Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la reforma laboral y restableció la validez de 83 artículos de la norma, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

Con ese impulso brindado por un sector de la Justicia, el Gobierno consideró que la Ley 28.702 de Modernización Laboral está plenamente vigente y decidió no perder el tiempo: es inminente la firma del decreto reglamentario de la norma con el fin de no dilatar más la instrumentación de los cambios previstos en la norma.

“Hay algunos aspectos que ya se pueden aplicar de manera directa, como los vinculados con la Ley de Contrato de Trabajo, que no necesitan reglamentación en particular, pero sí la requieren otros artículos como el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) o el de las rebajas en las cargas para las nuevas contrataciones”, dijo a Infobae una fuente oficial.

La misma fuente reconoció que el envión del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo hizo que se decidiera acelerar el dictado del decreto reglamentario, pero advirtió que todas las áreas del Gobierno involucradas en esa tarea no tienen el mismo ritmo porque hay artículos complejos en materia legal. “Fue una tarea en conjunto ya que hay borradores de la reglamentación que fueron elaborados por los ministerios de Economía, Desregulación y Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA”, agregó el funcionario.

El FAL fue, según trascendió, lo que implicó más análisis y consultas técnicas y jurídicas. Y es, al mismo tiempo, una de las principales apuestas del Gobierno en la Ley 28.702 de Modernización Laboral: se trata de una transformación estructural en el sistema de indemnizaciones al imponer un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local.

Aun así, en la Casa Rosada advirtieron que, ante la complejidad del tema, existe una posibilidad de que la reglamentación del FAL no sea incluida en el decreto que se conocerá en las próximas horas y que sea el eje de otro decreto que sería dictado más adelante.

Según la ley 27.802, el FAL debía empezar a funcionar a partir del 1° de junio próximo, pero en el mercado ya temían que hubiera una prórroga sobre este punto por la demora en reglamentar la reforma laboral. Y ahora Economía no descarta dejar ese artículo para más adelante y que sea reglamentado con otro decreto.

Por su parte, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insiste en la necesidad de que los empresarios aprovechen las herramientas de la nueva ley para aumentar los sueldos por encima del piso paritario, como el salario dinámico, que ayudaría a descomprimir las fuertes presiones de los sindicatos para lograr acuerdos salariales que compensen la inflación.

Ese punto, de todas formas, ya tiene vigencia y no requiere de reglamentación. En cambio, sí necesita ser reglamentado uno de los artículos de la reforma laboral que más expectativa genera en la administración libertaria, como es el que promueve la creación de sindicatos de empresa, que la normativa del trabajo ya contemplaba, pero la Ley de Modernización Laboral facilitará el otorgamiento de la personería.

Hasta ahora, la ley vigente decía que “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”. En la reforma laboral, el artículo 136 establece que podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando, durante un período continuo de al menos seis meses, esa organización cuente con más afiliados cotizantes que el sindicato de actividad con personería previamente reconocida. Será un golpe al gremialismo tradicional, cuyo poder se basa en los derechos exclusivos que brinda la personería sindical.

En el Gobierno admiten que tampoco depende de ninguna reglamentación la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y, al mismo tiempo, prevén un aumento de la conflictividad en los próximos meses. Los funcionarios libertarios incluso imaginan una complicación adicional: creen que muchos sindicatos desobedecerán la exigencia de mantener servicios mínimos del 75% o del 50% en caso de huelga, como figura en la reforma laboral, y que será muy difícil constatar los porcentajes exactos de acatamiento y exigir que se cumpla lo establecido en la Ley 27.802.

Otros artículos que son considerados válidos y que no hace falta reglamentar son, entre otros, la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y el tope del 2% para la cuotas solidarias, que limita el financiamiento de los sindicatos.

Este jueves, a las 11 de la mañana, en Matheu 130, se reunirá el consejo nacional del PJ tras cinco meses. La última vez que se encontraron fue el 18 de noviembre del año pasado, pocos días después de la dura derrota en las elecciones nacionales frente al gobierno de Javier Milei.

Al encuentro asistirán los cinco vicepresidentes que están en funciones y que llevan adelante el partido, debido a la imposibilidad de Cristina Kirchner de estar presente. La ex presidenta de la Nación monitorea los movimientos del partido a través de los ojos del formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ.

En el orden del día aparecen cinco puntos: la lectura y consideración del acta anterior; la situación de las intervenciones en Salta y Jujuy; el informe de normalización del PJ de Misiones; la convocatoria al Congreso Nacional y el análisis de la situación política nacional.

Tras modificar la agenda matutina para que senadores libertarios vayan a “bancar” a Diputados el informe de gestión que dará allí el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara alta intentará avanzar, desde las 13, con los demorados ascensos diplomáticos de 2024 y 2025. Luego, en dos plenarios distintos -15 y 16.30-, se debatirá un acuerdo con fondos buitre y se comenzarán a analizar cambios sobre la normativa de salud mental.

Las actividades parecen depender de repentinas volteretas, a esta altura, de casi todos los bloques. Por caso, de las cuatro reuniones para conformar comisiones bicamerales previstas para ayer, una se suspendió el lunes y, las tres restantes, a horas de consumarse. Desde un par de despachos deslizaron, por lo bajo, sobre nuevas pinceladas de nombres.

Diplomáticos

La prolongada siesta para ascensos en Cancillería se revisarán en la comisión de Acuerdos, que comanda el mileísta riojano Juan Carlos Pagotto. Esto ya se cayó en varias ocasiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en un hervidero.

El evento se desarrollará en medio de acusaciones sobre generosos guiños a personas “cercanas” al kirchnerismo, supuestas influencias de diplomáticos sobre senadores para frenar o retocar listas, y algunas bancadas que mienten por default para no atarse al embrollo que ayudaron a generar.

Por fuera de las simpáticas operaciones, lo más importante a mirar de todo esto es, siempre, los espacios políticos que se mantuvieron en silencio. Lo mismo corre para pliegos judiciales. En las próximas horas, algunas subas de categoría quedarían relegadas, aunque el resto de ambas listas terminaría con respectivos dictámenes de mayoría.

Fondos buitre

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirán un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo curioso del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Ayer, oficialismo y dialoguistas mantuvieron un cónclave con el ministro de Economía, Luis Caputo, para indagar sobre el tema. Sobre el plazo del 30 de abril, quedó la impresión entre los participantes de que el mismo no sería “taxativo”, aunque se sugirió que bien vendría firmar dictamen esta tarde como gesto.

Por otra parte, todos entendieron la necesidad de cerrar los espinosos problemas económicos y legales que tuvo el país en relación con esto, aunque los aliados recordaron también las varias dificultades del primer trimestre en el plano local, tras más de dos años de ajuste. Caputo dio explicaciones similares a las que suele ofrecer en medios y reafirmó que, en el actual trimestre, habrá un repunte. Esto también equivaldría a reactivar obras que, en los últimos meses, se paralizaron casi de manera total.

Además, dos asistentes confiaron a Infobae, tras una consulta del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), que el Gobierno consideraría la viabilidad de devolución ya no en cuatro meses, sino en seis u ocho, de los adelantos de coparticipación que la Casa Rosada otorgó a un puñado de distritos. Otros ítems con indicios de respuesta de “normalización” apuntaron hacia el PAMI y discapacidad.

Salud mental

La ley del Ejecutivo tendrá su puntapié en las comisiones de Salud; y de Legislación General, desde las 16.30. Tras la presentación del articulado, se estima que la oposición de todo color reclamará una amplia gama de invitados, por lo que la discusión seguirá en las próximas semanas. El texto, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo, se sumará a otros que ya hacen fila y se le acumulan a la Cámara alta.