A paso lento, pero firme, el Gobierno va avanzando con las medidas que anunció el presidente Javier Milei para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, un tema que acaparó el debate público y que de a poco monopoliza la agenda de la administración nacional, tanto a nivel legislativo como ejecutivo.

En la Casa Rosada celebran desde hace días que las iniciativas hayan tenido tanto respaldo por parte de los ciudadanos, según diferentes encuestas que manejan, pero saben que en el plano político se enfrentan a una discusión que podría extenderse por meses, aunque eso es algo que no preocupa.

En las últimas horas la cúpula de La Libertad Avanza decidió que, tal como había anticipado Infobae, finalmente ingrese por la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea endurecer las penas para las empresas que exploten los recursos naturales en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires.

El texto en cuestión todavía no está finalizado y sigue siendo trabajado con la intervención de todos los Ministerios, aunque con la Cancillería como autoridad de aplicación y Defensa como principal área de consulta.

Es por eso que se invitó a los máximos responsables de esos dos sectores, Pablo Quirno y al teniente general Carlos Presti, respectivamente, a la reunión de la mesa política de este martes en Balcarce 50.

A partir de las 13:00, los principales referentes del oficialismo repasarán algunos de los puntos más importantes de la iniciativa y analizarán la situación en el Congreso, donde el panorama todavía no está tan claro.

Estarán, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

“Es muy probable que Malvinas se lleve gran parte del encuentro. El tema de los plazos para la presentación y demás no lo tenemos todavía, posiblemente sea una de las cosas en las que avancemos mañana (por este martes)”, explicó uno de los miembros de esa mesa.

El asunto ya ocupó casi toda la reunión de Gabinete que el Presidente encabezó el lunes por la mañana en la Casa Rosada, en la cual hizo un repaso del impacto de las medidas en la opinión pública y ordenó que Quirno y Presti se sumen a la conversación del martes.

Ese mismo día, pero por la tarde, el mandatario recibió a representantes de la empresa estadounidense de autos eléctricos Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, con quien Milei tiene buena relación.

Aunque fuentes oficiales remarcaron a este medio que todavía no está confirmado, trascendió que el multimillonario podría visitar la Argentina para el lanzamiento de una filial de su compañía en este país.

El jefe de Estado tenía en mente desde principios del 2024 realizar una cumbre tecnológica en Buenos Aires con figuras de la talla del también dueño de SpaceX y Starlink, que es un admirador de las ideas libertarias.

En aquel momento incluso hubo intensas negociaciones para organizar este evento con Sean Rad, uno de los creadores de la aplicación de citas Tinder, que promovía la idea, pero finalmente nunca se concretó.

En el barrio porteño de Palermo ya vive desde hace algunos meses Peter Thiel, el co fundador de Palantir, la firma que, entre otras cosas, desarrolla software para agencias de inteligencia.

Se trata de un viejo conocido de Musk, quién ayudó a crear el sistema de pagos electrónicos Paypal, por lo que también podrían reencontrarse si es que prospera la llegada del propietario de Tesla.

Mientras tanto, Milei ya firmó una instrucción para que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, priorice, en la confección del Presupuesto para el 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada en Ushuaia y de otros proyectos estratégicos en materia de defensa.

El proyecto tiene que presentarse el 15 de septiembre y en la previa el Presidente volverá a reunir a todos los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles en detalle la importancia de la medida, como viene haciendo antes de votaciones claves en el Congreso.

El viernes pasado, también se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, mediante el cual reasignó partidas para destinar alrededor de $217.954 millones (unos 140 millones de dólares) entre el Ministerio que encabeza Presti y las Fuerzas Armadas.

De ese monto, un total de 114.732.800.677 de pesos fueron puestos a disposición del funcionario en concepto de “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, exclusivamente para la construcción de la base naval.

”Recién se puso a disposición el dinero, pero ahora hay que licitar todo, armar el programa, no es que empieza mañana esto. Es muy complejo, no son fáciles los temas de defensa”, explicó una persona cercana al teniente general.

En paralelo, el lunes el oficialismo reactivó la polarización con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta vez por la decisión de una jueza de esta jurisdicción que frenó la aplicación del régimen penal juvenil.

Se trata de Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien consideró que hay problemas de infraestructura y recursos para alojar a todos los jóvenes que tendrían una sentencia si la edad de imputabilidad se baja de los 16 a los 14 años.

Una de las primeras reacciones por parte de La Libertad Avanza fue la de Bullrich, quien cuestionó a la “Justicia garantista”, pero también apuntó contra Kicillof por “ponerse del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

“Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Santilli comentó que “aturde el silencio“ del gobernador ante la decisión de la magistrada y coincidió con la senadora al opinar que, “una vez más, el gobernador está del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

No obstante, según anticiparon a este medio algunos de los integrantes de la cúpula libertaria, no van a presentar una causa contra la jueza por esta medida: “No es nuestra mirada esa. Sí vamos a criticarla, pero no a denunciarla”, indicaron.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso este lunes la creación de tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

Las resoluciones fueron publicadas hoy en el Boletín Oficial. Las tres resoluciones, firmadas por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establecen comandos diferenciados para cada una de las jurisdicciones en las que estará el sumo pontífice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y la provincia de Córdoba

Tal como adelantó Infobae, la visita durará cuatro días. León XIV arribaría el domingo 8 de noviembre. Ese día, por la tarde será recibido por el presidente Javier Milei con una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego mantendrán una reunión en la Casa Rosada y más tarde se realizará un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzaría Claypole, con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, institución que asiste a personas con discapacidades. Luego regresaría a Buenos Aires para un recorrido en papamóvil y una Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, la agenda incluye un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), un acto ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, el Papa viajaría a Córdoba para recorrer la ciudad en papamóvil, celebrar una misa y reunirse con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral local. Por la tarde regresaría a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, último día, León XIV visitaría el Complejo Penitenciario Federal antes de trasladarse a Luján para una misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján —el mismo lugar que recorrió Juan Pablo II en 1987— y un saludo a voluntarios en Villa Marista. Partiría hacia Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Policía Federal, Gendarmería y Prefectura integran el dispositivo

De acuerdo con la dipuesto en las resoluciones, los tres comandos tendrán la misma composición: representantes de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Servicio Penitenciario Federal. Según se acordaron durante las reuniones preparatorias a la gira, la PFA tendrá a su cargo la seguridad directa del Papa durante los desplazamientos en la ciudad, mientras que los choferes del Vaticano conducirán el papamóvil.

Las normas establecen mecanismos de enlace con la Guardia Suiza Pontificia y otros organismos de seguridad de la Santa Sede, con la aclaración expresa de que su participación no implica incorporación orgánica a las fuerzas federales ni alteración de sus cadenas de mando. La coordinación se instrumentará por vía diplomática, en articulación con la Nunciatura Apostólica en la Argentina, Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar.

Cada comando deberá elaborar un plan operacional que contemple la gestión de multitudes y la prevención de riesgos, y permanecerá activo hasta 48 horas después de finalizado el tramo papal en su jurisdicción.

La orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió, apenas horas después de conocerse, un cruce directo entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof.

La ofensiva la encabezó Patricia Bullrich, senadora y ex ministra de Seguridad e impulsora de la ley, quien escribió en sus redes sociales que en la Provincia “tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.

El reproche no quedó ahí. Bullrich sumó un segundo mensaje en el que apuntó contra el sistema judicial provincial: “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, sostuvo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumó horas después con un planteo similar: “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune. Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”. El mensaje contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei.

El diputado nacional Luis Petri fue por el mismo camino, aunque con un dato adicional: cuestionó a la jueza que firmó la medida por su supuesta afiliación política. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió, y agregó que “aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla”. El dirigente Sebastián Pareja, por su parte, calificó la resolución como “profundamente antidemocrática” y remarcó que la norma “no fue una decisión unilateral del Ejecutivo nacional”, sino el resultado de un proceso legislativo que atravesó todas las instancias del Congreso.

El ministro de Seguridad bonaerense respondió a Santilli

La respuesta desde La Plata no tardó en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, contestó de manera directa al planteo de Santilli y le pidió que se concentre en “hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”.

Alonso introdujo un cuestionamiento de fondo sobre la aplicación de la reforma: “¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?”, preguntó.

El funcionario provincial fue más allá y calificó la reforma impulsada por Nación como “apenas una modificación en los papeles” y “un eslogan de campaña” ante la falta de recursos e inversión para su implementación.

Además, cuestionó por qué Santilli le reclamaba al Poder Ejecutivo una decisión que, según remarcó, corresponde al Poder Judicial: “¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos”, cerró en su publicación.

Los fundamentos del fallo judicial

La medida que encendió la polémica fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la Ley N° 27.801 entrara en vigencia. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la norma en todo el territorio bonaerense por 60 días.

El eje de la resolución no giró en torno a la constitucionalidad de la ley, sino a la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria por los delitos contemplados en el Código Penal. Pascual argumentó que esta modificación generará un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el flujo de nuevos ingresos como por la mayor permanencia dentro del sistema de encierro, y puso en duda si la provincia cuenta con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para albergar a esa población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez.

En declaraciones a Now 97.9 tras la firma del fallo, la jueza defendió su postura y aclaró que no está en desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. “No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, planteó. Ante las críticas de Bullrich, respondió de manera puntual: “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

A diferencia de otros funcionarios nacionales, el Ministerio de Capital Humano no se refirió de manera directa contra la medida judicial. Sin embargo, compartió un posteo que retuiteó el propio Milei, en el que se señalaba que la Ley N° 27.801 establece que, desde los 14 años, los adolescentes pueden responder penalmente por los delitos que cometan, y que amenazar a una escuela, portar armas, planificar ataques, vender o distribuir sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas son conductas tipificadas como delito.

Qué establece la reglamentación nacional

Un día antes del fallo, el Gobierno nacional había reglamentado la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el propio Santilli. La reglamentación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación, con la responsabilidad de coordinar el sistema, dictar normas complementarias y celebrar convenios con provincias, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El nuevo esquema prohíbe las condenas a prisión perpetua para menores de edad y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, que deberá cumplirse exclusivamente en centros especializados y sin contacto con adultos. Incorpora también penas alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas. Para el seguimiento individual de cada joven, el decreto creó la figura del “supervisor especializado”, un profesional con formación en psicología, trabajo social, pedagogía o áreas afines, y dispuso un registro transitorio de habilitados con un plazo máximo de 180 días para realizar la primera convocatoria pública definitiva.

Cuál es el plazo para resolver la implementación

La jueza Pascual planteó un objetivo concreto para el período de suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado se pongan de acuerdo sobre quién será el supervisor de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo y no que, si no pasa nada, sea solo encerrarlo, o que haya provincias donde están haciendo una pared y mandándolos a la cárcel común”, advirtió la magistrada.

La resolución judicial ordenó, además, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que adopten de manera inmediata las medidas necesarias para operativizar la suspensión. Pascual convocó a una audiencia en la sede del tribunal para el 16 de septiembre, en la que las autoridades del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a la temática deberán detallar qué acciones implementaron, cuáles tienen proyectadas y en qué plazos prevén ejecutarlas para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.