Durante el período legislativo que va desde el 1 de marzo a finales del 2021, el Congreso sancionó más de 50 leyes, entre las que se destacan una serie de medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, PYMEs y entidades sin fines de lucro; la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos; la ampliación de la denominada Zonas Frías respecto a la tarifa del gas; y la Ley Yolanda de educación ambiental integral. En ese marco, la Cámara de Diputados, a pesar de la pandemia, funcionó normalmente y volvió a la presencialidad plena para llevar adelante su tarea.
El año legislativo comenzó con la media sanción del proyecto que establecía modificaciones al Impuesto a las Ganancias, impulsado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, para promover un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores. La ley, que luego fue aprobada en el Senado, elevó el piso para el pago del Impuesto a $150 mil, e introdujo una cláusula que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar el mínimo no imponible conforme a las paritarias para no afectar el poder adquisitivo de la gente.
En la misma sesión, además, se aprobó una declaración de la emergencia en zonas afectadas por incendios; la prevención y control en del dopaje en el deporte y la Ley de Educación Ambiental Integral, conocida como “Ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en medioambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.
En la segunda sesión, por su parte, se aprobaron cinco proyectos, destacándose la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que redujo del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y la postergación de las PASO y las Elecciones Generales en el marco de la emergencia sanitaria. También se trató la suspensión de causales de caducidad de los partidos políticos; el fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios y la ayuda a transportistas escolares.
La actividad de la Cámara baja siguió con la aprobación del cupo laboral travesti/trans y la iniciativa para el descuento en las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, impulsada por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, que benefició a usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y municipios de la provincia de Buenos Aires. En la misma sesión se trataron, por otra parte, el Consenso Fiscal 2020 y la equidad de género en los medios de comunicación.
Cabe destacar que las medidas de alivio fiscal siguieron siendo prioridad para el cuerpo y en julio se aprobó el proyecto que actualizó las escalas del monotributo para generar alivio para más 4 millones de trabajadores de todo el país. La iniciativa, además, estipuló un plan de pagos para aquellos que necesitaban regularizar su deuda, con quita de multas por moratoria.
A su vez, en la misma sesión, se aprobó el marco regulatorio de Biocombustibles, el fomento del ahorro en pesos y la contracepción quirúrgica para personas con discapacidad.
En octubre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de alivio fiscal para contribuyentes y entidades sin fines de lucro, también impulsada por Massa, que incluía la condonación total de deudas tributarias para clubes de barrio, cuarteles de bomberos, bibliotecas populares y cooperativas de trabajo, y una nueva moratoria para monotributistas y Pymes. La iniciativa contó con el aval del oficialismo y de la oposición.
Además, el cuerpo aprobó la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, que busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías a través de un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso en la cara principal de los productos. También se aprobaron la protección de Niños y Adolescentes con Cáncer; la protección de personas en situación de calle; la jubilación anticipada para trabajadores viñateros; la convenciones contra la discriminación y la Ley Ovina.
Finalmente, en diciembre se celebró la última sesión de la Cámara de Diputados en una prórroga de las sesiones ordinarias y en la que se aprobó la modificación de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales subiendo el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones. A su vez, la iniciativa del Frente de Todos también establecía una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas, para evitar que el mínimo quede desactualizado.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó la reglamentación de la Ley de Obra Pública con el objetivo de agilizar los procesos de contratación, establecer reglas más precisas para la ejecución de los proyectos y otorgar mayor previsibilidad a las empresas contratistas. La medida fue oficializada mediante el decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma introduce cambios al decreto 5488/59, reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas, y adapta el marco regulatorio a las modificaciones incorporadas recientemente por la Ley de Presupuesto 2026. El nuevo decreto modifica siete artículos de la ley para darle “mayor eficiencia” a las contrataciones.
Según se desprende de los fundamentos del decreto, la administración de Axel Kicillof considera que la obra públicaconstituye uno de los principales motores de la economía bonaerense y que resulta necesario modernizar los procedimientos administrativos para mejorar su eficiencia, calidad y eficacia.
Uno de los cambios centrales está vinculado al rol del Consejo de Obras Públicas. A partir de ahora, su intervención previa a las licitaciones quedará limitada a la emisión de un dictamen de carácter exclusivamente técnico denominado “Validación de Proyecto”. Ese análisis abarcará la revisión de planos, pliegos de bases y condiciones, presupuestos oficiales, memorias descriptivas y, en determinados casos, estudios técnico-económicos vinculados a la explotación de servicios públicos.
Contrataciones directas para la obra pública
El decreto también redefine aspectos relacionados con las contrataciones directas. Entre otras cuestiones, establece que podrán utilizarse cuando el presupuesto oficial de la obra no supere el equivalente a 400 unidades de medida, definidas como el valor del metro cuadrado de construcción. Ese valor será actualizado por la autoridad de aplicación en función de índices objetivos vinculados a la evolución de los costos del sector.
En materia de adjudicación, la nueva reglamentación dispone que el precio continuará siendo el criterio principal para determinar la oferta más conveniente. Sin embargo, de manera excepcional y siempre que esté previsto en los pliegos, podrán considerarse otros factores como la calidad de la propuesta, sus aspectos técnicos, la solvencia de la empresa, sus antecedentes, la integridad del oferente y criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
La norma incorpora además nuevas pautas para las modificaciones contractuales durante la ejecución de las obras. En los casos en que se utilicen las reservas presupuestarias previstas por la legislación vigente, ya no será necesario suscribir un nuevo contrato, sino que bastará con un acto administrativo que apruebe los cambios y certifique que responden a necesidades concretas de la obra.
Otro aspecto es la incorporación de un nuevo artículo que regula las prórrogas de plazo. Las empresas contratistas podrán solicitar extensiones del tiempo de ejecución cuando existan causales previstas por la ley, siempre que presenten una justificación formal dentro de los 30 días de producido el hecho que generó la demora. La repartición encargada del control de la obra deberá evaluar la incidencia efectiva de esas circunstancias sobre el plan de trabajos.
Las nuevas disposiciones se aplicarán a las licitaciones en las que aún no se hayan abierto las ofertas y, en materia de ejecución de obras, alcanzarán a los contratos actualmente vigentes, siempre que no se afecte el principio de igualdad entre los participantes.
El gobernador Axel Kicillof espera que este miércoles, en una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno de Javier Milei le entregue una propuesta concreta en torno a cómo será la devolución de $2,2 billones que la Anses le debe al sistema jubilatorio bonaerense.
La audiencia, la tercera sobre este tema ante el máximo tribunal, será a las 11 de la mañana y buscará un principio de cierre al reclamo de la Provincia por el recorte de fondos a la caja jubilatoria bonaerense.
Se supone, al menos eso se desprendió del encuentro del 21 de abril, que el Gobierno nacional deberá presentar una propuesta concreta de cuáles serían los montos concretos a transferir. “De las 13 provincias que tienen cajas propias, a 10 ya les llegó una transferencia de Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo y lo terminamos judicializando”, remarcó Kicillof en ese momento en la puerta de tribunales.
De hecho, en el acta que se firmó tras esa audiencia consta que “los representantes de la Anses y del Estado Nacional se comprometen a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en la nueva audiencia que se convoca para el día 10 de junio del corriente año a las 11 horas”.
Los reclamos de Axel Kicillof por más fondos
El Gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que la administración nacional afirma que no está finalizada.
En concreto, la Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.
Esta avanzada de parte de la Provincia se enmarca en un contexto en el que el Gobierno tiene que resolver diferentes reclamos sectoriales por elevadas cantidades de fondos. Pero puntualmente con la administración provincial, hay otros siete reclamos judicializados por más de $15 billones de pesos. Entre ellos están el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
Diego Palomo, responsable del área, puso de manifiesto esta mañana en nuestro programa de radio que se está profundizando el trabajo sobre los “seis ejes planteados desde un comienzo con el objetivo de planificar la disminución de la población de palomas en nuestra ciudad”.
El funcionario se mostró satisfecho con los niveles de ejecución de cada uno de esos ejes. “A modo de resumen, algunas de las líneas que se han trabajado, por ejemplo, una de ellas, es controlar el monitoreo de la población para tener datos precisos de puntos críticos y esto lo hacemos con el INBIOSUR, organismos que nos ha entregado recientemente su segundo informe. Ello guían la ejecución del programa, y tenemos un monitoreo permanente”, informó Palomo.
Agregó a continuación que “los puntos más importantes de desarrollo de la especie es el corredor cerealero, las playas de camiones, el sector conocido como El Triángulo, algunos lugares del centro como los edificios abandonados y el hospital Penna que, además, tiene sus pasticularidades”.
Ratificó Palomo que el segundo eje del programa es el que calificó como el más importante porque se trata de llevar adelante acciones coordinadas con entidades y empresas privadas para disminuir la cantidad de alimento disponible para la paloma en varios puntos de la ciudad y sus alrededores.
Respecto de los granos con anticonceptivos, puso de manifiesto que esa tarea ya empezó en dos lugares: los techos del Mercado Municipal y de la Terminal de Colectivos.
“Se trata de alimentos con nicarbizina que se coloca en esos lugares cada 48 horas. Es alimento suficiente para unas 100 palomas aproximadamente”, aclaró. Acto seguido dijo que “estamos pidiendo las autorizaciones correspondientes para colocar esos recipientes con el alimento sobre los techos de la Biblioteca Rivadavia y Universidad Nacional del Sur”.
También adelantó que “se colocaron palomares anticonceptivos en Ferrowhite y vamos a colocar otro en el Penna” . Paralelamente indicó que se “han realizado 10 intimaciones a empresas. Y también en algunos edificios del centro. Tienen orden de iniciar procesos de control, porque esta es una tarea en la que debemos comprometernos todos”.
Por último Palomo declaró que “hay 25 empresas de control de plagas que se han capacitado y habilitado. Y también hay un sistema de captura y eliminación en lugares muy críticos”.
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