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El reclamo por la reelección de los intendentes del PJ llegó a la Rosada

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Unos 100 intendentes de la Provincia de Buenos Aires deberían dejar sus puestos en diciembre de 2023 porque la Ley Orgánica Municipal – que se modificó durante la gestión de María Eugenia Vidal- limita los mandatos comunales a dos períodos consecutivos. Varios de esos alcaldes pertenecen al Frente de Todos, administran municipios del Conurbano y fueron decisivos para que la diferencia de 4 puntos que Diego Santilli había conseguido en las PASO sobre Victoria Tolosa Paz se redujera a 1,3 en las legislativas del domingo.

La remontada electoral los empoderó y ahora reclaman su premio. Uno de ellos pasa justamente por revisar la normativa que les impediría ser reelectos en 2023. Es un reclamo que se escucha a uno y otro lado de la grieta,
pero en el que los jefes comunales del PJ pican en punta. Así se lo hicieron saber al presidente, Alberto Fernández, que en la noche del miércoles, después del multitudinario acto por el Día de la Militancia, recibió a unos treinta mandatarios de la zona norte y sur del Conurbano con un asado en la Quinta de Olivos. Fue una cena para repasar el resultado en las legislativas, en la que el jefe de Estado insistió en la necesidad de una PASO peronista y con la que buscó agasajar a quienes considera los hacedores de la recuperación electoral que el oficialismo festejó como una victoria. Los intendentes agradecieron el reconocimiento y, de paso, aprovecharon para “colar” eso que los inquieta
desde hace tiempo.

“Fue uno de los temas de debate y concluimos en generar un espacio donde podría surgir una propuesta que se discuta en la Legislatura”, reconoció el jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, invitado al convite que Fernández compartió también con el Gobernador, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el titular de Diputados, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero, y los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Jorge Ferraresi (Hábitat). Estuvieron además el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, ambos intendentes con licencia.

También Katopodis, que antes de asumir en el Gobierno nacional fue jefe comunal de San Martín, se refirió a la posibilidad de la rereelección y señaló que “el Presidente ha manifestado estar de acuerdo en que ese tema se
pueda debatir”. Dijo además que “el Presidente, los intendentes y el Gobernador están analizando cuáles eran los mandatos que se podían ejercer de manera continuada para poner mayor claridad sobre la interpretación de
esa ley” y aclaró que “los intendentes que ya estaban en mandato pretenden que la ley no sea
aplicable en su caso”.

Es que la mayoría de los alcaldes, tanto delperonismo como de la oposición está atrapada por la ley que limita la posibilidad de permanecer en el cargo. De los 135 intendentes de la Provincia, 95 estarían impedidos de ir por
un nuevo período en 2023 porque la norma (la 14.836 sancionada el 21 de septiembre de 2016 durante el gobierno  de Vidal y en acuerdo con Massa) limita los mandatos comunales a dos consecutivos. Y como la norma se aplica en
forma retroactiva toma como primero el que empezaron a transitar en 2015, con lo que van por el segundo que arrancaron en 2019.

Una de las aspiraciones dentro del peronismo es derogar esa ley. En eso hay coincidencias con la mayoría de los jefes comunales opositores. En el ámbito de la Legislatura, el tema genera especial incomodidad en las filas opositoras porque hace cinco años varios de sus legisladores votaron poner un límite a las reelecciones. Y además, como el oficialismo no tiene mayoría, para reformar la ley necesitaría del apoyo de Juntos. Una de las propuestas en danza pasa por impulsar una modificación en la normativa para que no se tome al iniciado en 2015 como primer
mandato. Así, los alcaldes podrían presentarse para reelegir en 2023 por estar transitando el primer período de gobierno que arrancó en 2019. Aunque postergando su aplicación, esa reforma mantendría el límite a las reelecciones, una de las claves para que legisladores de Juntos levanten la mano.

Antes de que este debate volviera al seno de la Legislatura, intendentes del PJ comenzaron a tomar recaudos y, amparados en un artículo de la ley, pidieron licencia para asumir otros cargos. Con esa estrategia buscaron evitar
completar los dos años de mandato que les quedan y zafar de la prohibición. Pero esa interpretación podría ser cuestionada judicialmente y por eso vuelve la intención de avanzar con una reforma. Incluso, ya se menciona la posibilidad de que la Legislatura la trate (y quizá apruebe) antes de fin de año. Casi a modo de anticipo, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó ayer que la re-reelección “es algo que el Gobierno escucha
y va a tomar una decisión en algún momento”.

(ElDia)

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Muerte en el gym: “La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

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El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso(68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gymubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamentey presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó Martiniano Greco.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó Greco.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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