La Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con la exposición de más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles. La semana pasada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores había terminado en escándalo por un enfrentamiento entre el diputado Juan Grabois y algunos legisladores libertarios.

El oficialismo apuntaba a firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para que extranjeros compren tierras y la convocatoria de la oposición a una sesión especial para derogar el mega DNU 70/23 demoraron sus planes.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque LLA aseguraron que de todas maneras apunta a incluir el proyecto en el temario de la sesión que pedirán para el miércoles 21, por lo que deberán firmar el dictamen la semana que viene. Pero el debate continuará este miércoles con la participación de la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en lo que se anticipa como una reunión de alto voltaje político.

Los expositores, en su mayoría convocados a instancias de la oposición, coincidieron en criticar algunos puntos centrales del proyecto, como la conformación del Consejo de Seguridad Nacional y algunas definiciones clave que, según su visión, dejan la puerta abierta para un accionar discrecional del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) planteó que el Gobierno “ya cuenta con las herramientas para frenar el saqueo de nuestros recursos en el Atlántico Sur”, solo debe aplicarlas. “El verdadero objetivo que persiguen es generar dispositivos de control social. La verdadera finalidad de este gobierno es perseguir a las disidencias y a la oposición política. Por eso pedimos que se rechace este proyecto de ley porque malversa la cuestión Malvinas”, continuó.

A su turno, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, aseguró que el proyecto tiene “serios problemas de constitucionalidad” porque propone darle “un amplio poder al Ejecutivo y a las áreas de Inteligencia” sin controles institucionales.

“Pretende abandonar la definición rigurosa de qué es una amenaza. No se pueden hacer definiciones vagas o nebulosas porque deja abierta la puerta a la discrecionalidad estatal. Por ejemplo, se amplían las hipótesis de riesgo, por ejemplo, por desinformar o intervenir en los procesos decisorios de las autoridades”, argumentó.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que el Título 1, que reúne los artículos del 1 al 40, podría lograr un amplio nivel de consenso. “Si ponemos allí el foco, podría haber diferencias, pero es factible llegar a un acuerdo. Le estaríamos haciendo un gran favor al reclamo de Malvinas”, explicó.

Entre otros puntos, el Título 1 propone la ampliación de las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales. En ese sentido, extiende el alcance de la Ley 26.659: ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina, sin habilitación de una autoridad argentina.

También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores. Prevé multas, suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina e inhabilitaciones. También incorpora responsabilidad para proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Además, mantiene la responsabilidad administrativa y penal si una empresa intenta eludirla mediante fusiones, escisiones, transferencias de activos u otras reorganizaciones que encubran la continuidad de la actividad. Además, habilita juicios en ausencia para los delitos contemplados en la iniciativa.

Entre los puntos que cuestiona la oposición se destacan la creación del Sistema y del Consejo de Seguridad Nacional. Propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional. Considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones pueden incluir multas, revocación de permisos y contratos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para operar en sectores vinculados con la seguridad nacional.

El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.

Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.

La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.

El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.

Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.

Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.

Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.

De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.

El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.

En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.

Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.

Cuando el presidente Javier Milei comenzó a planificar su nuevo viaje a España, sabía que su visita tendría un fuerte tinte político, pero no se imaginaba que iba a coincidir con el momento en el que se empezarán a definir las candidaturas en el país europeo, con su amigo Sebastián Abascal como probable competidor de Pedro Sánchez, justo después de que otro de los dirigentes que apoyó, Flávio Bolsonaro, ganara la primera vuelta en Brasil.

El mandatario nacional, que busca mantenerse como uno de los referentes de la derecha mundial, no descarta ahora volver a respaldar activamente a los líderes de VOX y del Partido Liberal, ya en el tramo final de ambas campañas.

El libertario le confirmó a su círculo más cercano, en la última reunión de Gabinete, que partirá a Madrid el próximo 19 de octubre, y se quedará allí al menos dos días para participar de diferentes actividades.

Aunque no fue informado oficialmente, el jefe de Estado tendrá en esa ciudad un evento programado para el 21, misma fecha en la que se comenzarán a anunciar a los candidatos para los comicios españoles.

El otro foco está puesto en Brasil: Milei ya viajó a San Pablo para respaldar la campaña de Bolsonaro, que ganó la primera vuelta y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de este mismo mes.

El dirigente del país vecino anticipó en declaraciones televisivas que tenía previsto invitar al presidente argentino luego de la victoria y, aunque por el momento tampoco se anunció un nuevo encuentro entre ambos antes de la elección definitiva, en el Gobierno tampoco descartaban esa posibilidad.

Tras los buenos resultados para el bolsonarismo, el mandatario argentino y su entorno destacaron los triunfos de todos aquellos candidatos de derecha o liberales que respaldaron, como los de José Antonio Kast, en Chile; Daniel Noboa, en Ecuador; Keiko Fujimori, en Perú; Abelardo de la Espriella, en Colombia, y Nasry Asfura, en Honduras, entre otros.

Mientras tanto, en Buenos Aires se suspendió la reunión de la mesa política que había sido convocada para este martes, desde las 13:00, en la que se planeaba debatir la estrategia legislativa, especialmente de cara a la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

Hasta la noche del lunes, varios de los integrantes del reducido grupo reconocían que todavía no era del todo seguro que se hiciera el encuentro debido a que algunos de ellos tenían “problemas de agenda” y estaban esperando las órdenes de la secretaria general, Karina Milei.

Finalmente, el Gobierno confirmó la suspención debido a que varios de los funcionarios viajarán por la mañana a Salta para supervisar el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, una planta que tiene el objetivo de alcanzar 100.000 toneladas de productos de litio al año.

Sin embargo, el viaje también podría servir para seguir acercando posiciones, ya que participarán del acto el gobernador local, Gustavo Sáenz, y el de Catamarca, Raúl Jalil.

Además de Karina Milei y Santilli, a la provincia del norte también irán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, por lo que la mitad de la mesa política estará allá.

La cúpula libertaria tenía previsto analizar el resultado de las negociaciones que la funcionaria y Diego Santilli mantuvieron con los 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week.

“Es posible que se toque el tema, sobre todo después de las repercusiones positivas de Paris”, anticipaba uno de los miembros de la mesa antes de que se cancelara el encuentro.

La delegación oficial regresó de Francia con la expectativa de haber mejorado su vínculo con los mandatarios provinciales y de haber conseguido apoyos para avanzar con la reforma electoral, cuyo principal objetivo para el Gobierno es eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A la mesa política también iban a asistir el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En tanto, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que también integra habitualmente ese espacio, ya estaba en duda después de no participar de la última reunión de Gabinete porque se sentía mal.

En París, el Gobierno buscó fortalecer el diálogo con 13 gobernadores que participaron de la Argentina Week. El primer paso fue una cena encabezada por Santilli en la embajada argentina, donde se combinaron las conversaciones sobre inversiones con la discusión por los proyectos que el oficialismo necesita aprobar en el Congreso.

Luego, Karina Milei mantuvo una reunión política con los mandatarios, acompañada por Santilli y Caputo. En la Casa Rosada consideran que ese encuentro permitió acercar posiciones con los dirigentes provinciales, especialmente después de que la secretaria general les transmitiera que La Libertad Avanza no buscará competirles con candidatos propios en sus distritos.

El oficialismo interpreta esa señal como parte de un principio de entendimiento para negociar la eliminación de las PASO y eventuales acuerdos electorales hacia 2027. Sin embargo, varios gobernadores evitaron hacer definiciones públicas y dejaron pendiente la discusión sobre la estrategia en cada provincia.

La agenda legislativa se volvió más compleja después del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y de la convocatoria que distintos bloques opositores hicieron para una sesión especial en Diputados el próximo 15 de octubre.

El temario incluye la derogación definitiva del DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para atender la situación de los endeudados.

Para el Gobierno, la posible caída del mega decreto representa uno de los principales riesgos parlamentarios. La norma fue rechazada por el Senado en marzo de 2024, pero la oposición no había conseguido hasta ahora los votos necesarios para que Diputados completara su derogación.

La Casa Rosada analiza alternativas para evitar que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañen esa iniciativa. Una de las opciones es incorporar una regulación sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, para separar ese debate del resto del DNU.

En paralelo, el oficialismo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la reforma política. La discusión sobre discapacidad ya obligó al Gobierno a modificar su propuesta inicial y a negociar con aliados para conseguir un dictamen que preserve el nomenclador único de prestaciones, las actualizaciones por inflación y la compatibilidad de las pensiones con el empleo.