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Se confirmó que el acuerdo firmado por Macri con el Correo fue perjudicial

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El juez Ariel Lijo investiga la posible comisión de delitos por parte de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Un estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda concursal confirma lo sostenido por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien impugnó aquel convenio por considerarlo “abusivo”.

En junio de 2016 el Correo Argentino -propiedad de la familia Macri- propuso en la justicia comercial un acuerdo por la deuda que fue aceptado por el Estado nacional: en aquel momento, Mauricio Macri era el presidente de la Nación. La fiscal Boquín se opuso a lo presentado por el Correo porque interpretó que era perjudicial para el Estado y el acuerdo nunca se concretó.

A raíz del dictamen de Boquín se realizaron varias denuncias -una de ellas de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas- y se inició una causa judicial que está a cargo del juez Ariel Lijo, en la que se investiga si los funcionarios públicos que actuaron en nombre del Estado nacional y los representantes del Correo cometieron algún delito. Lijo le encargó el año pasado un estudio sobre el Caso Correo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El estudio -al que accedió a través de fuentes vinculadas al caso- abarca varios tópicos. Se realizó, según explicaron las fuentes, un análisis genérico del proceso concursal, la normativa y la jurispridencia que se aplica a un concurso en general. Luego, los especialistas de la Dajudeco analizaron una por una las propuestas que hizo el Correo ante la justicia comercial para pagar la deuda entre 2003 y 2015. Todas aquellas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional que es el principal acreedor del Correo. La deuda original del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino al momento de rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner era de 296 millones de pesos.

La parte más relevante del estudio de la Dajudeco es la referida al aspecto económico-financiero. Los expertos combinaron diferentes tasas de interés y coeficientes de ajustes para calcular la actualización del crédito que había verificado el Estado. El estudio debió responder cuál era la quita que se le hizo a la empresa Correo en la propuesta. La cantidad de cuotas a abonar y el monto de cada una de ellas fueron las variables tomadas por los expertos para realizar el cálculo del porcentaje de quita.

Se hicieron 126 combinaciones posibles y, según lo establecido por los analistas de la Dajudeco, en todos los casos la quita era de al menos el 92%, una cifra muy cercana a lo que había establecido Boquín en 2016.

En su momento la fiscal de Cámara había encargado un análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, que había determinado que “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.

La fiscal había concluido: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”. El plan de pagos propuesto por el Correo y aceptado por el Estado en 2016 y nunca homologado implicaba el pago en cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se pagarían más de 250 millones de pesos lo que implica, según los expertos, una licuación de la deuda.

Boquín había dicho que la propuesta aceptada “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que la aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Lijo ya citó a indagatoria y aún no resolvió la situación procesal del Oscar Aguad, quien fuera ministro de Comunicaciones de Macri -luego fue ministro de Defensa- cuando se cerró el acuerdo que finalmente no se concretó. También fueron indagados Juan Manuel Mocoroa, encargado de Legales del Ministerio de Comunicaciones, el presidente del directorio de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el representante legal de la empresa, Jaime Leonardo Kleidermacher. Todos negaron haber cometido delito

Cuando pidió la indagatoria de los hasta ahora indagados, el fiscal federal Gerardo Pollicita había señalado que “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”. Juan Pedro Zoni, quien fuera el fiscal original del caso imputó a Macri en la investigación. El ex presidente no fue citado a indagatoria.

Lijo aún no resolvió la situación procesal de los imputados. El resultado del estudio realizado por Dajudeco, que respalda lo que había dicho Boquín, puede implicar que la lista de indagados se amplíe.

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Convivencia pacífica o tensión administrada: el PRO define cómo pararse frente al gobierno de Milei rumbo a 2027

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La reunión todavía no tiene fecha, pero sí una carga política evidente. Mauricio Macri y Jorge Macri volverán a encontrarse en los próximos días para revisar el escenario electoral de un PRO que empezó a transitar una etapa de definiciones frente al gobierno de Javier Milei. Más que una conversación entre dos dirigentes con diferencias de estrategia, el encuentro buscará ordenar un debate que ya recorre a toda la conducción partidaria: cómo sostener la alianza con La Libertad Avanza sin resignar capacidad de negociación ni los principales activos políticos que el partido conserva después de dos décadas de protagonismo.

Mauricio Macri regresó el lunes al país, después de acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial de Estados Unidos. Apenas volvió, la política retomó el centro de la escena. La relación con Jorge Macri no atraviesa su mejor momento. No existe una ruptura, pero sí diferencias sobre el ritmo y las condiciones con las que el PRO debería profundizar su entendimiento con el oficialismo nacional.

La discusión marcó una diferencia respecto de los primeros meses del gobierno libertario. Dentro del PRO prácticamente no existen dirigentes relevantes que propongan romper con Javier Milei: ese debate quedó atrás. La discusión actual es otra: cuánto poder propio conservar antes de sentarse a negociar el armado electoral de 2027 y hasta dónde acompañar la expansión territorial de La Libertad Avanza sin poner en riesgo la supervivencia política del partido.

En ese contexto, desde Uspallata confirmaron la incorporación formal de Cristian Ritondo a la mesa política de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el presidente del bloque de diputados nacionales ya participaba de ese ámbito, la decisión respondió menos a una cuestión de organigrama que a una necesidad política. Con el calendario electoral ya en marcha, Jorge Macri decidió fortalecer el espacio donde se tomarán las principales decisiones del oficialismo porteño y sumar formalmente a uno de los dirigentes con mayor capacidad de articulación entre el partido, el Congreso y la provincia de Buenos Aires.

El movimiento también reflejó una preocupación que distintos dirigentes reconocen en privado. “El PRO no puede seguir perdiendo gente. Pasó con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich y ahora con Diego Santilli. Hay un goteo que debilita al partido”, resumió ante Infobae uno de los referentes que participa de las conversaciones partidarias.

Esa frase sintetizó el diagnóstico compartido por buena parte de la conducción: el PRO ya no disputa el liderazgo del espacio de centroderecha y ese lugar hoy lo ocupa Javier Milei. El desafío pasa por evitar que el crecimiento de La Libertad Avanza termine vaciando al partido que gobernó la Ciudad durante casi veinte años y que fue la principal fuerza opositora durante buena parte de la última década.

Sin embargo, el diagnóstico común no implicó una estrategia única.

Según reconstruyó Infobae a partir de dirigentes con participación en la conducción partidaria, hoy conviven dos miradas sobre cómo administrar la relación con el oficialismo.

Por un lado aparecen Jorge Macri, Cristian Ritondo y los gobernadores del PRO. Todos consideran que el entendimiento con La Libertad Avanza debe consolidarse cuanto antes para evitar incertidumbres y comenzar a trabajar en el armado electoral del año próximo. El antecedente de las últimas elecciones nacionales fortaleció esa posición. La alianza entre ambos espacios permitió revertir, en menos de cincuenta días, una desventaja superior a los 13 puntos porcentuales y transformarla en una victoria por una diferencia cercana al 1%.

Del otro lado se ubican Mauricio Macri y Fernando De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes de mayor confianza del ex presidente. No cuestionan la alianza con Milei en el rumbo de cambio ni plantean romper con el Gobierno. Sostienen que el PRO debe llegar a esa negociación desde una posición de fortaleza y no como un socio obligado a aceptar las condiciones que imponga el oficialismo.

En ese sector relativizan la posibilidad de una candidatura presidencial inmediata de Mauricio Macri, pero destacan un dato que consideran central: distintas encuestas que llegaron a la conducción partidaria le asignan un piso cercano al 10% de intención de voto. En el macrismo creen que ese capital electoral puede convertirse en una herramienta de negociación para un gobierno que aspira a ganar la elección presidencial de 2027 en primera vuelta.

Algunos quieren hacer valer ese peso específico y no quieren entregar el partido sin condiciones. La prioridad es cuidar la Ciudad de Buenos Aires”, explicó un dirigente con diálogo permanente con el ex mandatario.

Esa preocupación se profundizó durante los últimos días por una serie de movimientos que en el PRO siguieron con atención.

El principal fue la reunión encabezada por Karina Milei con diputados porteños de La Libertad Avanza y dirigentes libertarios de la Ciudad, entre ellos Pilar Ramírez, presidenta del partido en el distrito y una de las dirigentes de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia.

Dentro del PRO ese encuentro fue leído como un recordatorio: mientras continúan las conversaciones entre ambos espacios, La Libertad Avanza ya empezó a construir su propio proyecto político para disputar la Ciudad de Buenos Aires. No son pocos los dirigentes amarillos que consideran a Ramírez como una potencial candidata del karinismo para suceder a Jorge Macri en la Jefatura de Gobierno.

La imagen contrastó con otra escena ocurrida pocos días antes durante el Tedeum del 9 de Julio. Allí, Javier Milei mostró gestos de cercanía con Jorge Macri, su esposa María Belén Ludueña y el hijo de ambos, Vito. La cordialidad institucional, sin embargo, convive con una competencia política que ya empezó a tomar forma.

No es casualidad. Si hay dos territorios que el PRO considera irrenunciables son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La Capital representa la casa matriz del partido y el principal activo de gestión construido desde 2007. Blindar ese distrito aparece como una prioridad para Mauricio Macri.

La provincia constituye el otro gran objetivo. Allí, Cristian Ritondo y Diego Santilli trabajan para reeditar el entendimiento electoral con La Libertad Avanza con la expectativa de impulsar una candidatura de Santilli a gobernador, repitiendo una sociedad política que el año pasado produjo un resultado mucho mejor al esperado por ambos espacios.

La reunión entre Mauricio y Jorge Macri buscará encontrar un equilibrio entre esas dos miradas. Y habrá un actor con capacidad para acercar posiciones: Daniel “El Tano” Angelici mantiene un vínculo permanente con el jefe de Gobierno por su participación en la gestión porteña y, al mismo tiempo, conserva una relación personal de larga data con Mauricio Macri. Distintos dirigentes del PRO lo ubican como uno de los interlocutores capaces de facilitar una síntesis entre ambos sectores.

En la conducción del partido nadie imagina una ruptura con Milei. Tampoco creen conveniente que el PRO se convierta en un apéndice de La Libertad Avanza. La discusión pasa por definir cuál será el equilibrio entre cooperación y autonomía cuando llegue el momento de negociar el próximo mapa electoral.

“La candidatura de Mauricio es una alternativa que no puede retirarse de la mesa. La prioridad del Gobierno es ganar en primera vuelta. Para eso van a necesitar de todos, pero tampoco se tiene que tirar tanto de la cuerda, porque la cuerda se puede cortar”, resumió ante Infobae una fuente con voz en la mesa chica del PRO.

El debate que empezó a recorrer al partido ya no gira alrededor de si debe acompañar al gobierno de Javier Milei: esa decisión, en los hechos, está tomada desde hace tiempo. La pregunta que divide estrategias es otra y será la que sobrevuela la reunión entre Mauricio y Jorge Macri: si el PRO todavía puede negociar con el oficialismo como un socio político con identidad propia o si el crecimiento de La Libertad Avanza terminará empujándolo, de manera inevitable, a convertirse en una fuerza complementaria del proyecto libertario.

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Caputo presentó la ampliación de la Inocencia Fiscal: “Los dólares en el colchón son mal negocio”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy los cambios en la Ley de Inocencia fiscal, que serán enviados al Congreso mañana para su tratamiento. El ministro aclaró que el “espíritu” de la norma no se modifica, sino que las alteraciones que se proponen son para que “independientemente de cuál sea el gobierno de turno, los ciudadanos van a estar cubiertos”.

El espíritu de la ley no cambia absolutamente en nada. el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque estaba prohibido el acceso libre a la compra de dólares e incluso penado, que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”, afirmó en el marco de una conferencia de prensa.

Caputo explicó desde el auditorio del Ministerio de Economía junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que los cambios fueron pensados junto a expertos en impuestos sobre la base de la norma que ya está en vigencia. Dijo que tiene como objetivo “aclarar temas que hacen que los ciudadanos se queden mucho más tranquilos que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno van a estar cubiertos ante esta situación”.

El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigencia a principios de febrero. Pero ante las dudas de los especialistas y el bajo nivel de adhesiones, Caputo impulsó una versión renovada del proyecto. El objetivo es que los argentinos saquen los dólares del colchón y los ingresen al sistema financiero sin dar explicaciones sobre su origen ni exponerse a sanciones del fisco.

El titular de Economía aseguró que, aún con la entrada en vigencia de la norma que ahora quieren modificar, por estos días “hay una masa muy grande dólares en el colchón“, más allá de que “hay un récord de depósitos” en la divisa estadounidense. No obstante, reparó en que la distancia es grande porque “hay más de cuatro veces en lo que es ahorro debajo del colchón”.

En ese sentido, señaló que el objetivo de las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal “es que se puedan formalizar los ahorros”. “Es una mala decisión tener los dólares en el colchón“, sostuvo y argumentó que, a pesar de que la creencia indica lo contrario, “el dólar también pierde” si está paralizado.

El ministro agregó que el ingreso de esos fondos permitiría expandir el crédito, apuntalar la actividad económica y mejorar la recaudación sin aumentar impuestos. “Tampoco nos sirve como país porque necesitamos que la economía crezca y recaudar más”, afirmó. En ese sentido, cerró con un mensaje dirigido a quienes todavía no adhieren al régimen: “Si no depositan los dólares del colchón es porque están muy mal asesorados” sostuvo.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal?

Además de ratificar el régimen vigente, el proyecto que impulsa el Gobierno incorpora modificaciones destinadas a dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y despejar las dudas que, según el propio Ministerio de Economía, surgieron tras la aprobación de la primera norma.

Entre los principales cambios figura la ampliación del universo de sujetos alcanzados, incluyendo también a los grandes contribuyentes. Asimismo, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, ajustando los parámetros bajo los cuales ARCA podrá quebrar la presunción de exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

Otro de los puntos centrales apunta a la carga de la prueba. El proyecto establece que, ante una observación del organismo recaudador, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar la diferencia determinada dentro de un plazo de hasta 15 días hábiles desde la notificación, evitando así consecuencias más gravosas.

La iniciativa también contempla un mecanismo de reintegro acelerado, con el objetivo de agilizar las devoluciones y reducir los tiempos administrativos para quienes regularicen su situación fiscal.

Con estos cambios, el Gobierno busca reforzar la confianza en el régimen de inocencia fiscal y convencer a quienes aún mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero de que los incorporen a la economía formal, una apuesta clave para captar parte de los USD 170.000 millones que, según estimaciones del Banco Central citadas por Luis Caputo, permanecen “debajo del colchón”

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La protesta social volvió a las calles, con cortes y piquetes: cómo continúan los reclamos contra el Gobierno

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Vamos a profundizar nuestro plan de lucha”. “Vamos a seguir peleando para que no les saquen a los 900 mil compañeros de la economía popular el programa Volver al Trabajo, el salario social complementario que es una conquista que se logró en el 2016 y que la justicia le dio el visto bueno al gobierno para que lo puedan bajar”. “No vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

Las tres frases corresponden a Johana Duarte, secretaria gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. Los dirigentes protagonizaron junto a piqueteros, agrupaciones de izquierda, sindicatos, líderes de las dos CTA y de la CGT, una multitudinaria marcha junto a los jubilados que, como todos los miércoles, se manifestaron frente al Congreso de la Nación. También se realizaron 100 cortes de rutas, accesos y puentes en todo el país. En algunos casos, como en el Puente Pueyrredón se registraron escenas de violencia entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes que calificaron el acción de “represión”. Integrantes de la Policía Federal y Prefectura intentaron evitar la quema de neumáticos y la interrupción del tránsito, hechos que de todos modos ocurrieron. La alta concentración de manifestantes evitó que los uniformados impusieran de manera efectiva el protocolo antipiquetes, al menos por varias horas. “La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, publicó la UTEP en sus redes sociales.

La de ayer fue una muestra de unidad entre diversos espacios sociales y políticos, que van desde la izquierda encabezada por el líder del Polo ObreroEduardo Belliboni; la fracción del Partido Comunista Revolucionario, encarnado en la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el ex diputado Juan carlos Alderete, hasta espacios que se referencian con el peronismo como el Movimiento Evita, encabezado por Emilio Pérsico y Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, el Subsecretario de Economía Popular dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof.

La demostración de fuerza del martes fue el anticipo de las próximas medidas que ya decidieron tomar contra la administración de Javier Milei.

El catalizador de las “medidas de lucha” que darán en las calles fue la desarticulación del Programa Volver al Trabajo, a través del cual 930.000 beneficiarios cobraban $78.000 mensuales. La medida, tal como explicó Esteban Castro al comienzo de esta crónica, fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa continuador del Potenciar Trabajo, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Ayer, minutos después de que la Policía Federal avanzó sobre manifestantes que cortaban el Puente Pueyrredón, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía PopularAlejandro Gramajo, cargó contra la Casa Rosada por “poner en riesgo la paz social” en el país y alertó: “Los pibes empiezan a chupar cartón para sobrevivir. Esa es la triste realidad que atraviesa el pueblo trabajador”.

Ante las cámaras de TV, el dirigente pidió disculpas por la interrupción del tráfico durante la protesta, que tuvo sus réplicas en otros puntos del país, como Mar del Plata, pero remarcó que las organizaciones sociales seguirán “en las calles para defender a los trabajadores”. “Este reclamo empalma también con los jubilados, que tienen que elegir entre comprar un medicamento o comida”, agregó.

Lo que viene

La próxima movilización de los espacios que representan a los trabajadores informales (UTEP) y formales (sindicatos, gremios y centrales obreras) está prevista para el 7 de agosto. Será una peregrinación (se estima multitudinaria), en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016 y en la que se reclamaba, al igual que ahora “Tierra, Techo y Trabajo”, una de las consignas que supo acuñar el papa Francisco.

Los movimientos sociales no estarán solos en la peregrinación del 7 de agosto. La CGT junto a las dos CTA (como lo hicieron ayer en apoyo a los jubilados) ya anunciaron su participación. Será el segundo paso de un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que se prolongará con una Marcha Federal y un paro general en una fecha que la principal central obrera del país aún no definió.

En diálogo con InfobaeJohana Duarte recordó: “Estuvimos acompañando los 100 cortes en todo el país porque la situación social en el territorio es insostenible y la quita del cobro del programa Volver al Trabajo solo va a profundizar esta crisis, por eso vamos a profundizar nuestro plan de lucha de cara al 7 de agosto que será una enorme demostración de unidad denunciando las políticas criminales de este gobierno nacional que nos lleva a crisis terminal”.

En igual sentido, se expresó Silvia Saravia, la dirigente de Libres del Sur: “La decisión de la justicia de hacer lugar a la apelación del gobierno deja vía libre al Gobierno para que deje de pagar los 78 mil pesos del programa Volver al Trabajo a casi un millón de personas. El impacto en las familias va a ser muy duro, porque tienen un nivel de endeudamiento muy grande, y a esto hay que sumarle el recorte en la entrega de medicamentos. Todo esto hace más profunda la precariedad de la situación que atraviesan. El aumento de la garrafa, el aumento del transporte, los servicios, los alquileres”.

La referente social también opinó: “El presidente Javier Milei le quita impuestos a los yates y aviones de lujo y a la par elimina la ayuda a las personas que más lo necesitan. Es un gobierno muy injusto y cruel” y advirtió “no vamos a dejar de darle batalla a este gobierno”.

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