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Se viene la audiencia pública para discutir subas en la tarifa de gas

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Las empresas distribuidoras de gas natural por redes elevaron pedidos de actualización tarifaria de hasta el 35% para la revisión tarifaria que se realizará en la Audiencia Pública convocada para el 19 de enero próximo, por encima de la pauta del 20% prevista por el Gobierno nacional.

La instancia convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) permitirá revisar los cuadros tarifarios vigentes a partir del 1 de marzo de 2022, en el marco del proceso de transición que el Gobierno acordó con las empresas el año pasado hasta realizar una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI)

Las empresa alcanzadas en esta instancia que se realizará de manera online son las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban. Litoral Gas, Gas Cuyana, Gasnor, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gas del Centro, GasNea y Redengas; y las empresas transportadoras Gas del Sur (TGS) y de Gas del Norte (TGN).

A la vez, la Secretaría de Energía convocó para el 31 de enero a una Audiencia Pública para debatir los precios mayoristas del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), valor que es determinado por la adjudicación de precios y volúmenes del Plan Gas, y sobre el que se aplica el subsidio del Estado para reducir el impacto en la factura de los usuarios.

La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó la pauta que el Gobierno nacional prevé para la actualización tarifaria de 2022, la que se ubicaría en torno al 20% promedio para todos los usuarios de gas y electricidad, a la vez que ratificó que la segmentación tarifaria comenzará a aplicarse este año.

La segmentación significará -cuando se ponga en marcha- que una parte de los usuarios que tengan mayor capacidad de pago deberán afrontar un porcentaje mayor del costo del servicio.

Si bien existen varias ideas en curso, los parámetros que se emplearán para poner en marcha la segmentación tarifaria aún no fueron definidos y están en estudios desde hace más de un año.

Mientras tanto, el Gobierno avanzará con una nueva instancia de la revisión transitoria de tarifas tras rechazar la aplicación de la RTI realizada por la gestión Cambiemos en 2016, que de aplicarse en la actualidad significaría un aumento superior al 240% debido a que la evolución estaba sujeta al Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

En primera instancia, el 19 de enero se analizará la actualización que deberán aplicar las distribuidoras y transportistas de gas, cuyo reconocimiento de costos tienen distinto impacto en la factura final de los usuarios.

Así, el costo de transporte es el de menor relevancia, de alrededor del 12%, mientras que el gas en boca de pozo representa el 32%, el margen de distribución el 31% y los impuestos el 25%, promedio ponderado de las distintas categorías de clientes residenciales.

Teniendo en cuenta estos impactos ponderados, los pedidos de las distribuidoras que fueron presentados al Enargas para la Audiencia Pública prevén aumentos de entre el 76% y 119%, sólo para la actual etapa de transición ya que mantienen sus reclamos por reconocimiento de la RTI en suspenso superiores al 240%

Las empresas distribuidoras

Metrogas, que es la más grande de las distribuidoras en cantidad de clientes, planteó que “la propuesta de incremento transitorio basado únicamente en la inflación de 2021 y la esperada para 2022, arroja como resultado un incremento en la Tarifa de Distribución del 76,23%”.

La compañía, en la que YPF tiene el 70% del poder accionario, reclamó la culminación de la RTI al señalar que ” la operabilidad del sistema no es sostenible si se la pretende llevar adelante a base de endeudamiento financiero o de capital sin un retorno medianamente asegurable, como tampoco lo es a base de endeudamiento comercial con los proveedores”.

Por su parte, Naturgy -que es la segunda distribuidora en nivel de importancia del país-, considero necesario “un incremento del 82,9% de los ingresos requeridos de la tarifa de distribución”, pero también señaló que “en un contexto de alta inflación es imprescindible prever la incorporación de un ajuste intermedio en octubre de 2022”.

Por su parte, Camuzzi, considerada la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, debido a que cubre el 45% de la superficie del país en dos regiones contiguas desde la Patagonia a Buenos Aires, presentó dos opciones de actualización del 79% y 119%.

Estos pedidos forman parte del Acuerdo Transitorio de Renegociación suscripto entre el Enargas, el Ministerio de Economía, y las empresas el 21 de mayo de 2021, que incluía la suspensión transitoria de reclamos y permitió un incremento para 2021 cuyo impacto en la tarifa final fue del 6% para los usuarios residenciales y de 4%, para Pymes y comercios.

En el caso de las transportistas, TGS pidió un ajuste tarifario de transición, aplicado en 2 etapas, “la primera con un incremento del 80% con vigencia 1° de marzo de 2022, y una segunda con vigencia 1° de septiembre del 25%”, mientras que TGN pidió un aumento “del 87,4%, equivalente a un tercio del incremento total”.

La realización de la audiencia pública estará a cargo del Enargas, cuyo interventor Federico Bernal, será quien presidirá el debate que permitirá la libre participación de todos aquellos que se inscriban hasta el último minuto del 14 de enero en la web del ente.

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Cuál será el peso real de los gobernadores del PJ en el Congreso para negociar o enfrentar a Javier Milei

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Desde el 2023 a esta parte la estructura federal del peronismo perdió mucho poder. La llegada de Javier Milei al poder rompió el muro de gobernadores justicialistas que se había construido con el triunfo del Frente de Todos que lideraban Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se perdieron provincias como San Juan, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut.

Luego del recambio de las dos cámaras del Congreso que se concretó esta semana, los gobernadores peronistas quedaron con un poder acotado. Son pocos ellos y, en consecuencia, son pocos los legisladores que le responden. Así surge de un detallado análisis publicado por el politólogo y consultor Pablo Salinas en las últimas horas.

El caso particular es el de Axel Kicillof. Hay 32 diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, pero solo un puñado de ellos le responderían directamente: Hugo Yasky, Hugo Moyano (hijo) y Juan Marino. En otro círculo de cercanía aparecen Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana y Santiago Cafiero. El resto está más lejos del Gobernador.

La ascendencia de Kicillof sobre la Cámara baja es poca. En gran medida tiene que ver con que, ni en su primer mandato ni en las elecciones de este año, tuvo una influencia importante para definir nombres y apellidos en la lista. Este año, por ejemplo, solo puso dos de los quince legisladores que ingresaron. El resto responden a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El riojano Ricardo Quintela tiene tres diputados y dos senadores que responden directamente a él. En la Cámara baja todos son parte del bloque de Fuerza Patria, que quedó como segunda minoría detrás del esquema libertario. El “Gitano” es uno de los gobernadores más duros contra el Gobierno y es parte de un grupo que no ha recibido ninguna convocatoria de la Casa Rosada.

En el Senado hay una pequeña división entre los dos legisladores que le responden. Florencia López es parte del bloque Justicialista, mientras que Fernando Rejal está en Convicción Federal, el bloque que comparte con los senadores Moisés, Andrada y Salino, y que este año decidieron tomar distancia de la conducción kirchnerista.

El pampeano Sergio Ziliotto, de perfil bajo y uno de los pocos peronistas con los que el Gobierno están intentando mantener un canal de diálogo, tiene tres diputados y un senador. Los cuatro están en los bloques que nuclean al armado de Fuerza Patria. En el caso de la Cámara alta, quien lo representa es Daniel “Pali” Bensusán, quien aparece como el principal candidato del gobierno pampeano para ser candidato a gobernador en el 2027. Es el representante de la línea oficial.

Gildo Insfrán tiene tres diputados y dos senadores ubicados en el esquema peronista. Nunca sacaron los pies del plato. Votan siempre enlazados a la posición más dura. El gobernador de Formosa es otro de los que nunca ha recibido una convocatoria de la Casa Rosada. No creen que tenga intenciones de negociar un acuerdo.

El catamarqueño Raúl Jalil fue protagonista la última semana. Rompió el bloque de diputados de Fuerza Patria y sacó a tres legisladores para conformar un bloque provincial llamado “Elijo Catamarca”, en una clara muestra de diferenciación del kirchnerismo y en búsqueda de tener más libertad en las negociaciones con el gobierno de Milei.

La salida de los tres norteños le hizo perder al peronismo la primera minoría. Es decir, tuvo un efecto negativo que se va a sentir en el momento que las votaciones sean ajustadas y el bloque opositor intente parar la avanzada libertaria. En el justicialismo bautizaron a Jalil como un “peronista con peluca”, mismo mote que utilizan para el tucumano Osvaldo Jaldo.

En el Senado los dos catamarqueños tienen relación entrecha con el Gobernador, pero, a la hora de interpretar su línea solo uno la cumple a rajatable. Se trata de Guillermo Andrada, que forma parte del bloque Convicción Federal. La ex gobernadora Lucía Corpacci, que ocupa la otra banca peronista, está alineada a Cristina Kirchner. Una muestra de eso es que la ex presidenta la eligió como una de las vicepresidentas del PJ Nacional cuando inició su mandato.

En el caso de Jaldo la situación tiene similitudes. Le responden tres diputados que rompieron el bloque peronista hace ya tiempo y están en un bloque provincial. Es el verdadero poder de fuego que tiene. En la Cámara alta ni Juan Manzur ni Sandra Mendoza trajan en su línea. Son parte del peronismo tucumano, materializaron una tregua en las elecciones, pero son dos vertientes distintas dentro del PJ provincial. El poder está disputado. Por un lado está Manzur, por el otro lado está Jaldo.

Del PJ solo hay seis gobernadores y dos son cercanos al gobierno nacional. Las limitaciones para tener peso como bloque político son muchas. Sin embargo, dentro del esquema de Fuerza Patria también está el santiagueño Gerardo Zamora, que asumió esta semana como senador nacional, pero que sigue siendo el jefe político del Frente Cívico por Santiago del Estero. La provincia tiene como nuevo gobernador a Elías Suárez, un ex funcionario de peso en el gobierno local y un delfín político de Zamora

Al ex gobernador le responden 7 diputados y dos senadores. En la Cámara baja los legisladores son parte del bloque que conduce Germán Martínez, mientras que en el Senado, Zamora y su compañera de fórmula en la elección, Elia Esther del Carmen Moreno, formaron un bloque del partido provincial, y José Emilio “Pichón” Neder, se mantiene en el bloque justicialista.

Zamora hará un interbloque con los dos bloques peronistas, lo que le permitirá a la fuerza opositora tener 28 manos en el Senado luego de lo que fue una dura derrota en todo el país en las elecciones del 26 de octubre. El santiagueño es uno de los gobernadores con más ascendencia dentro del bloque opositor que tiene una relación tirante con Milei o, en algunos casos, directamente nula.

Otro gobernador que no es el del PJ pero es parte de la estructura de Fuerza Patria es el fueguino Gustavo Melella. Los tres diputados que siguen sus pedidos están dentro del bloque peronista, al igual que Cándida Cristina López, que logró retener su banca con el sello que aglutinó a gran parte del peronismo de Tierra del Fuego y que juega cerca del kirchnerismo.

El volumen de legisladores que manejan los gobernadores como grupo político es bajo. Es, en definitiva, el reflejo de los pocos que son y del traspié que tuvieron en las últimas elecciones, donde perdieron o ganaron por un margen acotado. Tendrán un poder de negociación parlamentaria acotado.

En esa rosca la palabra predominante sigue siendo la de Cristina Kirchner y, en muchos casos, lo que predomina es la autonomía. Los legisladores sin techo juegan su propio partido de acuerdo a sus necesidades provinciales, sus roles en el territorio y sus intereses electorales.

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El Gobierno llega a las extraordinarias con aire por el Presupuesto, pero continúa la negociación por las reformas

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Con la inminente oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para intensificar las negociaciones por las reformas de segunda generación que buscan aprobar durante el verano y llega al 10 de diciembre con garantías para la sanción del Presupuesto 2026, de ocurrir, el primero desde la asunción del presidente Javier Milei. Como contó Infobae, el decreto se firmará este viernes y se hará efectivo en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana, el martes 9 de diciembre.

Los interlocutores del Poder Ejecutivo tienden puentes con legisladores y gobernadores para acumular respaldos que posibiliten, además de la sanción de la Ley de Leyes, la aprobación de la reforma laboral, tributaria y del Código Penal durante los días del caluroso verano que se avecina. Para eso, la mesa chica que define la estrategia y que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ordena la táctica necesaria para cumplir con los deseos del libertario y reeditará sus encuentros la semana próxima.

“El Presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Muchos sectores van a tener que mostrarse abiertamente en contra de la reforma laboral por necesidad, en un gesto interno a los sectores que representan”, sostuvo una importante fuente ante Infobae. Si bien no hubo mención directa, la definición referencia a la Confederación General del Trabajo (CGT) que, en los últimos días, se mostró abiertamente en contra de los puntos incluidos en la “modernización” laboral.

A cinco días del inicio de la prórroga legislativa, el proyecto casi terminado se filtró, se encuentra en período de exhaustiva revisión y descansa en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Otros sectores del equipo que rodea a Milei también están familiarizados con los detalles, en especial la mesa técnica de redacción conformada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); los secretarios María Ibarzábal (Legal y Técnica), Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero(Trabajo); el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.

No corrían la misma suerte hasta la tarde del pasado jueves los integrantes del Consejo de Mayo ni los gobernadores que canjearon algunos reclamos por apoyos al Presupuesto. “Nos mandaron los detalles de la reforma, pero no tenemos ni idea del formato con el que presentaremos el 9 de diciembre el paquete de proyectos que tratamos en el Consejo”, reveló un integrante del cuerpo a este medio.

Una importante fuente precisó ante Infobae que en el cronograma ideal del oficialismo figura como prioridad para el mes de diciembre, en el período que irá del 10 al 31, la sanción de la previsión del cálculo para el año próximo y la Ley de Glaciares, una demanda directa de los mandatarios provinciales para ampliar las áreas habilitadas de explotación.

El tratamiento de la Ley de Leyes incluirá el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal para discutir modificaciones en el régimen general y a blindar la normativa simplificada del Impuesto a las Ganancias. La idea es incrementar el umbral para fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

El proyecto de “modernización” laboral es otro de los caballitos de batalla del mandatario libertario que, en una faceta más realista, espera para diciembre poder conquistar la media sanción en la Cámara de Senadores, por la que ingresará al Congreso Nacional. El tratamiento en la Cámara Baja quedará para el segundo llamado previsto para finales de enero de 2026 hasta el mes de febrero. También quedará para esa fecha la reforma tributaria y la actualización del Código Penal, ya casi listo para girar al Congreso Nacional. En esta última modificación, varias voces del Gabinete coinciden en que demandará “mucho tiempo”. “Puede incluso que se termine tratando en el periodo ordinario porque va a llevar meses”, deslizaron por los pasillos de Casa Rosada.

Con esa idea en mente, el oficialismo aceite el mecanismo para concretar el armado de las comisiones, en especial la de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal para iniciar con el tratamiento de los mencionados proyectos. En paralelo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien logró arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría legislativa y consolidar un bloque de 95 diputados, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, refuerzan los contactos a la pesca de nuevos acompañamientos.

La exministra de Seguridad se mostró optimista por la nueva composición del Congreso, con los desembarcos de los electos libertarios el pasado 26 de octubre e hizo pública su nueva misión. “Las cosas ahora van a cambiar porque somos una mayoría importante en la Cámara y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa”, confesó en declaraciones a Radio Rivadavia, y expresó: “Ya estamos hablando con todos. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad. No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”.

A un kilómetro y medio de distancia, en Balcarce 50, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, replican la tarea y canjean soluciones a conflicto provinciales menores por porotos en el anticipado cálculo legislativo. Luego de entrevistarse con 17 de los 20 gobernadores aliados de la administración libertaria, alistan los detalles para completar el número antes del 10 de diciembre.

Este viernes, a las 9.30, el tándem federal recibirá al pampeano, Sergio Ziliotto, y ultiman detalles para hacer lo propio con Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con quienes ya establecieron contactos. Al término, definirán si incluyen a los cuatro peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja),Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) a las reuniones.

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Kicillof dijo que el endeudamiento se aprobó pese a los obstáculos de Milei: “Apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la reciente sanción por parte de la Legislatura de la ley de endeudamiento que finalmente fue aprobada en la madrugada de este jueves luego de una maratónica negociación con sectores opositores.

Tras conseguir la Ley de Financiamiento que le permitirá afrontar los pagos de deuda reestructurados que tomó el gobierno de María Eugenia Vidal y otorgar fondos frescos a los municipios sin tocar partidas esenciales, el mandatario provincial acusó al presidente Javier Milei de querer impedir la sanción de la norma.

“La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia” sostuvo Kicillof.

El Gobernador encuadró el pedido en una necesidad de “cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses” dijo.

“La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente”

En uno de los fragmentos más duros de su posteo, Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y lo acusó de querer impedir la sanción: “La ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política” sostuvo.

Seguidamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires insistió con las críticas ante el retiro del estado nacional y las deudas que mantiene con el principal distrito del país: “La aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción” consideró.

Fuente: Infocielo.

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