El gobernador Axel Kicillof, el excandidato a presidente, Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, se reunieron este lunes en la Gobernación bonaerense para avanzar en una agenda de trabajo común, de cara al cierre de listas de los comicios legislativos y con intención de aunar fuerzas en un frente que pueda resultar competitivo en las urnas.

La reunión se dio a 48 horas de que los espacios políticos tengan que presentar las alianzas con las que van a competir en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.

Las tres figuras del peronismo bonaerense mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno donde conversaron sobre los lineamientos de la unidad como estrategia electoral y barajaron alternativas para las candidaturas en las distintas secciones electorales.

Según pudo saber Diarios Bonaerenses, Kicillof, Kirchner y Massa “avanzaron en una agenda común, con unidad, en torno a los principales problemas que afectan a los argentinos”.

Entre otros temas, ahondaron en la crisis de empleo que se profundiza, con preocupación por los despidos y el cierre de fábricas y PyMEs.

De igual modo, analizaron el escenario económico actual, desde los siguientes ejes: caída del consumo; crisis energética; y caída de la recaudación y falta de respuesta del Gobierno nacional a las necesidades de las provincias.

En consonancia con las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei, debatieron los alcances concretos que supone la disolución de Vialidad Nacional, que repercutirá en la continuidad de obras públicas abandonadas y en el mantenimiento de las rutas. (DIB) ACR

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires definió este lunes las condiciones que deberán cumplir las boletas partidarias en las elecciones provinciales que se celebrarán el próximo 7 de septiembre, y como dato llamativo es que las boletas deberán ser a color, y no blanco y negro.

A través de una resolución técnica, el organismo estableció las dimensiones, colores, tipografía y disposiciones generales que deberán respetar todas las agrupaciones políticas que participen de los comicios. También la Justicia admitió que se imprima la cara de los principales candidatos.

El texto determina, entre otras cosas, el orden obligatorio de las categorías de cargos en las boletas: en primer lugar deberán figurar Gobernador y Vicegobernador (cuando corresponda), luego Senadores o Diputados provinciales según la sección electoral, Intendente, Concejales y Consejeros Escolares.

En el caso de la elección del 7 de septiembre, sólo se utilizarán dos tramos: el de senadores o diputados para cada sección electoral, y el de concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 distritos.

Por su parte, se informó que el papel de las boletas será “tipo obra”, con un peso de sesenta (60) gramos o “un papel sustituto de similar calidad, aspecto y gramaje que no difiera, en más o en menos, del quince por ciento (15%) procurando que el papel no sea transparente”. También serán en idioma nacional, el anverso tendrá el fondo pintado del “color asignado a la asociación política” y el reverso será de color blanco.

La resolución también fija plazos clave para los partidos. Cincuenta días antes de la elección vencerá el plazo para reservar el color de boleta, privilegiando el orden de solicitud y el uso histórico. Por otro lado, treinta días antes de los comicios cada agrupación deberá presentar su modelo definitivo de boleta, que será sometido a control y aprobación por parte de la Junta Electoral. (DIB)

El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Mario Villar retiró este lunes el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla en una cárcel la condena de seis años de prisión en el caso Vialidad. Lo hizo a través de un escrito que presentó en el tribunal antes de una audiencia oral en el que las partes expusieron sus argumentos para debatir esta y otras condiciones de detención, como la tobillera electrónica.

A diferencia de lo que habían pedido sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, Villar sostuvo que la expresidenta puede permanecer con la morigeración de la pena, pero requirió cambio de domicilio. Con esta nueva postura, la Cámara de Casación ya no tendrá la posibilidad de analizar la detención en una cárcel y así Cristina se asegura su continuidad en prisión domiciliaria.

En su apelación, Luciani y Mola habían insistido con el pedido de traslado de la exmandataria a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Uno de sus argumentos centrales es que no estaban dadas las condiciones humanitarias para otorgar la morigeración de la pena a la ex presidenta.

Sin embargo, ante la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Villar no pidió que Cristina cumpla la condena del caso Vialidad en una cárcel común. Y explicó que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

Y si bien no presentó oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria “siempre que la condenada se mantenga a derecho”, el fiscal general propuso un cambio de domicilio; es decir que siga sus días de detención fuera del departamento de San José 1111.

En ese sentido, hizo referencia a los movimientos de militantes y seguidores fuera de la vivienda que alteran la tranquilidad de los vecinos del barrio. Además, hizo hincapié en que las salidas al balcón representan un riesgo para la seguridad de CFK y por eso sería una solución correcta trasladar el domicilio de cumplimiento de la condena.

Ante tales circunstancias, Villar entiende que es necesario un cambio de domicilio para que Cristina continúe gozando del beneficio del arresto domiciliario. Si los jueces coincidieran con él, será el abogado Carlos Beraldi quien deberá proponer nuevos inmuebles al juez Jorge Gorini que ejecuta la pena.

Finalmente, Villar planteó que la expresidenta debe seguir portando la tobillera electrónica en oposición a los pedidos de la defensa, al menos hasta que surjan informes que la dispensen. (DIB)