El canciller Pablo Quirno se reunió este sábado con el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y le reiteró la solicitud para que la Argentina sea sede de un Gran Premio y vuelva a formar parte del calendario de la máxima competición del automovilismo.

El encuentro se dio en el marco de la visita del funcionario argentino a Singapur, donde este fin de semana disputó la carrrera Sprint y la clasificación para la general: en la primera, el argentino Franco Colapinto abandonó por un despefecto técnico, y la segunda ocupó el puesto 16°, aunque mañana largará 15° por la penalización a George Russell.

Según informó el propio Quirno, su asistencia al evento deportivo fue una invitación del ministro de Comercio de Singapur, Grace Fu, y el ministro de Energía, Tan See Len.

En una publicación en X, el canciller señaló que le transmitió a Domenicali “la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio” de la Fórmula 1. “Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección”, agregó.

El presidente Javier Milei ya había hecho el mismo planteo a finales de agosto de este año, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se celebró en Buenos Aires. Ante las autoridades de la entidad, sostuvo que el país reúne las condiciones para recuperar un lugar en el calendario de la categoría y también para albergar nuevamente al Rally Mundial, tras destacar la tradición local en el automovilismo.

El mandatario recordó las tres etapas en las que la Fórmula 1 compitió en el autódromo Oscar y Juan Gálvez —en las décadas de 1950, 1970 y 1990— y señaló que la última carrera se disputó en 1998. “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, afirmó Milei, antes de vincular un eventual regreso con la proyección internacional de pilotos argentinos y expresó: “Queremos ver a Colapinto en el país”.

La Fórmula 1 ya anunció el calendario del próximo año y las posibilidades de Argentina de recibir un Gran Premio en 2027 estarían vinculadas a posibles cancelaciones de otras sedes, como ocurrió este año con las de Medio Oriente. Otra alternativa es la de reemplazar desde 2028 a algunas de las citas que terminan su contrato con la FIA.

En paralelo, continúan los trabajos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires con la mirada puesta en ser parte del calendario de los próximos años. Las obras avanzan a gran ritmo a la espera de lo que será el regreso del MotoGP para 2027, tras 28 años, en abril.

Infobae pudo saber de fuentes gubernamentales que en el Gobierno hay una altísima expectativa de que se pueda dar esa consideración sobre Argentina en el calendario. Aunque meses atrás se hizo esa solicitud ante la FIA, la responsabilidad formal sobre qué circuitos caben en el año calendario corresponde a la esfera de Domenicali, lo que reviste de importancia al encuentro que hubo con Quirno.

Argentina tiene una altísima tradición automovilística y, en particular, en la máxima categoría, donde pasaron figuras como Juan Manuel Fangio —cinco veces campeón del mundo—, José Froilán González y Carlos Reutemann, y en la presencia de Franco Colapinto en la parrilla durante los últimos dos años: primero en Williams y luego en Alpine.

En septiembre de 2024, durante un evento de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Daniel Scioli ya había asegurado que había conversado con Javier Milei sobre la posibilidad de llevar la Fórmula 1 nuevamente a la Argentina. “Yo me voy a ocupar porque lo hablé con el Presidente”, afirmó en aquel momento.

Más tarde, durante las consultas de senadores en el Informe de Gestión N°141 del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno informó sobre una reunión con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; Torben Olsen, jefe de Desarrollo de Carreras; y César Cárman, presidente del Automóvil Club Argentino. El encuentro tuvo como objetivo expresar el interés del país y evaluar el eventual regreso de la máxima categoría del automovilismo.

“A partir de esa reunión se explora la posibilidad de que en 2027 Argentina pueda incorporarse al circuito mundial, con una carrera en el autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dichos efectos, se están enviando los lineamientos correspondientes para comenzar a articular avances en dicho cometido”, respondió el Gobierno.

El predio requiere una reconstrucción de su trazado y de su infraestructura para ajustarse a las exigencias de las organizaciones que regulan la Fórmula 1 y el MotoGP. Los trazos fueron diseñados por un estudio alemán responsable de varios circuitos internacionales.

El plan inicial preveía un trazado adaptado al MotoGP, aunque la Ciudad resolvió ampliar el proyecto para cumplir también con los requisitos técnicos de la FIA. El circuito previsto para la Fórmula 1 tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas. El diseño para la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en cambio, contará con 4,3 kilómetros y 14 curvas.

Guillermo Michel, diputado nacional por el peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo Nacional denuncie —es decir, notifique formalmente su retiro— dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a las empresas chilenas que operan en suelo argentino.

La iniciativa del legislador surge a raíz de la reanudación de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. “El retorno de esa ruta, con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, prevista para noviembre para abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino, es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”, manifestó Michel.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos instrumentos legales. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones suscripto entre la República Argentina y la República de Chile, aprobado por la Ley 24.342. El segundo es el Convenio entre la República Argentina y la República de Chile para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Denunciar un tratado es la notificación formal mediante la cual un Estado comunica su decisión de retirarse de ese acuerdo, sin que ello implique romper las relaciones diplomáticas con el otro país. Ambos acuerdos, mientras continúen en vigor, establecen topes para las retenciones aplicables al pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que las empresas chilenas obtienen en Argentina.

En los fundamentos, Michel recordó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que, pese a ello, Londres continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa disputa, sin autorización argentina.

“Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos, pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino”, planteó el legislador.

El proyecto señala que el país dispone de instrumentos para proteger sus derechos soberanos. En particular, la Ley 26.659 —modificada luego por la Ley 26.915— estableció un régimen de prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de la autoridad competente.

Sobre ese marco, el proyecto plantea que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar la aplicación de ese régimen frente a las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas debe ser acompañada por una política integral respecto del Reino Unido, que alcance también a los instrumentos económicos y tributarios que estructuran la relación bilateral con ese país y con otros que, según el legislador, actúen en contra de la estrategia nacional en materia de soberanía.

La denuncia de esos instrumentos implicaría que las firmas radicadas en Chile que invierten o generan rentas en territorio argentino perderían las ventajas impositivas hoy vigentes. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas”, sostuvo Michel.

El lunes de la semana pasada comenzó con la novedad de que Javier Milei invitó a la reunión de Gabinete al economista Alberto Ades. No tan conocido para la mayoría de los funcionarios, el Presidente lo había recibido el día anterior a la Quinta de Olivos para desayunar y hablar de economía. Su reflexión sobre la geopolítica y sus efectos de la coyuntura en la Argentina lo interesó sobremanera, al punto que le propuso que le transmitiera sus lecturas a la plana mayor del Gobierno.

“Nos contó cómo se posicionaba la Argentina en este contexto global. Habló de las tasas altas, de la situación del petróleo. No mencionó nada vinculado al programa económico”, contó uno de los asistentes de la cumbre a Infobae. No pasó desapercibido que no hubiera ido a la reunión el ministro de Economía, Luis Caputo. En su sector justificaron que no se sentía bien, justo en el encuentro en el que Milei llevó a otro economista con altísima experiencia en Wall Street. Pero las suspicacias se dispararon al ver que el ministro asistió a la noche al streaming Carajo a exponer su visión de la marcha económica. Una persona que lo vio in situ confió a este medio: “Lo vi bastante bien”.

Chimentos de peluquería, diría Milei. No hay ningún tipo de posibilidad de que se cuestione la continuidad de Caputo. Lo curioso es que hacia mediados de la semana un integrante de la Casa Rosada comenzó a sondear entre diferentes despachos para ver quién había lanzado las operaciones. Las sospechas son varias y no contribuyen a generar confianza interna en un momento de la gestión que se presagia clave.

El Gobierno se encuentra ante una situación paradójica. Todavía no se iniciaron las negociaciones electorales pero debe cerciorarse de que los actores económicos sientan, como nunca, que el oficialismo está en condiciones para ganar. El mercado seguramente mutará a un modo cada vez más conservador en la medida en que no se pueda asegurar una continuidad del rumbo macroeconómico. Y el Gobierno no tiene mayores aspiraciones de poder impulsar otras reformas significativas que repercutan en la economía. Al menos no hasta después del 2028, si es que reeligen. Ese lapso es, en esencia, un limbo en el que la cúpula libertaria busca venderle previsibilidad a un mercado que en su mayoría no tiene el incentivo para apostar su capital sin saber cuál será el país que tendrá en un año y medio.

El ministro Caputo ha dicho en reuniones privadas que han desplegado todos los recursos y políticas que tienen a su alcance para poder convencer al mercado. Ha afirmado que ahora es el turno de la política. Por eso se lo ha visto más activo en reuniones con gobernadores. “Le tienen confianza. Sabe que puede ser duro con algunos ajustes macro, pero que cuando promete algo, cumple”, dice un funcionario que participa de esos encuentros.

El plan de la Casa Rosada es persuadir al mercado con una serie de acuerdos políticos que le permitan visualizar que hay una alianza amplia dentro del espectro del centro hacia la derecha para que el modelo macroeconómico nacional continúe. Lo que el mendocino Alfredo Cornejo sintetizó en medio de su estadía en París: “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. El trade-off de ese pacto es que La Libertad Avanza debe ceder en su pretensión de ganar gobernaciones.

Karina Milei ya sentó postura al decirle a varios de ellos que la única prioridad es la reelección de su hermano. Con esa premisa, Diego Santilli volvió del Argentina Week con la misión de tratar de cerrar los acuerdos políticos que, a su vez, permitan aprobar la Reforma Política y suspender las PASO. Esto último le importa al Gobierno para poder aplazar la incertidumbre electoral, más que por la repercusión que pueda generar en el peronismo.

La semana que pasó contó con algunos primeros encuentros con mandatarios provinciales. A 20 días de que termine el mes, lo que aseguran los negociadores políticos de la Casa Rosada es que “el combo de los votos de los gobernadores está sólido” y que se lograron “acuerdos de palabra” con varios de ellos. Quienes siguen el poroteo que llevan Santilli y los primos Menem dicen que “hay que trabajar” los votos de algunos senadores, en especial de los radicales. Algunos responden a gobernadores del mismo signo.

¿Qué está faltando, entonces? Quienes están puertas adentro con los negociadores libertarios opinan que “hace falta un cierre político” a las conversaciones. La novedad que se oficializará en los próximos días es que se está trabajando con los gobernadores en una modificación de la Reforma Política que incluirá una boleta por espacio político máximo. “Esa es una de las salidas, además de otros componentes adicionales”, afirman.

Infobae adelantó la semana pasada que un sector del ala política está negociando no competir con intensidad en algunos distritos provinciales a cambio de que los gobernadores garanticen un camino desregulador y de baja de impuestos para sus provincias.

En un plenario hecho el viernes en Tigre, Martín Menem dijo: “Sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza, pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares. Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”.

Hace una semana se habían producido quejas significativas sobre la política tributaria de Neuquén, la provincia más beneficiada por el modelo macroeconómico actual. Coincidentemente, el gobernador Rolando Figueroa anunció el miércoles una propuesta para eliminar el impuesto de los Ingresos Brutos a las empresas que creen puestos de trabajo en el 2028. La promesa de baja impositiva se produce a días de que Milei viaje a la provincia. Más precisamente, el Presidente asistirá el 19 de octubre a la inauguración oficial de la expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026. Forma parte de una serie de viajes provinciales que quiere hacer antes de que termine el año.

En otros sectores del Gobierno son más optimistas y creen que no hay gobernadores aliados que estén en contra de bajar impuestos. “Esto se va a facilitar siempre y cuando se discuta un nuevo acuerdo fiscal integral entre la Nación y las provincias”, afirman. Un acuerdo integral en términos tributarios parece altamente improbable, aunque es algo que forma parte de las conversaciones que Santilli y Caputo mantienen con los gobernadores.

Casualmente, ambos funcionarios del Gobierno estarán dando una presentación juntos en la Conferencia de Federalismo Fiscal (CONFEFI II) que se desarrollará el 14 de octubre. El panel se llama Federalismo fiscal y expectativas económicas de la Argentina. Antes de ellos hablará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y después los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta). El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en Casa Rosada.

Además de los acuerdos electorales, hay una negociación blue vinculada a lo tributario. Además de lo dicho por Menem, los gobernadores piden a cambio que Nación aplique una reducción o eliminación progresiva de las retenciones, bajar o eliminar el impuesto al cheque y reducir las cargas patronales, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre la producción, la inversión y el empleo. Si las provincias de Vaca Muerta, de potencialidad minera y de producción agropecuaria intensiva se vieron beneficiadas por el modelo macroeconómico, quienes tienen industrias y sectores afectados por estas reglas de juego, buscan que se las equipare con otras medidas.

Si así lo hacen, varios gobernadores les dicen a los funcionarios del Gobierno que podrían impulsar acuerdos con intendentes para reducir las tasas municipales. Parecen intenciones que distan de lo que después termina pasando en términos prácticos, aunque es real que estos temas fueron abordados por casi media docena de gobernadores en diálogo con Caputo.

Aunque las tratativas políticas parecen signar la agenda de múltiples funcionarios, la económica será clave para esta semana. El dato de inflación de septiembre se conocerá el martes próximo con un panorama que no invita al optimismo: la Ciudad de Buenos Aires ya registró una leve aceleración en ese mes, lo que anticipa que el índice nacional podría seguir la misma tendencia.

La dinámica de este indicador no es para nada menor. El Gobierno apuesta a un crecimiento del salario que esté influenciado por una desaceleración de la suba de precios. También esperan que crezcan el crédito y la inversión, pero ambos están atados a que se disperse el clima de imprevisibilidad, que se ve reflejado, en parte, en el Riesgo País. “Ese número puede bajar [cayó 10% en la última semana hacia los 579 puntos básicos] si los factores que vienen del exterior se moderan y la recaudación y la acumulación de reservas siguen con una tendencia positiva”, asegura alguien que trabaja codo a codo con Milei.

Milei recibió el último viernes en la Quinta de Olivos a Patricia Bullrich para escuchar su lectura política respecto de los próximos meses. “Se habló de economía y cuáles son los motores que se tienen que prender y qué efectos se pueden lograr sin tocar las bases del programa. Tenemos que llegar a cada familia”, aseguró una fuente inobjetable a Infobae. El Presidente solo le hizo una observación: le dijo que no coincidía en absoluto con hablar de una reforma previsional como la que mencionó en el Coloquio de IDEA la semana anterior. Bullrich se lo reconoció y entendió que hay que dejarlo para una eventual reelección.

El vínculo entre ambos sigue siendo de respeto mutuo. No parece ser el mismo que tiene con ciertos miembros de la cúpula del Gobierno. Aunque el vínculo con el karinismo podría ser mejor, merece la atención la forma en la que están trabajando los alfiles de Bullrich con la armadora porteña de La Libertad Avanza. Hay más puntos en común que disidencias.