera un beneficio económico directo para el sector empresario, a partir del ahorro en contribuciones patronales derivado del atraso salarial, el pago de sumas no remunerativas y el acatamiento a la pauta salarial fijada por el Gobierno, pero sin duda impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores y en el funcionamiento de la organización sindical”.

Para el titular de Camioneros, esta situación “afecta el financiamiento, la estructura administrativa y la capacidad operativa” del sindicato que dirige.

Por otra parte, destacó que la asignación extraordinaria no remunerativa de $840.000 en cuatro cuotas, que se acordó en la última paritaria, constituye “un incremento salarial no remunerativo, transitorio y no consolidable”, que sólo incrementa los ingresos “entre un 5% y 10% según rama de actividad y categoría“.

Incluso este incremento, sostuvo, “se pierde de manera exponencial al culminar el pago (en abril), generando una caída inmediata del salario real que no es recompuesta por el nuevo acuerdo salarial, en tanto este último se limita a corregir parcialmente el salario previamente pisado por la pauta oficial y la inflación de meses anteriores, sin incorporar la pérdida producida por la finalización del bono”.

En la nota, además, el líder de Camioneros consideró que los índices de inflación oficiales “no reflejan las necesidades de los trabajadores, toda vez que para su medición se suman objetos suntuarios que lejos están de la verdadera canasta de los trabajadores, compuesta en su mayor parte por alimentos, servicios y transporte que han sufrido incrementos que están muy por arriba del promedio mensual de inflación”.

Por esto, agregó, “resulta evidente que el esquema vigente no garantiza la preservación del salario real, ni cumple con el objetivo de recomposición integral frente a la inflación, consolidando un modelo de actualización tardía que naturaliza la pérdida salarial, que estimamos en un 6 o 7 por ciento, y debilita el equilibrio propio de la negociación colectiva”.

Por eso Moyano advirtió que “será muy difícil llevar adelante una vez más un acuerdo por el plazo de 6 meses”, recomendando en cambio “acotar los plazos de revisión lo máximo previsto a fin de evitar la preservación (SIC) del salario real”.

Para finalizar, el titular del Sindicato de Camioneros juzgó “imprescindible prever los análisis expuestos para la próxima discusión salarial de marzo y enfocar la revisión de los mecanismos de actualización salarial y del tratamiento del bono extraordinario a fin de restablecer criterios de equidad, previsibilidad y sostenibilidad, evitando que continúe profundizándose el deterioro de los ingresos del sector”.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros hace cinco meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras empresariales acordaron una suma fija de 35 mil pesos, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.