Con la mente puesta en la reelección en 2027, el Gobierno estudia la posibilidad de insistir con algunos cambios contemplados en la ya existente reforma electoral que fue diseñada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y enviada al Congreso Nacional en noviembre de 2024. Una importante fuente confesó a Infobae que la idea de sancionar varios puntos del proyecto durante el 2026, año en el que no habrá elecciones, madura en varios despachos de la Casa Rosada, lo que daría pie a modificaciones en el sistema que están pendientes.
Como contó este medio, en un sector de la administración libertaria circula la intención de impulsar el debate que permita implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la nueva modalidad rija tanto para las elecciones nacionales como las provinciales. “No hay coincidencia en los sistemas electorales. Nosotros apuntamos a simplificarlos y a unificar los procesos para no complicarle la vida a la gente“, argumentó un libertario a este medio.
Al momento, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con sus particularidades, ya hacen uso de la BUP, lo que esperanza a la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, a implementarla en el resto del territorio. Asimismo, también se baraja la chance de añadir un nuevo casillero a la papeleta actual que le permita a los electores tildar la lista completa para evitar descuidos u olvidos en la elección por categorías. En Casa Rosada saben de antemano que las modificaciones serán resistidas por los gobiernos locales, por lo que apuntan a dar las discusiones de cara a la sociedad.
Otro de los cambios en mente gira en torno al mecanismo de elección de los Parlamentarios del Mercosur, que actualmente combina un sistema mixto. De introducir las modificaciones, el método dejará de ser directo y pasará a ser indirecto. De esta forma, los legisladores decidirán de acuerdo a la representación de cada espacio. Para eso, deberán modificar la Ley 27.120, eliminar el sistema actual, derogar la elección directa por voto universal e incorporar un mecanismo de elección indirecta.
El cuarto punto estima modificaciones en el régimen de partidos políticos, una de las obsesiones del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos durante su paso por la gestión, con el objetivo de “mejorar la calidad institucional”, lo que supondrá una revisión estructural del sistema de financiamiento de cada sello para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido”.
El proyecto de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, cuyo tratamiento legislativo no prosperó, contemplaba el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
“Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”, supo definir Manuel Adorni en traje de vocero presidencial cuando anunció en conferencia de prensa el envío del proyecto de ley que se vio frustrado.
Por estas fechas, la administración libertaria debate internamente la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) rumbo al 2027.
Si bien a principios de marzo logró la suspensión de las mismas para el proceso electoral de este 2025, luego de que se aprobara la ley en Diputados y Senadores, aún hay dudas sobre la eliminación. “Es necesario revisar el tema de las PASO. Son innecesarias y suponen un alto costo para el Estado. Cada partido debería poder resolver sus dilemas internamente”, argumentaron en una de las tribus libertarias.
Otras voces sostienen que pese al gasto, las PASO “indefectiblemente ordenan la política” por lo que la resolución a la multiplicidad argumental quedará para el próximo año.
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