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El Gobierno oficializó a los representantes de la oposición en el directorio de RTA

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El Gobierno nacional oficializó este miércoles a los representantes de la oposición en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA). Se trata de Cristian Larsen y Carlos Monte, quienes habían sido propuestos por la Comisión Bicameral del Congreso.

A través del Decreto 668/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, Alberto Fernández designó a los nombres que ocuparán los cargos que estaban vacantes desde el inicio de su gestión como presidente.

Larsen y Monte fueron oficializados como directores de RTA Sociedad del Estado “para completar un período de ley, a propuesta del bloque parlamentario de la tercera minoría del Honorable Congreso de la Nación”.

Meses atrás se trató de un potencial conflicto que iba a camino a judicializarse. Así lo había anunciado Juntos por el Cambio que aseguraba que el oficialismo se negaba a tratar el tema. Sin embargo, en mayo se reunió la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para proponer a los representantes de la oposición en los directorios de la ENaCom y la RTA.

Los cargos estaban vacantes desde el inicio del gobierno del Frente de Todos e implicó que los organismos no cuenten con los mecanismos de control que dicta la ley. En la oposición había crecido el nerviosismo mientras se aproximaba la fecha de las elecciones. En ese contexto el radicalismo propuso a Carlos Monte, ex intendente de Río Segundo, Córdoba. Mientras que desde el PRO eligieron a Cristian Larsen, quien trabajó como auditor interno en la TV Pública durante la gestión de Hernán Lombardi al frente de los medios públicos.

Antes de Larsen, en mayo de 2020, el PRO había propuesto a Emilio Lafferriere como director de RTA. Si bien la decisión fue avalada por la bicameral y refrendada por los presidentes de ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo adujo que el propuesto estaba inhabilitado para el cargo. Desde allí comenzó a promoverse al ex auditor de Lombardi.

“Ambas personas propuestas cumplen con la calificación profesional en materia de comunicación y poseen una democrática y reconocida trayectoria de acuerdo a los requisitos previstos en la citada Ley”, destacó el Gobierno sobre Larsen y Monte en el decreto que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete Juan Manzur.

“La reunión de hoy es un verdadero triunfo. Llevamos once meses intentando lograr esta designación. Los medios públicos se encontraban sin ningún tipo de control”, sentenció en aquella reunión del mes de mayo la diputada radical Karina Banfi, secretaria de esa Comisión Bicameral.

Banfi había amenazado con que si el oficialismo se mantenía negándose y no se ponía en marcha las designaciones, iban a ir a la justicia. “Nosotros le vamos a pedir al presidente de la Cámara que convoque a la bicameral en un plazo máximo de 48 horas y, si no hay respuesta, vamos a ir a la Justicia”, señaló la legisladora, quien a su vez consideró que el oficialismo no quería “ningún tipo de control”.

“Pensemos en el Enacom y su relevancia, más en un año como este en donde hay campaña electoral, o por ejemplo a la hora de definir las tarifas de las telecomunicaciones teniendo en cuenta que el Ejecutivo nombró como servicio esencial a la conexión de internet, telefonía y televisión por cable”, argumentó en aquél entonces.

En la oposición consideraban que el oficialismo se encargaba de “dilatar” la reunión de la bicameral. Debido a la falta de acuerdo, hasta el momento solo había sido designada Silvana Giudici (PRO) en el Enacom.

Fuente: Infobae.

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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Nación actualizó los aranceles de las prestaciones por discapacidad

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El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El incremento es del 2,1% para las prestaciones correspondientes a agosto, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), que modificó los valores establecidos previamente por la Resolución 2227/2026 para julio, cuando se había aplicado una actualización del 1,9%. Y produce en un contexto de reclamos vinculados con los pagos a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.

El aumento se aplica de manera uniforme a todas las modalidades incluidas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin diferencias según el tipo de servicio. Los nuevos valores rigen para las prestaciones brindadas durante agosto.

La normativa también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones realizadas en la zona patagónica. El beneficio por zona desfavorable alcanza a las provincias del sur del país y contempla las características geográficas y las dificultades de acceso que pueden incrementar los costos vinculados con la atención y los servicios de apoyo.

Discapacidad: los aumentos para las prestaciones

Entre los nuevos valores establecidos, para la Categoría A, correspondiente a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06.

En la Categoría B, el arancel para un Hogar con CET permanente quedó establecido en $2.824.518,71, mientras que la Residencia Permanente alcanzó los $1.133.384,56.

Para la Categoría C, que reúne prestaciones de menor complejidad relativa, el valor correspondiente al Hogar Permanente quedó fijado en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

Fuente: Agencia DIB

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El Gobierno de Kicillof pide ser parte de la organización de la visita del papa León XIV

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reclamó ser parte de la organización de la visita de León XIV a la Argentina, luego de que la primera reunión de coordinación se realizara entre Nación, la Iglesia y la Ciudad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que el Papa tiene previsto visitar territorio bonaerense.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclamó este lunes que se llame a la Provincia a una mesa coordinadora para trabajar en el viaje del Sumo pontífice que tendrá una parada en la basílica de Luján, y donde se esperan más de 3 millones de personas.

En una conferencia de prensa, Bianco precisó que, hasta el momento, lo único confirmado para territorio bonaerense es una actividad en Luján, y dejó abierta la incógnita sobre una eventual visita al Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, que todavía no está definida.

“En principio, lo que está confirmado en la provincia de Buenos Aires es la actividad en Luján. Hay alguna posibilidad de que también participe de una visita al Cottolengo Don Orione. Todavía no hemos sido citados por el Gobierno nacional para coordinar”, planteó el ministro desde Casa de Gobierno.

En ese sentido, el reclamo de la administración de Kicillof apunta especialmente a la coordinación de cuestiones vinculadas con la seguridad, los traslados, la logística y la organización del multitudinario evento. “Eso va a requerir de una actividad de organización importante en donde no hay forma de que no esté involucrada la provincia de Buenos Aires”, afirmó Bianco.

La visita de León XIV a la Argentina, que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre, marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas. Entre los puntos que todavía deben confirmar Roma y el Vaticano figuran, además de Luján, el Monumento a los Españoles y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba, así como una eventual ceremonia en la Catedral Metropolitana y actividades en la Universidad Católica Argentina, el Palacio Libertad y el Teatro Colón.

Fuente: Agencia DIB

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