El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.

El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.

El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.

La senadora de Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.

“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.

En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima).

Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad. No obstante, la moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.

El cierre de los libertarios quedó a cargo de Patricia Bullrich, que destacó la necesidad de una transición hacia un mercado más abierto y competitivo, sin producir “un salto al vacío”. “No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.

Entre las últimas modificaciones se destaca una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo se quede con más del 10% del biodiesel comercializado, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados donde no hay un cronograma previsto para su tratamiendo.

(Desde Washington, Estados Unidos) Jorge Macri concluyó su visita a Washington con una reunión con Ilan Goldfajn -titular del BID- y un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Durante la cita con Goldfajn, el jefe de Gobierno porteño presentó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener los niveles de inversión y acceder al mercado de capitales.

Macri explicó además al titular del BID su estrategia de gestión destinada a la modernización digital del sistema de salud, transporte y movilidad, y a la adaptación al cambio climático y la resiliencia urbana.

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Macri fue recibido por Neil Herrington -vicepresidente senior- Anne McKinney -vicepresidenta-, y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council.

Durante la reunión se dialogó sobre cómo continuar mejorando la relación económica entre Argentina y Estados Unidos para ampliar el comercio y atraer nuevas inversiones a la Ciudad.

“La Ciudad tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, dijo el jefe de Gobierno ante los empresarios locales.

Macri viajó a Estados Unidos acompañado por Cristian Ritondo -titular del bloque del PRO en Diputados-, Gabriel Sanchez Zinny -jefe de Gabinete de la Ciudad- y Fulvio Pompeo, secretario General del Gobierno porteño.

La primera reunión de la gira fue con Christian Landau, subsecretario de Estado. Landau se crió en América Latina, habla perfecto español y guaraní, y es Big Fan de Milei.

Macri describió a Landau sus coincidencias con la agenda de Trump para la región -desde las inversiones en minerales críticos a la creación del Escudo de la Américas- y ratificó la necesidad de profundizar la alianza con la administración Milei para frenar las ambiciones presidenciales del peronismo.

“No podemos volver a la política pendular”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño ante el subsecretario de Estado.

Macri, junto a Ritondo, Sánchez Zinny y Pompeo tambien visitaron la Casa Blanca para mantener un encuentro con Richard Walters, jefe adjunto de Gabinete de la administración republicana para Asuntos Legislativos y Políticos.

La conversación giró sobre América Latina y la alianza de Milei con Trump. Macri y Ritondo recordaron ante Walters que el PRO siempre estuvo alineado con Estados Unidos y su rechazó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua es parte de su identidad política.

“Nosotros creemos en este camino, y hay que blindar el cambio para que en Argentina no se vuelva a desviar”, afirmó Ritondo en el cónclave de la Casa Blanca.

Macri y la comitiva oficial concurrieron además al Capitolio, adónde fueron recibidos por Bernie Moreno -senador republicano por Ohio-, María Elvira Salazar -congresista republicana por Florida-, y Michael Rulli, representante republicano por Ohio.

La agenda del jefe de Gobierno con los legisladores se centró en la situación política en América Latina, la transición democrática en Venezuela y las elecciones en Brasil que enfrentan a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro.

Macri se hizo tiempo para exponer ante alumnos de la Universidad de Georgetown -agrupados en la organización LAPA-, ofrecer su mirada a inversores convocados por el Citi y describir su cercanía a Estados Unidos durante una charla a puertas cerradas en el Atlantic Council.

“Vinimos a Estados Unidos con dos grandes objetivos. Uno, obviamente, siempre en mi rol de jefe de Gobierno de la ciudad, contarle a la política de los Estados Unidos y a las empresas qué estamos haciendo, cuál es nuestro posicionamiento, cómo defendemos la propiedad privada, cómo hemos recuperado el orden, cómo queremos atraer inversiones privadas nuevas”, dijo Jorge Macri en diálogo con Infobae.

¿Y el segundo objetivo?, preguntó este corresponsal.

-Desde el punto de vista partidario transmitirles a actores del gobierno y empresarios que nosotros creemos en este posicionamiento actual de la Argentina. Creemos en las relaciones estratégicas de largo plazo con Estados Unidos y con las democracias occidentales. Creemos que hay un viento de cola y, por lo tanto, a favor de una consolidación de las centro derechas en Latinoamérica, que siempre para el PRO fue estratégica la relación con Estados Unidos.

La senadora Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios que se realizaron en el proyecto del Presupuesto 2027 en el capítulo que trataba el área de discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía.

En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.

Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.

La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.

Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.