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Se conoció un borrador con la “letra chica” del acuerdo con el FMI

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Este fin de semana se conoció un borrador preliminar del acuerdo que el Gobierno Nacional negocia por estas horas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares que tiene con el organismo. Este lunes, el presidente Alberto Fernández negó cambios en el régimen previsional, uno de los puntos polémicos del texto. Reducción del déficit, freno a la alta emisión y acumulación de reservas, tres de los puntos destacados.

“Nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde”, dice uno de los textuales que se desprende de la hoja de ruta que dio a conocer el gobierno a las autoridades del Congreso, con la idea de bajar la temperatura interna del conflicto por el entendimiento y saciar los pedidos de “letra chica”.

El “uso de esa oportunidad” refiere a la recaudación y a su distribución “racional”, como reza en un pasaje del escrito. Es decir, repartir dinero desde el estado de manera segmentada tratando de seleccionar erogaciones puntuales, una política económica como la que el titular de Economía Martín Guzmán impulsó en 2021 recortando gastos sociales como el IFE y que fueron reclamados por el kirchnerismo.

La suba de tarifas, otro de los temas centrales pedidos por el Fondo también se reflejan en el borrador, según difundió el periodista Alejandro Bercovich. A la segmentación para que paguen más los sectores de altos ingresos se ampliarán “otras 9 áreas urbanas para fines de mayo del 2022”. También se apuntará a los “grandes usuarios industriales” para reflejar sus gastos totales, aunque no específica cuál es ese parámetro.

Qué especifica el borrador sobre el sistema previsional y el corte a las provincias

En otro pasaje, develado por el periodista Sebastián Premici en BAE Negocios y El Cohete a la Luna, se habla del sistema previsional, una discusión que se disparó este lunes 21 de febrero y que en la mañana fue rápidamente desmentida por el Gobierno Nacional, cuando Alberto Fernández declaró que “de lo que se habla es de los regímenes especiales de Privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces pero deberíamos avanzar más. Lo mismo con los Embajadores”.

“Realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”, dice el borrador.

Dentro de la racionalización de gastos, se menciona también “limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con la mejora de la actividad”.

Otro de los puntos que levantaron polémica fueron las especificaciones de que se trabajará en conjunto no sólo con el FMI, sino también con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lograr financiamiento.

Qué dicen los otros puntos del borrador entre el Gobierno y el FMI

La acumulación de dólares en el Banco Central es uno de los puntos principales del programa que negocian el gobierno y el Fondo. De acuerdo al texto, se buscará sumar 5.800 millones de dólares en 2022, 4.000 millones de dólares en 2023 y 5200 millones de dólares en 2024.

Con la idea de mantener los niveles de fines de enero del 2022 para el tipo de cambio, se explica que la acumulación de reservas será un factor preponderante en ese diferencial, marcando el pulso de sus modificaciones en cuanto a aumentos o disminuciones. Es decir, el dólar estará anclado a la inflación.

Dentro de este paquete están la reducción del déficit fiscal y los desembolsos del FMI atados a las revisiones cada tres meses, que fue la información que Guzmán dio cuando se logró un entendimiento.

Infraestructura e inversión son otros de los puntos que aparecen en el texto difundido. “Planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más del 2% del PBI en 2022 (de un promedio del 1% durante 2018-20) y mantener este nivel a mediano plazo”, explica.

A nivel laboral, se plantea que “la doble indemnización por despido sin causa justificada, que ya se está reduciendo en forma paulatina, quedará sin efecto completamente a finales de junio de 2022”, algo que había sido anticipado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que fue una medida nacida en la pandemia.

Fuente: Perfil.

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Ránking de la obra pública: Kicillof invirtió el 6,6% y Milei el 3%

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La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Buenos Aires, entre lo que recibe y cómo lo distribuye

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

Armendáriz y Duhalde, máximos niveles de obra pública

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

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Un politólogo analizó el malestar social rumbo a las elecciones de 2027: “El 69% está insatisfecho con la marcha del país”

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La aprobación del Gobierno se ubica en el 35% y acumula una caída de 20 puntos desde el comienzo de la gestión, según la última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. El dato fue presentado por el politólogo y director de la encuesta, Diego Reynoso, durante una entrevista con Infobae al Regreso.

En diálogo con Gonzalo Aziz, Reynoso explicó que el oficialismo logró mantener durante su primer año un nivel de aprobación cercano al 50%, pero comenzó a perder respaldo de manera sostenida desde fines de 2024.

Se mantiene la aprobación del Gobierno en 35 puntos. Si yo lo comparo desde que llegó el gobierno hasta ahora, perdió 20 puntos de respaldo. Los 55 que tenía son más o menos lo que sacó en el balotaje, el primer mes de gestión”, señaló.

El politólogo aclaró que la caída no se produjo de manera abrupta, sino que fue acumulándose a lo largo de los meses. “Si yo medía mes a mes, no había diferencia estadísticamente significativa, porque el margen de error es de 3,16. Pero en la tendencia general, finalmente se acumulan 20 puntos de erosión de la gestión”, explicó.

Según Reynoso, el deterioro estuvo vinculado a un cambio en las expectativas y a una sucesión de conflictos que fueron afectando al oficialismo. Mencionó, entre otros episodios, el caso Libra, las denuncias vinculadas a la ANDIS y los audios que involucraron al Gobierno.

Fue acumulándose, acumulándose, acumulándose. Ahí perdió mucho el Gobierno hasta la elección de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Sin embargo, el resultado electoral bonaerense también produjo un efecto de concentración del voto oficialista. Reynoso señaló que parte del electorado que evaluaba alternativas, particularmente en el espacio de Provincias Unidas, terminó regresando al Gobierno ante el temor de un avance de otros sectores.

La economía vuelve a ocupar el centro de las preocupaciones

Más allá de los escándalos políticos, Reynoso destacó un cambio en las principales preocupaciones de la sociedad. Los salarios y, especialmente, el empleo comenzaron a ganar peso en las respuestas de los encuestados.

A partir de ahí, entre escándalos y demás, empieza a aumentar en la demanda ciudadana la preocupación por los bajos salarios y por el empleo. Hoy el empleo está ganando a la preocupación por los salarios. Es la economía”, afirmó.

El dato se combina con otro indicador relevante de la ESPOP: el 69% de los argentinos se declara insatisfecho con la marcha del país. Para Reynoso, ese malestar también se refleja en las palabras utilizadas por quienes desaprueban al Gobierno.

Esperanza siempre fue la palabra dominante entre el núcleo de respaldo de Milei. Pero se fue achicando y lo que empezó a crecer del otro lado era asco, vergüenza, rechazo. Pero dentro del otro lado fue decepción e incertidumbre, que corresponden a los que switchearon en el respaldo”, explicó.

Bullrich, Kicillof y Bregman, entre las figuras que mejoraron su imagen

La caída de la aprobación presidencial no significó, sin embargo, que una única figura opositora haya capitalizado automáticamente el desgaste. “En principio nadie capitaliza esos 20 puntos de caída del Gobierno. Pero hay algunas señales de tendencias claras”, planteó Reynoso.

Entre los dirigentes que mejoraron su imagen mencionó a Patricia Bullrich, que pasó del 28% al 37% de imagen positiva. También destacó a Axel Kicillof, cuya valoración creció desde aproximadamente el 25% hasta el 36% en los últimos diez meses.

Para el gobernador bonaerense, esa mejora representa además un desafío político. “Son cargos de gestión que estructuralmente te posicionan como candidato. Tu imagen crece y vos tenés que administrar la definición de tu candidatura y la gestión. Y eso te complica hacia adentro y hacia afuera”, analizó.

El tercer caso fue el de Myriam Bregman, quien experimentó un fuerte crecimiento después de los debates presidenciales y logró mantenerse por encima del 30% de imagen positiva.

La aprobación del Gobierno cayó al 35% y perdió 20 puntos desde el inicio de la gestión, según la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés (Infobae en Vivo)

Reynoso, de todos modos, marcó una diferencia entre la valoración de un dirigente y su capacidad para convertirla en votos. “A la hora de votar hay una estructura muy fuerte de las identidades partidarias que derivan en voto”, explicó.

Cómo se perfila el escenario hacia 2027

En cuanto a la intención de voto, Reynoso describió un escenario relativamente estable y todavía abierto. Según las mediciones de los últimos meses, el peronismo concentra alrededor del 25% o 26% de las preferencias, mientras que el oficialismo reúne un porcentaje similar.

Otro cuarto del electorado todavía no sabe a quién votar o prefiere no responder, mientras que el resto se distribuye entre distintas fuerzas, como el PRO, el Frente de Izquierda, sectores radicales, Provincias Unidas y el voto en blanco.

Para Reynoso, ese electorado será determinante a medida que avance la campaña. Al mismo tiempo, descartó que el deterioro del Gobierno esté generando una ruptura generalizada con el sistema político. “No noto movimientos antisistémicos. No de desafección política final y total”, afirmó.

Según su análisis, los votantes que se alejaron del oficialismo todavía buscarán una alternativa dentro del sistema. “Ese 20% que se decepcionó a lo largo de este tiempo con Javier Milei va a tratar o se va a realinear con la opción que más le quede, dependiendo de su grado de antiperonismo”, sostuvo.

Con un Gobierno que conserva un núcleo de respaldo cercano a un tercio del electorado, una oposición que todavía no logra capitalizar todo el desgaste y un cuarto de los votantes sin una definición, el escenario hacia 2027 permanece abierto. La evolución de la economía y, particularmente, del empleo aparece como uno de los factores que pueden definir hacia dónde se moverá ese electorado.

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El freno de Karina Milei a Federico Sturzenegger y el giro hacia una agenda legislativa más controlada

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La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

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