Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se reunirá este lunes para continuar con el debate de un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca “prevenir y erradicar” estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Se trata de la tercera reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que se realizará a partir de las 10, con la presencia de asociaciones de trabajadoras y trabajadores, quienes harán aportes sobre la temática.
Concurrirán como invitados Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina; Tomás Eliachev, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Miguel Aponte, secretario Administrativo de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, y Victorio Paulon, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina.
También asistirán Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados; Mario Carlos Torroba, de la Unión Personal Municipal de Berazategui, y Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Qué es la violencia institucional y quién es víctima
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”.
De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a “toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias”.
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