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La cantidad de planes sociales creció el 657 % desde 2002 y se gastan $2 billones

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Los programas sociales en la Argentina –incluidos los de los distintos ministerios y los que paga la Anses– pasaron de representar 0,1% del producto bruto interno (PBI) en 2002 al 4,5% en diciembre del año pasado. En estos 20 años, la cantidad de beneficios pagados saltó de 1,6 millones a 12,12 millones, con un aumento del 657,5%, aunque cabe aclarar que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, debido a la superposición de planes entre las distintas reparticiones. En el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de planes creció 18,6%, pero el monto más que se duplicó.

Los datos surgen de un trabajo de la consultora Idesa, dirigida por Jorge Colina, sobre la base de la ejecución presupuestaria de cada año. En millones de pesos a precios de diciembre de 2021, los fondos totales de los planes crecieron de $18.877 millones a casi $2 billones.

En los 20 años analizados por Idesa, el Ministerio de Desarrollo Social gestionó una docena de programas y/o acciones compensatorias; algunos se mantuvieron en el tiempo y otros fueron reemplazados o cambiaron de nombre, pero siempre el eje es la transferencia monetaria. En millones de pesos a precios de 2021, el dinero involucrado en los giros de esa cartera creció 3373%, de $15.037 millones a $522.369 millones.

En cambio, el Ministerio de Trabajo gestiona dos programas –acciones de empleo (Jefes y Jefas de Hogar) y capacitación– y redujo el volumen de dinero administrado, que pasó de $17.836 millones en 2001 –siempre a precios de 2021– a $17.134 millones. En ese período tuvo un pico de recursos en 2010, con $338.281 millones. La explicación de la caída es que después de ese año, los planes incluidos en el segmento “acciones de empleo” pasaron a la órbita de Desarrollo Social.

Las pensiones no contributivas (PNC) las paga la Anses, pero corresponden a Desarrollo Social. Entre 2001 y 2021 saltaron de 76.000 a más de un millón (del 0,2% de la población al 2,4%). Para Idesa, ese crecimiento, “sin haber mediado ninguna catástrofe natural ni una guerra”, parece indicar que hubo “discrecionalidad y fraude”.

Los programas no contributivos de la Anses arrancaron en 2005 con la instrumentación de las moratorias previsionales; en 2009 se sumó la Asignación Universal por Hijo (AUH) –que según aclaran los expertos no es estrictamente un plan social, dado que la pueden cobrar trabajadores en actividad– y en 2014, el Plan Progresar.

Para la AUH, el monto de dinero destinado aumentó 76,7% entre 2010 y 2021; 150% fue el incremento para el caso de jubilaciones otorgadas a través de moratorias.

Jorge Colina, director de Idesa, advirtió que las jubilaciones sin aportes completos representan el 80% de los beneficios que paga la Anses, y definió como “transversalidad política” el interés de otorgarlas, en referencia a que gobiernos de distinta orientación aplicaron ese recurso. Con datos de 2021, hay 3,5 millones otorgadas con las moratorias y 800.000 duplicadas con una pensión por sobrevivencia. Generan un gasto público equivalente a 2,4% del PBI.

Al analizar la cantidad de beneficios hay que tener en cuenta que una misma persona puede recibir más de uno. Por ejemplo, la AUH puede estar acompañada por la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo. El total de beneficios pasó de 1,6 millones en 2002 a 12.120.000 en diciembre de 2021. Es decir, un aumento de 657,5%.

Entre 2002 y 2010, según el análisis de Idesa, la suba en la cantidad de beneficios fue de 369,2% (de 1,6 millones a 7.508.000) y entre 2010 y diciembre pasado, el alza fue del 61,4%. En los últimos dos años, durante la administración de Alberto Fernández, el incremento fue de 18,6% (pasó de 10.218.000 a 12.120.000), pero el monto más que se duplicó: de $961.253 millones a 1,979 billones.

En los beneficios dependientes de Desarrollo Social, el aumento entre 2001 y 2021 fue de 275% (hoy son 3 millones); los del Ministerio de Trabajo cayeron 85% (120.000 beneficios), y las prestaciones de la Anses crecieron 95,6% entre 2010 y 2021. Pasaron de 4,6 millones a 9 millones.

Colina insiste en que si bien la Anses es el organismo que más recursos distribuye, el mayor crecimiento se dio en Desarrollo Social con la Tarjeta Alimentar, el plan Potenciar Trabajo y las pensiones no contributivas: “A lo largo del tiempo van cambiando de nombre o reemplazándose. Esta gestión ‘soltó la canilla’ a ese ministerio y se empezaron a multiplicar. Es complicado empezar a ordenar y restringir en un entorno de estancamiento y alta inflación”, afirmó el experto.

LA NACION consultó a Desarrollo Social sobre la evolución en la cantidad de beneficios, sobre cuántos en promedio tiene una persona y la antigüedad media de la asistencia. La respuesta fue que “cada programa tiene un objetivo”, por lo que un beneficiario de AUH con hijos menores de 14 años cobra el Alimentar y “podría tener un programa Huerta, un Sembrar, o haber recibido maquinarias para trabajar”.

Especialistas en gasto social admiten que no existe una evaluación de cuánto gasto en gestión y/o administración insumen los planes sociales. Incluso es complicado encontrar una cuantificación del impacto en los niveles de pobreza e indigencia, o los mecanismos de distribución directa o a través de organizaciones sociales y punteros, con lo que esa práctica puede implicar como manipulación política de la ayuda.

Un mapa, 20 años

El mapa de las políticas sociales en la Argentina, del Instituto Universitario CIAS y Fundar, elaborado por los investigadores Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino, presenta la evolución de los distintos componentes del gasto social entre 2002 y 2020.

Enfatiza, por ejemplo, que el dinero destinado a pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto: “Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres gastaba $5 en pensiones para adultos mayores pobres”.

Otro ítem destacado es que los programas para cooperativas de trabajadores informales se convirtieron en un “elemento central” de la política social a partir de 2016. El número de cooperativistas pasó de 253.939 en 2015 a 1,2 millones de personas en setiembre de 2021.

También remarca que el Estado invierte –en el marco de la “ayuda social, directa y urgente”– “cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”. Apunta que en 2019 por cada peso destinado a subsidios para la preservación o promoción del empleo formal se destinaron $11 a programas de cooperativas de la economía popular.

Sin embargo, en términos de nivel de beneficios reales, el reporte enfatiza que el aumento no fue de la misma magnitud que el del registrado en la cantidad de beneficiarios. Pese a las subas nominales, el “beneficio real” cayó 36% entre abril de 2017 (creación del Salario Social Complementario) y junio de 2021.

Este fenómeno, insiste el documento, “ha sido una constante” en este tipo de planes. A pesos constantes de 2009, los niveles de beneficios del plan Potenciar Trabajo representan solo un tercio de los que recibían los cooperativistas por el Argentina Trabaja en 2009. La mayor baja se dio entre 2009 y 2013, período en que la caída fue de “más del 50% por la erosión de la inflación sobre los beneficios nominales, que no fueron ajustados hasta 2013″, agrega el informe de CIAS y Fundar.

(La Nación)

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Milei reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán y cuestionó a la comunidad internacional: “Son cobardes”

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El presidente Javier Milei volvió a referirse al conflicto en Medio Oriente y reiteró su respaldo a Israel en la guerra frente a Irán. Todo se da antes del viaje que el mandatario tiene preparado para los próximos días, donde participará de los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo.

En una entrevista con el Canal 14 de Israel, Milei sostuvo: “Si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos. No tiene problemas de convivencia. Sin embargo, el caso de Irán quiere el exterminio de Israel. Entonces, usted no puede tener una actitud pasiva, una actitud tibia al respecto. Claramente, Irán es una amenaza”.

En ese sentido, afirmó que el régimen iraní es “enemigo de Argentina” luego de los dos atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA terroristas que sufrió el país durante la década de los noventa, que dejaron centenares de víctimas. “Estamos hablando de un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas en mi país. Y además, el peligro que representaba Irán desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y además lo financiaba”, continuó.

“Claramente no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, frente a alguien que lo quiere exterminar, usted no puede negociar, no puede tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris, se lo va a llevar puesto”, enfatizó.

Las palabras de Milei llegaron mientras Estados Unidos e Israel negocian con el régimen iraní para cortar el conflicto armado y retomar las condiciones normales en el Estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el gobierno israelí acordó un alto al fuego con Libano que entrará en vigor en la tarde de este jueves.

Sin embargo, ante la pregunta sobre cómo el mandatario argentino veía a la comunidad internacionales, aseguró: “Son cobardes que tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras. La persona que tiene miedo muere todos los días. En cambio, el que enfrenta la vida con coraje va a morirse una sola vez”.

Y añadió: “Nosotros hemos sido víctimas de eso, pero yo soy muy optimista con lo que está pasando en este momento. Debemos agradecer al Creador por tener líderes de la estatura de Netanyahu y de Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo sobre la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de encarar y terminar de una vez por todas de estas personas que se encargan de sembrar el terror y el horror en el mundo”.

En tanto, Mieli se refirió antes de su viaje a Israel para los festejos por el Día de la Independencia y donde será homenajeado por el presidente Isaac Herzog con la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” desde los ataques Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Verdaderamente me sentí emocionado. Defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. Y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así y, como jefe de Estado, tengo la posibilidad de alinear esta visión”.

Además de los reconocimientos, Milei se reunirá por tercera vez con el primer ministro Benjamin Netanyahu. En tanto, se esperan avances con la mudanza de la embajada de Argentina a Jerusalén, mientras la representación diplomática a cargo de Axel Wahnish sigue en Tel Aviv.

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El Gobierno presentó un per saltum ante la Corte para que quede sin efecto la suspensión de la reforma laboral

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La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar fallo alguno de segunda instancia.

El escrito del cuerpo de abogados del Estado pide la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley.

La Procuración, representando a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, exigió que se acepte el recurso extraordinario, que se declare su admisibilidad y que se suspendan los efectos de la sentencia cautelar hasta que la Corte resuelva de modo definitivo.

Además, solicita que la Corte revoque la sentencia del tribunal laboral en cuanto considera que fue dictada por un juez incompetente y que no se configura un caso judicial ni existe legitimación activa colectiva.

Según el texto presentado, la acción inicial fue iniciada por la CGT, que había pedido la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de una serie de artículos de la Ley 27.802.

La CGT argumentó que los artículos impugnados modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, aceptó la medida cautelar solicitada, suspendiendo con alcance general los artículos cuestionados por la central obrera.

En su recurso, la Procuración sostiene que la CGT no acreditó la existencia de un caso concreto ni identificó ningún acto específico que le haya causado un perjuicio, señalando que su acción se basa en argumentos abstractos y generales.

Asegura también que la CGT carece de legitimación suficiente para representar en este proceso a todos los trabajadores del país y que el juez de primera instancia omitió considerar la representación sindical según lo exige la normativa vigente.

La Procuración remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos de la resolución se extienden sobre todo el territorio argentino. Explica que la competencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 fue oportunamente rechazada y que se planteó una inhibitoria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

El 10 de abril, en efecto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a ese planteo y reclamó el expediente, sin que hasta ese momento se haya dictado ninguna resolución que revierta la suspensión dictada por el juzgado laboral.

El recurso presentado califica la situación como una de “gravedad institucional”, ya que sostiene que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local implica un avance sobre las atribuciones del Congreso y pone en riesgo el principio de división de poderes. El escrito cita diversos precedentes dictados por la Corte Suprema, argumentando que ningún juez está facultado para suspender una ley nacional con efecto erga omnes (que es un principio jurídico por el cual una norma, sentencia o derecho es aplicable a todas las personas, no sólo a las partes involucradas en un litigio).

De acuerdo con la Procuración, la decisión judicial genera un “perjuicio irreparable” al imponer incertidumbre sobre la vigencia de la Ley N° 27.802, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio para empleadores y trabajadores a nivel nacional. También advierte que, de confirmarse este mecanismo, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, con el consiguiente riesgo para el sistema normativo.

El recurso describe distintas objeciones legales y procesales a la sentencia de primera instancia: cuestiona la falta de análisis concreto sobre los artículos suspendidos, sostiene que la cautelar adoptada coincide con el objeto principal del proceso (lo que estaría prohibido por la legislación), y señala que el juez fue más allá de lo solicitado por la CGT al suspender artículos que no formaban parte del pedido original.

La Procuración concluye que la única vía “eficaz” para revertir la medida recurrida y proteger el derecho federal invocado es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum. Solicita, en consecuencia, que el el máximo tribunal disponga la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada y restituya la plena vigencia de la Ley N° 27.802 mientras se tramita el recurso extraordinario.

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El Gobierno admite una falta de ritmo en la gestión por el impacto del caso Adorni y las diferencias internas

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Desde la irrupción mediática y el consecuente desenlace que dio lugar a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios integrantes del Gabinete empiezan a detectar una especie de lentitud y empantanamiento en la gestión, que adjudican a diversos motivos. Frente a la caracterización que parece ser colectiva, salvo contadas excepciones, lo que difiere es la línea argumental con la que intentan justificar la demora en la dinámica. Los planteos son de todo tipo y color.

Sin embargo, también existen voces que niegan ese diagnóstico y destacan el funcionamiento interno de cada cartera, que someten a revisión en cada instancia de coordinación colectiva. “Nosotros no paramos. A Adorni lo llamo y las cosas se resuelven. Cuando hay política en el medio las percepciones pueden no ser objetivas”, lo defendió un ministro ante Infobae.

Entre los que detectan signos de quietud en la diaria figuran quienes le confieren el “stand by” del proceso -que aclaran arrastraba demoras- a la causa abierta contra el ministro coordinador. Convergen con quienes sostienen que las diferencias internas entre los vértices del Triángulo de Hierro complejizan la operatoria institucional.
“La idea de la mesa política es tratar este tema”, expresó un alfil violeta que abona al último grupo y que cuestiona la sobrediscusión abierta y la “burocratización” que se despliega ante cada decisión.
“En esta dinámica de gobierno asambleario, cualquier ruido se convierte en noticia”, contrarrestó una importante voz que, en cambio, relativiza a la mesa política como instancia de decisión colectiva que funciona, en paralelo, a las reuniones de Gabinete. El interlocutor detecta una falta de resolución en algunos temas, que adjudica a la multiplicidad de opiniones, y lo ejemplifica con el vencimiento del plazo dispuesto por el fallo judicial que habilita la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
A colación de la situación, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habilitó en las últimas horas el tratamiento en comisiones para la próxima semana del proyecto ya anunciado y diseñado en Balcarce 50 en medio de acusaciones por haber “pisado” su debate.

Lo cierto es que, desde hace días, el Gobierno que ensaya sobrados gestos para retomar el control de la agenda, combinados con las muestras de apoyo al funcionario señalado. No obstante, no logra golpes de impacto en la gestión ni definir una hoja de ruta legislativa que establezca prioridades claras en el Congreso.

Pese a anuncios y anticipos de normativas como las promesas por tan mencionado Código Penal, pendiente desde diciembre, y la Reforma Política, con sorpresivas modificaciones de último momento, aún restan definiciones y la puesta a punto de un cronograma que permita ordenar la dinámica diaria.

Desde el inicio de sesiones ordinarias, luego del discurso del presidente Javier Milei, uno de los principales defensores del ministro coordinador, el oficialismo solo trató -con éxito- la Ley de Glaciares en Diputados, una de las banderas de los gobernadores mineros. A esa noche en la que la Casa Rosada cosechó 137 acompañamientos que habilitaron las modificaciones, le siguió una serie de proyectos anunciados que, por distintos motivos, aún no tienen fecha de tratamiento.

Todo lo que se mandó, se aprobó. Es natural que a veces haya una sobreexpectativa de proyectos porque no se tienen en cuenta los tiempos parlamentarios“, destacó una fuente legislativa en diálogo con este medio.

En medio de la multiplicidad de voces, algunos miembros de la mesa política -que volverá a reunirse este viernes desde las 11 en la planta baja de Casa Rosada- alertan además por un desfasaje entre las necesidades del Poder Ejecutivo y los escenarios que barajan los alfiles negociadores en el Congreso.

Para evitar la descoordinación, el ex vocero, en su nuevo rol, atiende de manera individual las prioridades de cada cartera, fija plazos de seguimiento e intenta habilitar instancias de síntesis colectiva, como los intercambios de Gabinete, que buscará realizar con mayor frecuencia. “Es clave trabajar en equipo. Lo bueno es que, a veces, una solución que funciona para otro puede ser readaptada a tu mismo problema”, los respaldó un miembro de una importante cartera a este medio.

A la causa judicial contra Adorni en movimiento, que motiva constantes señales de respaldo del Ejecutivo orquestadas por los Milei, se suma la tensión propia de una interna, que aún no encuentra resolución. En ese escenario, el oficialismo busca ordenarse e imprimir mayor celeridad a una gestión que, desde hace más de un mes, muestra signos de parálisis. “O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando”, expresó, a tono de necesidad, un habitué de la quinta de Olivos.

El diagnóstico parece ser compartido; no así la receta. Otra diferencia que amenaza con sumar un nuevo capítulo a la lista de tensiones internas que postergan los planes de transitar los “mejores 18 meses de la historia”.

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