La cartera que conduce Alejandra Monteoliva puso en marcha el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó en un plan de acción que coordina a las jurisdicciones para la prevención e investigación de los delitos económicos en todo el territorio argentino.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo contará con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la resolución publicada esta madrugada, las funciones irán desde la asistencia en la detección y prevención de delitos económicos, la recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscarán optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara su desembarco al frente de la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Por calendario, debería asumir el 15 de marzo. Sin embargo, ese día habrá elecciones internas en 17 distritos que no lograron un esquema de unidad para los PJ locales, donde no hubo acuerdo entre los sectores de CFK y de Kicillof. Luego de esa instancia, el gobernador quedará al frente del Partido Justicialista en reemplazo de Máximo Kirchner.

“Estamos muy contentos de haber logrado que todos los sectores estén representados y muy contentos de que se viene una etapa donde siempre vamos a plantear algo que viene siendo un imperativo para el partido: ampliar las afiliaciones”, planteó Kicillof este jueves durante una recorrida con el intendente de La Plata, Julio Alak.

El jefe comunal de La Plata tendrá un rol de asistencia a los menesteres del gobernador al frente del PJ. Kicillof planteó que Alak estará a cargo de la formación política del PJ. “Espero que nos dé una mano. Él tiene formación, preparación política y formación de cuadros técnicos”.

“Todo esto con una mirada, llamémosla, federal a nivel provincial”, agregó. El dirigente destacó el carácter diverso de la provincia, al afirmar que Buenos Aires “bien podría ser un país” por su extensión, su cantidad de habitantes y su variedad productiva, cultural y social. “Tenemos ciento treinta y cinco distritos”, recordó y subrayó la importancia de una mirada federal para la conducción del PJ en el territorio provincial.

Aún no hay mayores certezas sobre cómo será la proclamación de la lista única para el Consejo del partido o si habrá un acto o no con Kicillof como protagonista. En la conducción, al gobernador lo acompañarán al frente del partido la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. Además, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares como secretario general.

En tanto que el saliente presidente del PJ, Máximo Kirchner, quedó al frente del Congreso partidario y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, sigue a cargo de la junta electoral partidario.

Por estas horas, la atención pasa por lo que sucederá el domingo próximo. 17 municipios deberán dirimir en internas la conducción del PJ. Se trata de los distritos de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

De ese total, hay algunos con impacto político por cómo se dio el proceso y las figuras detrás de los armados. Por ejemplo, en San Miguel son tres las listas que competirán. Hay dos que están auspiciadas por ministros provinciales y representan dos líneas del MDF. Una lista es encabezada por el subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Santiago Fidanza. Esta línea es respaldada por el titular de Desarrollo, Andrés Larroque.

Pero su compañero de gabinete, Gabriel Katopodis también tiene acciones en otra de las listas que competirá por el PJ de San Miguel. Respalda a la que lleva a Juanjo Castro, el actual presidente del partido, como primer candidato que buscará seguir en la conducción partidaria. Hay una tercera lista que encabeza Héctor “Gallego” Fernández y está referenciada en la figura de Cristina Kirchner.

En Morón se replica otra vez la interna trazada de lo que fue el cierre de listas de las elecciones del año pasado entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal, Martín Sabbatella. Aunque ambos forman parte de Nuevo Encuentro, tienen acciones en la disputa por el control del PJ local. Ghi está dentro del esquema del Movimiento Derecho al Futuro que comanda Kicillof y respalda a la figura de Claudio Román, actual presidente del PJ moronense y que buscará revalidar credenciales. En tanto que Sabbatella, juega en tándem con La Cámpora que postula a Paula Majdanski.

En otro distrito donde se replica la interna del cierre de listas, pero ahora con la situación del PJ es en Tres de Febrero. En el municipio gobernado por el libertario Diego Valenzuela; el peronismo tampologróco logó un acuerdo. El actual presidente partidario y excandidato a intendente, Juan Debandi (La Cámpora), buscará retener la conducción ante el ministro de Salud bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, Alejandro Collia. Hoy se trata del espacio del MDF. Acompaña la diputada provincial, Ana Luz Balor entre otras figuras. Sin embargo, quién pugnó para armar un espacio con el objetivo de desbancar a La Cámpora fue uno de los secretarios generales de la CGT: Octavio Argüello. El referente de camioneros es oriundo de esa localidad.

El paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que afectará a más de 27 aeropuertos de la Argentina entre el 18 y el 24 de marzo se convertirá en el primer test para la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales contemplada en la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El escenario que se perfila con este conflicto, motivado en reclamos salariales, es de alta tensión: de un lado, el Gobierno está dispuesto a exigirle al sindicato que garantice el 75% de servicios mínimos cuando haga las huelga, como prevé la nueva ley, pero el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió a Infobae que “no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional”, por lo que llamó a “desobedecerla en los sectores del trabajo”.

El dirigente, que pertenece al ala dura agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), resaltó que “está por interpretarse qué son los servicios mínimos” y que “ahora entramos en un proceso de reglamentación (de la ley) en el que por unos meses va a estar todo en la nebulosa”, pero puntualizó: “Vamos a hacer el paro en las mismas condiciones que lo hacíamos antes de la ley”.

En el Gobierno, la interpretación es distinta: uno de sus máximos funcionarios aclaró a Infobae que algunos artículos de la Ley 27.802 “no requieren reglamentación alguna, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, el límite del 2% para cuotas solidarias y la regulación de las huelgas en los servicios esenciales”, por lo que confirmó que se exigirá a los sindicatos que “respeten” la ley.

¿Qué dice el texto de la reforma laboral? En el artículo 98, que sustituye el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y sus modificaciones, afirma lo siguiente: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”.

“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Y agrega que “se considerarán servicios esenciales en sentido estricto” una serie de actividades entre las cuales figura expresamente “la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo”.

ATE anunció los paros que afectarán los aeropuertos en reclamo del pago de aumentos salariales para los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que denuncia como incumplidos.

Las protestas tendrán lugar los días 18, 19, 20, 23 y 24 de este mes y la suspensión de actividades se dividirá en dos tramos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estas franjas, según se informó, no se realizarán tareas habituales salvo en los sectores exceptuados, como los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos, que no se plegarán a los paros.

El conflicto que viene en el sector aeronáutico contrasta con lo sucedido en la provincia de San Juan, donde los gremios docentes levantaron el paro de 48 horas previsto para este miércoles y jueves ante la advertencia del gobierno de Marcelo Orrego de que no estaban cumpliendo con la Ley 27.802 porque debían haber avisado con 5 días de antelación a la huelga de un plan de acción para dar continuidad al servicio esencial.

Con respecto a ese punto, Aguiar dijo que “los servicios aeroportuarios ya fueron declarados esenciales a partir de un decreto de Milei, por lo que cualquier huelga hay que comunicarla con 48 horas de anticipación, pero tratándose de servicios aeronáuticos, con 5 días de anticipación, y nosotros venimos cumpliendo todo aun en el marco de la reforma laboral aprobada”.

“Con el asesoramiento del equipo jurídico, vamos a ir al máximo posible y por supuesto que luego tendremos que discutir judicialmente qué significa servicio mínimo”, admitió el titular de ATE, para quien “este conflicto en el sector aeronáutico será una buena oportunidad para ver cómo va a reaccionar una y otra parte”.

Aguiar fue terminante: “No creemos que la solución ante la reforma laboral sea administrativa. Creemos que la tenemos que revertir estando en la calle y llamando a la desobediencia en los sectores de trabajo”.

”Así como el Gobierno se niega a cumplir algunas leyes que emanaron del mismo Congreso, como la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, nosotros con más razón no estamos obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional”, concluyó el líder de los estatales.