Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.

A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.

El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.

Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.

La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.

“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresas. Son 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.

Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.

Luego de que el Gobierno evaluara sumar al temario una nueva norma que buscaría compensar lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, se oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Así, el plazo se extenderá hasta el 28 de febrero.

Por medio de la publicación del Decreto 103/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó extender el plazo previsto para el príodo extraordinario. Así, se dictaminó: “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″.

En este sentido, se sumará un día extra al cronograma previsto. El cambio busca satisfacer la norma interna de la Cámara de Diputados, que determina que, si restan diez días o menos para el fin de sesiones, la emisión de un dictamen particularmente carecería de efectos prácticos.

De la misma manera, el jefe de Estado confirmó que se sumará a la lista de asuntos a tratar “la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 sobre Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Se trata de una propuesta que el Poder Ejecutivo Nacional enviará al recinto legislativo.

La decisión de incluir la cuestión de la actualización presupuestaria para universidades surgió después de que el Gobierno apelara la medida cautelar que los obligaba a aplicar el proyecto que fue aprobado a mediados de 2025.

Desde Balcarce 50, los funcionarios mostraron a Infobae optimismo respecto a los objetivos legislativos previstos para el receso de verano, pese a que el reglamento parlamentario formalmente exige que toda ampliación del temario se vote en el recinto. A pesar de esto, existen precedentes de proyectos incorporados por decreto, sin necesidad de acuerdo explícito en el Congreso, lo que allanaría el camino para instrumentar la nueva adecuación legal.

La crisis por el financiamiento universitario, que se registró entre 2024 y 2025, tuvo una escalada significativa, con protestas masivas y una segunda convocatoria federal en septiembre de 2025, tras el veto presidencial a la ley sancionada para el sector. Esta presión motivó al oficialismo a buscar una salida política que evite una profundización judicial del conflicto.

A raíz de esto, los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron recientemente con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro de su Comité Ejecutivo.

Según informó una fuente calificada a este medio, los encuentros apuntaron a consensuar una actualización del financiamiento universitario, con previsibilidad y resguardo jurídico para las casas de estudio. Asimismo, se buscaría impulsar una medida que no comprometa el equilibrio fiscal, que es defendido a capa y espada por el Gobierno nacional.

Desde el inicio del debate, la administración libertaria enfatizó que toda modificación del esquema financiero universitario debe enmarcarse en su política fiscal. En ese sentido, la intención sería consensuar una norma que reemplace la anterior y logre el respaldo necesario en el Congreso. “Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, explicó una fuente referenciada por este medio.

Por este motivo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde el Ejecutivo solicitó que la apelación sobre la ley votada en 2024 tenga efecto suspensivo, permitiendo la discusión de una ley adaptada a las nuevas reglas fiscales, mientras se resuelve en la instancia judicial.

En línea con esto, el Presidente espera que la reforma laboral se sancione durante febrero, antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1 de marzo, donde presentará la hoja de ruta anual en su tradicional discurso.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción de la reforma laboral y avances en la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con Mercosur. No obstante, consideraron crucial el tratamiento de un nuevo marco legal a medida para las universidades, con el objetivo de enfrentar el año con los temas centrales redefinidos en el Congreso.

El oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere que el miércoles se consiga dictamen para tratar el jueves la reforma laboral en el recinto. De darse este panorama, la CGT llevará a cabo un paro nacional que tendrá la adhesión de los gremios estatales. Ante eso, el Gobierno avisa que le descontará el día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones esa jornada.

Lo confirmaron dos altas fuentes de Casa Rosada a Infobae. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, avisó uno de estos dos funcionarios.

Se trata de una medida que el Gobierno adoptó en los anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. La diferencia que habrá respecto a la tercera y última movilización convocada en abril del 2025 es que esta vez no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis. Es decir, los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza.

“Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, indica un alto funcionario libertario sobre la logística que deberá ejecutar para que su planta llegue a su puesto de trabajo el día del paro nacional.

Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El día que se prevé para eso es el jueves, salvo que ocurra algo impensado.

La decisión de la movilización fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza el proceso legislativo y la postura del Gobierno frente a los reclamos sindicales. Consultado por Infobae en vivo, explicó que la decisión de convocar a un paro con movilización responde a la necesidad de evitar que el Congreso se quede sin la presión de la calle, lo que, según su visión, facilitaría el avance legislativo del oficialismo.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta. El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

Por su parte, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó el paro general anunciado para este jueves, mientras se trate la reforma laboral en Diputados, y dijo que “el principal motivo” de la medida de fuerza “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.

El disparador del llamado al paro nacional surgió a partir de la polémica por el artículo que reducía sustancialmente el régimen de licencias médicas. Tras la crecida mediática de ese asunto, el oficialismo se vio forzado a modificar esa parte del proyecto y lo anunciará mañana en la reunión de comisiones en la Cámara de Diputados. La reforma será aprobada con modificaciones en el recinto y volverá al Senado, donde LLA busca sancionarla el viernes de la semana que viene.

Que el Gobierno haya cedido con ese aspecto hace que la consigna del paro pierda fuerza, esgrimen en la Casa Rosada. Aun así, esto podría ser una verdad a medias: a raíz de la discusión de las licencias médicas, también se puso bajo el foco mediático otros aspectos de la llamada Modernización Laboral que antes no eran siquiera conocidos.

Rodríguez recalcó que, además de la redacción de las licencias tal y como salió del Senado, “hay otros artículos muy importantes para modificar” entre los cuales mencionó “la ultraactividad de los convenios, o que un convenio de empresa sea superador de uno por actividad”, o el que obliga a “pedir permiso para hacer una asamblea” en los lugares de trabajo.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT. “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

La dinámica en la que se producirá el paro del jueves también produce fricciones al interior del sindicalismo. Las diferencias no son solo entre ATE y UPCN, sino entre actores más amplios. El secretario general de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano, definió como “bastante tibios” a los dirigentes de la CGT por no llamar a hacer un paro con movilización.

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radioMitre.