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Ante la falta de consenso, mandan a un cajón la ley de hidrocarburos

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La ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas fue presentada en sociedad por Darío Martínez, Martín Guzmán y Alberto Fernández, inmediatamente después de la derrota en las PASO. En ese momento, Guzmán aprovechó el escenario para responderle a Cristina Kirchner sus críticas al manejo económico. Luego se desató las catarata de renuncias de todos los funcionarios kirchneristas, excepto el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Martínez llegó al cargo con el respaldo de Cristina, pero luego tomó distancia y esa tensión se trasladó al peronismo de Neuquén. Esta ley esta hecha a medida de intereses que no nos representan”, afirmó a LPO una fuente del kirchnerismo al tanto de la situación.

“Alberto desconoce el tema petrolero y lo dejaron expuesto. En cambio Cristina es petrolera, conoce cabalmente la cuestión, la considera prioridad absoluta y la sigue muy de cerca. De hecho, hubo que escribir dos veces el proyecto porque la primer versión fue rechazada por ella”, agregó la fuente.

Lo cierto es que la vicepresidenta trabajó como convencional constituyente en la redacción de la Constitución de ’94, donde se le concedió a las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos del subsuelo -entre ellos los hidrocarburos- que según entienden los gobernadores patagónicos, este nuevo proyecto pone en jaque.

“La ley es un impuesto nacional sobre un recurso no renovable de pertenencia de las provincias y encima no coparticipable, y por el cual no cobramos ingresos brutos. ¿Saben lo que significaría cobrar ingresos brutos sobre la exportación de crudo y gas?”, afirmó el neuquino Omar Gutiérrez, presidente de la liga de provincias petroleras (Ofephi) y uno de los críticos más frontales de la norma. Críticas similares expresó el líder histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Jorge Sapag.

La lectura de los gobernadores de las provincias petroleras es que el artículo 90 del proyecto que indica que la autoridad de aplicación respecto a los permisos de exploración, las concesiones de explotación y las concesiones de transporte y almacenamiento subterráneo en las áreas hidrocarburíferas competen a la Secretaría de Energía de la Nación, avasalla los derechos de las provincias otorgado precisamente por la Constitución del ’94.

“La ley le otorga a la Nación una participación y reconocimiento sobre las reservas que hasta el momento no tiene. Es evidente que al MPN le molesta que entre la Nación porque aparece un actor más con quién dividir la torta”, reconoció a LPO una fuente del Gobierno.

Sapag fue taxativo: “Considero que el art 90 es un error de redacción, un desliz, que hay que corregirlo”. Según una fuente del gobierno neuquino consultada por LPO, “Sapag es una figura muy relevante ante esta problemática ya que fue quien diseñó Vaca Muerta junto a Cristina”.

Gutiérrez expresa al conjunto de la Ofephi porque la disputa que se refleja en esta ley es por Vaca Muerta. Es por eso que otras de las críticas del gobernador deviene en como se estipula la línea de base que mide la producción incremental sobre la cual se definen los cupos exportables. Este cuestionamiento es compartido por las empresas del sector que resultan perjudicadas, como reveló LPO.

“Las empresas que garantizamos el abastecimiento interno, solo queremos exportar cuando cumplamos esa demanda. Petrona, Shell y Vista invirtieron en lo peor de la pandemia, su producción creció y ahora es lógico que pidan exportar. Invertimos cuando todos estaban parados. Lo que pedimos con cambiar la base, es que nos reconozcan esa inversión” afirmaron a LPO fuentes del mercado, que agregaron que el gobierno nacional defiende la actual línea base, por una presión del ministro Martín Guzmán, que está mirando un tema fiscal.

El kirchnerismo también cuestiona otro aspecto clave de la norma. Afirman que la estabilidad fiscal por 20 años que promete, barre con los derechos de exportación como herramienta de la política económica. “Como no las podes tocar, quedás pegado al precio internacional. Se dolariza tu recurso, y como vos no generas dólares, viene la inflación y la devaluación. Lo mismo pasa con la ley del Consejo Agroindustrial. Acá hay dos modelos en pugna, por un lado la salida exportadora de Guzmán y la opuesta que se traduce energía y alimentos baratos, justamente lo que propone Cristina”, analizaron ante LPO.

El legislador del kirchnerismo neuquino Mariano Mansilla, sostuvo a LPO que “la disputa por la orientación de la política energética en nuestro país tiene muchos capítulos donde sucedieron tensiones entre las grandes corporaciones de las potencias occidentales contra militares nacionalistas y luego, desarrollistas convencidos por la fuerza del lobby de los trust del Petróleo. Como integrantes del Frente de Todos, y para sostener una de las principales banderas de la plataforma de gobierno que impulsamos para Alberto y Cristina, entendemos que debe ajustarse la mirada para pensar el régimen de esta ley”.

Desde el sector de los trabajadores cobra vigor la resistencia. “A Pereyra lo tenían cerrado y se les está dando vuelta. Ya no banca de pleno al proyecto”, agregó una fuente del sindicato petrolero.

En declaraciones a la prensa el secretario General del gremio afirmó: “Las provincias están pidiendo un cambio en algunos artículos, principalmente en el artículo 90, donde los gobernadores manifiestan que avasalla la titularidad que tienen las provincias por la ley corta, por la Constitución del ’94”.

Mientras que Marcelo Rucci consideró que la puja entre de Neuquén y el Gobierno nacional “debe resolverse rápidamente. El artículo 90 de la medida es el que está en discusión, el cual habla de la autonomía de la provincias. Desde el Sindicato estamos a favor que eso no se pierda, que no pierdan las provincias”.

Lo cierto es que ante la falta de consenso, la ley no avanza. No hay agenda prevista para actividad parlamentaria y desde el bloque oficialista afirman que por ahora está cajoneada.

(LPO)

 

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En medio de su construcción federal, Kicillof busca contener a intendentes en alerta por la caída de recursos

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Los intendentes bonaerenses transitan estos tiempos con cierta incertidumbre ante la situación económica y el impacto directo en sus gestiones. Todo se da en la antesala de la discusión electoral tanto nacional como provincial, donde muchos de ellos buscarán ser protagonistas de esa instancia y en la relación que mantienen con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que hoy por hoy asoma como el único con intenciones claras de ser candidato a presidente por el peronismo.

Semanas atrás hubo una cena de jefes comunales de distintos sectores del peronismo con gestión en el conurbano bonaerense. Allí, el diagnóstico fue coincidente: hay aumento de la morosidad familiar y un pedido de subsidios a las propias intendencias para cubrir ese debe, además de un aumento en la demanda alimenticia y otro factor que ocupa directamente al gobierno de Kicillof: la demora en las certificaciones de distintas obras de carácter provincial. La proyección en términos microeconómicos, dicen los intendentes, no variará.

En este contexto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará blindarse y contener a los jefes comunales que este jueves llegarán al Salón Dorado de la Gobernación bonaerense en La Plata. Allí fueron convocados por el mandatario provincial para desarrollar una jornada de trabajo titulada: Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios. Se espera la presencia de intendentes no solo peronistas.

Kicillof estará escoltado por sus ministros más técnicos, como el de Economía, Pablo López, y el de Producción, Augusto Costa. La reciente convocatoria del gobernador Axel Kicillof a jefes comunales de todas las fuerzas políticas busca articular respuestas ante una situación que repercute tanto en el gobierno provincial como en cada municipio.

En los distritos del conurbano es donde más resuena el cierre de fábricas. Como dio cuenta Infobae, un informe de la consultora Fundar estima que desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Una caída equiparable a la pandemia y la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

Un caso puntual en territorio. El Observatorio Socioeconómico Municipal del distrito de General San Martín en la Primera sección electoral muestra que la capacidad instalada de las empresas del municipio se ubica en el 46%, el nivel más bajo desde la pandemia, mientras que el empleo registra una caída del 6,3%. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender al sector y a los trabajadores del sometimiento de Milei, porque sabemos que el país solo sale adelante con una industria local fuerte”, planteó el intendente de ese municipio, Fernando Moreira.

Pero lo concreto es que los municipios no tienen demasiados resortes para amortiguar la caída en estos índices. Además, también bajó la recaudación y, por ende, la masa de recursos coparticipables, tanto hacia las provincias como hacia los municipios, en este caso, bonaerenses.

Un relevamiento hecho por la consulta PPA sobre los recursos transferidos a los municipios bonaerenses en el período enero 2026 da cuenta de que, durante enero de 2026, los 135 municipios bonaerenses recibieron 450.230 millones de pesos ($450.230 millones), pero el desembolso real experimentó una baja tras descontar el efecto de la inflación, en el debut del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD). La caída, que en términos constantes alcanzó 10.308 millones de pesos, refleja un cambio estructural: aunque hubo aumentos en fondos educativos, el recorte en coparticipación bruta dominó la escena y repercutió en la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Los datos de PPA, con base en el Ministerio de Economía de la Provincia, confirman que el 80,7% de lo transferido se destinó a coparticipación de impuestos. El Fondo de Financiamiento Educativo absorbió el 6% y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales representó el 4,6%. Pero en comparación con enero de 2025, los recursos totales subieron 29,4% en cifras nominales, mientras que la inflación, que fue de 32,4%, dejó una pérdida real del 2,24%. Ese recorte se traduce en una contracción de $10.308 millones a precios constantes. En enero de 2025, los municipios habían recibido $347.807 millones, según la misma fuente.

La aplicación de los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución alteró aún más la dinámica interna entre los municipios. Algunos distritos registraron mejoras por el aumento de su coeficiente, pero la baja de la coparticipación bruta anuló esos beneficios y, en muchos casos, los revirtió:

En enero, 43 municipios tuvieron un incremento real en sus transferencias. Entre ellos destacan Carmen de Areco con una mejora de 13,77%, Chacabuco (9,93%), Capitán Sarmiento (8,12%), Pergamino (7,47%) y Monte (7,33%). También aparecen Lobería, General Rodríguez, Salto y Lobos, todos con subas mayores al 6%.

Por el contrario, 49 comunas sufrieron caídas reales superiores al 3%. Las disminuciones más marcadas corresponden a Pinamar (-10,97%), San Isidro (-10,74%), Vicente López (-9,88%), Malvinas Argentinas (-8,67%) y Monte Hermoso (-8,66%). Villa Gesell, General San Martín, La Costa y General Viamonte completan la lista con bajas de entre 7% y 8%.

En este contexto, el gobierno de Kicillof busca fuentes de financiamiento. Una de ellas es intentar recuperar parte de los recursos que dejó de percibir por decisión del gobierno nacional —al inicio de su gestión— de ir hacia un superávit fiscal. Algunos de los flujos de fondos que se cortaron son los que correspondían a la Caja Previsional de la Provincia vía ANSES. Un reclamo que el gobierno de Kicillof sostiene y en donde esta semana logró un primer paso con la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia entre el Ejecutivo provincial y la Nación.

López, quien asistió la semana pasada al encuentro por fondos adeudados , afirmó: “Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones de pesos. Desde la gestión seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia y recuperar los recursos que pertenecen a los 17 millones de bonaerenses”. En la misma línea se pronunciará este jueves ante intendentes.

La compleja situación financiera también tiene por añadidura la intervención en la carrera electoral a 2027. Kicillof ya está decididamente lanzado a la construcción de un espacio federal. Sin embargo, en La Plata siguen midiendo los tiempos. La coyuntura misma, como en este caso, entorpece algunas estrategias trazadas.

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La Libertad Avanza y el PRO, entre el desafío de mantener la identidad y la chance de una alianza en el 2027

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Desde el recordado pacto de Acasusso, en octubre del 2023, cuando acordaron unir fuerzas para derrotar a Sergio Massa en el balotaje de ese año y evitar que el kirchnerismo retuviera el poder, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO pasó por momentos mejores y peores, pero siempre se mantuvo cercano, con intercambio de dirigentes, algunos de los cuales están actualmente en la cúpula del oficialismo, y negociaciones electorales.

El presidente Javier Milei y su antecesor, Mauricio Macri, ya no tienen un diálogo tan fluido como el que supieron construir en una época, cuando se reunían a comer milanesas en la Quinta de Olivos, pero conservan la cordialidad y el respeto mutuo.

No obstante, el ex mandatario nacional decidió emprender un camino para recuperar la identidad del partido que fundó y ya anticipó que quiere presentar a un candidato propio para competir en el 2027.

Por esa razón, el jueves pasado reunió a su tropa en Parque Norte con el objetivo de hacer el relanzamiento del espacio, en el que dio un efusivo discurso en el que sostuvo que “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno, sino “a completarlo”, y calificó a su fuerza política como “el próximo paso”.

Estas declaraciones fueron minimizadas por la Casa Rosada, donde desde días antes del evento venían señalando que el PRO ya no tiene un electorado claro y, por lo tanto, no es competitivo de cara a los comicios.

“Está bien y es lógico que Mauricio diga eso, porque quiere seguir en carrera”, opinó a Infobae un integrante de la mesa política libertaria, quien aseguró además que no pudo escuchar a Macri.

En la vereda de enfrente, en tanto, hay varios referentes amarillos que se muestran a favor de un acuerdo en los siguientes comicios, y argumentan esta decisión en la idea de evitar que regrese “el populismo”.

“Falta mucho, es bastante absurdo hablar de eso a esta altura habiendo tantas cosas pendientes por resolver. Soy de los que cree que hay que cuidar la idea por encima de los nombres. Sí tenemos que trabajar en una alianza estratégica con La Libertad Avanza para ganar la provincia de Buenos Aires y terminar con el kirchnerismo que tanto daño nos hace. Soy de los que cree que vale la pena hacerlo”, sostuvo ante este medio el diputado Cristian Ritondo, armador bonaerense del macrismo.

De hecho, quien hoy suena como aspirante a gobernador en este territorio, incluso dentro de La Libertad Avanza, es Diego Santilli, un hombre que hizo gran parte de su carrera dentro del PRO.

En medio de los cambios en el Gabinete de comienzos de este año, “El Colo” fue convocado por el propio Milei para ser ministro del Interior, pero a pesar de eso nunca hizo el salto de partido, como Patricia Bullrich, al menos hasta ahora.

En el 2025, y en plena campaña legislativa, la entonces titular de la cartera de Seguridad decidió desafiliarse del macrismo y sumarse formalmente a las filas violetas, y hoy es jefa de bloque del oficialismo en el Senado.

También es cierto que la ya ex funcionaria contaba con un nutrido grupo de dirigentes que respondían directamente a ella y que también se pasaron de un espacio al otro, tanto en el Congreso como en la Legislatura porteña.

“Diego sabe que no es un puro para ellos y que por ese motivo nunca va a terminar de ser aceptado del todo, pero es que no tienen a nadie, es el único que mide en la provincia y lo necesitan”, remarcó una persona que tiene diálogo fluido con el ministro.

En el Gobierno sobran los casos de figuras que estuvieron en la gestión de Cambiemos y que volvieron a ocupar un cargo, en las primeras, segundas y hasta terceras líneas: desde Luis Caputo, en Economía, y Federico Sturzenegger, en Desregulación y Transformación del Estado, hasta secretarios.

Incluso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría tabajado como coordinador técnico administrativo en el Ministerio de Cultura entre el 2017 y el 2018 y su mano derecha, Aime “Meme” Vázquez, fue asistente de Santilli en la Vcejefatura de Gobierno porteña.

En la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez mantiene una posición bastante crítica de la gestión de Jorge Macri y recientemente hubo cruces, incluso en las redes sociales, por la autoría de distintos proyectos que el PRO y La Libertad Avanza se atribuyen como propios.

“Ni siquiera nos dan el reconocimiento. Lo vienen haciendo todo el tiempo, primero con lo del impuesto al sello, ahora con los créditos para las viviendas. Por lo menos está tomando buenas medidas, lástima que no dice que son nuestras”, protestó un alfil violeta.

En este territorio, el oficialismo nacional no tiene un candidato claro y, aunque se habló e Bullrich y de Adorni como alternativas, ninguno de los dos comenzó a construir un armado para competir en 2027.

Es por esta razón que el alcalde porteño no descarta presentarse en el marco de una alianza, aunque en el distrito el vínculo entre las dos fuerzas siempre fue tenso: en septiembre compitieron y todo terminó en una dura derrota del macrismo, mientras que en octubre fueron juntos y el frente, que llevó a la ex ministra de Seguridad como cabeza de lista, quedó primero.

Una de las incógnitas que se abren aquí es la decisión que vaya a tomar el ex presidnete Macri, que sigue mostrándose como dialoguista, pero con intenciones de continuar marcando sus diferencias.

“Mauricio dio un mensaje clave y muy importante: todavía falta avanzar mucho con los cambios y sobre todo para que sea fuerte y que en el futuro ningún populismo vuelva a destruirlo. A eso se refiere con el próximo paso y el PRO está listo para liderar, apoyar y defender ese camino como lo viene haciendo. Es un mensaje constructivo, sin dudas“, aclaró Ritondo.

El diputado, que fue uno de los oradores principales de Parque Norte, subrayó que el objetivo de ambos espacios es “construir esa Argentina del futuro y eso no es papel de un solo partido, sino de todos los que quieren el cambio”.

En el 2025, la presión de los dirigentes más importantes de esta fuerza impulsó la alianza que se terminó dando en varias provincias, a pesar de la reticencia del ex mandatario, que no estaba del todo convencido, pero dio libertad de acción.

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La Justicia rechazó una medida cautelar de las ONG para suspender las audiencias públicas por la ley de glaciares

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueirarechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas convocadas por el Gobierno nacional para debatir el proyecto de modificación de la actual Ley de GlaciaresDe esta manera, continuarán en pie las reuniones programadas para el 25 y el 26 de marzo.

La solicitud había sido enviada por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, luego de que el oficialismo anunciara que solo 200 personas de las más de 65.000 que se inscribieron tendrán lugar para compartir sus puntos de vista. Cada uno de ellos tendrá cinco minutos para hablar.

La readecuación del formato fue comunicada por el diputado Nicolás Mayoraz, quien indicó que el cupo habilitado también se dividirá entre los participantes que eligieron la modalidad presencial y aquellos que optaron por sumarse de forma virtual.

Al mismo tiempo que informó que los seleccionados para hacer uso de la palabra en vivo correspondían a los interesados que se inscribieron primero en el llamado, el libertario indicó que el resto de los interlocutores podrá compartir sus posturas a través de videos cargados en la plataforma de Youtube.

Frente a esto, las organizaciones ambientalistas reclamaron ante la Justicia que se respete el derecho de todos los participantes de intervenir oralmente, se readecue el cronograma para sumar más días destinados al debate y se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable” de las condiciones planteadas por el oficialismo.

De la misma manera, los manifestantes incluyeron una cuarta petición para que las audiencias fueran consideradas nulas, en caso de que se realizaran las presentaciones tal como lo habían dispuesto los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el diputado José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, en referencia a Mayoraz.

Tras haber analizado el caso, el juez Alonso Regueira consideró que los denunciantes no alcanzaron “a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario”.

Según el fallo al que accedió Infobae, tampoco se encontraron indicios de “vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”. Por esto, indicaron que el acto no generaría un perjuicio grave e irreparable para los participantes, ya que quienes se inscribieron disponen de vías alternativas de participación en el proceso.

La presentación se formalizó el jueves 19 de marzo y fue impulsada por organizaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Post recepción de la solicitud, un conocedor del mundo judicial había anticipado a este medio que era “poco probable que esto avance”. Y planteó que “hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma”.

Así, el programa seguirá las riendas propuestas por el Gobierno. Por esta razón, se determinó que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrán derecho a participar en las jornadas.

Incluso, determinaron que los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso a dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del partido político al que representan. Además, para confirmar sus permisos, tenían tiempo de informarlo hasta las 19:00 horas de este viernes 20 de marzo.

Según corroboró Infobae, la postura del oficialismo tendría como foco no aletargar el tratamiento del proyecto en el Congreso. Tras haberse postergado la discusión hasta finales de marzo, un diputado libertario explicó que la intención es que la iniciativa sea tratada en los primeros días de abril. “Es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, aseveró.

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