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Alberto Fernández: “El Gobierno nacional fue elegido democráticamente para proteger la salud pública”

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El Gobierno nacional declaró que ha sido elegido democráticamente “para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública” y lamentó que la Corte Suprema de Justicia haya sostenido, “con inusitado rigor formal”, que las autoridades se basaron en “consideraciones meramente conjeturales con insuficiente fundamentación” para suspender las clases presenciales en CABA.

En un extenso comunicado en el que detalló las acciones desarrolladas desde el inicio de la pandemia, el Gobierno respondió al fallo del máximo tribunal y expresó que “resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)”.

“Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en ‘consideraciones meramente conjeturales’ con insuficiente fundamentación”, añade.

La declaración indica que “es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas”.

Y señala que “al momento de dictarse el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) cuestionado, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación” y “que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológica del AMBA se extiende a las demás regiones del país”.

Ante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el díade la fecha, el Gobierno Nacional expresa:

1.Que la pandemia de Covid-19 ya ha cobrado, en el mundo, más de 3,22millones de muertes y se han registrado más de 154 millones de contagios. En la Argentina hay más de 3 millones de casos y debemos lamentar la muerte de másde 64.800 personas.

2.Que, en todo el mundo, frente a la pandemia, las autoridades han debidoadoptar en forma urgente y excepcional, medidas de cuidado que implicanrestricciones, incluyendo cuarentenas, limitaciones a la circulación y suspensiónde clases presenciales

3.Que, en el marco de excepcionalidad que estamos viviendo, desde el año2020 el Gobierno nacional ha debido disponer medidas imprescindibles parafortalecer el sistema sanitario -que se encontraba fuertemente debilitado- yprepararlo para enfrentar la pandemia. También ha debido tomar medidasurgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud con el consiguiente aumento de lamortalidad. Todas estas medidas han sido cumplidas por la gran mayoría deargentinos y argentinas, que con su esfuerzo y compromiso han logrado que nohubiera que lamentar consecuencias aún más gravosas que las que estamosviviendo.

4.Que también se han adoptado medidas necesarias de contencióneconómica y social.

5.Que, con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la saludpública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la CorteSuprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presencialesen el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en«consideraciones meramente conjeturales» con insuficiente fundamentación.

6.Que es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar elderecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que estederecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidadpresencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas.

7.Que, al momento de dictarse el DNU cuestionado, el AMBA exhibía uncrecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país yel sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación.Que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológicadel AMBA se extiende a las demás regiones del país.

8.Que, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, el AMBA, comoaglomerado urbano, constituye una unidad inescindible, y así lo reconocierontodas las autoridades durante la gestión de la pandemia durante el año 2020.

9.Que, en tal situación, omitir la adopción de medidas oportunas, similares alas que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimientode casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida delas personas.

10.Que las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNUentonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecíanen forma exponencial. Que la Ciudad de Buenos Aires, pese a contar con esafacultad, omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar,en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud.

11.Que, ante tal situación, el Gobierno Nacional adoptó, mediante el DNU241/2021, diversas medidas para disminuir la velocidad en la curva de contagiosy, con ello, la crisis del sistema sanitario y el aumento de la mortalidad.

12.Que el gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en elmarco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considerapertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como laoportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemiaproducida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado,desde el AMBA, se extendió a todo el país.

13.Que las medidas adoptadas en el decreto mencionado fueron cumplidaspor la mayoría de los argentinos y argentinas, y también por los ciudadanos yciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que el GCBAdesoyó e incumplió, en parte, la norma federal dictada.

14.Que la utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a travésdel DNU 241/2021 se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia deBuenos Aires. En cambio, resulta contra fáctico y no puede verificarse quéhubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo,ante la pasividad del GCBA.

15.Que también el GCBA ha demostrado que ha constatado y comprendido, almenos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimasdisposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidaden la actividad educativa y, por lo tanto, de circulación de personas, en el marcode la segunda ola de Covid-19.

16.Que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día dehoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideracionesindicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. Elmismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que elPoder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar laidoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, lasmedidas aptas para contener los contagios.

17.Que, actualmente, se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptadoparámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintospartidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgoepidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria. En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de laprovincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA.

18.Que dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptanlas medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de unanorma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA.

19.Que el Gobierno nacional ha comunicado que, en los próximos días,enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de lasprovincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

20.Que el Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando lasalud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajandopara traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía. Con esos objetivos exhorta atodas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas decuidado y de contención de contagios. Nuestro propósito es que podamos volver,cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamentelas actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por lapandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día.

JUAN PABLO BIONDI – SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA NACIÓN

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El nuevo dato de pobreza debilita la posición del Gobierno frente a la Iglesia antes de la llegada del Papa

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Para enfrentar los previsibles dardos de la oposición y de la Iglesia por la gestión social en la previa -o durante- la llegada del Papa, en la Casa Rosada estaban decididos a apelar al argumento de la disminución de la pobreza durante la administración de Javier Milei. Ayer, cuando se conoció la importante suba en la cifra oficial, más de un funcionario se lamentó.

El grave retroceso porcentual en la cifra más sensible que mide el INDEC debilita al Gobierno, en términos discursivos, en plena recta final antes de la visita de León XIV al país. Es la principal bandera que Milei esgrime ante las críticas por las repercusiones sociales de su política económica, junto con las erogaciones destinadas a los sectores más vulnerables a través del sostenimiento y la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo dato del INDEC le quita fuerza a ese argumento cuando cobran cada vez mayor relevancia las voces (usualmente críticas con el mileismo) de la jerarquía eclesiástica, a menos de siete semanas de que el Papa pise suelo argentino.

El INDEC confirmó que la pobreza alcanzó a 32,3% de la población —unos 15,5 millones de personas—, 4 puntos por encima del 28,2% del semestre anterior, cortando de manera definitiva la racha descendente que el índice venía mostrando desde el pico de 52,9% del primer semestre de 2024.

La indigencia también empeoró: subió 1,2 puntos porcentuales y afectó a unos 2,2 millones de personas en los aglomerados relevados —cerca de 3,6 millones si se proyecta al total del país—. El deterioro social se completó con otro dato oficial conocido el mismo día: la actividad económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y 1,4% en la comparación interanual.

La mayor parte de la plana principal del Gobierno evitó referirse puntualmente al número de pobreza, que quedó prácticamente de manera exclusiva en manos del ministro de Economía. A través de su cuenta de X, Luis Caputo reconoció la suba pero eligió relativizarla comparándola con el punto de partida de la gestión: “Ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió, remarcando que la pobreza bajó de 52,9% a 32,3% y la indigencia de 18,1% a 7,5% en esa comparación de dos años.

Fue la misma lógica de “ciclo” con la que el ministro había explicado, horas antes, la caída de la actividad de julio, atribuida a “shocks transitorios” y a la menor cantidad de horas trabajadas por el Mundial.

Mientras la respuesta al dato social recaía en Caputo, Milei eligió resaltar, en primera persona, otra noticia del mismo día, la aprobación en el Senado de la su proyecto estrella, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde Estados Unidos, el Presidente celebró en redes: “Comienza el fin de la inflación. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Las críticas de la iglesia se arrastran desde el inicio del Gobierno, que arrancó la relación con el pie izquierdo, con las críticas de Milei a Francisco durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. Y la cúpula eclesiástica le marca la cancha al oficialismo desde entonces con los ya clásicos, repetidos señalamientos públicos sobre la cuestión social, las formas y la necesidad de diálogo.

Sin ir más lejos, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, uno de los más críticos con el Gobierno, cuestionó semanas atrás los anuncios oficiales sobre la baja de la pobreza, con ironía. Rossi estuvo sentado junto al entonces cardenal Robert Prevost durante el cónclave que lo consagró como León XIV. Y Córdoba será una de las paradas de la gira papal.

La crítica se sumó al documento difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social al cierre de la Semana Social 2026, bajo el lema “Puentes hacia el Bien Común”, que reivindicó el acceso al alimento, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud como exigencias concretas de la dignidad humana. Meses antes, en el último tedeum con el Presidente presente, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había advertido sobre “el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

Hasta ahora, los libertarios respondieron a esos cuestionamientos apelando a la caída sostenida de la pobreza y a la asistencia social sostenida a través de la AUH. Pero el combo de pobreza en alza, indigencia en alza y actividad económica en baja le quita apoyo a ese argumento justo cuando más lo necesitaban: a las puertas de una visita papal que, reconocen en la propia Casa Rosada, tendrá un fuerte componente pastoral pero inevitablemente estará atravesada por la lectura social del país.

Con la visita confirmada para noviembre, cada dato social o económico que se conozca entre ahora y esa fecha se va a leer en la clave que fijó la propia Iglesia: la distancia entre los indicadores que exhibe el Gobierno y lo que, según los obispos, efectivamente llega “al plato” de las familias. La pregunta que queda abierta es si Balcarce 50 ajusta el tono de su discurso social antes de la llegada de León XIV, o si sostiene la apuesta a explicar los números como una excepción dentro de una tendencia que, aseguran, sigue siendo favorable. Por ahora parece que primara lo segundo. De hecho, el combo de datos del INDEC se conoció horas después de que Milei, ante empresarios e inversores en el Economic Club de Nueva York, afirmara que si es reelecto en 2027, “el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”.

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El Gobierno creó programas para combatir la ciberdelincuencia e implementar el régimen juvenil

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El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

A partir de la Resolución N°483/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). Asimismo, indicó que su implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y que el asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de la coordinación bajo modalidad ad honorem.

“Quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, aseguraron en el documento oficial.

Entre los desafíos a abordar, enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en las modalidades delictivas.

En este sentido, las autoridades advirtieron que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.

El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. También deberá adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos de cooperación previstos en el Convenio de Budapest.

Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, además de la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. Ambas habían sido firmadas por Mahiques y publicadas en la edición del 25 de septiembre de 2026 del Boletín Oficial.

Por otro lado, en la Resolución 484/2026, se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. De esta manera, el área actuará como instrumento marco para organizar sus tareas como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.

“El Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”, señalaron.

En línea con esto, comunicaron que la asesora Débora Eliana Di Girolamo fue nombrada coordinadora del programa sin remuneración. Entre sus funciones figuran la coordinación de la aplicación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación de quienes intervienen en el fuero; la producción de estadísticas y la articulación con provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.

Uno de los ejes será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Por esto, las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil. Así, esos profesionales deberán acompañar el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a adolescentes, bajo protocolos que el programa buscará unificar.

También se incorporaron normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. De este modo, el programa coordinará esa tarea con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de facilitar orientación, derivaciones, acceso a servicios y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.

Por otro lado, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.

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El kirchnerismo muestra encuestas que dan a CFK competitiva para condicionar a Kicillof en el armado del PJ

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“Queremos que Cristina sea candidata. Ya no hay encuesta, provenga de donde provenga, que no marque la preponderancia de la figura de Cristina. Pese a los ataques recibidos y después de once años de haber sido presidenta. Si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de ella, y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones, iríamos a una fusta democrática, que enfrente a Milei y Cristina para que los argentinos decidan”.

La explicación que Máximo Kirchner brindó ayer en una entrevista con la AM 750 expone dos ideas que transitan dentro kirchnerismo en esta etapa de internas profundas y dañinas: existe un sector del peronismo, especialmente referenciado en Axel Kicillof, que prefiere desprenderse de la figura de la ex presidenta, y hay algunas vertientes del justicialismo que no cerraron filas ni jugaron a fondo para llevar adelante la lucha por la libertad de la ex mandataria.

Además, surge una tercera idea que tiene que ver con las encuestas que llegan a la mesa de CFK, su aprobación en la sociedad y su rol en el tiempo que viene. Su valoración positiva crece en el electorado a nivel nacional. La mantiene lejos del piso y cerca del techo que nunca ha podido atravesar. Pero, sobre todo, la pone dentro de la discusión clave que se desarrollará el año que viene cuando haya que definir las candidaturas. Desde el presidente y los gobernadores, hasta los intendentes y los legisladores.

En el kirchnerismo volvió a sonar el lema que identificó el proceso de unificación del peronismo en el 2019. Sin Cristina no alcanza y con Cristina sola no se puede. Lo que tienen en claro en el sector más duro del mundo K es que la ex presidenta mantiene una influencia determinante de cara al proceso electoral. En la gran mayoría de las encuestas que se hicieron en las últimas semanas, la ex presidenta logra tener una intención de voto cercana al 40% en los escenarios de balotaje y una imagen positiva que ronda entre el 40 y el 45%.

Esos números marcan una tendencia clara respecto a la negociación que viene. Aquel que quiere ser candidato a presidente dentro del peronismo, va a tener que negociar, acordar y contener con la ex mandataria. Y si no, en el caso de que se mantengan las PASO, tendrán que ganarle al candidato que ella respalde. Que, a esta altura de la novela del PJ Bonaerense, no será Kicillof. Sea como sea, pese a estar presa e inhabilitada para ejercer cargos públicos, CFK va a tener influencia en la discusión electoral que se aproxima.

En esos números y en la estructura política que aún conserva, reside parte de su fortaleza para tener peso específico en la organización política y electoral del año que viene. Sin embargo, el poder para digitar la estrategia y los nombres propios que la encarnen ya no es el de antes. Hay limitaciones marcadas. Tal vez la cara de la principal limitación sea Axel Kicillof que, a esta altura, es el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para las elecciones del 2027. El Gobernador se desalineó de la conducción de su mentora y empezó a jugar su propio juego, lo que exasperó al universo cristinista.

Kicillof tiene en su hoja de ruta un plan bastante claro. Quiere acumular adhesiones y estructura política, moldear su perfil nacional y en el primer semestre del 2027, cuando llegue el momento de las definiciones, sentarse a negociar con todo lo que tenga sobre su espalda. Así, creen algunos, y en el caso de que no haya PASO, obligará al kirchnerismo a aceptar su candidatura – porque es el que mejor mide y puede competir – o los expondrá a que rompan el peronismo y acompañen a otro candidato. Hipótesis de este tiempo. Lecturas de una rosca de interpretaciones inagotables.

En el cristinismo mantienen firme la idea de que deben hacer todo lo posible para que Cristina Kirchner sea la candidata. Es, sobre todo, una declaración de principios. La posibilidad de que realmente lo sea son muy bajas. Tampoco es una posibilidad que vaya como candidata en una boleta a afrontar unas eventuales PASO. Esa teoría, que salió de la boca de uno de los abogados de la ex presidenta, no es considerada con seriedad adentro del esquema ultra K.

La potencial candidatura de CFK, repetida por los principales dirigentes del entorno de la ex presidenta, irrita a algunos nombres propios del peronismo, que ven en el cristinismo a un grupo de políticos enfrascados en sus necesidades y en sus visiones estratégicas. Lo único claro a esta altura del calendario es que CFK va a jugar electoralmente el año que viene. El silencio en el que está sumida no tiene que confundir a los que miran sus movimientos políticos. Cuando llegue la hora, va a poner sus cartas sobre la mesa. Como es de esperarse, nadie sabe cuáles son y cuándo las jugará.

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