El último candidato a presidente por el peronismo y ex ministro de Economía, Sergio Massa, empezará a trabajar en la construcción de un gran frente que busque ser oferta electoral en 2027 para enfrentar a Javier Milei. El líder del Frente Renovador le informó a los suyos en las últimas semanas que, hoy por hoy, no tiene intenciones de disputar una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como se repitió en distintos espacios al calor de los diversos nombres que empezaron a correr y a mostrarse como opción electoral para la sucesión de Axel Kicillof. Sin embargo, la consideración cambia cuando se le consulta por una postulación nacional.

Quienes mantienen trato con el tigrense reconocen que está activo y todos los días recibe dirigentes en sus oficinas de Libertador en el barrio porteño de Recoleta. Por allí, en las últimas semanas, han pasado gobernadores peronistas, intendentes del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales y demás dirigentes. Habla tanto con Cristina Kirchner como con Axel Kicillof. Su teléfono sigue activo. Cuando fue la negociación por el PJ bonaerense, que terminó con Kicillof como presidente partidario, ambas terminales -MDF y kirchnerismo- lo consultaron. Salomónico, cuentan quienes estuvieron al tanto de esas conversaciones, se limitaba a responder que él era del Frente Renovador.

En el FR, los intendentes que tiene en la provincia de Buenos Aires lo instalaron como un posible candidato a la gobernación en 2027. Massa optó, por el momento, por correrse de esa conversación que hoy tiene interesados a algunos jefes comunales y funcionarios provinciales. Los nombres ya son de público conocimiento: la intendenta Mariel Fernández (Moreno); y sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Alak (La Plata); la diputada provincial e intendente en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o los ministros provinciales Gabriel Katopodis (Infraestructura), Carlos Bianco (Gobierno) o incluso Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

La intención del Frente Renovador es ser parte de esa conversación y aunque hoy Massa delegue temas bonaerenses en Alexis Guerrera, Malena y Sebastián Galmarini, Rubén Eslaiman o Javier Osuna; sí piensa en una figura propia para sumar a ese pelotón de posibles candidatos. Se trata del intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

El jefe comunal del distrito del norte del conurbano gobierna su municipio desde 2019. Sin embargo, proviene de la misma gestión municipal, ya que desde 2011 acompañaba a su padre, Luis Andreotti, quien era jefe comunal de San Fernando. Massa ve en Juan Andreotti una figura joven, de gestión y capaz que disputar electoralmente en 2027.

A la par, el líder del FR piensa en un esquema nacional. A quienes lo visitan les repite que primero hay que generar un instrumento, antes que una herramienta electoral. Traducido: acomodar y acordar qué hacer con distintos temas. Sobre todo en lo que respecta al programa económico luego del punto de inflexión en todos sus aspectos que significó la llegada de Javier Milei a Casa Rosada.

Es parte de la discusión que empezó a abordar el peronismo. Massa ya les dijo a algunos dirigentes que hay que desapegarse de la nostalgia y entender “que la gente vota para adelante”. Además de que hay que darse cuenta de que actualmente el movimiento político más grande de la Argentina no es el peronismo, sino el antiperonismo.

Al igual que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, advierte que hay que analizar la estrategia que aplicó el Partido de los Trabajadores (PT) para que Lula derrotara a Jair Bolsonaro en 2022 y volviera a la presidencia de Brasil. En el Frente Renovador dicen que ese concepto se lo transmitió Massa hace algunas semanas y que el diputado rionegrino lo repite. En el medio, se dio el encuentro entre la expresidenta y el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Más allá de lo que pueda gestar el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su intención de ser candidato en 2027, las distintas terminales del peronismo se están moviendo subterráneamente.

Algunos dirigentes no descartan a Massa como opción para 2027. El último candidato presidencial del peronismo tampoco se ve fuera de esa discusión, aunque a sus allegados les confió que si no es el año que viene, podría ser en 2031.

Al cierra de una nueva semana, el gobierno nacional trabaja para finalmente poder dejar atrás los episodios traumáticos de los últimos días, marcados por las diferencias que atraviesa al Triángulo de Hierro; la polémica por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y las novedades en la causa $Libra. Pese al ensayado abroquelamiento interno y la aparición pública del presidente Javier Milei que se mostró con el funcionario en cuanta actividad protagonizó, por los pasillos de Casa Rosada admiten que transitaron lo que definieron como una semana regular que tuvo sus complejidades.

“No fue una linda semana, la verdad”, se sinceró un funcionario con acceso al despacho presidencial. Pese a que algunos aseguran que los tiempos más complejos los transitaron en septiembre de 2025, cuando afrontaban los resabios de la derrota electoral bonaerense mientras emergía la causa Andis, los días que sucedieron a la Argentina Week afectaron el normal desarrollo de la gestión.

Pasado el fin de semana, las planas de los principales medios de comunicación fueron ocupadas por los argumentos y contraargumentos oficialistas para justificar los movimientos en la investigación que intenta develar la promoción de la criptomenda en la redes del mandatario que se desplomó provocando millonarias pérdidas. En paralelo, el libertario se esforzaba en dar sobrados gestos para reafirmar al funcionario de su riñón que cosecha el cuestionamiento de la oposición.

Otro dirigente resumió ante Infobae que se trató de “una semana promedio con algunos golpecitos”, y optó por dividirla en dos partes: por un lado, identificó la agenda de actividades que encarnó Milei que incluyó visitas a las provincias de Córdoba y Tucumán, a las que convocó además a su ministro coordinador como gesto de apoyo, y por el otro, lo que atribuyó al accionar de la oposición para esmerilar al Gobierno a través de la difusión de las imágenes de la supuesta casa que Adorni habría adquirido en un barrio privado.

“El tema había desaparecido, pero la oposión lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, explicó una voz del Gabinete.

Luego de intentar reconducir la gestión, y cuando parecía ordenado el conflicto que involucra al ex vocero, la escena mediática giró en torno a los movimientos en la causa $Libra con el peritaje realizado por expertos del Ministerio Público Fiscal que habría revelado una extensa comunicación entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino, Mauricio Novelli.

Ante este panorama, en el ecosistema negaron que el impacto mediático del tema representa una complicación a la hora de gobernar y como contraposición reafirmaron el rumbo económico. “Ahora no hay ningún riesgo real de gobernabilidad, la macro está sólida. Es una crisis mediática. No hay ningún riesgo institucional ni de gobernabilidad, ni macroeconómico”, se escudaba un alfil violeta ante este medio.

Lo cierto es que en Balcarce 50 aseguran que la estrategia para retomar el control de la agenda es insistir en la proactividad y confiar en el paso de los días. El fin de semana XL del 24 de marzo colaborará en la maniobra que parece más sólida, luego de que las terminales internas se alineara el martes en la mesa política que se celebró en la planta baja de Casa Rosada.

En medio de señalamientos internos y versiones de “fuego amigo”, el propio Adorni volcó en su cuenta de X que el Ejecutivo avanzará en la implemetanción de cambios en el Código Penal, ya anunciado desde diciembre, y enviará un paquete de proyectos en defensa de la propiedad privada cuyo contenido es difuso incluso para los miembros del equipo reducido. Aún con cuestiones por definir, la reforma política fue postergada para las próximas semanas.

El pasado miércoles el mandatario volvió a intentar equilibrar las diferencias entre sus las voces que lo rodean y elogió al asesor presidencial, Santiago Caputo, ante la atenta mirada de Karina Milei que evitó aplaudir la mención. “Karina da señales, pero tiene un compartamiento correcto. No habrá nuevos movimientos”, la definieron desde su entorno, luego de aclarar que cuando el libertario reiteró la frase que le atribuye al consultor la funcionaria concedió un acotado aplauso.

En la previa a su paso exprés por Tucumán del pasado jueves, que continuó con un maratónico viaje a Hungria, Milei se encargó de echar por tierra los nuevos rumores de salida del jefe de Gabinete con un retrato en la Quinta de Olivos y un mensaje lapidario contra la prensa. “Fueron evidentes las ganas de dañar. Esperabamos estos movimientos de la oposición para septiembre – octubre, pero se adelantaron”, definieron.

A la situación interna que impacta a la plana de la administración se suma al complejo indicador del INDEC, que arrojó que la tasa de desempleo creció 0,9 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del año pasado respecto al anterior, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas. Pese a los números, las balas parecen no impactar dado que en las filas libertarias hablan de “un proceso natural de la economía”. “Lo que refleja es más gente buscando empleo, no quiere decir destrucción neta de empleo. De hecho, hay generación positiva neta”, argumentaron ante este medio.

En otro desacierto de la numerología, los encargados de revisar la proyección del mandatario rumbo a 2027 admiten, aunque con timidez, cierto movimiento en la medición de la imágen negativa que le atribuyen a una desfasaje de la realidad con la percepeción de la sociedad. “Si bien la suba del Riego País, la caída de las tasas y los pequeños ruidos en la economía marcaron, algo que cambió y quedó atrás, la percepción de tarda en llegar”, se escudaron desde el entorno de Milei al tiempo que remarcan que la población condena la “quietud” de la gestión.

“La gente nos pide que avancemos en los cambios. Nos castigan cuando nos quedamos quietos. En la medida de que hagamos reforma, desregulemos, y nos vean activos. Vamos a estar bien. Es lo que la sociedad reclama”, plantearon a Infobae desde uno de los despachos de Balcarce 50.

Tras una nueva salida al exterior del mandatario, la administración libertaria espera poder “surfear” la ola para retomar la gestión e impulsar la actividad legislativa prevista para un año que prometieron será “el más reformista de la historia”, pero que inició con sorpresivas complicaciones.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará una particular medida de fuerza en medio de una serie de modificaciones que se llevarán a cabo en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y protestarán ante posibles despidos.

El titular del organismo, Rodolfo Aguiar, sostuvo que realizarán un paro “a la japonesa” como una forma de manifestarse en contra de las modificaciones que se llevaron a cabo en el organismo en el sistema de información de juicios y mediaciones que deben presentar las aseguradoras. Estos ajustes, impulsados por la gestión de Claudio Stivelman, establecen nuevos requisitos y plazos para la carga y presentación de datos, generando inquietud entre los trabajadores estatales que advierten sobre la sobrecarga administrativa y el riesgo de recortes de personal.

La medida de fuerza, que se ejecutará bajo la modalidad “a la japonesa”, consiste en que los empleados atenderán reclamos en la puerta del organismo y acelerarán la resolución de expedientes para demostrar su rol central en la defensa del derecho a la salud. De acuerdo a lo informado por el sindicato, el objetivo es visibilizar la importancia de la tarea realizada por el personal ante los usuarios y exhibir públicamente las consecuencias de una eventual reducción de la plantilla.

En respuesta a la resolución de la Superintendencia, ATE expresó un rechazo enfático. El gremio, a través de un comunicado, advirtió que las recientes disposiciones no solo incrementan la presión sobre los equipos técnicos, sino que también podrían traducirse en despidos y afectaciones directas a la operatividad del organismo. Los trabajadores sostienen que la reorganización administrativa, lejos de mejorar el sistema, amenaza con debilitar los mecanismos de control y la capacidad de fiscalización estatal sobre el sector privado.

La protesta sindical fue decidida en asamblea y se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la sede central de la Superintendencia. El plan de acción contempla la atención de reclamos en la entrada principal y una aceleración formal de los trámites, en un gesto que busca evidenciar el compromiso del personal y la magnitud de la tarea cotidiana.

La decisión de adoptar una modalidad “a la japonesa” responde a la intención de ATE de evitar la paralización total del organismo y, en cambio, exponer que una estructura debilitada impactaría negativamente en la defensa de derechos esenciales. En palabras de Aguiar, la protesta pretende “poner en evidencia” la gravedad de la situación y enfrentar lo que consideran un intento de vaciamiento institucional.

La conducción sindical denunció además una presunta “paralización intencional” en la tramitación de reclamos, señalando que el superintendente y sus funcionarios estarían demorando expedientes para vaciar el organismo y beneficiar intereses privados. Aguiar afirmó que “desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, responsabilizando a la actual gestión por lo que consideran un ataque directo al derecho a la vida.

En el mismo sentido, el gremio denunció la existencia de sanciones aplicadas de manera desigual. Según Aguiar, las autoridades “establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”. Este manejo discrecional, sostienen, responde a una estrategia de vaciamiento y desregulación.

Al reclamo vinculado a la actualización del sistema de información se suman otras demandas sindicales. ATE manifestó su rechazo al sistema PROMESA, una mediación prejudicial no obligatoria que, según el sindicato, trasladará costos a los beneficiarios y fomentará la judicialización de los conflictos. Esta iniciativa, advierten, representa un retroceso en el acceso a derechos para los afiliados y usuarios del sistema.

Como parte del plan de lucha, se prevé que la próxima semana se realicen nuevas acciones gremiales, incluyendo una concentración frente a la sede del organismo. ATE insiste en la necesidad de resguardar tanto las condiciones de empleo como los mecanismos de control y fiscalización, advirtiendo que cualquier intento de reducción o vaciamiento afectará la calidad de los servicios y los derechos de los usuarios.